Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74698
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto en el acuerdo que antecede se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 289, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 8 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Kogan, Soria, de Lázzari, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.698, "Zago, Silvina contra Instituto de Previsión Social (IPS). Pretensión anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada, revocó el pronunciamiento de primera instancia y rechazó la pretensión deducida (v. fs. 228/232).
Disconforme con ese pronunciamiento, la actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 236/249), el que fue concedido por la Cámara actuante a fs. 251/252.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 258), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. La actora promovió demanda contencioso administrativa contra el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (en adelante IPS), solicitando la nulidad de la resolución 783.074 de fecha 12 de febrero de 2014, mediante la cual se le denegó la jubilación ordinaria en los términos de la ley 10.427 y se le impuso un cargo deudor por los haberes percibidos desde la fecha del cese.
Explicó que desempeñó servicios docentes en la Escuela San Benjamín de la ciudad de La Plata, que funcionaba con autorización y subvención del Estado provincial, razón por la cual consideró que el IPS debió asumir el rol de caja otorgante y concederle la jubilación ordinaria en los términos de la ley 10.427, por cumplimentar los requisitos establecidos para su procedencia.
Solicitó en consecuencia la nulidad de la resolución impugnada y el reconocimiento de su derecho a obtener la jubilación ordinaria con retroactividad a la fecha del cese laboral, considerando los importes correspondientes al cargo determinante de la prestación a valores actuales, con sus respectivos intereses a la fecha del efectivo pago y dejándose sin efecto el cargo deudor efectuado, con costas a la demandada.
I.2. El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda interpuesta, declaró la nulidad de la resolución impugnada y ordenó a la demandada a que abone la jubilación a la actora desde el 1 de diciembre de 2007, con intereses (v. fs. 191/196).
Para así decidir destacó que la cuestión central traída a debate estaba dirigida a establecer si correspondía al IPS asumir la prestación previsional de la actora como caja otorgante.
Advirtió que de las constancias probatorias obrantes en la causa surgía que la actora contaba con servicios nacionales debidamente reconocidos por un lapso de 21 años, 6 meses y 15 días y, en el ámbito provincial, 18 años, 2 meses y 9 días (v. fs. 78).
Conforme ello y de acuerdo a lo previsto en el art. 3 de la ley 10.427, consideró que la actora tenía derecho a obtener la jubilación solicitada, toda vez que al momento de su sanción cumplimentaba los requisitos exigidos por dicho artículo (v. fs. 79, informe del departamento de cómputo de servicios).
Precisó que si la situación prevista por la citada ley (art. 3) era única (permitió que los beneficiarios se jubilen por el sistema provincial) y se habían acreditado los requisitos que establecía el dispositivo legal, no podía por vía interpretativa considerarse válidas otras situaciones que habilitaran otros sistemas de determinación de caja otorgante.
I.3. Contra esa sentencia la demandada dedujo recurso de apelación (v. fs. 201/204).
I.4. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada, revocó el pronunciamiento de primera instancia y rechazó la pretensión incoada (v. fs. 228/232).
Para así decidir consideró que el juez de grado incurrió en error de juzgamiento al resolver la aplicación al caso de la ley 10.427. Ello así toda vez que al tiempo en que dicho régimen se encontraba vigente, la actora aún no había cumplido los requisitos exigidos por el mismo para acceder al beneficio de la jubilación ordinaria. Precisó que teniendo en consideración lo estatuido por el art. 24 inc. "c" del decreto ley 9.650/80 -al cual remite la norma-, al momento de derogación de la ley, la actora no había cumplido los 50 años de edad (v. fs. 37).
Sostuvo así que si bien la actora se encontraba en actividad a la fecha de sanción de la ley 10.427, al derogarse la misma, no reunían los requisitos para adquirir el derecho al beneficio reclamado. Señaló que la aplicación al caso de dicha ley implicaba darle ultractividad a una norma que, al tiempo en que la accionante cumplió los recaudos por ella exigidos, ya no se encontraba vigente.
Concluyó entonces que la caja otorgante de la prestación debía ser aquella a la que correspondiera el mayor tiempo de aportes, siendo en el supuesto de autos la Administración Nacional de la Seguridad Social (en adelante ANSES).
I.5. Contra el pronunciamiento de la Cámara de Apelación, la actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 236/249).
Sostuvo en primer lugar que las disposiciones de la ley 10.427 no fueron derogadas por la ley 11.612 (ello no surge en forma expresa del art. 136 de la misma, ni tampoco puede inferirse del resto de sus disposiciones), por lo menos en lo referente a los derechos previsionales (cita la modificación al art. 2 del decreto ley 9.650/80 que se mantiene válida hasta la fecha).
Planteó que el dictado de la ley 10.427 significó para los docentes transferidos a la jurisdicción provincial el derecho a que se pudieran jubilar en el IPS. Explicó que incluso cuando fue modificada la determinación de la caja otorgante de la prestación por medio del art. 168 de la ley 24.241, el Instituto demandado dictó la resolución de carácter general 3/94 por la cual todos los agentes que pertenecieran a organismos transferidos a la Provincia de Buenos Aires con anterioridad al mes de octubre del año 1993, se jubilarían igualmente en su jurisdicción (conf. art. 7 de la misma). Consideró entonces que la institución previsional reconoció expresamente la existencia de un derecho a favor de los docentes transferidos a su órbita en el año 1986, a jubilarse en su jurisdicción, en una clara excepción al principio de caja otorgante de la prestación.
Explicó que de esta manera realizó una consulta verbal de asesoramiento en el ente previsional y al no existir ningún problema inició el trámite en el mes de octubre del año 2007 cesando en sus servicios docentes a partir del día 1 de diciembre de 2007. En esa oportunidad denunció todos los servicios cumplidos. De tal forma, el IPS, luego de los controles de rigor, comenzó a abonar en forma transitoria el haber jubilatorio, conociendo que contaba con más años de servicios en la ANSES, considerándose igualmente caja otorgante de la prestación precisamente por encuadrar la situación dentro de las excepciones expresadas al principio general del art. 168 de la ley 24.241.
Continuó relatando que el expediente tuvo un trámite normal hasta que a fs. 51 la Fiscalía de Estado, con fecha 26 de marzo de 2012, consideró que al haber desempeñado más servicios con aportes a la ANSES, en virtud de la modificación producida por la ley 13.524, no resultaba competente para asumir el rol de caja otorgante el organismo provincial. Agregó que a fs. 54 el departamento de cómputos dejó sentado que a la fecha en que había sido trabajado el expediente no existía un dictamen en contrario.
Finalmente, más de 6 años después de iniciado el trámite, y en base a los mismos elementos por los cuales se comenzó a abonar la prestación, con fecha 6 de febrero de 2014 procedió a dar de baja el derecho jubilatorio y el día 12 de febrero de 2014 dictó la resolución 783.074, por la cual denegó la jubilación ordinaria y declaró legítimo el cargo deudor que debía practicarse.
Afirmó que la sentencia del Tribunal de Alzada no constituye una derivación razonada del derecho vigente. Consideró para ello que la ley 11.612 no derogó las disposiciones de la ley 10.427. En primer lugar porque no existe disposición expresa que así lo disponga. Planteó que el art. 136 de dicha ley cita las normas que deroga: 5.650, 10.236, 10.664, 10.865, 10.589, decreto 8.727/77, aclarando que la misma no alcanzó la ley 10.427, sino a los arts. 7 y 9 del decreto ley 8.727/77 en la redacción que les había dado. Concluyó así que la expresada derogación no tuvo incidencia alguna en lo que tiene que ver con los derechos previsionales que la ley 10.427 generaba en quienes se encontraban en actividad al momento que se operó la trasferencia. Y sin perjuicio de ello, los derechos que surgían de dicha modificación fueron mantenidos en las leyes 11.612 y 13.688.
Terminó por hacer referencia a los fundamentos de la ley 10.427 -especialmente en lo que hace al incorrecto direccionamiento de los aportes que debieron ser siempre realizados al IPS-, a la doctrina de los actos propios, y a los principios de legítima confianza y seguridad jurídica.
II. El recurso no prospera.
II.1. Para decidir el rechazo de la pretensión, el Tribunal de Alzada recordó lo prescripto por el art. 3 de la ley 10.427, que prescribía: "Los beneficiarios de la presente ley que se encuentren en actividad a la fecha de su sanción y continúen prestando servicios con posterioridad al 1 de enero de 1986, podrán voluntariamente acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria, cuando acrediten: a) Los requisitos del artículo 22, incisos b), c) y d) del Decreto Ley 9650/80; b) dos (2) años de servicios con aportes al Instituto de Previsión Social, desempeñados con posterioridad al cumplimiento de lo requerido en el inciso a) del presente artículo. En ningún caso se exigirá más de diez (10) años con aportes al régimen provincial y c) haber cumplido con el pago establecido a los efectos del cumplimiento del requisito de diez (10) años con aportes a este régimen a que se refiere el artículo siguiente".
En base a ello consideró que al tiempo en que el mencionado régimen se encontraba vigente, la actora aún no reunía los requisitos exigidos por el mismo para acceder al beneficio de la jubilación ordinaria. Agregó que teniendo en cuenta lo estatuido por el art. 24 inc. "c" del decreto ley 9.650/80 -al cual remite el precepto anteriormente citado-, al momento de la derogación de la ley la actora no había cumplido los 50 años de edad (v. fs. 37).
Sostuvo que en el caso no se encontraba controvertido que la actora registraba servicios nacionales con aportes por un lapso de 21 años, 6 meses y 15 días y servicios provinciales por 18 años, 2 meses y 9 días, concluyendo de ese modo que de acuerdo a lo establecido en el art. 67 del decreto ley 9.650/80, la caja otorgante de la prestación debía ser aquella a la que correspondía el mayor tiempo con aportes, siendo en el supuesto de autos la ANSES.
II.2. Por su parte la actora plantea en esta instancia extraordinaria que el dictado de la ley 10.427 significó para los docentes transferidos a la jurisdicción provincial la posibilidad de jubilarse en dicha jurisdicción, poseyendo un derecho adquirido que no fue reformado incluso cuando fue modificada la determinación de la caja otorgante de la prestación por medio del art. 168 de la ley 24.241.
II.3. Al respecto puede observarse que el discurrir de la recurrente sólo evidencia su discrepancia subjetiva con el fallo, pero en modo alguno demuestra la errónea aplicación de las normas que cita (art. 279, CPCC).
En efecto, las conclusiones efectuadas por el Tribunal de Alzada respecto de la improcedencia de la pretensión sobre la base de la derogación del régimen establecido mediante la ley 10.427 y la falta de cumplimiento de los requisitos allí exigidos durante su vigencia, constituyen fundamentos que llegan indemnes a esta instancia extraordinaria por falta de cuestionamiento efectivo (doctr. causas Ac. 83.653, sent. de 12-XI-2003 y C. 90.421, sent. de 27-VII-2007).
Los agravios planteados en esta instancia extraordinaria, en la que se reitera que las disposiciones de la ley 10.427 no fueron derogadas por la ley 11.612, al menos en lo referente a los derechos previsionales, fueron tópicos expresamente tratados y rechazados por la Cámara interviniente, haciendo aplicable la doctrina de este Tribunal que dispone que es insuficienteá para lograr una réplica adecuada y eficaz de lo decidido, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley basado en la mera reiteración de argumentos esgrimidos -y agrego rechazados- en la instancia anterior (conf. causas L. 102.577, sent. de 8-IX-2010 y A. 71.506, sent. de 19-XII-2012), como así también aquélla que establece que la Casación no es una tercera instancia donde se examina nuevamente el litigio, ni la pieza recursiva puede sin más pretender reemplazar en su discurrir las reflexiones de la Cámara (conf. doctr. causas Ac. 39.185, sent. de 27-XII-1988; Ac. 55.770, sent. de 10-XII-1996 y Ac. 73.569, sent. de 20-IX-2000).
En el caso la crítica recursiva no trasunta más que un juicio de disconformidad personal respecto del resultado de las pautas interpretativas propuestas por la Cámara, omitiendo señalar aquello que resulta esencial a los fines recursivos: las razones tendientes a demostrar en qué medida tal interpretación importa una violación de la norma aplicada o de la doctrina legal elaborada por este Tribunal en torno a la misma.
Es decir que la actora, más allá del esfuerzo argumentativo puesto en su libelo recursivo, no ha logrado demostrar que haya existido en el caso una errónea aplicación de la ley o que la sentencia no constituya una derivación razonada del derecho vigente.
De tal modo el recurso extraordinario interpuesto deviene, pues, insuficiente a los fines pretendidos y lo expresado por la recurrente evidencia tan sólo una mera disconformidad y un criterio distinto que no logran rebatir las conclusiones efectuadas por la Cámara.
III. Por las razones expuestas corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 289 in fine, CPCC).
Voto por la negativa .
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine, CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y de Lázzari, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 289, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia