Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74232
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 29 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Kogan, de Lázzari, Genoud , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.232, "Mamberti, Carlos Enrique y ots. c/I.P.S. s/pretensión anulatoria. Recurso Extraordinario de Inapl. de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada (v. fs. 114/120 vta.) y confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la pretensión deducida contra el Instituto de Previsión Social (IPS), declarando la inaplicabilidad -con relación a los actores- de las resoluciones generales 11/12 y 1/13, ambas dictadas por el referido organismo. Impuso las costas a la demandada vencida (v. fs. 99/103).
Contra dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 154/162 vta.) el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 164/165.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 170), agregado el memorial de la parte actora (v. fs. 174/184 vta.) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. Los doctores Carlos Enrique Mamberti, Guillermo Alejandro Mamberti y María Emilia Mamberti promovieron demanda contra el IPS pretendiendo la anulación de las resoluciones generales 11/12 y 1/13 dictadas por el referido organismo, mediante las cuales se impuso a los abogados que sean investidos como apoderados de un beneficiario o del peticionario de una prestación, la obligación de inscribirse en un registro dependiente del IPS y de procurar turno por internet para la presentación de escritos, solicitudes o reclamos ante esa entidad previsional, respectivamente.
Adujeron que a través de dichas resoluciones se les ha limitado su derecho al ejercicio profesional con relación a sus representados y que tales disposiciones se erigen como un obstáculo al obligarlos a obtener un turno vía web cada vez que necesiten realizar alguna petición o presentación, sumado a las posibles fallas que pudiese tener el sistema informático implementado a tal fin. En conclusión, consideran vulnerado su derecho a tener acceso a las actuaciones cada vez que el trámite así lo requiera.
II. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 3 de La Plata hizo lugar a la pretensión deducida declarando la inaplicabilidad -con relación a los accionantes- de las referidas resoluciones generales e impuso las costas a la demandada vencida (v. fs. 99/103).
III. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, a su turno, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte accionada y confirmó la sentencia de primera instancia, en cuanto fue materia de agravios, con costas a la apelante vencida (v. fs. 147/151).
Para así decidir, sostuvo que, para analizar la razonabilidad del ejercicio de la potestad reglamentaria, no puede prescindirse de la garantía de defensa que implica el derecho de asistencia letrada de toda persona que acuda a la justicia o a cualquier ámbito del poder público (art. 18, Const. nac.).
Esgrimió que, tal como lo prevén los arts. 10 y 11 del decreto ley 7.647/70 y conforme lo resolviera el juez de primera instancia, tanto los apoderados y letrados como las partes en el procedimiento administrativo deben contar con acceso irrestricto a toda actuación administrativa. Ello connota una regla jurídica con valor de principio general, que condiciona el ejercicio reglamentario de cualquier autoridad pública, incluso el que recaiga sobre aspectos de organización, en la medida en que impacte a terceros. Entendió que este tópico no fue abordado con eficacia por la Fiscalía de Estado en su apelación.
Agregó que las normas de ejercicio profesional no pueden tener restricciones ni condicionamientos, en tanto la presencia de cualquier cortapisa conspira contra la actividad profesional y afecta la garantía constitucional a la que ésta rinde tributo continuo (arts. 18, Const. nac.; 1, 58, 73 y concs., ley 5.177). Explicó que, bajo la excusa de la organización y la oportunidad en el diseño del trámite, no puede encubrirse una inobservancia tal.
Por otra parte, consideró que tampoco puede eludirse la debida publicación que exigen los arts. 112 y 125 del decreto ley 7.647/70, toda vez que los reglamentos cuestionados superan a los agentes de la Administración pública y tienen incidencia directa en situaciones jurídicas de terceros. En orden a ello, agregó que no resultaba aplicable el art. 126 invocado por el recurrente.
Destacó que el punto de embate de los actores no trascurre por cuestiones de mérito sino de legalidad y, en cuanto a ello, sostiene que la crítica efectuada por la apelante no es idónea.
A su vez, desestimó el agravio del recurrente referido a la supuesta falta de interés de los accionantes. Al respecto, consideró evidente que se había producido una restricción al ejercicio profesional de éstos y estimó que dicho interés no solo se hallaba presente en los patrocinados y mandantes, sino que se desprendía del propio ejercicio profesional de cada uno de ellos como abogados de la matrícula.
IV. Contra este pronunciamiento se alza la Fiscalía de Estado mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 154/162 vta.).
Denuncia que la Cámara violó o aplicó erróneamente los arts. 1 y 13 del Código Contencioso Administrativo; 15 y 166 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 16, 18 y 28 de la Constitución nacional; 7 inc. "h" de la ley 8.587; 3 in fine del decreto ley 8.893; 10, 11, 112 y 125 del decreto ley 7.647/70 y 1, 58 y 73 inc. "b" de la ley 5.177. También acusa absurdo en la interpretación de las resoluciones generales 11/12 y 1/13 y la vulneración del art. 384 del Código Procesal Civil y Comercial.
Así, aduce que el Tribunal de Alzada aplicó erróneamente los arts. 1 y 13 del Código Contencioso Administrativo y 166 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires que establecen el requisito de caso, legitimación e interés en la parte que acciona para justificar el inicio de una demanda judicial contenciosa, en la medida que se tuvo por habilitado a los actores para formular un planteo impugnatorio de resoluciones generales y reglamentarias, sin que estuviera efectivamente justificado el perjuicio que su aplicación les habría provocado en su situación concreta.
Al respecto, arguye que no resulta demostrativo de un perjuicio concreto el hecho de que los actores labraran un acta notarial para acreditar que no podían presentar un escrito sino ajustándose al nuevo régimen. Agrega que tal solución no provoca un daño, sino que resulta la consecuencia razonable de la aplicación del nuevo régimen (cfr. doctr. art. 1.071, Cód. Civ., entonces vigente).
Asimismo, afirma que se interpretaron las resoluciones 11/12 y 1/13 con vicio de absurdo (contrario al art. 384, CPCC) al considerárselas violatorias de los derechos de acceso a las actuaciones y al ejercicio de la abogacía. En tal sentido, aduce que las normas de los arts. 7 inc. "h" de la ley 8.587 y 3 in fine del decreto ley 8.893, le otorgan al IPS potestades reglamentarias de organización interna para iniciar actuaciones tendientes a corroborar la validez y vigencia de los mandatos otorgados por los beneficiarios. Sostiene que en la implementación de dichas normas existe un cierto margen de flexibilidad y discreción en favor de la autoridad de aplicación y, por ello, considera improcedente el confronte efectuado por el a quo entre las resoluciones impugnadas y las leyes que rigen el procedimiento administrativo y el ejercicio de la abogacía.
Invoca fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la justicia federal que considera análogos al presente sobre las aptitudes reglamentarias de la Administración Nacional de la Seguridad Social –ANSES- ("Argentum", sent. de 20-V-2014 y "Argentum Consulting S.A.", de 27-II-2014).
A su entender, la reglamentación adoptada por el IPS no representa una violación del acceso al expediente, a la publicidad de los actos estatales, al libre ejercicio de la abogacía, ni de los derechos de acceso a la justicia y defensa a en juicio.
Con relación a la ponderación que realizó la Cámara sobre la falta de publicidad de las resoluciones, estimó la impugnante que, a este tipo de reglamentos que versan sobre el funcionamiento operativo y organización interna de la autoridad administrativa, no se les exige la notificación y publicidad inherentes a otro tipo de actos administrativos (conf. art. 126, dec. ley 7.647/70), tal como se dijo en la causa federal que cita, por lo cual no corresponde el reproche de ilegalidad. Al respecto, denuncia la violación del art. 112 del decreto ley 7.647/70.
Entiende que el obrar administrativo no resultó arbitrario en tanto las resoluciones 11/12 y 1/13 tenían como objetivo modernizar el servicio de atención de la Administración pública a fin de tender a la despapelización y el avance hacia el expediente electrónico (cfr. leyes 25.506, 26.685, 13.666 y concs.).
Sostiene que se han aplicado erróneamente los arts. 16 y 28 de la Constitución nacional, en la medida que se descalifica a la reglamentación establecida por el IPS como irrazonable y cercenadora de derechos, generándose al mismo tiempo una situación de indebido privilegio y desigualdad en beneficio de los actores, al diseñarse a su favor un trato de atención diferencial con respecto al que se aplica al universo de profesionales.
Indica que es desproporcionado afirmar que la regulación de un régimen de turnos vía web y de registro de apoderados produzca un cercenamiento del acceso a la justicia (cfr. arts. 15, Const. prov. y 18, Const. nac.) o al ejercicio profesional y que ello representa una interpretación absurda. Reitera que la actora no probó que se le hubiera violado el acceso a la justicia, habida cuenta que no intentó los pasos requeridos por el trámite administrativo y que el libre ejercicio de la profesión de abogado no autoriza a los letrados a pretender pasar por alto todas las regulaciones que razonablemente se establezcan.
Respecto del derecho de defensa dice que se halla debidamente garantizado y no puede invocarse para cubrir la omisión o incumplimiento de las formalidades establecidas. Cita un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctrina de autores y de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
V. La impugnación no prospera, atento a la insuficiencia técnica que exhibe (conf. art. 279, CPCC).
V.1. En primer lugar, y ante lo afirmado por el a quo en orden a que se encontraba evidenciada la restricción del ejercicio profesional de los actores, la recurrente aduce que existe falta de interés o perjuicio concreto, con la consiguiente ausencia de legitimación sustancial de los actores. En particular, destaca que el acta notarial no tiene valor probatorio a fin de acreditar la denegación a los accionantes de la vista de las actuaciones administrativas.
Tiene dicho reiteradamente este Tribunal que cuestiones como las aludidas (ausencia de acreditación de perjuicio concreto) no pueden ser abordadas en la instancia extraordinaria, salvo que se invoque y demuestre que el tribunal de grado incurrió en absurdo (conf. causas C. 92.488, "Cidade", sent. de 6-V-2009; C. 103.420, "Rozitchner", sent. de 14-IX-2011; L. 107.520, "Russo", sent. de 21-VI-2012; C. 116.881, "Sejas", sent. de 7-VIII-2013; C. 116.851, "Rotonda S.A.", sent. de 6-XI-2013; L. 108.316, "Peláez", sent. de 3-IV-2014; L. 109.183, "Romo", sent. de 18-VI-2014; A. 70.949, "Caccaviello", sent. de 29-VI-2016; e.o.). Lo manifestado por la recurrente al respecto, resulta su propia versión e interpretación de las circunstancias fácticas, pero omite demostrar que las conclusiones del a quo sean el producto de una apreciación absurda de los hechos.
Tratándose de cuestiones de hecho y prueba la impugnante debió invocar y demostrar un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema, una falla palmaria en los procesos mentales que evidencien la irracionalidad de las conclusiones a las que arribó la Cámara (cfr. doctr. causas A. 72.862, "Boyesuk", sent. de 18-X-2017; A. 73.023, "Rodriguez", sent. de 9-V-2018; A. 73.760, "Aros Peralta", sent. de 11-X-2018; e.o.), lo cual no ha sido acreditado en la especie.
V.2. Por otra parte, la recurrente -con su prédica- no logra revertir el eje argumental en que se ha basado el Tribunal de Alzada para considerar inaplicables las resoluciones a los letrados accionantes.
Así, la Cámara ponderó que la normativa dispuesta mediante las resoluciones 11/12 y 1/13 producen efectos a terceros y restringen los derechos que emergen de los arts. 10 y 11 del decreto ley 7.647/70, tanto para quien es parte de un procedimiento administrativo como para el ejercicio de la abogacía, en cuyo marco expresó que "Bajo la excusa de la organización y la oportunidad en el diseño del trámite no puede encubrirse una inobservancia tal y mucho menos eludirse la debida publicación que exigen los artículos 112 y 125 del decreto ley 7647/70". Evaluó que en el caso se halla en juego "la garantía de defensa en su inequívoca proyección hacia el derecho de asistencia letrada de toda persona que acuda no solo a la justicia sino a cualquier ámbito del poder público en el que transcurra la suerte de sus intereses particulares", lo cual se fortalece con las normas del ejercicio profesional cuyo alcance no debe tener restricciones ni condicionamientos.
La impugnante no logra rebatir los señalados argumentos, e insiste en poner acento en su propio criterio acerca de que el IPS era competente para el dictado de esas resoluciones, las cuales consideró que se encontraban exceptuadas de publicación por ser de organización interna conforme lo normado en el art. 126 del decreto ley 7.647/70. Sin embargo, en ambas instancias, los jueces actuantes, ponderaron, en cambio, que las mismas producen un menoscabo en los derechos de los accionantes (personas por fuera de la estructura interna del organismo) por lo tanto no podía obviarse la publicación requerida.
V.3. Desde otroángulo, la mención que realiza la recurrente de que se han infringido los arts. 112 y 125 del decreto ley 7.647/70 y los agravios vinculados a la vulneración de derechos y garantías constitucionales (arts. 16, 18, 28, Const. nac. y 15, Const. prov.) tampoco pueden prosperar en tanto lucen como afirmaciones dogmáticas que no aportan una crítica concreta a los fundamentos dados en el fallo atacado (cfr. causas Ac. 85.405, "Colombo", sent. de 31-III-2004; Ac. 94.798, "de Cárdenas", sent. de 13-XII-2006; Ac. 87.123, "Aldecoa", sent. de 3-VIII-2005 y Ac. 88.175, "Frenkel", sent. de 24-V-2006).
En tal parcela el recurrente se limita a la mera denuncia de infracción de normas constitucionales, sin demostrar de qué manera el pronunciamiento colisiona con las presuntas garantías y derechos conculcados, tarea específica a su cargo que no puede ser suplida por esta Suprema Corte (conf. causas C. 98.871, sent. de 30-III-2010; C. 116.133, sent. de 24-IV-2013; e.o.).
V.4. En relación a la argumentación formulada en el punto 4 y 2.d del escrito recursivo (v. fs. 155, 160 y vta.) debo recordar que la invocación de precedentes de otros tribunales no resulta eficaz para fundamentar el recurso de inaplicabilidad de ley toda vez que no constituyen la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. causas C. 101.236, sent. de 29-IV-2009; C. 113.208, sent. de 27-VI-2012; A. 72.157, sent. de 6-XI-2013 y A. 73.332, "Tevéz", sent. de 15-VIII-2018), aunque se trate de los fallos de la Corte Suprema de la Nación.
V.5. En conclusión, los fundamentos expuestos por el Tribunal de Alzada no han sido objeto de una crítica concreta, directa y eficaz (art. 279 cit. y su doctr.; causas L. 80.274, "Magnoni", sent. de 20-VIII-2003; L. 89.439, "Lescano", sent. de 10-XII-2008 y A. 69.986, "D'Onofrio", sent. de 29-II-2012). No obstante el esfuerzo desplegado por la recurrente, la sola lectura de los argumentos del fallo, en confronte con la pieza recursiva traída a esta instancia extraordinaria, pone de relieve la insuficiencia del planteo formulado por la impugnante, quien, en su escrito, no se hace cargo del eje central de la sentencia y sólo blande argumentos sin conexión con el núcleo del pronunciamiento o sin criticar eficazmente la decisión (art. 279 y su doctr., CPCC; conf. causas C. 100.330, "Panizza", sent. de 9-V-2012; C. 118.971, "Club Social y Deportivo River Plate", sent. de 23-XI-2016; C. 121.570; e.o.).
En síntesis, la recurrente desconoce la estructura jurídica del fallo, apartándose así de la idea rectora del mismo y de sus bases esenciales, parcializando con ello su ataque, el que por ende deviene ineficaz a los fines de rever la suerte de lo decidido (doctr. art. 279, CPCC; conf. causas C. 116.871, sent. de 3-IV-2014; C. 116.882, sent. de 26-VI-2013; C. 118.854, "Alfieri", sent. de 9-III-2016; e.o.), todo lo cual conlleva al rechazo de este aspecto del medio revisor bajo estudio, descartándose los quebrantamientos normativos esgrimidos (conf. art. 279, CPCC).
VI. Por las razones expuestas, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Voto por la negativa.
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine, CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores de Lázzari y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine, CPCC).
Regístrese, notifíquese, y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia