Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73920
En la ciudad de La Plata, a 13 de marzo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri , Soria, Pettigiani, de Lázzari, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 73.920, "Kurban, Alejandro Jorge contra Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires. Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en ciudad de La Plata, por mayoría, confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, hizo lugar al planteo interpuesto por la demandada e intimó al actor a dar cumplimiento a la carga estipulada en el art. 19 del Código Contencioso Administrativo -depósito previo- bajo apercibimiento de declarar inadmisible la pretensión por la que se perseguía la anulación de la sentencia dictada por el Tribunal Fiscal de Apelación de fecha 19-X-2006. Impuso las costas al actor (conf. art. 51, ley 12.008, texto según ley 14.437; v. fs. 201/208).
Disconforme con dicho pronunciamiento, el actor interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 219/226), el que oportunamente fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 228/229).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 235) y agregado el memorial de la demandada a fs. 240/245, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El señor juez titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata, dejó sin efecto la inconstitucionalidad del art. 19 del Código Contencioso Administrativo declarada a fs. 132 por el señor juez de primera instancia que había prevenido en autos.
En consecuencia, por los fundamentos que expuso a fs. 181/184, hizo lugar a la excepción de inadmisibilidad de la pretensión articulada por la Fiscalía de Estado e intimó al actor para que en el plazo de diez días procediera a depositar la suma de $164.564,90; de conformidad a lo previsto por la norma antes mencionada y, bajo apercibimiento de declarar inadmisible la pretensión promovida.
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, confirmó esa decisión.
Explicó que la actora fundamentó la impugnación en su incapacidad para afrontar el pago previo del crédito tributario objeto de la controversia, sin ingresar en otros argumentos.
Señaló que el agravio sobre el punto carecía de consistencia en tanto la mera enunciación de la garantía de tutela judicial efectiva, como derecho constitucional, resultaba insuficiente para eximir al accionante del cumplimiento de un recaudo de admisibilidad que para su dispensa requiere de la demostración cierta y objetiva de una situación de compromiso de acceso a la jurisdicción.
En tal sentido compartió los fundamentos seguidos por el magistrado de grado quien advirtió la ausencia de prueba tendiente a formar convicción relativa a una situación económica en el actor que, impidiéndole afrontar la exigencia de pago previo, pudiera significar para él un supuesto de denegación de justicia en los términos del apartado 3 inciso "a" de la citada norma.
Entendió que la apelación intentada sólo mostraba el descontento del recurrente sin rebatir adecuadamente los argumentos de la decisión atacada, en relación con la mencionada carencia probatoria.
Destacó que si bien no cabe asignarle la carga de la prueba negativa relativa a la posesión de bienes y créditos, si es dable exigirle demuestre que su situación económica integral dé cuenta de tal insuficiencia.
Concluyó que la cuantía del impuesto por si sola no revelaba un impacto económico tal que colocara al actor en la imposibilidad que alegaba.
III. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el actor denuncia violación de la doctrina legal, de la garantía de defensa en juicio y del debido proceso adjetivo. Asimismo alega que en autos se configura el supuesto de denegación de justicia contemplado en el art. 19 del Código Contencioso Administrativo para eximir al litigante del pago previo.
En primer lugar cuestiona la sentencia recurrida por no haber tenido por acreditada la imposibilidad de afrontar el pago previo previsto en el art. 19 de la ley 12.008, configurando el supuesto de denegación del acceso a la justicia.
Considera que el Tribunal de Alzada no analizó la prueba ofrecida a tal efecto, y que sin más, apoyándose en una fundamentación aparente, confirmó el decisorio de primera instancia.
Afirma que el pronunciamiento impugnado no resulta ser una derivación razonada del derecho vigente y viola garantías de rango constitucional.
Por último expresa que se ha conculcado la doctrina legal tanto de este Tribunal como de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
IV. En mi criterio, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido contra ese pronunciamiento -y obrante a fs. 219/226- prospera.
IV.1. En ambas instancias de grado se consideró que el accionante no había acompañado prueba que acreditara que el pago del tributo cuestionado pudiera ocasionarle una afectación patrimonial de importancia respecto de su capacidad económica, se concluyó que no se hallaba probada la imposibilidad de afrontar el pago de la obligación controvertida en el presente proceso (v. fs. 183 vta./184 y 202).
IV.2. Sin embargo, advierto que le asiste razón al impugnante en cuanto sostiene que en estas actuaciones no se le ha dado oportunidad de probar dichos extremos (v. fs. 225 vta.).
Del escrito de demanda surge que el actor promovió una pretensión anulatoria en la que impugnó la resolución dictada por el Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires dictada el 19 de octubre de 2006, en la que se le atribuyó responsabilidad solidaria e ilimitada por la obligación fiscal de la contribuyente Conindar San Luis S.A.
En este caso, en el que se lo responsabilizó en los términos de los arts. 18 y 21 del Código Fiscal (t.o. 2004 y concs.), el señor Alejandro Jorge Kurban planteó que resultaba improcedente reclamar el referido pago previo previsto en el art. 19 del Código Contencioso Administrativo. Indicó no poseer bienes inmuebles, ni automóviles y agregó que sus ingresos como docente no resultaban suficientes para abonar el tributo de la magnitud que se le reclamaba.
Asimismo, en virtud de lo dispuesto por el art. 19 inc. 3 "a" del Código Contencioso Administrativo, ofreció prueba con el objeto de que se verificara su situación patrimonial y su consecuente imposibilidad de pago del tributo (v. fs. 5 vta./7 y 42 vta.).
IV.3. De las constancias de autos surge que debió haberse ordenado la producción de esas pruebas a fin de determinar la capacidad económica del accionante con el objeto de analizar una eventual morigeración en el sub lite del requisito de pago previo (art. 19 inc. 3 "a", ley 12.008, texto según ley 13.101; doctr. causa B. 56.707, "Carba S.A.", sent. de 23-IV-2008).
Conforme lo he expresado en ocasiones anteriores, la garantía constitucional de acceso a la justicia (art. 15, Carta Magna provincial), natural derivación del derecho de defensa en juicio (arts. 10 y 15 de igual ordenamiento normativo), se concreta en diversos estadios del proceso, a saber: derecho a acceder al órgano judicial, de deducir pretensiones, de ofrecer y producir prueba, de obtener un pronunciamiento justo, y de recurrir a las instancias superiores, no resultando coherente con los referidos principios cerrar cualquier tratamiento del tema desde el propio inicio (conf. mi voto en A. 71.493, sent. de 9-V-2018).
De ese modo, he rechazado toda hermenéutica que cierre el camino a la jurisdicción, por tratarse de una garantía que se erige en uno de los pilares básicos del estado de derecho.
En mi criterio, la regla in dubio pro actione es un principio rector en materia contencioso administrativa, de forma tal que estando en juego la posibilidad de acceso a la justicia, deben preservarse los derechos del administrado, interpretando en su favor las dudas que hubiere al respecto (conf. mi voto causa B. 65.256, "Red Hotelera Iberoamericana", resol. de 7-IX-2005).
V. Por lo expuesto juzgo que corresponde acoger el recurso de inaplicabilidad de ley (conf. art. 279, CPCC).
Las costas generadas en las instancias de grado se imponen a la vencida (conf. art. 51, ley 12.008, texto según ley 14.437), al igual que las de esta instancia extraordinaria (conf. arts. 60, inc. 1, CCA y 68, CPCC).
Por las razones brindadas, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. Adhiero a la solución propuesta por el señor Juez doctor Negri, en cuanto propicia que debe revocarse la sentencia recurrida por vulnerar la garantía constitucional de acceso a la justicia (art. 15, Const. prov.). Ello así, en tanto, como bien se expresa en su voto, las instancias de grado debieron ordenar la producción de las medidas de prueba ofrecidas por el actor de modo previo a resolver sobre su capacidad económica y para eventualmente analizar la posibilidad de morigerar el requisito de pago previo (art. 19 inc. 3 "a", ley 12.008, t.o. ley 13.101).
I.2. La prerrogativa procesal que permite exigir el cumplimiento de la obligación determinada por el Fisco de la Provincia, con antelación a que tenga lugar el debate judicial sobre su legitimidad, debe necesariamente equilibrarse con una interpretación amplia y flexible de las oportunidades que se brindan al contribuyente para acreditar la alegada imposibilidad de afrontar dicho pago previo. Hermenéuticas restrictivas de tales circunstancias colisionan con el derecho constitucional de acceso a la jurisdicción y a la tutela efectiva.
En la especie, tanto el señor juez de primera instancia como el Tribunal de Alzada, desconocieron los derechos constitucionales citados, extremo que resulta suficiente para revocar la sentencia impugnada (conf. art. 289 inc. 1, CPCC).
II. Ahora bien, en el espacio que confiere el art. 289 inc. 2, del Código Procesal Civil y Comercial a este Tribunal, ampliaré los fundamentos que autorizan en el sub examine a eximir el cumplimiento del requisito bajo análisis, con el alcance que expondré a continuación. Veamos.
II.1. La demanda promovida por el señor Kurban se dirige a cuestionar su calidad de responsable solidario de la deuda tributaria imputable a Conindar San Luis S.A., en tanto considera inaplicable el régimen de extensión de responsabilidad establecido por el Código Fiscal. A su vez, acusa que, estando declarada la quiebra de la sociedad, por aplicación del art. 56 de la ley 24.522 se encontraría prescripta la obligación tributaria principal, atento que el Fisco no verificó el crédito en tiempo oportuno. Sostiene que, en ese contexto, resulta inconstitucional la pretendida extensión de responsabilidad a los directores de la sociedad; no sólo porque al momento de generarse la deuda fiscal la empresa ya se encontraba en cesación de pagos, sino también porque no podrá repetir el monto oblado del deudor principal en el caso de que se lo condene al pago.
Todo ello más allá de que, como bien refiere el ponente, en la demanda se puso de manifiesto una situación económica no apta para afrontar el pago previo de la obligación tributaria, ofreciéndose prueba a tales fines (v. fs. 4/16, 44/45; prueba informativa al Banco Central, a la ANSES, al Registro de la Propiedad Inmueble y al del Automotor).
II.2. Sabido es que la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, seguida por este Tribunal, ha postulado que el pago previo del crédito tributario determinado constituye un requisito procesal que no implica de suyo la vulneración de los derechos de igualdad y defensa en juicio (Fallos: 155:96; 261:101; 278:188; 307:1753; entre muchos, y causas B. 64.768, "Aguas Argentinas", resol. de 27-IX-2006 y B. 65.727, "Kel Ediciones", resol. de 29-IX-2010).
Con todo, parece incontrovertible que esa directriz general merece ser sopesada en cada caso; y que una inteligencia funcional de su alcance, acorde con la salvaguarda del derecho a la jurisdicción y la tutela judicial efectiva, alegadas por el recurrente (arts. 8 inc. 1, CADH; 18, Const. nac.; 15, Const. prov.) permite abrir el cauce a la consideración de un conjunto de razonables excepciones.
Precisamente las circunstancias descriptas de autos, donde el actor en su carácter de deudor solidario busca discutir dicha calificación, considerando inaplicable la extensión de responsabilidad establecida por el Código Fiscal, y en las que para habilitar la instancia ofreció medidas de prueba de su imposibilidad de cumplimiento del recaudo previo (art. 163 inc. 6, párr. 2do., CPCC), evidencian el hecho de que la exigencia del solve et repete encierra riesgo cierto de obturar el acceso a la jurisdicción (v. mi voto en la causa A. 71.493, "Gallo Llorente", sent. de 9-V-2018).
Es que mal podría requerirse a una persona, en la situación del actor, un esfuerzo probatorio mayor (que acaso hubiese podido tener cabida de haberse tratado del contribuyente principal; arg. causa B. 64.768, "Aguas Argentinas", resol. de 27-IX-2006), sin desconocerse la virtualidad normativa inherente a la garantía de accesibilidad a la tutela judicial efectiva (art. 15, Const. prov.). Una interpretación contraria que sacrifique el bien jurídico preeminente sin razón digna de acogimiento, en una aplicación lisa y llana de un criterio restrictivo o estrecho -como lo es la sentencia recurrida- debe ser descartada.
Los elementos de juicio colectados en el sub lite imponían ingresar al análisis de la cuestión, en los términos del art. 19 inc. 3 apartado "a" del Código Contencioso Administrativo.
II.3. De otro lado, la pretensión entablada por el señor Kurban contiene una cuestión constitucional relevante; que se vincula a la validez de las normas del Código Fiscal que establecen la responsabilidad solidaria e ilimitada de los representantes de sociedades por las deudas de estas últimas; en el contexto de un caso en el que el Fisco no verificó oportunamente su crédito tributario en la quiebra de la empresa y se alega que la obligación estaría prescripta y que las sumas ingresadas por el deudor solidario no podrán ser repetidas (v. fs. 14 vta.).
La cuestión de fondo aquí planteada, no es novedosa para el Tribunal. Ya en la causa "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Raso, Francisco" (C. 110.369, sent. de 2-VII-2014) llegó a esta instancia extraordinaria el cuestionamiento de la autoridad provincial a una sentencia de Cámara en la que se declaró la inconstitucionalidad del art. 21 del Código Fiscal. Cierto es que en aquella oportunidad la mayoría del Tribunal desestimó el recurso por deficiencias técnicas (arg. art. 279, CPCC). Sin embargo, al día del dictado de la presente sentencia, son numerosas las causas radicadas ante esta Suprema Corte en las que se encuentra pendiente un pronunciamiento referido a la compatibilidad constitucional del sistema de solidaridad tributaria local; tanto en procesos de apremio, cuanto en acciones en las que -como aquí- se impugnan resoluciones del Tribunal Fiscal de Apelación. Siendo ello así -tal como expresé al emitir mi opinión en la causa A. 71.493 (cit.)- estimo prudente orientar estos planteos hacia la esfera aplicativa del inc. 3 del art. 19 del Código Contencioso Administrativo, en la medida en que, como sucede en autos, ellos revistan suficiente entidad y autonomía; sin perjuicio, claro está, de la facultad del Estado de promover contra el demandante el correspondiente juicio de apremio.
Al margen de lo que corresponda decidir sobre el fondo del asunto, cuya procedencia no fue considerada en sede administrativa dadas las limitaciones que el art. 12 del Código Fiscal establece en cuanto al tratamiento de cuestiones constitucionales, el análisis del caso pone de resalto que la procedencia del condicionamiento al acceso a la jurisdicción de la persona humana aquí demandante (art. 1 apdo. 2, CADH) remite a la razonabilidad de la imposición de la carga de efectuar el pago previo de un tributo determinado en cabeza de la firma contribuyente; carga que se hace recaer en aquella otra persona, que es precisamente quien controvierte la validez de las normas que extienden a su respecto la responsabilidad tributaria; un asunto que -se insiste- no pudo ser enervado en las tramitaciones previas.
II.4. En ese contexto la exigibilidad a ultranza del pago previo del tributo, por reclamadas deudas de una sociedad fallida, como presupuesto para la apertura de la jurisdicción, no armoniza con los principios y garantías implicados en la especie, máxime frente a la alegada imposibilidad de pago y a los planteos constitucionales efectuados -agravios que ofrecen alguna similitud con los que suelen contener las pretensiones meramente declarativas- (arts. 8 apdo. 1, CADH; 18, Const. nac. y 15, Const. prov.). En ello encuentro razón suficiente para enmarcar el entuerto en el art. 19 inc. 3 apartado "a" del Código Contencioso Administrativo, más allá de la extensión analógica que acaso pudiera establecerse con el supuesto del apartado "b".
II.5. Por mucho que la finalidad del instituto examinado (en cuanto a partir de la presunción de validez de los actos tributarios, tiende a preservar el normal desenvolvimiento de las finanzas públicas; doctr. causas B. 55.283, "Pertenecer S.A.", resol. de 14-XII-1993; B. 55.927, "American Express Argentina S.A.", resol. de 6-VI-1995; I. 3361, "Herrera", sent. de 19-XII-2012) se considerase plausible, la consecución de ese propósito no podría cohonestar un cercenamiento al acceso a la justicia (art. 15, Const. prov.), porque ello daría la espalda a los textos constitucionales tantas veces citados, cuya observancia es condición de validez de toda regla adjetiva (arts. 1, 5, 18, 28, 31, 75 inc. 22 y concs., Const. nac.; 1, 15, 57 y concs., Const. prov.).
De otro lado, examinado el caso a la luz del principio de proporcionalidad (arg. art. 28, Const. nac.) tampoco se aprecia que el hecho de eximir al impugnante del ingreso de las sumas requeridas por aplicación del art. 19 inc. 1, ya citado, pudiera causar, dada su cuantía, un trastorno financiero para el Estado; en cambio, al actor la realización de dicho pago, le demandaría un esfuerzo considerable.
II.6. La valoración de las notas salientes del caso, ya señaladas, bajo el prisma de la garantía del acceso irrestricto a la jurisdicción (art. 15, Const. prov.) y del principio in dubio pro actione o favor actionis (CSJN Fallos: 311:689; 312:1017; 312:1306; e.o.; causas B. 57.700, "Montes de Oca", sent. de 10-IX-2003; B. 59.591, "B.E.D.A.", sent. de 8-X-2008) conducen, entonces, a encuadrar la pretensión articulada en la recta comprensión del régimen procesal administrativo (art. 19 inc. 3 apdo. "a", CCA).
Frente a todo lo expuesto, el trámite dado por el señor juez de primera instancia y confirmado por el Tribunal de Alzada, al exigir el pago previo de la deuda tributaria al accionante responsable solidario, en el caso, no respeta las garantías y principios constitucionales citados.
III. En mérito a lo hasta aquí expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley deducido por el actor, revocar la sentencia impugnada en tanto hace lugar a la excepción de inadmisibilidad opuesta por la Fiscalía de Estado, y en consecuencia, desestimarla, encuadrando el caso de autos en las previsiones del art. 19 inc. 3 apartado "a" del Código Contencioso Administrativo (conf. art. 289 inc. 2, CPCC).
Con el alcance aquí dado, voto también por la afirmativa .
Las costas de todas las instancias
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