Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73657
En la ciudad de La Plata, a 29 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Negri, de Lázzari, Soria , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 73.657, "Alanis, Ruben Alberto contra Ministerio de Justicia. Pretensión anulatoria. Recurso Extraordinario Inapl. de Ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por el señor Fiscal de Estado y, en consecuencia, revocó la sentencia de primera instancia, rechazando la demanda promovida por el señor Rubén Alberto Alanis, con costas en ambas instancias en el orden causado, art. 51, ley 12.008 -texto según ley 14.437- (v. fs. 193/196).
Disconforme con dicho pronunciamiento , la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 199/227), el que fue concedido por la Cámara a fs. 231/232.
Agregado el memorial de la parte demandada (v. fs. 245/252 vta.) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. En autos el actor solicita, ante la denegatoria tácita del Ministerio de Seguridad a su pedido, el restablecimiento del pago del subsidio por incapacidad en acto de servicio (resol. 1.851/08) que le fuera otorgado mediante resolución 3.128/08 entre el 6 de abril de 2006 y el 5 de mayo de 2008, fecha del alta médica, (arts. 12 inc. 1 y 2 y 16, CCA) con intereses.
I.2. El juez de primera instancia hizo lugar a la demanda, reconociendo el derecho del señor Rubén Alberto Alanis al cobro del beneficio peticionado -subsidio al personal herido en acto de servicio- desde el 5 de mayo de 2008 en adelante, en los términos del decreto 861/99 (art. 12, inc. 2, CCA) por tener por acreditado que el actor continuaba con incapacidad parcial y permanente aun después de la fecha del alta de la resolución 3.128 (v. sent. fs. 123/128 vta.). Asimismo, consideró que debía adecuarse el monto a percibir según lo dispuesto por el art. 16, decreto 149/10 (ley 13.985), con intereses (v. sent. aclaratoria fs. 161/162 vta.).
I.3. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, a su turno, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por el señor Fiscal de Estado y, en consecuencia, revocó la sentencia de primera instancia, rechazando la demanda promovida por el actor, con costas en ambas instancias en el orden causado, art. 51, ley 12.008 -texto según ley 14.437- (v. fs. 193/196).
Para así decidir:
I.3.a. Afirmó que el juez de la causa al resolver, "reenvió a un acto administrativo", la resolución 3.128/08, que no había sido materia del proceso, ni objeto de impugnación. Aseveró que la demanda fue presentada el 22 de febrero de 2010, mucho tiempo después de agotado el término originario (5-V-2008) y de dictada la resolución que lo reconociera (resol. 3.128, de 5-XI-2008), sin que el actor formulara objeciones a esa conducta estatal y ya bajo la vigencia de un nuevo marco preceptivo (ley 13.985). Infirió que el juez de primera instancia abordó de oficio un tratamiento no propuesto en el contradictorio.
I.3.b. Refirió que se llegó así a un despacho que retrotrajo la situación al momento de expiración del subsidio, confiriéndole continuidad pero a partir de una conducta jurisdiccional de control de legalidad que el actor no propuso, ni fue introducida como materia de debate. Dedujo que en ese punto el fallo atacado adolece de congruencia, pues se aparta de los límites del contradictorio (arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6 y 272, CPCC; conf. art. 77, ley 12.008 -t. seg. ley 13.101-).
I.3.c. En virtud del exceso jurisdiccional indicado, advirtió una carencia adjetiva insalvable respecto del derecho de defensa.
I.3.d. Estimó que en el caso surte aplicación el régimen de la ley 13.985 y su decreto reglamentario (149/10) en la determinación de la variable de procedencia del nuevo reclamo administrativo del actor, en base a la solución de continuidad entre la decisión administrativa consumada (resol. 3.128/08), en términos de extensión temporal de la incapacidad y su entidad, y la nueva solicitud con denegatoria tácita.
I.3.e. Adujo que el presente reclamo, resulta incompatible con otro reclamo judicial por lucro cesante con base en el mismo infortunio, por conducto del art. 10 del indicado reglamento (dec. 149/10), lo cual es bastante para desestimar el intento. El actor no brindó argumentos consistentes que permitan desplazar esa exégesis, en tanto no se dispuso la inconstitucionalidad de la mencionada normativa.
I.3.f. Puntualizó que tampoco es suficiente el grado de incapacidad que posee la actora (20%) en tanto el art. 2 del citado decreto requiere el 50% para la hipótesis de incapacidad permanente.
II. Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, obrante a fs. 199/227 vta., en el que denuncia:
II.1. La configuración del absurdo; la violación del principio de congruencia (arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6, CPCC.); el derecho de defensa y el debido proceso adjetivo (arts. 18, Const. nac. y 15, Const. prov.).
II.2. La errónea aplicación de los arts. 2 y 10 del decreto 149/10 y la consecuente violación a los arts. 17 de la Constitución nacional y 10 y 31 de la Constitución provincial; ello por cuanto el hecho generador del derecho al subsidio tuvo lugar el día 6 de abril de 2006 (el día del accidente), es decir bajo la vigencia del decreto 861/99 por lo cual no son exigibles los requisitos previstos por una normativa sobreviniente, tal como el decreto 149/10.
II.3. La transgresión al art. 10 del decreto 149/10 por errónea interpretación, al resolver que el juicio laboral iniciado con el objeto de obtener una indemnización por el infortunio laboral, resulta incompatible con el subsidio.
II.4. La violación de los arts. 14 de la Constitución nacional, 36 incs. 1 y 5 y 39 inc. 3 de la Constitución provincial, en razón de que sobre la base de un rigorismo formal se denegó un beneficio de carácter asistencial protegido por las normas constitucionales.
II.5. La violación del art. 57 de la Constitución provincial tras ser aplicado al fallo el art. 2 párrafo segundo del decreto 149/10, cuyo contenido transgrede los arts. 144 incs. 2 y 39 inc. 3 de la Carta local. Afirma que es temporánea la inconstitucionalidad pretendida. Entiende que hubo un exceso reglamentario en tanto el decreto ha establecido un requisito no previsto por la ley 13.985 de fondo referido al grado de incapacidad y que ello contraría el principio de progresividad (art. 39 inc. 3, Const. prov.) y los arts. 14 bis y 17 de la Constitución nacional (arts. 10, 31 y 39 inc. 3, Const. prov.).
III. El recurso de la parte actora prospera.
En atención de los agravios planteados por el recurrente, en primer lugar, se debe analizar si hubo congruencia en la sentencia de primera instancia. En caso afirmativo, corresponde adentrarse en el agravio relacionado a la ley aplicable. En ese orden se debe decidir si lo es el decreto 861/99, normativa vigente en el momento que se produjo el hecho generador del derecho, o sea en el momento del accidente, tal como lo resolvió el juez de primera instancia (abonada, eso sí de acuerdo a la ley 13.985 en virtud de la fecha de la solicitud del actor), o, como lo entendió la Cámara, lo es el decreto 149/10 (reglamentario de la ley 13.985) sancionado con posterioridad al pedido del actor que impuso nuevos requisitos al otorgamiento del subsidio, tales como porcentaje de incapacidad y que no haya iniciado otra acción de igual naturaleza. Luego deberá verse si corresponde entrar en el resto de los planteos.
Sentado lo expuesto, a efecto de un mejor análisis de la cuestión corresponde efectuar una pequeña síntesis de los antecedentes de la causa.
III.1. Que de las actuaciones administrativas agregadas sin acumular en autos, en fotocopias certificadas, surgen las siguientes constancias útiles para el caso:
III.1.a. Expediente 21.100-632679/06:
III.1.a.i. A fs. 2/3 obra el acta del hecho de fecha 6 de abril de 2006.
III.1.a.ii. A fs. 8 consta informe sobre las lesiones sufridas por el aquí actor.
III.1.a.iii. A fs. 20 se agrega la denuncia del accidente laboral del cual fue víctima el agente Alanis.
III.1.a.iv. A fs. 27/31 luce la Historia Clínica del actor.
III.1.a.v. A fs. 34/36 se agrega el diagnóstico médico del accionante.
III.1.a.vi. A fs. 37 se glosa la declaración del agente Alanis.
III.1.a.vii. A fs. 92 aparece adunada la resolución 1.851 de fecha 18 de julio de 2008, mediante la cual se determinó que las lesiones sufridas por el actor son de carácter grave e imputables al servicio.
III.1.b. Expediente 21.100-662684/06:
III.1.b.i. A fs. 2 consta la solicitud de subsidio por parte del actor en virtud de las lesiones sufridas en servicio, fundado en el decreto 861/99.
III.1.b.ii. A fs. 6/9 luce el diagnóstico de las lesiones del accionante.
III.1.b.iii. A fs. 185 se agrega copia de la resolución 1.851/08 dictada en el expediente 21.100-632679/06 por la cual se determina que las lesiones sufridas por el actor son de carácter grave e imputables al servicio.
III.1.b.iv. A fs. 189 obra el informe de la Dirección de Sanidad de la Policía provincial en el cual se otorga el alta al actor con fecha 5 de mayo de 2008, otorgando tareas no operativas.
III.1.b.v. A fs. 221/222 luce la resolución 3.128 de fecha 5 de noviembre de 2008 mediante la cual se otorgó el subsidio peticionado por el señor Alanis, por el período 6 de abril de 2006 al 5 de mayo de 2008, fundado en las disposiciones del decreto 861/99.
III.1.c. Expediente 21.100-809509/10:
III.1.c.i. A fs. 1 consta la solicitud del actor de la reanudación del pago del subsidio con fecha 22 de febrero de 2010
III.1.c.ii. A fs. 3 luce informe de la Dirección de Sanidad sobre las lesiones sufridas por el accionante.
III.1.c.iii. A fs. 9 obra el dictamen del Departamento de Medicina Funcional en el cual se concluye que debe rectificarse las conclusiones del anterior diagnóstico por el que se diera el alta al actor, determinando ahora que debe otorgarse al mismo el alta en actividad limitada debiendo realizar tareas no operativas, sin uso de arma ni uniforme.
III.1.c.iv. A fs. 13 la Asesoría Asistencial (1-VI-2010) dictamina que atento el nuevo dictamen médico, el accionante seguía incluido en el decreto 861/99 hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley 13.985 y su decreto reglamentario 149/10. De seguir con la misma situación física debía peticionar el subsidio contendido en la ley 13.985 y decreto 149/10.
III.1.c.v. A fs. 24 y siguientes surge la demanda interpuesta por el actor ante el Tribunal de Trabajo n° 4 por el hecho acaecido el 6 de abril de 2006 contra la Provincia de Buenos Aires y Provincia ART.
III.1.c.vi. A fs. 47 luce informe de la Asesoría General de Gobierno donde se considera que el reclamo en sede judicial del actor contra la provincia de Buenos Aires y su ART tiene la misma causa y naturaleza que el subsidio previsto por la ley 13.985.
III.1.c.vii. A fs. 58 obra el informe médico donde consta que el porcentaje de incapacidad presentada por el actor es de un 20% imputable al servicio en relación al hecho ocurrido el 6 de abril de 2006.
III.1.c.viii. A fs. 61, 64 y 67 se agregan los dictámenes de la Secretaría Legal y Técnica de la Contaduría General de la provincia, de la Fiscalía de Estado y de la División de Seguridad Social del organismo demandado respectivamente, quienes aconsejan no proceder a otorgar el subsidio peticionado debido a que el actor no cumple las exigencias previstas en la ley 13.985.
III.1.c.ix. A fs. 13 de los presentes obra pedido de pronto despacho con fecha 23 de septiembre de 2010 iniciado por el actor.
III.1.d. Medida cautelar otorgada en diciembre de 2010 por el juez de primera instancia y confirmada, por mayoría, por la Cámara en lo Contencioso Administrativo, en autos "Alanis Ruben Alberto c/Ministerio de Justicia y otros s/medida cautelar autónoma o anticipada. Previsión" en donde se ordenó al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires liquidar y abonar al actor el subsidio previsto en la ley 13.985 y su decreto reglamentario 149/10 hasta tanto se resuelva la petición en los expedientes administrativos (v. Mesa Virtual SCBA).
III.1.e. Circunstancias sobrevinientes a la interposición del recurso que surgen de la Mesa de Entradas Virtual de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires: Sentencia del Tribunal de Trabajo n° 4 recaída en fecha 18 de octubre de 2016 en autos "Alanis, Ruben Alberto c/Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/daños y perjuicios"
III.2.a. Efectuada la reseña de las constancias de autos, corresponde adentrarnos en el primer agravio planteado por la recurrente atinente a la configuración del absurdo y errónea aplicación de los arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial, principio de congruencia, el derecho de defensa y el debido proceso adjetivo (arts. 18, Const. nac. y 15, Const. prov.) le asiste razón.
Cabe recordar que el vicio de absurdo consiste en el error grave y manifiesto que conduce a conclusiones contradictorias, incongruentes o incompatibles con las circunstancias objetivas de la causa. Por ello sólo queda configurado si media acabada demostración de su existencia, y no basta con invocarlo, sino que es menester evidenciarlo cabalmente a través de una correcta y concreta fundamentación, resultando insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se dirige a disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (conf. doctr. causas A. 73.580, "Favini", sent. de 9-IX-2015; A. 71.718, "Raymundo", sent. de 14-VI-2017; e.o.).
En el caso, el juez de primera instancia se ha pronunciado sobre todas las pretensiones sometidas a su examen, basándose en los elementos de hecho aportados por las partes en apoyo de las formulaciones efectuadas por las mismas.
Ante ello, la Cámara ha realizado una interpretación ilógica del escrito de demanda, la prueba producida en autos y la sentencia de grado. Aplicando erróneamente el principio de congruencia contenido en los arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial. Como consecuencia de ello también ha aplicado desacertadamente los arts. 18 de la Constitución nacional y 15 de la Constitución provincial.
En efecto, puede advertirse del escrito de demanda (v. fs. 26 y sigs.) que la misma tiene por objeto un pronunciamiento anulatorio (art 12 inc. 1, CCA) frente a la denegatoria tácita (art. 16, CCA) atribuida al Ministerio de Justicia y Seguridad respecto de la solicitud de restitución de subsidio entablada a fs. 1 del expediente administrativo 21.100-809.509/10. Ello, en miras a que, anulada aquella denegación tácita por el juez de primera instancia, se le reconozca al señor Alanis el derecho tutelado (art. 12 inc. 2, CCA.), es decir el derecho al subsidio por el accidente sufrido por acto de servicio (dec. 861/99 y ley 13.985).
En ese marco, el juez de primera instancia consideró que "1)Que de la recapitulación de los antecedentes esgrimidos por los litigantes, se desprende que la cuestión controversial del proceso queda circunscripta a determinar si le asiste al actor derecho a continuar cobrando el subsidio denegado tácitamente por la demandada mediante su silencio ante la falta de resolución a la petición incoada".
De esta manera si bien ponderó, de acuerdo a las actuaciones administrativas que la limitación temporal contenida en la resolución 3.128/08 era desacertada para decidir el restablecimiento del subsidio, se basó en las constancias médicas -obrantes a fs. 9 y siguientes del expediente administrativo 21.100 809.509/10- en donde se dictaminó que debía rectificarse la conclusión arribada en el examen del 5 de mayo de 2008 (fecha del alta en la resol. 3.128/08), ya que el actor presentaba una incapacidad parcial y permanente del 20% de la total obrera, por lo cual correspondía otorgársele el alta con actividad limitada, debiendo realizar tareas no operativas, sin uso de arma ni uniforme. Todo ello, en razón del hecho sufrido con fecha 6 de abril de 2006 (cons. 2).
Es decir, el juez de primera instancia frente a una demanda tendiente a obtener la percepción de un subsidio (reconocimiento o restablecimiento del derecho) con posterioridad a la fecha de la resolución 3.128, luego de analizar la prueba de autos, tuvo por demostrado, que la denegación tácita al reclamo administrativo, contenía un error que fuera reconocido y comprobado por la propia demandada, ordenándose su rectificación (conf. fs. 9, expte. adm.).
En ese sentido la referencia que el juez hiciera a la resolución 3.128 no importó, ni un reenvío a los alcances de aquel acto, ni el tratamiento de oficio de un acto consumado, sino que dicho acto fue citado para fundamentar el acogimiento del nuevo pedido de subsidio y acoger la pretensión anulatoria frente al silencio administrativo.
De tal forma se advierte que lo resuelto por el juez, en cuanto a que debía seguir abonándose el subsidio al actor en virtud de continuar el mismo con su incapacidad, aun después de la fecha del alta erróneamente dispuesta en el mes mayo de 2008 y que, en base a la fecha del accidente, correspondía aplicar el decreto 861/99 vigente en dicho momento, de ninguna manera implica revivir un acto ya fenecido, sino reconocer un derecho con retroactividad.
Cabe recordar que esta Corte tiene dicho que el principio de congruencia sólo se transgrede cuando se introducen en forma sorpresiva cuestiones de hecho a cuyo respecto los litigantes no hubieran podido ejercer su plena y oportuna defensa, pero no cuando se valora y decide sobre los hechos conducentes y controvertidos del proceso (conf. causas L. 111.172, "Curcho", sent. de 5-VI-2013; L. 99.448 "González", sent. de 3-III-2010 y L. 89.876 "de Lasa", sent. de 9-XII-2009), lo que ha sucedido en el caso.
En virtud de lo expuesto tampoco se advierte la violación del derecho de defensa y debido proceso adjetivo (arts. 18, Const. nac. y 15, Const. prov.).
Para más, cabe agregar, que en el caso el juez de primera instancia, no ha soslayado porque no corresponde, la índole de los derechos en juego, ni los principios que rigen la materia (arts. 14 bis, Const. nac.; 39 inc. 3, Const. prov.), los que imponen efectuar una interpretación favorable al trabajador en caso de duda.
Por todo ello, propongo dejar sin efecto la sentencia de Cámara en cuanto a la incongruencia que dispusiera.
III.2.b. Ahora bien, en virtud de lo resuelto precedentemente, corresponde el tratamiento de los agravios del recurrente referidos a la ley aplicable en el caso atento hallarse en juego dos normas, los decretos 861/99 y 797/99 (derogados por el dec. 149/10) y el 149/10 reglamentario de la ley 13.985. Ello teniendo en cuenta la fecha del accidente en el año 2006.
Corresponde puntualizar que el decreto 861/99 (B.O., 8-VI-1999) estableció un subsidio -de liquidación mensual- a favor del personal policial herido e incapacitado- cualquiera sea el grado de la incapacidad -por acto de servicio y en ejercicio de la función de policía de seguridad, con el fin de compensar el perjuicio que genera para el sostenimiento de la familia, la disminución de los ingresos del agente toda vez que durante el estado de imposibilidad laboral, ve frustrada toda posibilidad de complementación horaria del servicio (v. cons. 1 y arts. 1 y 3). Cuando la incapacidad fuera permanente también se le otorgaba conforme el decret
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