Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74220
En la ciudad de La Plata, a 24 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Genoud, Soria, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.220, "Dardanelli, Timar Inocencio contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires y ot. Pretensión Anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín rechazó el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmó la sentencia de primera instancia que dejó sin efecto las resoluciones 105/03, 357/05 y 282/08, dictadas por la Autoridad del Agua, y ordenó se retrotraigan las actuaciones al momento de la denuncia formulada el día 11 de diciembre de 2002, a efectos de que se dé cumplimiento a lo normado por los arts. 15 de la Constitución Provincial, 164 inc. "d" de la ley 12.257, 54 y 57 del decreto ley 7.647/70 y disposiciones concordantes. Impuso las costas a la recurrente en su calidad de vencida (art. 51 inc. 1, CCA –t.o. según ley 14.437-; v. fs. 365/383).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 390/398), el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 401 y vta.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 405) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, esta Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín rechazó el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmó la sentencia de primera instancia que dejó sin efecto las Resoluciones 105/03, 357/05 y 282/08, dictadas por la Autoridad del Agua, y ordenó que se retrotraigan las actuaciones al momento de la denuncia formulada el día 11 de diciembre de 2002, a efectos de que se dé cumplimiento a lo normado por los arts. 15 de la Constitución Provincial, 164 inc. "d" de la ley 12.257, 54 y 57 del decreto ley 7.647/70 y disposiciones concordantes.
I.1. Para así decidir, consideró que los actos anulados contenían un vicio manifiesto en el procedimiento previo seguido para su formación, que afectó su causa y motivación, consistente en haberse afectado el derecho de defensa del aquí actor.
Indicó que, más allá de que el descargo efectuado por el señor Dardanelli evidenciara una insuficiencia en los medios probatorios propuestos para avalar su posición, lo cierto era que la Autoridad del Agua no sólo había desestimado infundadamente la única prueba ofrecida por aquél, sino que frente a la alegación concreta respecto de la antigüedad del canal -que lo excluiría de responsabilidad en tanto no sería propietario del mismo al momento de la canalización-, había omitido recabar la prueba necesaria para arribar a la verdad material objetiva, tal como lo exigen los arts. 164 inc. "d" de la ley 12.257 y 54 del decreto ley 7.647/70 -circunstancia reconocida incluso por la propia autoridad de aplicación (cfr. cons. 6°, pto. vii)-, en flagrante violación al principio rector contenido en el art. 15 de la Constitución provincial y estimó, por ello, que se encontraban viciados los elementos que dieron origen al acto impugnado.
Sostuvo que, frente a la manifestación de que el canal databa de muchos años atrás (incluso de la misma creación de la Autoridad del Agua), la producción de la prueba testimonial por la que se ofreció la declaración del anterior dueño, pudo haber aportado elementos de los cuales surgiera la existencia de una autorización expedida por la autoridad competente que preexistiera al ente demandado, que lo habilitara para redireccionar la investigación en ese sentido.
Afirmó que no podía tolerarse que la Administración Pública se amparase en el cumplimiento estricto de un procedimiento especial y sumarísimo (resolución 229/02, en este caso), para desconocer una de las más elementales garantías que poseen los individuos. Entendió además que tal normativa no resultaba aplicable al sub lite , por cuanto lo que ha esgrimido y buscado determinar el aquí actor -y en igual sentido el señor Asesor General de Gobierno al solicitar medidas para mejor proveer-, es la preexistencia del canal denunciado al dictado de la normativa invocada por la autoridad de aplicación para fundar sus resoluciones sancionatorias.
Señaló con ello que la infracción incurrida por la Administración era particularmente grave en tanto imposibilitó el ejercicio del derecho de defensa, el que funcionaba también como mecanismo de mejoramiento de la actividad de la Administración (cita doctrina de esta Suprema Corte).
I.2. En segundo lugar, advirtió que, tal como lo expusiera la parte actora en su escrito de demanda y en la contestación a la expresión de agravios de la contraria (cfr. fs. 25 vta. y 340, respectivamente), se omitió, en oportunidad de dictar los actos aquí impugnados, la emisión del dictamen jurídico previo contemplado en el art. 57 del decreto ley 7.647/70.
Indicó que no surgía de las actuaciones que se hubiera dado cumplimiento a tal recaudo, más allá de una tardía intervención del señor Asesor General de Gobierno, a quien luego de solicitar una medida para mejor proveer (cfr. cons. 6°, pto. viii) no le fue conferida nueva vista para que se pronunciara formal y jurídicamente sobre la defensa alegada por el aquí actor.
Señaló la obligatoriedad de aquel requisito esencial para la conformación de un acto administrativo válido, no sólo por así exigirlo el orden jurídico positivo, sino porque se relaciona con el cumplimiento del control de legalidad de los actos de gobierno, derivado a su vez del principio constitucional de juridicidad, impuesto por los arts. 19 de la Constitución nacional y 25 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Consideró que la ausencia de dictamen jurídico previo trasuntaba un vicio grave en el procedimiento, ya que comprometía a su vez la garantía de la defensa del denunciado, a quien debe reconocérsele el derecho a una decisión adoptada bajo los recaudos técnicos que aseguren una suficiente fundamentación de lo resuelto.
Al no haber ocurrido así, indicó que se infringe el art. 15 de la Constitución provincial, el que garantiza el debido proceso en sede administrativa y también la doctrina que emerge de los arts. 57 y 103 del decreto ley 7.647/70.
I.3. Por último, y a fin de ilustrar las graves deficiencias del procedimiento administrativo, resaltó que por la resolución 282/08, se sancionó a otras personas que -según surge de las actuaciones administrativas examinadas- no habían sido intimadas previamente para que presentaran el descargo correspondiente, a fin de ejercer su derecho de defensa.
Sostuvo que los vicios in procedendo y los antes apuntados en los elementos del acto, obstaron el ejercicio del derecho de defensa, lo que resultaba esencial y provocaba la nulidad de las resoluciones dictadas por la Autoridad del Agua, la que no podía ser subsanada en esta instancia judicial.
Agregó que la inobservancia o el quebrantamiento de trámites esenciales del procedimiento administrativo y la consecuente invalidez de la decisión no era susceptible de ser saneada ante el ejercicio eventual de una pretensión anulatoria judicial por parte del afectado (cita doctrina de esta Suprema Corte in re "Caselli", sent. de 16-II-2005 y "Club Estudiantes de La Plata", sent. de 4-IX-2002).
En definitiva, consideró que la inobservancia del debido procedimiento vicia el acto administrativo incidiendo en su validez
I.4. Por todo lo expuesto sostuvo que los agravios de la demandada sólo constituían una opinión discordante con lo resuelto por el magistrado de grado, más que una crítica puntual, concreta y razonada, tal como lo exige el Código ritual (arts. 260, CPCC y 77, CCA) y rechazó por ello el recurso.
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la demandada denuncia violación de la normativa aplicable, de la doctrina legal y absurdo en la apreciación de las constancias de la causa.
II.1. Sostiene que la omisión en la producción de la prueba testimonial no puede ser considerada como vulneración del derecho de defensa en tanto el actor no propuso en esta instancia judicial prueba alguna, más que la obrante en las actuaciones administrativas, la que justamente sustentó la decisión de la Autoridad del Agua.
Alega asimismo que el demandante no demostró (mediante su ofrecimiento y producción en autos) cuales eran los elementos de los que hubiera intentado valerse en sede administrativa, ni su trascendencia a los efectos de acoger su defensa. En esa inteligencia cita doctrina que deriva de lo resuelto por esta Corte en la causa B. 51.814, "Barragán", sentencia de 27-XII-1991.
Denuncia, con base en ello, el absurdo en la sentencia recurrida, que se fundó en la falta de proveimiento de una prueba que, a la postre, nunca podría ser conclusiva frente a los informes técnicos obrantes en la causa. Máxime siendo que el ofrecimiento de testigos carece de valor probatorio si no se respalda con otros elementos de prueba (art. 164, dec. 3.511 reglamentario de la ley 12.257).
II.2. Señala que se encuentra acreditado que las obras fueron realizadas en el año 2002, cuando ya el actor era propietario del fundo, conforme surge del informe elaborado por la Autoridad del Agua, agregado a fs. 34.
Indica que de los registros de lluvias elaborados por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de la ciudad de 25 de Mayo y de las imágenes obtenidas por el satélite Landsat en febrero de 1998 y mayo de 2002 (provistas por el Instituto de Clima y Agua de la Estación experimental INTA de la ciudad de Castelar), surge también que desde la realización de las obras clandestinas el campo del señor Dardanelli escurre y el del denunciante se inunda sobremanera.
Alega que es esa prueba (obrante en las actuaciones), la que desacredita los dichos del actor vinculados a la antigüedad de las obras, siendo tales elementos los que sustentan adecuadamente la decisión de la Autoridad del Agua, tornando absurda la fundamentación de la sentencia.
II.3. Denuncia asimismo que la testimonial no está incluida en el procedimiento establecido por la Resolución 229/02 de "Procedimiento para el tratamiento, prevención y resolución de las obras hidráulicas no autorizadas" del Ministerio de Infraestructura Vivienda y Servicios Públicos.
Señala a su vez que los arts. 6 y 151 a 156 de la ley 12.257 establecen el principio de no alteración de la dinámica hídrica de los afluentes y prohíben la construcción de obstáculos tales como obras, plantaciones, entre otras. Por ellos se faculta también a la autoridad de aplicación a ordenar que cesen todas aquellas conductas que pongan en peligro o dañen el recurso hídrico o el medio ambiente (conf. art. 170), pudiendo al efecto imponer las sanciones previstas en el art. 166.
Agrega que, en el particular, debió acreditarse el permiso de obra respectivo, no estando estipulada la prueba testimonial a dicho fin.
II.4. Cuestiona que el Tribunal de Alzada considerase que no era aplicable la resolución 229/02, en razón de resultar posterior a la fecha en la que se habría originado la obra, y que, en rigor de verdad, las normas son de aplicación inmediata a partir de su vigencia, conforme el art. 7 del Código Civil.
II.5. Se agravia también respecto de lo decidido en torno a la violación del derecho de defensa por falta de dictamen jurídico previo.
Alega al respecto que la Asesoría General de Gobierno tuvo varias intervenciones, y que la resolución 229/02 prevé su vista en una etapa posterior al acto que declara la clandestinidad, el que, en el caso, fue suspendido por la remisión de las actuaciones al juzgado interviniente.
Expresa que, a todo evento, la supuesta omisión configuraría un vicio formal leve, insuficiente para acarrear la nulidad de las actuaciones, en tanto, la opinión vertida por los órganos de asesoramiento legal constituye un mero acto preparatorio de la decisión final, que no otorga ningún derecho al particular ni obliga a la autoridad administrativa a pronunciarse en determinado sentido. En apoyo de lo expuesto, cita doctrina de esta Suprema Corte.
Indica también que, ante la inexistencia de perjuicio directo para el particular, se configuraría como un vicio formal leve, insuficiente para justificar la anulación del acto (conf. doctr. legal de esta Corte en la causa B. 53.006).
II.6. Por último, denuncia que se desconocieron las leyes que obligan al titular del inmueble a recomponer el ambiente.
Sostiene que las resoluciones 105/03, 357/05 y 282/08 ordenaron al señor Dardanelli a ejecutar trabajos para restablecer todo a su estado anterior, lo que constituye una manda del art. 41 de la Constitución nacional, que establece que todo daño ambiental genera prioritariamente la obligación de recomponer. Indica que el art. 28 de la Constitución provincial y las leyes 11.723 y 13.343 también lo prevén así.
Con ello señala que las obras de canalización derivaron en una alteración, en una escorrentía natural de las aguas, que trajo como consecuencia las inundaciones en los predios ubicados agua abajo, lo que constituye un pasivo ambiental.
Indica que, en idéntica sintonía, la ley 12.257 establece que la Autoridad del Agua puede imponer a los titulares la remoción de obras o instalaciones e impedir acciones que atenten contra la preservación del agua y los cauces públicos o perjuicios del ambiente por alteración del agua (arts. 101 y 107).
Por lo expuesto sostiene que resulta evidente la competencia de aquella para el dictado de los actos impugnados por la actora, toda vez que ante la comprobación de obras no autorizadas (con afección a los recursos naturales y a derechos de terceros), corresponde declarar su clandestinidad y su urgente remoción.
III. El recurso no prospera.
III.I. El Tribunal de Alzada confirmó la sentencia de primera instancia al considerar que los agravios de la demandada sólo constituían una opinión discordante con lo resuelto por el magistrado de grado, más que una crítica puntual, concreta y razonada, tal como lo exige el Código Ritual (conf. arts. 260, CPCC y 77, CCA), y agregó que los actos administrativos impugnados evidenciaban un manifiesto vicio en el procedimiento seguido para su dictado, lo que afectaba su causa y motivación, habiéndose configurado la violación al derecho de defensa y a lo establecido en los arts. 164 inc. "d" de la ley 12.257; 54 del decreto ley 7.647/70 y 15 de la Constitución provincial. Asimismo, indicó que la falta de dictamen jurídico previo, en los términos de los arts. 57 y 103 del decreto ley 7.647/70, vulneraba el control de legalidad de los actos administrativos y el derecho al debido proceso administrativo, todo lo que no podía ser subsanado en esta posterior instancia judicial.
La recurrente, contra dicho pronunciamiento, alega que no se afectó el derecho de defensa en tanto la prueba testimonial omitida no resultaba un medio probatorio admitido en el procedimiento administrativo seguido para su dictado (resol. 229/02) y que tampoco resultaba conducente a efectos de acreditar la existencia del permiso de obra requerido. Denuncia también absurdo en tanto sostiene que surgiría del expediente administrativo que las obras habrían sido realizadas en el año 2002 (cuando el actor ya era propietario del fundo) y que ello surgiría también del informe elaborado por la Autoridad del Agua. Por último, afirma que la falta de dictamen jurídico previo configuraría un vicio formal leve, insuficiente para acarrear la nulidad de las actuaciones, siendo subsanable en esta instancia judicial.
III.2. En primer lugar cabe señalar que si la Cámara en ejercicio de facultades que le son propias, concluyó que el recurso de la demandada no podía prosperar en tanto no articulaba una réplica suficiente que demostrara su disconformidad contra la motivación o resolución atacada, idónea para acreditar el perjuicio que aquella le pudiese ocasionar, resulta ineficaz el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, como en la especie, no ataca esa conclusión del a quo , demostrando que sea producto de un razonamiento absurdo (conf. doctr. causas C. 103.216, "Caceres, Frida Claudia y otro", sent. de 26-VIII-2009; A. 70.136, sent. de 21-IV-2010; A. 70.791, sent. de 31-VIII-2011; e.o.). Vicio que se configura mediante un error palmario, grave y manifiesto que conduce a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa (conf. causas C. 116.205, "P., R. y otros", sent. de 11-IX-2013 y A. 71.351, "Latorre", sent. de 25-II-2015), lo que no se demostró en el sub lite .
Esta Suprema Corte ha sostenido en reiteradas oportunidades que la apreciación de la suficiencia del escrito de expresión de agravios constituye una típica cuestión de hecho ajena, en principio, a su conocimiento y sólo susceptible de ser revisada mediante denuncia y demostración de absurdo (conf. causas A. 70.136, "Trillo", sent. de 21-IV-2010; A. 71.558, sent. de 4-VIII-2016; e.o.).
En efecto, pese a que la misión del impugnante consistía en demostrar el desvío lógico en la decisión del Tribunal de Alzada y la suficiencia del recurso ordinario que había interpuesto, se limitó a expresar ante esta Suprema Corte argumentos similares a los brindados al formular su apelación, omitiendo atacar de manera eficaz el razonamiento actuado por la Cámara interviniente.
III.3. Para más, esta Suprema Corte ha sostenido que la valoración de la conducta asumida por la Administración en el procedimiento administrativo constituye también una cuestión de hecho que, como tal, no es susceptible de ser revisada por este Tribunal en el marco del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, salvo que se demuestre el vicio del absurdo (conf. doctr. causa A. 69.172, "Bocos, José Luis", sent. de 14-X-2009; e.o.), el que no ha sido demostrado por la recurrente, quien se limitó a discurrir por vías distintas a las transitadas por las instancias de grado, lo que obsta a esta Corte expedirse.
Efectivamente, nada dijo respecto a los argumentos dados por la Cámara en orden a que el procedimiento normado por la resolución 229/02 cumplía con el debido proceso adjetivo (limitándose a sostener su aplicación al caso), ni se refirió a lo interpretado en torno a la vulneración de lo normado por los arts. 164 inc. "d" de la ley 12.257 y 54 del decreto ley 7.647/70.
Al respecto esta Suprema Corte tiene dicho que cuando se pretenden impugnar las conclusiones de un pronunciamiento sobre las cuestiones fácticas de la litis, no basta con presentar la propia versión sobre el mérito de la prueba producida, sin asumir el juicio crítico de los razonamientos realizados por el sentenciante, demostrar cabalmente que padecen de un error grave, trascendente y fundamental (conf. doctr. causas C. 108.313, "Bianco, Norma Beatríz y otro", sent. de 11-VII-2012; C. 108.139, "Scarcella, Oscar", sent. de 2-III-2011; e.o.).
III.4. A mayor abundamiento, observo que la sentencia recurrida se ajusta a la doctrina legal de esta Suprema Corte, por la que se ha establecido que la motivación de los actos administrativos tiende a cumplir tres finalidades, a saber: que la Administración, sometida al derecho en un régimen republicano dé cuenta de sus decisiones; que éstas puedan ser examinadas en su legitimidad por la justicia en caso de ser impugnadas; y que el particular afectado pueda ejercer suficientemente su defensa (conf. causa B. 59.134, "Sacomani", sent. de 8-VI-2005).
Este Tribunal sostuvo anteriormente que la obligación de motiv
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