Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 72073
En la ciudad de La Plata, a 8 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Pettigiani, de Lázzari, Negri, Genoud, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 72.073, "Jalil, Liliana Beatriz contra IPS. Pretensión anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata hizo lugar, por mayoría, al recurso de apelación deducido por la parte demandada, revocó el pronunciamiento de primera instancia y rechazó la pretensión promovida en autos (v. fs. 102/108).
Disconforme con ese pronunciamiento, la actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 111/128), el que fue concedido por la Cámara actuante a fs. 130/131.
Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia se dictó la providencia de autos (v. fs. 138), la que fue suspendida para dictar una medida para mejor proveer por la que se requería al Instituto de Previsión Social que informe si en la actualidad se liquida el haber previsional de la actora con el porcentaje previsto en el art. 6 de la ley 8.320 -actualmente derogada- (v. fs. 152). Evacuado el mismo se resolvió la reanudación del llamamiento de autos para resolver (v. fs. 169), por lo que la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. La actora promovió demanda contencioso administrativa contra el Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires (IPS), con el objeto de obtener la nulidad de la resolución 668.130/09, emanada del Directorio del citado organismo, en cuanto resolvió liquidarle su haber pensionario en base al 53% del sueldo y bonificaciones asignadas al cargo de senador desempeñado por el causante en la Honorable Cámara de Senadores.
Planteó la ilegitimidad de la decisión por desconocer el derecho patrimonial que posee a que su haber sea liquidado en base al 75% del 82% de la remuneración compuesta por la dieta y sueldo anual complementario, de acuerdo a lo que perciben los senadores en actividad, de conformidad con el art. 5 de la ley 8.320 -actualmente derogada-.
I.2. La señora jueza del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la pretensión deducida, anuló el art. 5 de la resolución impugnada y condenó al Instituto previsional demandado a liquidar el beneficio pensionario acordado a la actora de conformidad a los porcentajes previstos en los arts. 6 y 10 de la citada ley 8.320 -75% sobre el 82% móvil- con retroactividad al día 7 de marzo de 2006 -fecha de fallecimiento del causante- (v. fs. 65/73).
Para ello consideró que el acto cuestionado se limitó a acordar el beneficio de pensión a la actora, precisando -en su art. 5- que el mismo sería equivalente al 53% del sueldo y bonificaciones asignadas al cargo de senador desempeñado por el causante en la Honorable Cámara de Senadores, incumpliendo de tal manera con la obligación de motivar el acto administrativo (art. 108, dec. ley 7.647/70).
Agregó que en la resolución impugnada tampoco se alude a los antecedentes de hecho y de derecho que justificaron la determinación del porcentaje del 53% para la liquidación del haber pensionario.
Destacó que no obsta a lo expuesto la condición dispuesta en el art. 7 de la ley 8.320 -derogada-, en cuanto establece que hasta tanto el IPS esté en condiciones financieras de aplicar el porcentaje del 82%, la jubilación del legislador "no podrá ser inferior al 67% del monto establecido en el art. 5", ya que tal norma no fue citada por el organismo previsional en la resolución impugnada para justificar el porcentaje fijado.
Sin perjuicio de ello, recordó que ese artículo estableció una condición transitoria y tendiente a evitar el impacto financiero que podía acarrear para el organismo previsional el reconocimiento de tal porcentaje en la situación económica del mismo al momento de la sanción de la referida ley 8.320, publicada en el Boletín Oficial con fecha 16 de diciembre de 1974.
Añadió que tampoco se había invocado ni acreditado la imposibilidad económica financiera del organismo para cumplir con el porcentaje expresamente previsto en el art. 6 de la citada ley.
Por último, consideró que no corresponde acudir a las disposiciones del decreto ley 9.650/80 en tanto no existe un vacío normativo en el régimen específico que rige la controversia.
I.3. Contra esa sentencia la demandada dedujo recurso de apelación (v. fs. 78/84).
I.4. La Cámara interviniente, por mayoría, revocó el pronunciamiento de primera instancia (v. fs. 102/108).
Para así resolver sostuvo que el porcentaje del haber reconocido a la actora, en un 53% del sueldo y bonificaciones asignadas al cargo de senador, desempeñado por el causante en la Honorable Cámara de Senadores -art. 5 de la resolución impugnada- encuentra sustento normativo en los arts. 41 y 48 del decreto ley 9.650/80, régimen general normativo común aplicable a los regímenes especiales, en cuanto no resulte modificado por éstos últimos.
Señaló que el IPS consignó expresamente en el acto de marras el régimen legal aplicable al beneficio acordado, esto es, el decreto ley 9.650/80 -régimen general- reconociendo el 53%, es decir, el 75% del 70% del haber correspondiente a su cónyuge fallecido.
Descartó la presencia de vicios en los elementos causa y motivación de acto, en cuanto establece el porcentaje del haber, en tanto entendió que la aplicación al caso del art. 6 de la derogada ley 8.320, es decir, del 82% móvil de los montos establecidos en el art. 5 de la misma norma legal, no resulta de aplicación automática.
Consideró que la sentencia recurrida yerra al invertir la carga de la prueba imponiendo al Instituto demandado la demostración de la imposibilidad financiera de asumir el porcentaje mayor previsto por la norma.
En ese sentido destacó que la carga de la prueba pesa sobre la parte actora, quien debe demostrar acreditada la condición suspensiva prevista en la norma a esos fines (arts. 375, CPCC; confr. art. 77, CCA).
Por último, recordó que, a los fines de la interpretación de las normas previsionales, tratándose de prestaciones excepcionales que se conceden a grupos singulares de personas mediante el cumplimiento de menores exigencias o recaudos, como ocurre con los beneficios acordados por la ley 8.320 –ya referida-, debe dilucidarse la cuestión con un criterio estricto y riguroso.
I.5. Contra el pronunciamiento de la Cámara de Apelación, la actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 111/128).
Denunció la errónea aplicación del art. 6 de la citada ley 8.320, en tanto dicha norma establece el porcentaje en base al cual debe liquidarse el beneficio jubilatorio.
Sostuvo que la solución de aplicar los porcentajes previstos en el decreto ley 9.650/80, al régimen de la ley 8.320, no se compatibiliza con los fines de la ley previsional cuyos requisitos le son propios.
Consideró que no existe un vacío normativo que justifique la aplicación supletoria de la norma previsional general -decreto ley 9.650/80-, que procede cuando un asunto no puede resolverse ni por la letra ni por el espíritu de la ley específica. Afirmó que tal presupuesto no se configura en la especie, pues el régimen de la mencionada ley 8.320 -puntualmente el art. 6- establece el porcentaje en base al cual debe liquidarse el beneficio jubilatorio.
Señaló que la intención del legislador fue dotar al cuerpo de un régimen propio que respetara el 82% móvil del haber y separado del sistema general.
Planteó que la demandada soslayó impugnar los fundamentos dados en primera instancia respecto de la nulidad del art. 5 del acto atacado por ausencia de motivación y causa que le sirvieran de fundamento.
Sostuvo que la posición asumida por el Tribunal de Alzada contradice la doctrina de este Tribunal que ha reconocido que el haber del legislador sea liquidado en base al 82% móvil (doctr. causa B. 53.102, "Deluca").
Afirmó que no resulta razonable la discriminación que se realiza entre quienes concurren con el mismo derecho, lo que deviene violatorio del derecho a la igualdad (art. 16, Const. nac.).
Adujo violación al art. 108 del decreto ley 7.647/70, por la falta de motivación del acto administrativo. En este aspecto, indica que la decisión de la Cámara, importa una convalidación de un obrar ilegítimo por parte de la autoridad demandada, quien no ha fundado debidamente la resolución impugnada.
En ese sentido agregó que la decisión del organismo de fijar el porcentaje cuestionado estuvo huérfana de motivos, y que no contó con una fundamentación razonada y explícita, ni con cita legal que le dé sustento, ni con ningún otro indicio que le permitiera conocer los motivos de su pérdida patrimonial.
Ahondando en este agravio, señaló que la supuesta falta de operatividad del art. 7 de la ley 8.320 -actualmente derogada- debió ser invocada en el procedimiento antecedente, a los efectos de posibilitar el ejercicio de su derecho de defensa.
Finalmente se agravió de lo decidido por la Cámara en cuanto sería la actora quien tiene la carga de probar la operatividad del art. 7. Alega que este hecho, fue invocado por la demandada, en virtud de lo cual por conducto del art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, es ésta quien debe probarlo.
I.6. De las actuaciones administrativas (expediente 3001-1337/00), agregado en original sin acumular se desprenden las siguientes constancias útiles para la resolución de la causa:
I.6.a. A fs. 2/3 se presenta la actora y solicita el beneficio de pensión derivada por el fallecimiento de quien en vida fuera su marido, señor Jorge Martínez, que se desempeñara como senador provincial desde el 10 de diciembre de 1997 al 10 de diciembre de 2005 (ver certificación de servicios de fs. 58 del expediente administrativo).
I.6.b. Luego de sustanciada su pretensión, el ente accionado en un primer momento resuelve denegar el beneficio, por cuanto no se acreditó en el procedimiento que el causante se encontrase en situación de obtener el beneficio previsional ni se hallara en actividad a la fecha de su fallecimiento (v. fs. 85).
I.6.c. Contra esa decisión la actora articula el correspondiente recurso de revocatoria, explicitando que el de cujus estaba en situación de obtener una jubilación por incapacidad, e indica que en el procedimiento no se dio intervención a la Junta Médica correspondiente (v. fs. 88/92).
I.6.d. Tal planteo motivó la revisión de la cuestión controvertida por parte del ente previsional, quien luego del dictamen técnico de fs. 117 resolvió: a. receptar favorablemente el recurso de la actora (conf. art. 1 resol. 668.130/09); b. acordar el beneficio solicitado, y determinó que "el beneficio acordado será abonado a partir del 07/03/2006; y determinó que dicho beneficio sería equivalente al 53% del sueldo y bonificaciones asignadas al cargo de senador, desempeñado por el causante en la Honorable Cámara de Senadores".
II. Con posterioridad, en atención al estado de autos y lo que surge del escrito presentado por la actora a fs. 88/93 en el que manifiesta que el organismo demandado ha resuelto en forma favorable los reclamos presentados por los ex legisladores respecto del pago del 82% móvil de los haberes jubilatorios; y a fin de constatar la actualidad y alcance de la controversia, para mejor proveer la decisión que corresponde adoptar en el caso, este Tribunal resolvió requerir al Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires que informe si en la actualidad liquida el haber previsional de la actora de conformidad con el porcentaje previsto en el art. 6 de la ley 8.320 -actualmente derogada- y, en caso afirmativo, desde qué fecha lo hace.
III. De acuerdo a la solicitud efectuada, el Instituto demandado presentó el informe glosado a fs. 162/168, del cual surge que la actora percibe actualmente los haberes previsionales de su pensión de conformidad con el 53% correspondiente al 70% de la jubilación del cargo de senador.
IV.1. A tenor de los antecedentes reseñados, de las postulaciones de las partes antes reseñadas y de las constancias obrantes en autos se desprende que la cuestión a resolver gira en torno a determinar si le asiste razón a la demandante en cuanto a que se le liquide su beneficio previsional en los términos de los arts. 6 y 10 de la ley 8.320 reconociéndole un 75% sobre el 82% que le hubiese correspondido al señor Martínez, o como lo resolviera la Cámara, un 53% por aplicación del régimen general de la ley 9.650/80.
Dicha pretensión se encuentra vinculada al cuestionamiento de la legitimidad de la denegatoria de la jubilación por invalidez que el organismo accionado resolvió en el acto impugnado; lo cual integra de igual modo la litis . Así lo ha planteado claramente la actora en el capítulo "II. - Pretensión", de su demanda.
Sentado ello, y analizando el orden de las objeciones articuladas en el recurso de la demandante, estimo que, por un orden lógico, la primera parcela de análisis debe necesariamente ser el apuntado déficit en la fundamentación del acto, cuestión que, cabe señalar, denuncia la demandante desde su primera presentación.
IV.2. Adelanto mi postura favorable a la pretensión del accionante por los fundamentos que paso a exponer.
La motivación (arts. 1, Const. prov.; 108, dec. ley 7.647/70) así como las formas esenciales (v.gr. la publicidad, las mayorías debidas), la competencia, el fin público y el contenido ajustado al ordenamiento, son requisitos del acto administrativo (art. 103, dec. ley cit.) de cuyo cumplimiento depende su juridicidad y cuya verificación, por ende, es plenamente realizable en el marco de un proceso judicial (causas A. 70.444, cit. y B. 63.173, "Di Lorenzo", sent. de 13-XI-2013). Tales premisas, definen los parámetros sobre los cuales ha de decidirse la cuestión controvertida.
Sobre esta base, y en lo que hace específicamente al sub lite , es dable colegir que la resolución 668.130/09 que le acuerda el beneficio previsional a la demandante, no expresa fundamento jurídico alguno respecto de los motivos por los cuales se reconoce el beneficio con un porcentaje del 53%, y no como lo sostiene la beneficiaria, sobre el porcentaje previsto en la ley especial. Tal omisión, que resulta dirimente para la validez del acto, torna el obrar administrativo ilegítimo. Al decidir, el organismo con censurable insuficiencia, dispone la concesión del beneficio en los términos indicados, sin la debida cita legal, ni relación de antecedentes, que permita al administrado conocer los motivos determinantes de la decisión.
Ello cobra particular relevancia si se tiene en cuenta que el cargo sobre el cual se acuerda el beneficio previsional es el de senador provincial (v. correlación de fs. 122), y que la vista de la Fiscalía de Estado como el dictamen de la Comisión de Prestaciones, señalan que el beneficio debe reconocerse en los términos de los arts. 9 y 10 de la derogada ley 8.320 (v. fs. 121, 126 y 127).
Pues bien, al abrigo de las circunstancias señaladas, resulta certero el agravio de la quejosa en su recurso, en cuanto manifiesta que no existe indicio alguno que le permita conocer los motivos de la decisión, a los efectos de impugnarla (v. fs. 125).
No pierdo de vista que en el procedimiento que culminara con el citado acto, el núcleo central de la discusión transitaba por la concesión del beneficio y no por el porcentaje sobre el cual dicho beneficio debía liquidarse. Repárese en tal sentido, que la mentada resolución, revoca su anterior, donde la pensión había sido denegada. No obstante ello, la mencionada circunstancia, no opera como justificativo del insoslayable deber de la administración de dar una acabada fundamentación a sus actos, al que me he referido en párrafos anteriores. Más aún cuando la actora ya había esgrimido su derecho en los términos de la ley 8.320 (v. fs. 88/93, en particular 88 vta. apdo. "II. - Hechos", del expediente administrativo).
Cabe concluir entonces, que la resolución 666.130, transgrede lo dispuesto en el art. 108 del decreto ley 7.647/70.
Ha dicho este Tribunal que cuando el acto luce infundado, malinterpreta o desvirtúa los motivos determinantes comprobados o aducidos, entonces, procede el control anulatorio de la actuación administrativa (causas B. 49.271, "Fernandez", sent. de 29-IX-1987; B. 50.218, "Pereyra", sent. de 28-II-1995; B. 53.483, "Gomez", sent. de 6-VIII-1996; B. 55.191, "Espilman", sent. de 16-XII-1997, e.o.; conf. mi voto en la causa B. 57.130, "D.M.", sent. de 23-II-2005; B. 66.929, "Madrones", sent. de 6-IV-2011).
IV.3. Estimada la pretensión anulatoria (conf. art. 12 inc. 1, CCA; v. fs. 9 vta.), corresponde abordar el segundo segmento del pedimento del reclamo actor en torno a la concesión del beneficio en los términos de la derogada ley 8.320. Adelanto mi opinión favorable a tal postulación, por los motivos que a continuación expongo.
Dicha norma prevé que se encuentran obligatoriamente comprendidos en ese régimen todos los legisladores de ambas Cámaras (conf. art. 1). Además, observa que "el haber de la jubilación será del 82% móvil de los montos establecidos en el artículo 5. Tal beneficio se actualizará de acuerdo a la variación de las remuneraciones que perciba el legislador en actividad" (conf. art. 6).
En lo que a la actora específicamente corresponde, cabe destacar que el art. 9 prevé que "En caso de incapacidad o invalidez, el legislador tendrá derecho a la jubilación prevista por el art. 6, aunque no reúna las condiciones de edad y años de servicios exigidos por el art. 2". Ello se complementa con el art. 10 que establece que "Las pensiones de los derechos habientes de los legisladores serán del setenta y cinco (75%) por ciento del haber que le hubiera correspondido al causahabiente, por aplicación de lo determinado en el art. 6 con la característica expresada en el art. 7...".
Toda vez que no consta en las constancias de la presente causa, motivo o circunstancia alguna que permita excluir a la especie de la solución prop
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