Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74515
En la ciudad de La Plata, a 20 de marzo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Kogan, de Lázzari, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.515, "Rojas, Lilian Edith contra Provincia de Buenos Aires. Pretensión Anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmó la sentencia de primera instancia que -a su turno- desestimó la demanda contencioso administrativa deducida por la señora Lilian Edith Rojas. Las costas de la instancia de apelación fueron impuestas en el orden causado -art. 51 inc. 2, CCA; t.o. ley 14.437- (v. fs. 398/408).
Disconforme con dicho pronunciamiento , la accionante dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 412/428 vta.), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fs. 429 y vta.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 436) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata confirmó la sentencia de primera instancia que desestimó la demanda contencioso administrativa promovida por la señora Lilian Edith Rojas, mediante la cual pretendió: i) la nulidad de la resolución 11.112 n° 1.445, dictada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que dispuso la cesantía de la accionante por abandono de cargo, en los términos del art. 85 de la ley 10.430 y ii) la reparación de los daños y perjuicios sufridos con motivo de la medida segregativa.
Para así decidir, y en lo que a esta instancia extraordinaria interesa, el Tribunal de Alzada consideró que los argumentos desplegados por la apelante no lograron conmover los pilares fundamentales en los cuales se sustentó el fallo en crisis.
I.1. Liminalmente, señaló que ningún reproche de orden lógico o valorativo cabía endilgar al magistrado de grado, en tanto su razonamiento se sustentó en las constancias obrantes en el expediente administrativo 2979-4506/07, que dan cuenta de la configuración de la falta endilgada en los términos del art. 85 de la ley 10.430 y que, por otro lado, no han merecido cuestionamiento alguno.
I.2. Posteriormente, desestimó el planteo de inconstitucionalidad del art. 85 de la ley 10.430, que la recurrente intentó introducir en esa instancia alegando una presunta omisión de su tratamiento por el magistrado de grado.
Al respecto, consideró -con base en la jurisprudencia de la Corte Federal y en la doctrina de esta Corte- que dicho planteo constituyó fruto de una reflexión tardía, en tanto observó que en la demanda la accionante se limitó a enunciar la inconstitucionalidad del citado artículo, sin dedicar un mínimo de argumentación en pos de fundar y demostrar de qué manera la aplicación del mentado precepto a los hechos del caso vulneraría la Constitución y causaría el perjuicio que se denuncia. En definitiva, juzgó que tal proposición no conformó el desarrollo argumental de la pretensión anulatoria entablada.
I.3. Consecuentemente, ponderó que la recurrente dejó incólume el marco legal en que el juez de grado encuadró el caso y, con ello, los parámetros que el art. 85 de la ley 10.430 contiene para tener por configurada la falta y aplicar la sanción.
Sentado ello, destacó que el a quo tuvo por acreditado que la agente Rojas se ausentó de su lugar de trabajo desde el 18 de octubre de 2007 hasta el 30 de octubre de 2007, y que no obstante encontrarse debidamente intimada, no concurrió a prestar servicio, por lo que la tuvo incursa en abandono de cargo.
A partir de allí, descartó que la Administración hubiera formalizado un sumario administrativo irregular o incausado, como así también, que hubiera vulnerado el derecho de defensa de la actora.
Además, observó la insuficiencia recursiva sobre el tópico, al ser una reedición casi literal del contenido del escrito de inicio.
I.4. Por otro lado, descartó que el fallo cuestionado incurra en una omisión relevante al soslayar el análisis de las declaraciones vertidas en el acta notarial 187, en tanto consideró que allí solo quedó evidenciado que al día 16 de abril de 2008 se encontraba en trámite el expediente administrativo 2974-4506/07 y que aún no se había dictado el acto administrativo por abandono de cargo.
Agregó que el órgano jurisdiccional solo se encuentra obligado a atender las argumentaciones que sean decisivas para la solución del pleito, respetando el principio de congruencia, tarea que -afirmó- se encontraba cumplida por el sentenciante de grado en virtud de las circunstancias verificadas en la especie.
I.5. En igual sentido, desestimó los reproches vinculados con la falta de colaboración de la accionada para con el proceso y la insuficiente dedicación que el iudex le imprimió al caso, por no reunir el embate una crítica concreta y razonada del temperamento materia de agravio, e indicó que el intento de descalificar la tarea del juzgador de grado, se basó en afirmaciones dogmáticas y carentes de argumentos de peso que les den sustento.
I.6. Por último, abordó el agravio encaminado a demostrar la vulneración del principio de inmediatez, sustentado en la falta de contemporaneidad entre las ausencias determinadas por la Administración y la sanción finalmente impuesta.
Liminarmente señaló, con cita en la jurisprudencia de la Corte Federal, que el derecho a obtener un pronunciamiento sin demoras indebidas no puede traducirse en un número fijo de días, meses o años -como pretende la recurrente-.
En ese contexto, ponderó que en las actuaciones administrativas se sucedieron sin discontinuidad los actos de impulso necesarios y conducentes para llegar al dictado del acto final, lo que a su entender no da muestra de la existencia de extensos períodos de inactividad por parte de la Administración, por lo cual, desestimó el agravio en cuestión.
II. Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, obrante a fs. 412/428 vta., en el que reitera argumentos ya vertidos en sus anteriores presentaciones y denuncia: a) violación de los arts. 14, 14 bis, 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; 15, 39 inc. 4 y 103 inc. 12 de la Constitución provincial; 85, 88, 93 y 95 de la ley 10.430 y su decreto reglamentario 4.161/96; arts. 1 inc. "F" -apdo. 3-, 7 incs. "b", "d" y "e" y 14 inc. "b" de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo; arts. 80, 103, 108 y 109 del decreto ley 7.647/70; y b) arbitrariedad y absurdo en la valoración de la prueba.
II.1. En primer lugar, señala que el pronunciamiento del Tribunal de Alzada incurre en los mismos errores que el juez de grado, al omitir resolver el planteo de inconstitucionalidad del art. 85 de la ley 10.430, que dice haber efectuado oportunamente en su escrito de inicio y reeditado en su alegato. Indica que esta falta de consideración le causa un agravio mayúsculo, ya que ambas sentencias se valen de dicha norma para justificar la cesantía impuesta a su parte.
II.2. Posteriormente, insiste en aducir que el a quo realizó un análisis parcial del acta de constatación notarial 187, al no valorar las circunstancias fácticas que surgen de dicho instrumento público, esto es: a) su intención de laborar, manifestada al presentarse con el notario en su lugar habitual de trabajo; y b) la actitud arbitraria de la empleadora, al impedirle el ingreso a trabajar y negarle tareas.
II.3. Por otro lado, se agravia de que la Cámara no tuviera en cuenta la falta de colaboración de la accionada para con el proceso -evidenciada en sus reiterados incumplimientos-, y de la insuficiente dedicación de la jurisdicción al caso, ya que -a su entender- la complejidad del mismo ameritaba mayor estudio, sin perder de vista la realidad de las cosas (primacía de la realidad).
II.4. Insiste en alegar la violación del principio de inmediatez. Reprocha que la Cámara considere que no han existido períodos de inactividad de parte de la Administración, cuando entre la supuesta falta (acaecida el 18-10-2007) y la sanción de cesantía aplicada mediante resolución 11.112 n° 1.445/08 (de fecha 25-9-2008), transcurrió aproximadamente un año. Indica que ello configuró una demora culpable de la Administración, que encuadra -a su entender- en el art. 80 del decreto ley 7.647/70.
II.5. Finalmente, se agravia de que el Tribunal no se haya expedido sobre cuestiones manifestadas por su parte, vinculadas a: a) la violación del procedimiento administrativo en el trámite del expediente 2974-4506/07 por el cual se dispuso su cesantía; b) que el inicio del citado expediente configuraba un sumario administrativo que impedía la aplicación del art. 85 de la ley 10.430, en tanto dicho artículo no exige la substanciación de sumario; c) que la Administración intentó aplicar en forma paralela el art. 97 de la ley 10.430, que prevé la "disponibilidad relativa" o "suspensión preventiva", con lo cual también resulta inaplicable el art. 85 de la ley 10.430; d) la falta de motivación del acto administrativo, en razón de que su parte negó las tres inasistencias invocadas y e) la falta de cumplimiento del dictamen de la Junta de Disciplina y de la Asesoría General de Gobierno (arts. 93 y 95, ley 10.430).
II.6. Como corolario, sostiene que el sentenciante ha actuado con arbitrariedad e irrazonabilidad en la apreciación de la prueba reunida en la especie, como así también, que ha omitido tratar pretensiones, desoyendo con ello principios fundamentales del derecho, por lo cual solicita que se revoque la sentencia dictada.
III. Adelanto que el recurso no puede prosperar atento la insuficiencia técnica que porta (art. 279, CPCC).
III.1. Este Tribunal ha señalado que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que la recurrente insiste en reiterar los planteos que ya fueran llevados -con suerte adversa- ante las instancias de grado, reproduciendo agravios que no logran patentizar los yerros que se le imputan al fallo y que, antes bien, se circunscriben a exteriorizar una mera disconformidad con el sentido de lo resuelto, evidenciando un punto de vista subjetivo y discrepante que intenta hacer prevalecer su propio criterio por sobre el de los magistrados, sin hacerse cargo de impugnar concretamente los fundamentos medulares sobre los cuales se estructura la sentencia impugnada (conf. doctr. causas A. 72.523, "Arias", sent. de 20-IX-2017 y A. 73.210, "Emar Salud S.R.L.", sent. de 18-IV-2018).
III.2. Tal déficit exhibe la pieza recursiva, toda vez que los reproches que se presentan como agravios y causales de casación, no hacen más que reeditar argumentos ya desestimados en la causa, sin lograr asestar un embate preciso que permita desbaratar el razonamiento que funda la decisión impugnada. Ello así se advierte con los distintos planteos formulados, a saber: a) inconstitucionalidad del art. 85 de la ley 10.430; b) violación del régimen legal subyacente y c) reproches valorativos.
III.3. En primer lugar, la recurrente insiste en reprochar a los sentenciantes de grado haber omitido resolver el planteo de inconstitucionalidad del art. 85 de la ley 10.430 que -según aduce- efectuó oportunamente en su escrito de inicio y reeditó en su alegato.
En este punto, corresponde poner de relieve que la Cámara dio expreso tratamiento al agravio, desestimando su planteo con razones que han quedado incólumes por falta de impugnación recursiva.
Expresamente el a quo consideró que dicho planteo fue fruto de una reflexión tardía, conclusión a la que arribó luego de observar que, en la demanda, la accionante se limitó a enunciar la inconstitucionalidad del citado artículo, sin brindar una mínima argumentación en pos de fundar y demostrar de qué modo la aplicación de la impugnada norma a los hechos del caso quebrantaría las garantías constitucionales cuya tutela se procura. En definitiva, juzgó que tal proposición no conformó el desarrollo argumental de la pretensión anulatoria entablada.
Ello imponía, como carga de la recurrente, desbaratar esta parcela del decisorio acreditando que su escrito constitutivo del proceso sí cumplía con las mandas legales impuestas por la ley procesal y que, consecuentemente, el Tribunal incurrió en un yerro al sostener que el planteo era extemporáneo.
Desde esta óptica no resulta ocioso destacar que la interpretación de los escritos constitutivos del proceso, y en general de cualquier escrito judicial, resulta una cuestión de hecho reservada a la opinión de los jueces de las instancias ordinarias, quienes tienen amplias facultades para establecer el ámbito litigioso de las cuestiones que integran la relación jurídico procesal, principio que sólo reconoce como excepción el absurdo (conf. doctr. causas A. 70.215, "E., R. M.", sent. de 11-III-2013 y A. 73.664, "Cisi", sent. de 17-V-2017).
Este vicio consiste en un notorio desvío de las reglas de la lógica que derive en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o sea incompatible con las constancias objetivas de la causa (conf. doctr. causas A. 73.664, cit., y A. 73.881, "Gómez", sent. de 3-V-2018).
Bajo tales premisas, la crítica resulta inhábil para demostrar su configuración desde que la recurrente, sin invocarlo, se limita a cuestionar la apreciación que el Tribunal de Alzada realizó de la demanda, afirmando que la Cámara incurrió en una omisión al no tratar cuestiones que entiende fueron planteadas desde el inicio de la causa por su parte, en un cometido que revela su sola discrepancia con la labor desarrollada por los magistrados, en uso de potestades que les son privativas (conf. causa L. 119.991, "Cabrera", resol. de 21-IX-2016).
En efecto, en el remedio bajo examen, la impugnante reiteró los argumentos vertidos en la apelación ordinaria que -en su entender- sustentan la inconstitucionalidad de la norma aplicada (art. 85, ley 10.430), sin detenerse a demostrar que tales argumentaciones, fueron efectivamente introducidas en su oportunidad en el escrito inicial.
Tal déficit argumental no puede ser suplido por este Tribunal.
III.4. Por otro lado, la recurrente denuncia la errónea aplicación del art. 85 de la ley 10.430, por entender que el inicio del expediente 2974-4506/07 -por el cual se dispuso su cesantía- configuró un sumario administrativo y, en consecuencia, se debió seguir el procedimiento previsto al efecto, que denuncia omitido. Asimismo, arguye la falta de motivación del acto administrativo impugnado, en tanto desconoció las inasistencias reprochadas.
Sobre el tópico, corresponde señalar que la Cámara -luego de rechazar por extemporáneo el planteo de inconstitucionalidad de la normativa actuada- consideró que la recurrente dejó incólume el marco legal en que el juez de grado encuadró el caso y, con ello, los parámetros que el art. 85 de la ley 10.430 contiene para tener por configurada la falta y aplicar la sanción.
A partir de allí, y con base en las actuaciones administrativas, el a quo consideró configurado el supuesto legal de referencia, al confirmar -como lo hizo la autoridad administrativa y el juez de primera instancia- que efectivamente la actora había incurrido en un período de inasistencias injustificadas al servicio, que se extendió desde el 18 de octubre de 2007 y hasta el 30 de octubre de 2007, excediendo con holgura los tres (3) días previstos en la norma, sin que hubiera acreditado una causal de justificación al efecto, incluso después de haber sido intimada para hacerlo.
Frente a este cuadro de situación, la Cámara confirmó que el comportamiento de la actora quedó debidamente tipificado en el reproche legal de abandono de servicio y desestimó el intento recursivo tendiente a desvirtuar la aplicación de la norma a través de una interpretación forzada de las actuaciones administrativas que -a entender de la recurrente- constituyeron un sumario administrativo ajeno al trámite del artículo aplicado y que imponía mayores trámites a fin de garantizar el debido procedimiento, derecho de defensa y la legalidad del acto que entiende vulnerados.
Para más, la Cámara observó que los citados planteos eran una transcripción casi literal del contenido del escrito de inicio y que se omitió expresar porque esos argumentos reeditados ante esa Alzada resultarían dirimentes para hacer lugar a la impugnación.
Los fundamentos señalados por el a quo para determinar la aplicación del régimen actuado y tener por configurada la falta reprochada, no resultan conmovidos por las expresiones volcadas por la impugnante, quién -en esta instancia- insiste con similares planteos a los llevados ante la Cámara, que lejos de patentizar los yerros que se le imputan, se circunscriben a exteriorizar su disconformidad con el resultado obtenido.
Esta circunstancia resulta suficiente para su rechazo pues como tiene dicho esta Corte, debe desestimarse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que ha elegido elaborar su impugnación sobre una serie de razonamientos que se desentienden de aquéllos que dotan de contenido al fallo (conf. doctr. causa L. 104.897, "Serra", sent. de 13-VII-2011).
III.5. Análoga solución corresponde brindar a los reproches tendientes a cuestionar la valoración de la prueba realizada por la Cámara.
En este punto, el recurso tampoco cumple con la carga técnica que es requerida para el tránsito de la instancia extraordinaria, pues el embate que propone la recurrente en esta parcela se limita a señalar su propio criterio disímil con el adoptado por el juzgador, en la apreciación de la prueba, limitándose a denunciar el apartamiento del Tribunal de Alzada de las constancias probatorias de la causa, sin lograr demostrar que haya incurrido en un error grosero y manifiesto, que supere lo meramente opinable y que permita el ingreso de este Tribunal en el conocimiento de cuestiones propias de los jueces de la causa.
En efecto, la impugnante refiere que la Cámara: a) realizó un análisis parcializado del acta de constatación notarial; b) no ponderó la actitud desidiosa de la demandada y c) estimó que no han existido períodos de inactividad por parte de la Administración, por lo que descartó la violación del principio de inmediatez.
Ninguno de estos reproches evidencia la presencia de un supuesto de absurdo. Veamos:
III.5.a. La recurrente reprocha al a quo haber efectuado un análisis parcial del acta notarial, en tanto -a su entender- no valoró que surge de ella la intensión de la actora de reintegrarse al servicio al haber puesto su fuerza de trabajo a disposición del empleador, y la actitud arbitraria de la empleadora, al impedirle trabajar y negarle tareas.
Al respecto, el Tribunal de Alzada señaló que las declaraciones vertidas en la citada acta, no eran decisivas para la solución del pleito, en tanto sólo acreditan que al día 16 de abril de 2008 se encontraba en trámite el expediente administrativo 2974-4506/07 y que aún no se había dictado el acto administrativo por abandono de cargo. En virtud de ello, la descartó como elemento probatorio idóneo para revertir lo resuelto por el juez de primera instancia.
Cabe recordar aquí que, a los fines de desarrollar la tarea valorativa, los jueces de grado cuentan con amplias facultades de selección y ponderación, actividad en la cual pueden, sin incurrir en absurdo, inclinarse y dar preeminencia a unas pruebas y descartar otras, sin necesidad de expresar en la sentencia un análisis pormenorizado de todas ellas (conf. doctr. causas C. 102.293, "Ibañez", s
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