Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 72978
En la ciudad de La Plata, a 10 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, de Lázzari, Pettigiani, Negri, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 72.978, "Kaltenbach, Roberto Omar contra Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social). Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar al recurso interpuesto por la Fiscalía de Estado y revocó la sentencia de primera instancia que había admitido la demanda, reconociéndole al señor Roberto Omar Kaltenbach el 85% del cargo base de su jubilación en los términos del art. 43 del decreto ley 9.650/80 (v. fs. 93/99).
Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 102/106) el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fs. 108/109.
Dictada la providencia de autos, agregado el memorial de la parte demandada a fs. 118/124, de la parte actora a fs. 126 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. El señor Roberto Omar Kaltenbach, por apoderado, promovió demanda contencioso administrativa contra el Instituto de Previsión Social pretendiendo la anulación de la resolución 710.832 del 31 de agosto de 2011, mediante la cual el Directorio de ese organismo previsional le acordó el beneficio jubilatorio equivalente al 80% del sueldo y bonificaciones asignadas al cargo de Director del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, objeta el cargo deudor determinado por la diferencia que surge entre el porcentaje de la liquidación transitoria del haber (85%) y la resolución acordatoria del beneficio (80%).
I.2. La titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata acogió favorablemente la pretensión de la actora y anuló los arts. 2 y 4 de la resolución impugnada. En consecuencia, condenó al organismo demandado a liquidar el haber jubilatorio del actor en el 85% del cargo base de su prestación con retroactividad al 1 de abril de 2008, y a devolver las sumas que se hubiesen descontado en virtud del cargo deudor practicado por la diferencia porcentual, más los intereses que ordenó computar de acuerdo a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días vigente en los distintos períodos de aplicación hasta su efectivo pago (arts. 7 y 10, ley 23.928, texto según ley 25.561; 622, Cód. Civil y 5, ley 25.561). Impuso las costas a la demandada vencida (art. 51, CCA, texto según ley 14.437).
I.3. Apelada la sentencia de grado por la Fiscalía de Estado (v. fs. 69/77), la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar a recurso interpuesto y revocó la sentencia dictada por la jueza de primera instancia.
Para así decidir, en lo que al recurso extraordinario interesa, el Tribunal de Alzada sostuvo que la cuestión a resolver radica en determinar si a los fines de fijar el porcentaje para liquidar el haber jubilatorio acordado al accionante, le corresponde aplicar el 80% del cargo base de su prestación, tal como estableció la resolución impugnada o el 85% tal como se liquidó en el alta transitoria y como pretende la parte actora, de conformidad con los arts. 42 y 43 del decreto ley 9.650/80, respectivamente.
Entendió que en el sub lite no concurren los requisitos para acceder al mayor porcentaje que solicita la parte actora.
Indicó que el haber mensual de la jubilación ordinaria para el personal comprendido en el art. 24 inc. "a" que acredite la totalidad de los servicios en tareas de afiliación al Instituto de Previsión Social, y el del personal docente comprendido en el inc. "b" del citado artículo, será equivalente al 75% de la remuneración asignada a dichos cargos. El haber resultante se incrementará en un 5% cuando continúan, respectivamente, en dichas tareas de afiliación al Instituto de Previsión Social si al momento de cesar en el servicio excedieran en tres años la edad requerida y en un 10% si excedieran en cinco o más años dicha edad (art. 43, ley previsional).
Indicó que, en cuanto al caso interesa, la diferencia entre los supuestos reglados por los arts. 42 y 43 del decreto ley 9.650/80 en relación a los beneficiarios que reúnen las condiciones de edad y años de servicios para acceder a la jubilación ordinaria y continúan en tareas de afiliación al Instituto de Previsión Social radica, básicamente, en que los incrementos de porcentajes en el primer supuesto (que no exige la totalidad de los servicios en tareas de afiliación al Instituto de Previsión Social) parten del haber básico del 70%, mientras que en el segundo (que sí incluye tal exigencia), parten de un haber superior del 75%.
Así, quienes obtienen su prestación en virtud de la situación reglada por el art. 42, pueden alcanzar el 75% u 80%, según acrediten un exceso de edad de tres o cinco años respectivamente; mientras que aquéllos que lo logran en razón de la situación contemplada por el art. 43, pueden aspirar al 80% u 85%, según ostenten el exceso de edad de tres o cinco años, respectivamente.
Refirió a que, en la presente causa, el accionante obtuvo su jubilación ordinaria con la bonificación en su haber del 80%, en virtud de haber continuado en actividad con tareas de afiliación al Instituto por más de cinco años, encuadrando el caso en el art. 42 del decreto ley 9.650/80, toda vez que los requisitos para acceder al beneficio previsional se alcanzaron con servicios prestados en la órbita nacional con aportes a la Administración Nacional de la Seguridad Social (desde ahora, ANSES), conforme surge del reconocimiento de servicios agregado al expediente administrativo 21557-98173/08 y de las planillas de cómputos.
Afirmó que teniendo en cuenta el exceso de tareas de afiliación al Instituto de Previsión Social que exige la norma, el actor no se encontraba en condiciones de acceder al derecho jubilatorio antes del cese definitivo, sin computar los servicios docentes prestados en distinta jurisdicción, situación que excluye la aplicación del mayor porcentaje que prevé el art. 43, toda vez que dicha norma exige servicios puros provinciales al momento de determinar si se encuentran reunidos los requisitos para obtener la jubilación ordinaria.
Estimó conveniente dejar aclarado que la aplicación del sistema de prorrateo (art. 27, ley previsional) no excluye la procedencia de la bonificación del art. 43 del decreto ley 9.650/80 en la medida que resulte de servicios puros locales.
II. Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 102/106) en el cual denuncia que la Cámara interviniente efectuó una incorrecta interpretación de la ley previsional al considerar que en el sub lite no corresponde la aplicación del art. 43 del decreto ley 9.650/80 en virtud de haber acudido al sistema de reciprocidad jubilatoria.
Indica que el criterio hermenéutico utilizado por la Cámara es restrictivo y avasalla el derecho del actor a percibir su haber jubilatorio en base al 85% del cargo base de su prestación.
Acusa que la sentencia impugnada vulnera la doctrina legal sentada por este Tribunal en la causa "D’Angelo" (causa B. 63.695, sent. de 21-V-2008).
II.1. Sostiene que el caso debe encuadrarse en el art. 43 de la ley previsional, el cual -a su criterio- contempla dos supuestos, a saber: a) quienes obtienen la jubilación ordinaria con sesenta años de edad y treinta y cinco de servicios (art. 24 inc. "a") y que acrediten la totalidad de los servicios en tareas de afiliación al Instituto de Previsión Social, y b) el personal docente con veinticinco años de servicios al frente directo de alumnos o profesores con veinte horas cátedra; aduciendo que para este último supuesto no es necesario que los aportes hayan sido efectuados al Instituto de Previsión Social.
Afirma que los servicios docentes desempeñados por el accionante deben computarse en el marco de la reciprocidad jubilatoria prevista en el art. 7 del decreto ley 9.316/46. En consecuencia, sostiene que a los efectos previsionales los servicios docentes prestados en la Universidad Católica de La Plata y con aportes a la ANSES, deben quedar comprendidos en las disposiciones del art. 24 inc. "b" del decreto ley 9.650/80.
II.2. Por su parte, alega que los argumentos del acto administrativo que denegó el mayor porcentaje se basaron en un "cambio de criterio" y a la obtención del beneficio mediante la utilización del mecanismo del prorrateo, sin invocar ni hacer referencia alguna al cómputo mixto que habilita el sistema de reciprocidad jubilatoria establecido por el decreto ley 9.316/46, cuya directriz se basa en la ficción de considerar a todos los servicios y la totalidad de las remuneraciones percibidas como prestadas y devengadas bajo el régimen de la caja otorgante (art. 7, dec. ley cit.).
Al respecto, indica que recién en la sustanciación del proceso judicial, la representación fiscal introdujo que la utilización de los servicios docentes con aportes en jurisdicción nacional invocados por el actor mediante el régimen de reciprocidad llevan a considerar una carrera mixta, que excluye la aplicación del art. 43 del decreto ley 9.650/80.
Al respecto, a fin de encuadrar su situación previsional en el art. 43 del decreto ley 9.650/80, puntualiza que en dicha causa este Tribunal reconoció en su redacción la existencia de dos supuestos, los agentes que alcanzan su derecho jubilatorio con todos los servicios con aportes al Instituto de Previsión Social y, aquellos agentes que alcanzan el derecho jubilatorio con todos los servicios docentes -independientemente de la caja en la cual se realizaron los aportes- (v. fs. 126 vta.).
III. El recurso no prospera.
La cuestión a dilucidar en el sub lite radica en determinar si el recurrente tiene derecho a un incremento en el porcentaje a aplicar a la remuneración del cargo base de su haber jubilatorio de conformidad con las previsiones de la ley previsional provincial.
III.1. Corresponde, en primer lugar, hacer referencia al marco normativo aplicable. Los arts. 42 y 43 del decreto ley 9.650/80 prevén un incremento del haber cuando el beneficiario, una vez cumplidos los recaudos de edad y años de servicio para obtener la jubilación ordinaria, decide continuar en actividad y, de tal modo, incrementar el haber con el cual se jubilará, regulando tales disposiciones supuestos bien distintos y partiendo de porcentuales diferentes.
Conviene recordar que, según los fundamentos de la ley, los beneficios que acuerda el régimen previsional a quienes estuviesen en condiciones de jubilarse tienen por finalidad incentivar la permanencia del personal en actividad, aún después de cumplidos los requisitos a los que se supedita el otorgamiento de los beneficios.
Las normas involucradas en la presente contienda permiten concluir que el art. 42 comprende a quienes obtienen el beneficio invocando la reciprocidad jubilatoria, mientras que el artículo siguiente involucra a quienes hayan prestado servicios comunes en su totalidad con afiliación al Instituto de Previsión Social, es decir a quienes tienen una carrera pura (art. 24 inc. "a") y, al personal docente con veinticinco años de servicios al frente directo de alumnos o profesores con veinte horas cátedra semanales (art. 24 inc. "b").
La aplicación del art. 43 abarca a aquellos beneficiarios que hayan desempeñado sus servicios exclusivamente en la Provincia, es decir, quienes hayan cumplido una carrera pura provincial, supuesto que no es el del actor, quien al momento de determinar las condiciones para acceder al beneficio jubilatorio utilizó servicios desempeñados en la órbita nacional.
En consecuencia, el caso sub examine fue correctamente encuadrado por el Instituto de Previsión Social y por la Cámara interviniente en las disposiciones del art. 42.
La parte actora efectuó el reconocimiento de los servicios docentes al frente de grado prestados en la Universidad Católica de La Plata por un total de veinte seis años y ocho días, y si bien continuó en actividad con aportes al Instituto de Previsión Social por más de cinco años desde la fecha en la cual reunió los requisitos para acceder a la prestación previsional ordinaria, los servicios docentes nacionales llevados a cómputo para determinarlos por tener acreditados servicios de diversa naturaleza (docentes y comunes) excluyen la posibilidad de acceder al mayor porcentaje previsto en el sistema previsional provincial.
IV. Por las razones dadas, no habiéndose acreditado la errónea aplicación de las normas denunciadas, corresponde rechazar el recurso extraordinario interpuesto, confirmándose la sentencia de la Cámara en todas sus partes (arts. 279 y 289, CPCC).
Voto por la negativa.
Las costas se imponen a la vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 primer párrafo y 289 in fine , CPCC).
El señor Juez doctor de Lázzari, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. De las constancias del expediente administrativo agregado sin acumular n° 021557-098173-08-000, en el que se discerniera la jubilación del aquí accionante Roberto Omar Kaltenbach, surge que el mismo al momento del cese (30 de marzo de 2008) contaba con:
i. cincuenta y nueve años de edad (nació el 26 de marzo de 1949);
ii. treinta y cuatro años, cuatro meses y dieciséis días de servicios comunes con aportes al Instituto de Previsión Social (art. 24 inc. "a", dec. ley 9.650/80, t.o. dec. 600/94);
iii. veintiséis años y ocho días de servicios docentes certificados por la ANSES, prestados entre el 1 de abril de 1976 y el 8 de abril de 2002 (art. 24 inc. "b").
iv. Se fijó su haber previsional tomando como cargo testigo el de Director en el Ministerio de Infraestructura con treinta y cuatro años de antigüedad.
II. Oportunamente, en virtud de esos antecedentes, el organismo previsional local -que asumió el rol de caja otorgante- liquidó el haber previsional en un porcentual del 75% sobre el cargo testigo, adicionándole un 10% de bonificación por exceso de edad y continuación en tareas de afiliación al mismo (cinco años), conforme lo establecido en el art. 43 de la norma que rige el caso antes aludida.
Luego, por un cambio de temperamento, dictó la resolución 710.832/11, cuya anulación se persigue en autos, dejando de lado su anterior interpretación, estableciendo el haber jubilatorio en el orden del 70% (art. 41), con más la bonificación de marras (art. 42), con fundamento en que el beneficio se había obtenido por medio del prorrateo (art. 27).
En función de ello efectuó a su vez cargo deudor por las diferencias abonadas.
III. De lo expuesto tenemos que el organismo accionado considera que para hacerse acreedor al incremento porcentual sobre el haber previsional determinado, previsto en el art. 43 del decreto ley 9.650/80, texto ordenado por el decreto 600/94, debe el afiliado haber cumplido alguna de las dos carreras previsionales previstas en los incs. "a" y "b" del art. 24 al momento de cesar.
Asimismo, que no considera la posibilidad de tener por acreditada la carrera docente del art. 24 inc. "b", si la misma se realizó con aportación a otro régimen previsional dentro de los comprendidos en el sistema de reciprocidad jubilatoria, en contradicción con lo dispuesto en el art. 7 del decreto ley 9.316/46.
Ello surge sin hesitación de la circunstancia que consideró necesario realizar el prorrateo para determinar los requisitos de edad y de servicios entre actividades disímiles.
IV. En la sentencia puesta en crisis se considera, como reseñara el distinguido colega que abre el acuerdo, que el actor no se encontraba en condiciones de acceder al derecho jubilatorio antes del cese, sin computar los servicios docentes prestados en distinta jurisdicción, situación que excluye la aplicación del mayor porcentaje que prevé el art. 43, toda vez que dicha norma exige servicios puros provinciales al momento de determinar si se encuentran reunidos los requisitos para obtener la jubilación ordinaria.
En un criterio acorde con la doctrina legal que dimana del precedente de esta Corte B. 63.695, "D’Angelo", sentencia de 21-V-2008, aclara que el sistema del prorrateo (art. 27) no excluye la procedencia de aquel incremento en la medida que resulte de servicios puros locales.
V. Toda vez que el recurrente no llegó al momento del cese a los sesenta años de edad ni a los treinta y cinco años de servicios -descontados los simultáneos-, queda descartado el caso del art. 24 inc. "a" para servicios comunes previsto en el art. 43, por lo que debemos, atendiendo el embate traído, determinar si el requisito de que los servicios sean con aportes puros establecido para el mismo es extensivo al supuesto del art. 24 inc. "b".
El primer párrafo del art. 43 dice: "El haber mensual de la jubilación ordinaria para el personal comprendido en el inciso a) del artículo 24 que acredite la totalidad de los servicios en tareas de afiliación al Instituto de Previsión Social , y el del personal docente comprendido en el inciso b) del citado artículo, será equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de la remuneración asignada a dicho cargos" (la negrita y el subrayado me pertenecen).
Una nueva reflexión, basada en el principio constitucional de interpretación de las normas previsionales a favor del trabajador (art. 39 inc. 3, Const. prov.), me lleva a interpretar que en puridad el precepto establece ese plus en atención a dos consideraciones diversas, en primer lugar -que escapa a esta consideración por no ser el supuesto de autos- como un premio a quienes completaron toda su carrera por servicios comunes en tareas de afiliación local (treinta y cinco años) y, en segundo lugar, el que nos ocupa, para quienes lo hicieron en el régimen docente, por la naturaleza y trascendencia de la actividad desarrollada, claro está sin aquella exigencia (conf. doctr. causas B. 57.028, "Hermoso", sent. de 17-XI-1999; B. 57.560, "Vila", sent. de 2-II-2000; B. 59.556, "Josch de Kosak", sent. de 10-IX-2003; B. 58.854, "Cal Herbertz", sent. de 16-VIII-2000; B. 60.246, "Mansilla de Rapagnini", sent. de 9-V-2001; B. 59.096, "Fiscal de Estado", sent. de 18-XII-2002; e.o.).
Sin embargo, a diferencia de lo sucedido en el sub lite , juzgo que el referido 75% solo es aplicable a la remuneración asignada al cargo que corresponda a la carrera de
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