Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74504
En la ciudad de La Plata, a 24 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Kogan, Genoud, de Lázzari, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.504, "Arabia, Jorge Alberto contra Banco de la Provincia de Buenos Aires. Pretensión Anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que -a su turno-, hizo lugar a la demanda contenciosa administrativa deducida por el señor Jorge Alberto Arabia contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires y, en consecuencia, declaró la nulidad e ineficacia de las resoluciones impugnadas y reconoció el derecho del actor a percibir, en concepto de indemnización especial por egreso, los doce sueldos previstos en la resolución 2.732/90 y modificatoria 1.850/97. Las costas de la instancia de apelación fueron impuestas a la demandada vencida -art. 51 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo, texto según ley 14.437- (v. fs. 223/228).
Disconforme con dicho pronunciamiento , la entidad bancaria accionada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 231/249), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fs. 251/252.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 256) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial La Plata, hizo lugar a la acción contencioso administrativa promovida por el señor Jorge Alberto Arabia contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires y, en consecuencia, declaró la nulidad e ineficacia: i) de la resolución 741/10, por la que se desafectó al actor del cargo de Gerente de Servicios y Mantenimiento; ii) de la resolución de fecha 14 de diciembre de 2010, por la que se redujo el monto indemnizatorio por egreso de doce a ocho sueldos y; iii) de las resoluciones que rechazaron los recursos de revocatoria (resol. de 27-IV-2011) y jerárquico (resol. 1.035/11, de 7-VII-2011).
De ese modo, reconoció el derecho del actor a percibir, en concepto de indemnización por egreso, los doce sueldos establecidos en la resolución 2.732/90 y modificatoria 1.850/97.
Asimismo, ordenó a la demandada proceder a la liquidación de las sumas resultantes, teniendo en consideración la escala salarial vigente a la fecha de pago -conforme art. 11 de la resolución 2.732/90- (v. fs. 191/196 vta.).
Para así decidir, ponderó:
I.1. Por un lado, que la reducción de la indemnización especial por egreso, resultó arbitraria en tanto su principal argumento lo constituyó el acto administrativo de desafectación -resolución 741/10-, que no fue debidamente notificado al interesado por la entidad bancaria demandada y, por ende, resultó ineficaz como causa para habilitar la reducción en la cuantía de la indemnización.
Consideró, que la omisión en la que incurrió la accionada, suponía un obrar contrario al ordenamiento jurídico, al deber de lealtad y confianza, violatorio de los derechos constitucionales de carácter social y laboral.
Con base en ello, declaró la nulidad e ineficacia de las resoluciones impugnadas.
I.2. Por otro lado, respecto al alcance del derecho reclamado, precisó que la resolución 2.732/90 y modificatoria 1.850/97, establecen una indemnización por egreso para el personal de la entidad bancaria que cumpla con las condiciones establecidas en la normativa, la que sólo admite reducciones en su cuantía en los supuestos expresamente previstos en la misma. A partir de allí, sostuvo que dicha indemnización, lejos de constituir una liberalidad, era un derecho en cabeza de quien cumplía las condiciones establecidas en la normativa.
Señaló que, en la especie, careciendo de eficacia respecto del accionante la resolución 741/10, no existía causa que habilite una reducción en la cuantía de la indemnización, por lo cual estimó procedente la pretensión tendiente al pago íntegro de los doce sueldos.
En su aval, citó el criterio de esta Corte, referida a otra normativa de igual tenor y del mismo Banco Provincia (circular VII, parte 44), de la que extrajo como principio general la procedencia de la indemnización, restringiendo a determinados supuestos su disminución o no procedencia (causas B. 60.256, "Van der Molen", sent. de 8-X-2008 y B. 65.614, "Sniukas", sent. de 22-VIII-2012).
Asimismo, indicó que dicha interpretación resultaba acorde a los derechos y principios constitucionales involucrados (art. 39, Const. prov.).
II. A su turno, la Cámara interviniente rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirmó la sentencia de grado.
Para así decidir -y en lo que a esta instancia extraordinaria interesa- el Tribunal de Alzada consideró que la recurrente no logró acreditar el error de juzgamiento denunciado.
II.1. Liminarmente, señaló que el iudex ponderó adecuadamente la prueba obrante en las presentes actuaciones, al descartar la eficacia de los antecedentes invocados por la demandada para justificar la disminución del monto indemnizatorio peticionado -reconocido parcialmente mediante resolución de fecha 14 de diciembre de 2010-, en tanto advirtió déficit en los motivos brindados para configurar las causales contempladas por la normativa de la entidad demandada (resol. 2.732/90 y modif. 1.850/97).
En este sentido, consideró que los antecedentes valorados, a saber, resolución 741/10 y los informes de la Subgerencia General del Área de Administración de fecha 28 de mayo de 2010 y de situación de junio de 2010, no fueron formalmente notificados al actor.
A partir de allí, descartó por insuficientes -a los fines de la estimación de la indemnización que motivara la litis - los argumentos de la impugnante tendientes a sostener que el actor conocía tales circunstancias, en tanto se presentó al nuevo lugar de trabajo y consintió tácitamente la decisión administrativa.
Agregó que la recurrente no rebatió esta falta de notificación formal y concluyó que, bajo tales circunstancias, no resultaba aplicable la doctrina legal que aquella citara para otorgar validez o idoneidad a la notificación, que no se acreditara en el sub examine .
II.2. Por otro lado, respecto a la discrecionalidad invocada por el Banco para conceder la indemnización en cuestión, agregó que ello exige una mayor fundamentación, que debe traducirse en una motivación suficiente, adecuada y razonable.
Finalmente, destacó los lineamientos de esta Suprema Corte, en referencia al beneficio bajo examen y señaló que los mismos no han quedado desoídos en el fallo de grado.
III. Contra dicho pronunciamiento la parte demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, obrante a fs. 231/249, en el que reitera argumentos ya vertidos en sus anteriores presentaciones y denuncia: a) violación a los arts. 5, 7, 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 31 y 33 de la Constitución nacional; 3, 10, 11, 14, 15, 25, 31, 45, 56 y 57 de la Constitución provincial; carta orgánica ley 9.434, resoluciones dictadas por el Honorable Directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires 2.732/90 y 1.850/97; b) absurdo en la valoración de la prueba y c) violación de la doctrina legal que cita.
III.1. Preliminarmente, la recurrente realiza un relato de antecedentes, con base en el cual manifiesta que el actor conocía perfectamente la desafectación en su cargo y el traslado a su nuevo destino laboral dispuesto por el Directorio del Banco mediante resolución 741/10, por lo que -en su criterio- no puede tener andamiaje una pretendida anulación de dicha resolución basada en el supuesto desconocimiento o falta de notificación alegada por el actor.
III.2. Posteriormente, denuncia una errónea aplicación y violación de la doctrina legal, al apartarse el fallo en crisis de la solución brindada por este Tribunal ante planteos semejantes.
III.2.a. Sostiene que la Cámara aplicó erróneamente la doctrina emanada de las causas B. 60.256 "Van der Molen" y B. 65.614, "Sniukas", referidas al beneficio bajo examen, en tanto existen numerosas diferencias fácticas que impiden su aplicación al caso.
Refiere que, en el sub lite , el acto administrativo que gradúa la gratificación se encuentra debidamente motivado -a diferencia de los precedentes mencionados en los que se trataba de un formulario tipo-, ya que el Gerente General del Banco tuvo en consideración la totalidad de los antecedentes -favorables y desfavorables- del actor. Reprocha al a quo haber ponderado sólo uno de los antecedentes negativos en la trayectoria laboral del agente, esto es, la resolución de desafectación 741/10 y su supuesta falta de notificación. A partir de allí, concluye que la Cámara desinterpretó el concepto de motivación suficiente, tal como lo definió y aplicó esta Corte en los precedentes señalados.
III.2.b. Reseña aquella doctrina que, a su entender, resulta aplicable al sub lite, referida a la validez e idoneidad del acto administrativo frente al conocimiento del acto por el interesado.
En este punto, insiste en sostener que el señor Arabia tenía pleno conocimiento de su desafectación de la Gerencia de Mantenimiento dispuesta por el Directorio del Banco y que la consintió al presentarse en su nuevo lugar de trabajo. Asimismo, señala que ello motivó la solicitud de acogimiento al beneficio de la jubilación.
III.3. Por otro lado, denuncia la errónea aplicación y violación de la normativa que regula la gratificación especial por egreso y su base de cálculo (resol. 2.732/90 y modif. 1.850/97).
III.3.a. Sostiene que, en virtud de la citada normativa, la entidad bancaria se encuentra legitimada a ponderar y meritar los antecedentes del agente en el desempeño de su actividad, a los fines de determinar si el mismo, al momento de su jubilación, resulta merecedor y acreedor de tal gratificación, pudiendo el Banco demandado resolver o no su otorgamiento, e incluso la gradación de la misma.
Insiste en señalar que la naturaleza jurídica de esta gratificación es una liberalidad, en el sentido de que su otorgamiento no es obligatorio para el Banco.
Indica que constituye un desacierto interpretativo la referencia de la sentencia en punto a la invocación de un derecho del actor al cobro de tal premio.
III.3.b. Manifiesta que la Cámara omitió expedirse sobre una cuestión esencial, esto es, el reproche que su parte efectuara al fallo dictado por el juez de primera instancia, en cuanto tomó como base de cálculo de la gratificación la escala salarial vigente a la fecha de pago -cuando no se verificó ninguna de las previsiones que admita tal base-, en vez de ordenarla realizar teniendo en cuenta el salario vigente a la fecha de cese del agente. Denuncia que ello vulnera su derecho de propiedad.
III.4. Finalmente, alega absurdo en la valoración de las constancias probatorias y circunstancias fácticas que subyacen al caso.
Específicamente se agravia de la sentencia en crisis en cuanto omitió: a) considerar los argumentos expuestos por su parte en el recurso de apelación e incurrió por ello en una errónea interpretación de la normativa que regula el caso; b) ponderar los dichos manifestados en el escrito de demanda, como así también, la conducta seguida por el actor y c) analizar la normativa aplicable concerniente a cómo debe calcularse la gratificación por egreso.
IV. El recurso no prospera (art. 279, CPCC).
IV.1. Los fundamentos brindados por el Tribunal de Alzada no resultan conmovidos por las manifestaciones de la recurrente, en tanto se limita a disentir con la valoración de los hechos y pruebas realizada por la Cámara; omitiendo atacar de modo directo y eficaz las premisas y conclusiones que dan sustento a la solución en crisis (conf. art. 279, cit.; doctr. causa A. 71.843, "Pelizzari", sent. de 3-XII-2014; e.o.).
Es doctrina consolidada de esta Suprema Corte que la fijación de los hechos litigiosos y su valoración en función de las pruebas rendidas, constituye una labor privativa de los jueces de la causa; y su examen, en principio, no integra el objeto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, salvo cuando se violen las reglas que gobiernan la prueba o se incurra en decisiones absurdas (conf. doctr. causa A. 71.328, "Cura Grassi", sent. de 26-X-2016; e.o.).
Este Tribunal también tiene dicho que la presencia de absurdo supone un desvío grave, palmario y notorio de las leyes de la lógica, que lleve al juzgador a postular conclusiones contradictorias, incongruentes o abiertamente enfrentadas a las constancias de la causa. Pues no basta con un error meramente opinable, ni es carril para la expresión de criterios discordantes por parte del recurrente (conf. doctr. causa A. 73.274, "Quijada", sent. de 29-VIII-2017; e.o.).
En la especie, la impugnante no logra demostrar un vicio de esas características respecto del fallo en crisis.
IV.2. En efecto, la Cámara ponderó que el juez de grado valoró adecuadamente la prueba obrante en la causa, al restar eficacia a los antecedentes invocados por la demandada para justificar la disminución del monto indemnizatorio peticionado, toda vez que advirtió que no fueron formalmente notificados al actor, aspecto que el a quo consideró no rebatido por la impugnante.
Asimismo, descartó por insuficiente -a los fines de la estimación de la indemnización- la circunstancia alegada por la accionada en cuanto a que el actor conocía los términos de la resolución 741/10, en tanto se presentó al nuevo lugar de trabajo y la consintió tácitamente.
Ninguno de los fundamentos reseñados -por los cuales se consideró no rebatida la ausencia de notificación y la insuficiencia del planteo-, recibió reproche por parte de la recurrente, quien en esta instancia insiste con similares argumentos que ya fueran llevados -con suerte adversa- ante las instancias de grado, reproduciendo agravios -tales como que el actor conocía la desafectación a su cargo y el traslado a su nuevo destino laboral dispuesto por resolución 741/10- que lejos están de patentizar los yerros que se le imputan al fallo y que, antes bien, se circunscriben a exteriorizar una mera disconformidad con el sentido de lo resuelto, evidenciando un punto de vista subjetivo y discrepante que intenta hacer prevalecer su propio criterio por sobre el de los magistrados, sin hacerse cargo de impugnar concretamente los fundamentos medulares sobre los cuales se estructura la sentencia impugnada (conf. doctr. causa A. 73.210, "Emar Salud S.R.L.", sent. de 18-IV-2018).
Esta circunstancia resulta suficiente para su rechazo pues como tiene dicho esta Corte, debe desestimarse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que ha elegido elaborar su impugnación sobre una serie de razonamientos que se desentienden de aquellos que dotan de contenido al fallo (conf. doctr. causa L. 104.897, "Serra", sent. de 13-VIII-2011), se basa en la mera reiteración de argumentos esgrimidos y rechazados en la instancia anterior (conf. doctr. causa A. 71.831, "Muñoz", sent. de 10-XII-2014) y se limita a contraponer a la valoración del material probatorio que ha realizado el tribunal de grado una argumentación apontocada exclusivamente en su propio criterio (conf. doctr. causa A. 74.407, "Andrade", sent. de 11-VII-2018).
Tal déficit argumental no puede ser suplido por este Tribunal.
IV.3. Por otro lado, la recurrente no logra evidenciar la violación o errónea aplicación de la normativa que regula la gratificación especial por egreso, establecida por las resoluciones 2.732/90 y 1.850/97 del Directorio del Banco accionado.
Sobre el particular la Cámara señaló que "...en lo concerniente a la discrecionalidad invocada por el Banco demandado para otorgar la indemnización peticionada [...] es justamente dicha circunstancia la que exige una mayor fundamentación -que debe traducirse en una motivación suficiente, adecuada y razonable-." (fs. 226 vta.).
La impugnante, desentendiéndose de tal base argumental, pretende hacer prevalecer su propio criterio interpretativo sobre las resoluciones en cuestión, al afirmar que la gratificación especial por egreso es una liberalidad cuyo otorgamiento no es obligatorio para el Banco y que, por ello, constituye un desacierto interpretativo la referencia de la sentencia en punto a la invocación de un derecho del actor al cobro de tal premio.
Es indudable que los argumentos traídos a esta instancia se apartan de la línea reflexiva que llevó a los juzgadores a arribar a las conclusiones adversas a sus intereses, luciendo como meras afirmaciones dogmáticas, pues no constituyen una crítica concreta a los fundamentos dados por el pronunciamiento impugnado.
En tal sentido, tiene dicho esta Corte que es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley si la recurrente expone su propio criterio personal, distinto al del sentenciante, en orden a la interpretación de las disposiciones a las que se han subsumido el relato de los hechos, sin lograr demostrar que haya existido una errónea aplicación o interpretación del plexo normativo en cuyos términos se funda la sentencia, tal como lo exige el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. doctr. causa A. 73.218, "Ríos", sent. de 25-X-2017).
Ese déficit, precisamente, es el que exhibe la pieza recursiva.
IV.4. Las razones que anteceden, ponen de relieve que tampoco puede tener favorable acogida el agravio referido a la violación de la doctrina legal de este Tribunal -relativa a la interpretación del concepto de motivación suficiente del acto administrativo y a la validez de la notificación personal del acto por parte del interesado-, pues al desentenderse del fundamento central del fallo de Cámara -esto es, la falta de notificación de los antecedentes que motivaron la reducción de la gratificación, reconocida parcialmente mediante resolución de fecha 14 de diciembre de 2010-, la recurrente no logra demostrar que la sentencia en crisis transgreda la interpretación efectuada por esta Corte sobre los tópicos en cuestión.
En efecto, con base en la aludida deficiencia, la Cámara consideró -al igual que el juez de grado- carente de causa la reducción de la cuantía indemnizatoria, no advirtiendo la errónea aplicación de la doctrina de esta Corte sentada en los precedentes B. 60.256, "Van der Molen" y B. 65.614, "Sniukas", en cuanto establece la obligación de motivar el acto administrativo.
Asimismo, el a quo consideró inaplicable la doctrina legal que la impugnante citara para otorgar validez o idoneidad a la notificación, toda vez que no la encontró acreditada en la especie.
Cabe recordar que esta Corte tiene dicho que, para demostrar la existencia de violación o errónea aplicación de la doctrina legal no basta identificar el precedente del Tribunal que contiene la doctrina que se denuncia como violada, sino que debe plantearse la similitud o analogía con la plataforma fáctica de la causa (conf. doctr. causa A. 73.860, "Soule", sent. de 15-VIII-2018, e.o.), carga que no aparece cumplida en la pieza bajo examen.
IV.5. Tampoco es de recibo la crítica por la cual la recurrente alega que la Cámara omitió expedirse sobre una cuestión esencial, esto es, el reproche que su parte efectuara al fallo dictado por el juez de primera instancia en cuanto tomó, como base de cálculo de la gratificación, la escala salarial vigente a la fecha de pago, en vez de ordenarla realizar teniendo en cuenta el salario vigente a la fecha de cese del agente.
Ello así en tanto la alegación resulta novedosa.
En tal sentido, reparo que en el escrito de apelación ordinaria -es decir, en el momento procesa
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.