Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74262
En la ciudad de La Plata, a 13 de marzo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Soria, Genoud, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.262, "Capomaggi, Liliana Beatriz contra Municipalidad de San Fernando. Pretensión Anulatoria-recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley-".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín, rechazó los recursos de apelación interpuestos por las partes actora (v. fs. 390/412) y demandada (v. fs. 414/416). En consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que había desestimado la pretensión anulatoria y de daños y perjuicios promovida por la señora Capomaggi contra el Municipio de San Fernando y el Intendente señor Luis Carlos Andreotti (v. fs. 451/476).
Disconforme con ese pronunciamiento, la parte actora interpuso recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 480/495). Por resolución de fs. 497/498 la Cámara interviniente denegó el recurso mencionado en primer término y concedió el último.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 513), agregadas las memorias del codemandado señor Andreotti (v. fs. 505/507) y de la Municipalidad demandada (v. fs. 508/510) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que al recurso interpuesto interesa, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín entendió que la actora no sólo no logró rebatir los argumentos dados por el magistrado de grado para rechazar la pretensión indemnizatoria, sino que persistió en el grueso error de pensar la controversia planteada desde la óptica del derecho privado, en el caso la Ley de Contrato de Trabajo, y no como debiera corresponder desde el derecho administrativo y las normas legales y reglamentarias que regulan la relación de empleo público que unió a la actora con el municipio demandado.
Señaló que la señora Capomaggi reconoció en su escrito de demanda que era empleada pública del Municipio de San Fernando. Agregó que, en el marco de esa relación estatutaria, la Municipalidad demandada declaró cesante a la actora, por abandono de tareas, mediante el dictado del decreto 674/12.
Ponderó que el juez de primera instancia, con acierto, consideró que el mencionado acto administrativo constituyó el punto de partida a los fines de resolver la presente causa por tratarse del acto que habilitó la instancia jurisdiccional y el que dispuso el distracto de la actora por abandono de servicios en los términos de la ley 11.757, entonces aplicable.
Destacó que la señora Capomaggi no cuestionó el referido decreto 674 sino la posibilidad que, como empleada municipal, tendría de producir el distracto unilateralmente. Al respecto, el Tribunal de Alzada transcribió la parte del recurso donde la propia actora sostuvo que "...el tema decidendum , radica en definir si el trabajador municipal dispone de derecho a denunciar unilateralmente el contrato de trabajo, considerarse cesanteado, o para usar la jerga común en el fuero laboral y como hemos dicho más arriba, ponerse en situación de despido indirecto en caso de injuria que por su gravedad lo justifique..." -porque según aduce la recurrente "...no existe norma de derecho positivo que impida o limite que el trabajador municipal denuncie en forma fundada el contrato que lo vincula al municipio..." (v. considerando 3, a fs. 471 vta. y 472).
La Cámara consideró que lo propuesto por la actora no tenía sustento jurídico. Con cita de precedentes de esta Suprema Corte, atribuyó a la relación de empleo público naturaleza estatutaria regulada por leyes, decretos y reglamentos, sujeta a pautas propias del derecho público donde el poder estatal goza de prerrogativas que lo habilitan a disponer variaciones unilaterales, siempre que se impongan de un modo razonable (cfr. causas B. 66.965, "Toledo", sent. de 18-V-2011; B. 63.117, "Echenique", sent. de 18-V-2011 y B. 60.347, "Cavalieri", sent. de 11-IV-2007; e.o.).
En la misma dirección sostuvo que: "No tienen carácter contractual las formas y modalidades de la prestación, las cuales pueden ser modificadas por el empleador -dentro de los límites estatutarios- en ejercicio del ius variandi, si de ello no deriva arbitrariedad" (cfr. causa B. 62.943, "Marguery", sent. de 22-XI-2006).
En particular, invocó lo resuelto en la causa B. 57.206, "Baggio", sentencia de 3-XII-2003, la que consideró análoga a la presente. Resaltó que en el aludido precedente se sostuvo " ... Consecuentemente, los argumentos que desarrolla la accionante en cuanto a que ha sufrido un cambio en las condiciones laborales de tal magnitud que ocasionó lo que en derecho laboral autoriza o da lugar a lo que se denomina 'despido indirecto', resultan por completo improcedentes y, por tanto, no conmueven la legitimidad de la cesantía dispuesta por abandono de cargo. Los agentes públicos se hallan vinculados a la Administración por una relación de empleo público y este vínculo les impone derechos y obligaciones. Entre estas últimas figuras la de concurrir diariamente a su lugar de trabajo, excepto cuando razones justificadas lo impidan ".
Concluyó que, en autos, la voluntad exhibida por la actora en la nota del 5 de marzo de 2012 -por la que se consideró cesanteada sin causa por exclusiva decisión del Intendente municipal- resultó inequívoca teniendo en cuenta las reiteradas inasistencias, que motivó a la "...Administración a intimarla mediante cédula, el 23/03/12 para que regularice su situación laboral, bajo apercibimiento de aplicarle la sanción de cesantía prevista en el art. 64 de la ley 11.757, por abandono de servicios. En respuesta a dicha cédula, la accionante presentó una segunda nota con fecha 27/03/12 en la que no sólo ratificó en un todo el temperamento que había adoptado en aquella presentación del 05/03/12; sino que también dejó en claro que su relación de empleo con el municipio ya no existía 'desde el 05/03/2012'. Consecuentemente, y a raíz de este conteste, la Administración labró el Expediente Administrativo N° 2012-M-1709 en donde tanto el órgano preopinante (Asesoría Letrada), como el Intendente municipal consideraron que la voluntad de la agente manifestada en las notas presentadas el 05/03/12 y 27/03/12, y su persistente actitud de no concurrir a su lugar de trabajo desde el 05/03/12, resultaron suficientes para configurar la causal objetiva de cese prevista en la norma. De modo que, habiendo sido la propia actora quien con su actitud remisa y unilateral propició la aplicación de la causal objetiva de cese por 'abandono de servicios', el sentenciante considera estéril valorar la conducta de las partes previa al distracto" (v. considerando 6 a fs. 473 y vta.).
Por último, ponderó que de lo actuado en el expediente administrativo resultaban acreditados el abandono de trabajo; la intimación cursada para que la actora se reintegrara y el dictamen obligatorio de la Asesoría letrada que estimó que debía disponerse la baja de la agente en los términos del art. 65 de la ley 11.757, entonces vigente.
III. Disconforme con la sentencia de la Cámara la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 480/491 vta.).
La recurrente, luego de reseñar los antecedentes de la causa, impugna la sentencia del Tribunal de Alzada (v. punto 6 a fs. 485 vta./491 vta.), oportunidad en la que reitera planteos que han sido vertidos en sus anteriores presentaciones.
Destaca que, en cuanto a la nulidad planteada sobre el decreto 674 citado, "la cuestión a decidir es si le asiste o no al empleado público del municipio la facultad de rescindir con causa el contrato de trabajo, cuáles serían las razones que habilitarían tal conducta y porqué, en este caso, la sentencia vulnera la doctrina legal al omitir el tratamiento de la causal invocada ni siquiera para desecharla".
Sostiene que, tal como fue planteado por ella en su recurso de apelación, la cuestión en debate es la relativa a la facultad del empleado de denunciar el contrato, y que las sentencias de primera y segunda instancia omitieron el tratamiento de la nulidad del decreto 67/12 por considerar improcedente toda alegación de causa en la denuncia del contrato, al entender que el empleado público carecería de dicha facultad, lo que solo sería permitido en el derecho privado.
Arguye que "podrá aducirse en este caso que la aplicación de la facultad rescisoria está prevista en el texto de la ley, lo que no aparece en la ley 11.757, pero este razonamiento sería erróneo desde que no contemplaría que la protección del trabajo, el deber de asegurar condiciones dignas y equitativas de labor, los derechos a la indemnidad, a la progresividad, a la estabilidad, a la interpretación más favorable y en definitiva a la justicia social que asisten al empleado público, están expresamente establecidos por la normativa constitucional y supra legal, por lo que no podría construirse razonamiento alguno que implicara la obligación del trabajador de permanecer prestando un servicio cuando éste se desarrolla en circunstancias objetivamente injuriosas" (v. relato a fs. 487 vta.).
Agrega que la protección del trabajador, por su dignidad y por su trato equitativo tiene rango constitucional en el art. 14 bis y en varios tratados internacionales de jerarquía supra legal.
Alude a la doctrina legal aplicable en materia de empleo público y sostiene que, sea cual fuere su jurisdicción, sus alcances y sistema de protección general; el derecho a resarcimiento, es el establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes que cita, en los considerandos 7 y 8 del fallo "Cerigliano", cuyos criterios han sido incorporados a la doctrina legal de esta Suprema Corte (cfr. causa B. 62.793, "Maza Vergara", sent. de 29-X-2015).
Aduce que el derecho al ius variandi de la Administración en la relación de trabajo es materia reglada, no integra la esfera discrecional de la misma y se encuentra reglamentado en el art. 9 de la ley 11.757.
Señala que, como "lo establecen los antecedentes mencionados de la Suprema Corte", el poder estatal goza de prerrogativas que lo habilitan a disponer variaciones unilaterales en aquellas siempre que se impongan de un modo razonable y las formas y modalidades de la prestación pueden ser modificadas por el empleador, dentro de los límites estatutarios, en ejercicio del jus varianti , si de ello no deriva arbitrariedad.
Destaca que, en el mismo sentido, la cesantía por abandono será aplicable si la actitud del dependiente de dejar de concurrir lo es "sin motivo" o "sin que medie justificación alguna" siempre que no se acreditara "por la demandante imposibilidad absoluta de concurrir u otros extremos exculpatorios que le hubieran permitido repeler la requisitoria a prestar servicios".
Argumenta que, previo a resolver sobre la imputación de abandono y la cesantía aplicada por esa causal, resultaba necesario analizar la entidad de las razones que se invocaron para denunciar el contrato de trabajo, porque allí podrían estar los extremos exculpatorios en que se funda el rechazo a la requisitoria a prestar servicios.
Se agravia de lo resuelto por la Cámara porque, al omitir toda consideración de la causal invocada y sostener que toda materia a tratar está limitada a la esfera de la impugnación de abandono y que sólo esa es la cuestión que habilita la instancia, entiende la recurrente, que se genera un relevamiento de los hechos que omite analizar lo efectivamente ocurrido.
Arguye que la Cámara al imputarle la tesis del "grueso error de encuadre jurídico inicial" viola el principio de la primacía de la realidad y al comenzar su apreciación de los hechos a partir de la resolución de cesantía por abandono del trabajo omite considerar la validez de la causa exculpatoria previamente invocada, vulnerando el curso del debido proceso en forma flagrante. Agrega que al simular que la decisión de denunciar el contrato por parte del trabajador no ocurrió, o en todo caso que su único valor sería el de demostrar la voluntad de abandonar el trabajo, trae incongruencia e irracionalidad a lo que se resuelve (v. relato a fs. 489).
Concluye que la sentencia de Cámara incurrió en un razonamiento erróneo al confirmar la de primera instancia, por no contemplar que la protección del trabajo consagrada constitucionalmente junto a los principios de indemnidad y progresividad, incluye la posibilidad del empleado público de "denunciar el contrato de trabajo".
IV. El recurso extraordinario interpuesto no puede prosperar atento la insuficiencia técnica que porta (art. 279, CPCC).
IV.1. De modo liminar, se impone recordar que la labor de interpretar los escritos constitutivos del proceso y establecer los términos en que quedó planteada la cuestión constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria, y su decisión al respecto sólo puede revisarse en casación en la medida en que se denuncie y compruebe la existencia de absurdo o la violación del principio de congruencia (cfr. doctr. causas A. 73.074, "Marino", resol. de 4-X-2017; A. 72.764, "Freudweiler", sent. de 18-X-2017 y A. 73.975, "Ballejo", sent. de 10-X-2018; e.o.), vicio que no ha sido denunciado por la recurrente.
La Cámara consideró que el decreto 674/12 que declaró la cesantía de la actora por abandono de servicios, en los términos de la ley 11.757 -entonces vigente-, constituyó el punto de partida a los fines de resolver la presente causa por tratarse del acto que habilitó la instancia jurisdiccional. También ponderó que el referido decreto no fue cuestionado por la señora Capomaggi quien sólo se agravió de la posibilidad que, como empleada municipal, tendría de producir el distracto unilateral de la relación laboral que la unía con la Municipalidad.
Esta Corte ha puntualizado que, la interpretación del contenido y alcance de las pretensiones de las partes formuladas en los escritos liminares del proceso constituye una facultad de los jueces de las instancias ordinarias, sólo revisable en casación en caso de absurdo, el que no queda configurado aun cuando el criterio del sentenciante pueda ser calificado de objetable, discutible o poco convincente ya que se requiere un error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (conf. causas C. 117.190, "Bodcobel", sent. de 12-IX-2014; C. 119.875, "Consorcio de propietarios Avenida Maipú", sent. de 23-XI-2016 y A. 72.764, cit.).
La recurrente no ha logrado realizar un juicio crítico de los razonamientos desarrollados en esa parcela del fallo de la Cámara que demuestren el aludido vicio lógico en la sentencia, el que claramente no ha denunciado.
Este Tribunal tiene dicho que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que sólo exterioriza una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos de la decisión que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado -como lo es interpretar, en el caso, el contenido y alcance de las pretensiones formuladas en los escritos liminares del proceso-, discrepancia que resulta insuficiente para modificar, en ese aspecto, el pronunciamiento atacado (causas A. 72.155, "Leguizamón", sent. de 19-X-2016 y C. 119.731, "Estorini", sent. de 15-XI-2016).
IV.2. Tampoco es de recibo el agravio referido a cuestionar el marco normativo que se consideró aplicable.
El embate que propone la interesada en esta parcela, se limita a señalar que la cuestión en debate es la referida a la facultad del empleado de "denunciar el contrato" laboral, lo que implica la rescisión unilateral de la relación de empleo, no obstante, no estar prevista en la ley 11.757 (entonces vigente), desentendiéndose de los fundamentos del fallo que impugna en el cual se ponderaron las razones que justifican su inaplicabilidad al caso.
Los fundamentos dados por la Cámara no resultan conmovidos por las expresiones volcadas por la recurrente, quién -en esta instancia- insiste con similares planteos a los efectuados en el recurso de apelación, que lejos están de patentizar los yerros que se le imputan. Más bien se advierte que éstos se circunscriben a exteriorizar una mera disconformidad con el resultado obtenido y a esbozar un punto de vista subjetivo y discrepante sobre cuál sería el régimen legal aplicable, sin hacerse cargo de impugnar concretamente los fundamentos medulares sobre los cuales se estructura el fallo que concluyen con la legitimidad de la cesantía dispuesta por abandono de cargo.
Esta circunstancia resulta suficiente para su rechazo pues como tiene dicho esta Corte, debe desestimarse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que ha elegido elaborar su impugnación sobre una serie de razonamientos que se desentienden de aquellos que dotan de contenido al fallo (cfr. doctr. causas L. 104.897, sent. de 13-VII-2011; C. 117.541, "Scaglia", sent. de 13-VII-2016) y que se basa en la mera reiteración de argumentos esgrimidos y rechazados en la instancia anterior (cfr. causas A. 71.831, "Muñoz", sent. de 10-XII-2014 y A. 73.190, "Galván", sent. de 31-VIII-2016).
Para que el escrito con que se interpone y funda el recurso de inaplicabilidad de ley cumpla con la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, debe demostrar la existencia de violación o error en la aplicación de la ley que denuncia. Función que no es debidamente cumplida si en esa operación se sustrae, como sucede en la especie, la réplica adecuada de las motivaciones esenciales que el pronunciamiento impugnado contiene (conf. causas A. 69.983, "Maglione", sent. de 10-III-2011; A. 71.566, "Giovagnoli", sent. de 29-II-2012; A. 70.765, "Cabezali", sent. de 4-VI-2014 y A. 71.370, "Belardo", sent. de 20-V-2015).
Tal déficit argumental no puede ser suplido por este Tribunal.
IV.3. Tampoco mejora la suerte de la impugnación la invocación de una pretendida violación de doctrina legal de esta Suprema Corte e inaplicación de precedentes emanados de la Corte Suprema nacional que cita la recurrente a fs. 488 y vta.
Sólo será suficiente un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuando se individualice concretamente la doctrina que se dice violada y se señalen los aspectos fácticos que rodearon al caso donde esta Corte sentó el criterio que se pretende aplicar, debiéndose indicar en la respectiva denuncia la cita de la norma legal que, emanada de dicha doctrina, resulte conculcada por el tribunal de apelación (conf. doctr. A. 73.228, "Arbelo", sent. de 19-X-2016 y A. 72.793, "Ruiz", sent. de 5-VII-2017; e.o.).
La impugnante no desarrolla la correspondencia fáctica y jurídica existente entre el antecedente referido a fs. 488 -causa B. 62.793, "Maza Vergara", sentencia de 29-X-2015- y el supuesto de autos. De tal modo, el planteo luce insuficiente, pues es claro que omite explicar de qué manera concreta el precedente de esta Suprema Corte que denuncia como erróneamente aplicado o transgredido, se relacionaría con la denunciada actuación indebida de la Cámara interviniente (art. 279, CPCC).
A tal consideración agrego que conforme lo ha sostenido reiteradamente este Tribunal, aquella doctrina cuya conculcación habilita el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es la establecida por la Suprema Corte a través de sus pronunciamientos y no la que resulta de la jurisprudencia de otros tribunales, incluyendo la derivada de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. doctr. causas A. 71.239, "Koretsky
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.