Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74240
En la ciudad de La Plata, a 22 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Kogan, Genoud, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.240, "Buscaglia, Juan Carlos contra Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía y otros. Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora e hizo lugar al de la demandada, revocando la sentencia de primera instancia que -a su turno- admitió la pretensión entablada. Impuso las costas del proceso por su orden (conf. arts. 12 inc. 2, 51, 55, 56, 58, 59, 77 y concs., ley 12.008 -t.o. leyes 13.101 y 14.437-; 274 y concs., CPCC; v. fs. 224/228).
Disconforme con dicho pronunciamiento, el actor interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 232/254 vta.), el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 257/258.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 263), agregado el memorial de la demandada a fs. 277/288 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora e hizo lugar al de la demandada, revocando la sentencia de primera instancia que -a su turno- admitió la pretensión entablada.
I.1. Para así decidir señaló, en primer lugar, que ya tuvo oportunidad de pronunciarse respecto del objeto de la demanda en la causa CCALP n° 13.662, "Rincón", resolución de 18-VI-2015, que guarda analogía sustancial con las cuestiones planteadas en autos.
Indicó que la impugnación del actor se basa en la inconstitucionalidad de la ley 13.982, en su parte pertinente (art. 76, anexo II), y la nulidad de los decretos 3.000/10 y 1.050/09, por el que reclama el reconocimiento del nivel de Capitán (categoría 6 de la ley 13.982) que afirma haber alcanzado por la equiparación establecida, desde el mes de julio de 2009.
Siguiendo el enfoque planteado en el aludido antecedente, y dejando a salvo que la pretensión de ascensos ligada al derecho a la carrera supone el servicio activo que concluye con la situación de pasividad, advirtió que a la fecha en que el actor obtuvo su beneficio detentaba el cargo de Sargento Ayudante (12 de mayo de 1994), anterior a la sanción de la ley 13.201 y, por lo tanto, que consolidó su situación de pasivo al amparo del régimen del decreto ley 9.550/80.
Así destacó que quedó condicionado a unas variables de equiparación que las leyes posteriores a la 13.982, limitaron a otros escalones jerárquicos (ref. leyes 14.382 y 14.383), sin comprender al obtenido por el actor y que, sin embargo, tampoco justifica el reclamo del recurrente la situación generada por la ley 13.982 para aquellos agentes en actividad.
Indicó que, en efecto, el reencasillamiento ocasionado a partir de las disposiciones generales de la ley 13.982 (anexos I y II), en su aplicación a los pasivos (dec. 3.000/10; conf. art. 27, ley 13.236) no sólo expresó el ejercicio de una potestad del Poder Ejecutivo ejercida sin observaciones de razonabilidad, sino, a la vez un propósito por mantener la regla de proporcionalidad para lo previsto, tanto en la ley 13.201 como en el decreto ley 9.550/80, respecto de los nuevos escalafones y en su aplicación al personal de retiro bajo alguno de esos regímenes.
Agregó que, tal como se sostuviera en la causa citada, en una valoración ajustada -también- a la plataforma fáctica de autos, ese criterio normativo de equiparación con los activos muestra armonía con el principio de movilidad y al intento de demanda excediendo ese parámetro de uniformidad.
Con ello, concluyó que la discriminación que predica el recurrente no se aviene a un criterio de equivalencia en el que los años de servicio del actor puedan considerase fuente suficiente para condicionar el ejercicio de una potestad que sólo ha procurado nivelar la situación de los activos y pasivos, siendo que estos últimos han clausurado su situación en la carrera en el preciso momento de obtener el beneficio consecuente (conf. art. 21 bis, dec. 2.382/05, texto según dec. 3.000/10).
Agregó que el apelante no demostró qué otras situaciones en igualdad de condiciones a la suya hayan sido tratadas en el régimen normativo de un modo diferente, en su perjuicio, ni que la mecánica de equiparación que sucediera a la ley 13.982 vino a generar detrimento en la situación de pasividad del actor ni retrogradación ninguna en relación con el nivel alcanzado al tiempo de obtener su retiro.
En cambio, sostuvo que su solicitud proponía un rango mayor al expresar disconformidad con el que alcanzara después de la equiparación de la ley 13.201 (conf. art. 32, dec. 3.326/04), pero sin que sea posible visualizar una situación que así lo determine con fundamento legal.
Afirmó que ese mayor requerimiento, que no se condice con cuanto dejara establecido el anexo II de la ley 13.982 (art. 76), no revela el trato desigual que propone la parte recurrente, en la medida en que comprende a todos quienes se encuentran en su misma situación sin discriminación alguna y sin que configure a su respecto inobservancia del principio constitucional invocado, como tampoco el desmedro a un derecho adquirido.
Agregó que esa demostración se hallaba ausente, frente a un régimen legal dirigido al personal activo, que por vía reglamentaria se extendió a los pasivos a fin de mantener la movilidad previsional (conf. art. 1, dec. 3.000/10), con una remisión a la ley 13.982 bajo la que el actor, con pase a retiro como Sargento Ayudante del decreto ley 9.550/80, no supera el nivel asignado por la ley 13.201 (Subteniente); conforme resulta del anexo II del primer cuerpo legal, que no muestra fisuras respecto de la igualdad, pues brinda un mismo tratamiento para el universo que lo comprende.
Evaluó así, que la queja del actor contiene enunciaciones generales relativas al sistema normativo en su conjunto, pero sin la precisión que requiere la tacha constitucional en su enunciación, motivo que, al quedar descartados los óbices considerados, torna ineficaz el agravio para sostener el planteo constitucional que renueva en esta instancia.
A mayor abundamiento, sostuvo que el régimen normativo contemplaba asimismo una disposición tendiente a preservar todo impacto salarial negativo, con motivo del reescalafonamiento prescripto; ello así, con el enunciado del art. 86 de la ley 13.982, que despeja toda variable de disminución que pudiere violentar el derecho adquirido del pasivo, dejando a salvo sus garantías constitucionales al respecto. Agregó que, admitido por el recurrente que las leyes posteriores 14.382 y 14.383 carecen de vocación aplicativa a su caso, cabía limitar el tratamiento de la impugnación sólo al desarrollo precedente.
Bajo ese contexto y en virtud del análisis desarrollado rechazó el recurso del actor, pues la norma legal cuestionada en el proceso, en su concreta aplicación, no exhibe los vicios que invoca, que tampoco ofrecen los reglamentos de ejecución que por derivación observa (decs. 3.000/10 y 1.050/09).
I.2. Seguidamente, y en consideración del recurso de apelación de la parte demandada contra el pronunciamiento del juez de primera instancia que -a su turno- hizo lugar a la demanda, consideró acertado el agravio del perdidoso referente a que las categorías comprendidas en la ley 14.382 -a los efectos de la equiparación salarial- no incluyeron la jerarquía con la que obtuviera su retiro el demandante (Sargento Ayudante), ni aún bajo los alcances de las leyes 13.201 y 13.982. De allí concluyó que debía derivarse en la neutralidad aplicativa al caso de esa disposición, que tampoco trajo a la contienda el planteo del actor.
Descalificó la censura de igualdad que el juez de grado admitió para observar el sistema legal en su conjunto, y en ese sentido admitió el agravio esbozado por la demandada, en tanto sostuvo que la exclusión de la categoría de revista del actor al tiempo de su cese en actividad, modificada luego por el reencasillamiento de la ley 13.201, no constituía una conducta en sí misma discriminatoria, si es que no se revela en desmedro de algunos dentro de un universo común o genera un perjuicio salarial directo en relación con aquellos no comprendidos; y sostuvo que ninguna de esas situaciones se visualizaba en el caso, pues todos los que obtuvieran su cese en las mismas condiciones del actor se reconocen en el régimen legal en un estado semejante, y que tampoco había sido acreditada una disminución en el haber.
Agregó que no se advertía afectación de las garantías de los arts. 16 y 17 de la Constitución nacional que autorice la construcción lógica del juez de la causa que el Fiscal de Estado rebate con eficacia, e hizo lugar al recurso de la demandada, en cuanto la sentencia recurrida exhibe error de juzgamiento y desestimó la pretensión promovida.
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia violación a los arts. 14 bis, 16 y 17 de la Constitución nacional; 11, 31 y 39 del Código Penal; del principio de progresividad y del derecho adquirido al nivel escalafonario. Asimismo, denuncia la inconstitucionalidad del reescalafonamiento operado por la ley 13.982. Por último, acusa absurdo en la interpretación de la pretensión entablada.
II.1. Sostiene que la jerarquía de Sargento Ayudante del agrupamiento Servicios previsto en el decreto ley 9.550/80 constituía la sexta jerarquía de ocho posibles en la carrera de Suboficiales y que, con la entrada en vigencia de la ley 13.201, se produjo la unificación de escalafones, es decir, el escalafón de Suboficiales compuesto de ocho jerarquías y el de Oficiales compuesto de nueve, se fusionaron en un solo escalafón de nueve jerarquías, de manera que quienes habían sido Suboficiales contaban ahora con la posibilidad de acceder a los cargos de conducción y dirección (que antes les estaba vedado).
Relata que algunos Suboficiales alcanzaron las jerarquías de Teniente Primero y Capitán, categorías a las que habían sido reencasillados Oficiales Principales (Teniente Primero), Comisarios y Subcomisarios (Capitanes) del decreto ley 9.550/80. Así, quienes proveían del escalafón de Suboficiales y Tropa, que alcanzaron la jerarquía de Teniente 1° y Capitán, fueron facultados a ejercer funciones inherentes al antiguo escalafón de Oficiales, con el rango de Oficiales Subalternos (Oficial Principal) y Oficiales Jefes (Subcomisario y Comisario). Los Capitanes (Oficiales de conducción art. 28, ley 13.201) fueron, Jefes de Comisaría, Jefe de Sección, Jefe de Subcomisaría, Segundo Jefe de Comisaría, etcétera.
Señala que con la entrada en vigencia de la ley 13.982, si bien se habla de un único escalafón, en realidad se dividió en el Subescalafón Comando con las funciones de los antiguos Oficiales quienes pueden acceder a cargos de conducción y dirección, y los antiguos Suboficiales del Subescalafón General, con las funciones de los antiguos Suboficiales y Tropa del decreto ley 9.550/80.
Denuncia que ello vulnera el principio constitucional de igualdad al disponer un tratamiento manifiesta y lesivamente diferenciado para el personal de igual jerarquía y atribuciones en todos los grados, ya que la ley 13.201 sí contemplaba un único escalafón sin diferencia en cuanto al origen. Indica que de dos Capitanes iguales de la ley 13.201, uno pasó a ser Comisario y Oficial de Conducción, y el otro pasó a ser Capitán o Mayor despojado de funciones, potestades disciplinarias y subordinada a sus anteriores subalternos.
Acusa que el actor durante su carrera alcanzó el rango de Suboficial Superior, escalón 11 considerando las jerarquías desde Comisario General hasta Agente y escalón 6 en sentido contrario, y ahora con el artilugio de la ley 13.982 se encuentra en el escalón 14 o 4, con iguales o menos funciones.
Con ello, sostiene que la ley 13.982 discrimina irrazonablemente a quienes la ley 13.201 había considerado iguales, perjudicando las carreras y posibilidades de unos, mientras que preserva y mejora la de otros. Denuncia que no sólo viola el derecho de igualdad, sino que afecta el principio de progresividad, colocándolos dos o tres escalones más abajo.
Señala que el propio Poder Ejecutivo reconoce que con la implementación de la ley 13.982 se vieron relegados salarialmente en dos grados quienes se habían retirado en los dos últimos grados de su carrera al tiempo de la vigencia del decreto ley 9.550/80, cuando elevó los proyectos de las leyes 14.382 y 14.383, los que trascribe.
Con lo expuesto sostiene lo absurdo de la decisión de la Cámara, que no tuvo por acreditada la inconstitucionalidad de la ley 13.982, cuando surge de su art. 76 y de su anexo II que no se adecuó a los fines que supuestamente pretende alcanzar, consagrando una manifiesta discriminación peyorativa para el personal proveniente del escalafón de Suboficiales y Tropa del decreto ley 9.550/80, y que el tiempo que estuvo vigente no guardó coherencia con las reglas constitucionales, sino que por el contrario ha sido altamente repugnante de la misma.
Sostiene que el absurdo también se evidencia en que el Tribunal de Alzada rechazó una pretensión distinta a la pretendida por el actor, cual sería la correcta equiparación y no el reescalafonamiento.
II.2. Por último, solicita la declaración de oficio de la inconstitucionalidad del art. 76 de la ley 13.982 y de su anexo II, por los argumentos ya dados, y con ello la admisión de la pretensión entablada.
III. Adelanto que el recurso no prospera.
Seguiré, en el tratamiento de los agravios, los fundamentos expuestos en la causa A. 72.862, "Boyezuk", sentencia de 18-X-2017, sustancialmente análoga a la presente, en la que presté mi adhesión al distinguido colega que inició ese acuerdo.
III.1. El impugnante señala que obtuvo su calidad de pasivos revistando en la jerarquía de Sargento Ayudante del escalafón de Suboficiales Superiores del Agrupamiento Servicios del decreto ley 9.550/80 (art. 18), la cual constituía la sexta jerarquía de ocho posibles en la carrera de Suboficiales y que, posteriormente, fue correlacionado salarialmente (a fin de percibir haberes en igualdad al personal en actividad) con el grado de Teniente del Subescalafón Servicios Generales (grado 4to., equiparable a los Suboficiales Subalternos del dec. ley 9.550/80). Que tal correlación salarial motivó que quienes se habían retirado en los últimos grados de su carrera (al tiempo de la vigencia del dec. ley 9.550/80 y modif.) hoy se encuentren relegados salarialmente respecto al nuevo escalafón instituido por la ley 13.982, lo que resulta una violación a los arts. 14 bis, 16 y 17 de la Constitución nacional; 11, 31 y 39 de la Constitución provincial, en tanto afecta el principio de igualdad y de progresividad.
III.1.a. Cabe recordar que la función específica del agrupamiento servicios se encontraba delimitada en el art. 16, asignándole "la misión de colaborar con el personal del Agrupamiento Comando, en todos aquellos aspectos que concurran a posibilitar el mejor cumplimiento de la misión de la Policía, a cuyo fin desempeñará cargos o funciones afines a su especialidad...". Dicha normativa establecía diferencias bien marcadas de este agrupamiento con el denominado comando en cuanto a sus deberes ya que, luego de enumerar los que corresponden al personal del Agrupamiento Comando (art. 14) excepcionaba a los del agrupamiento servicios de los deberes determinados en los incs. "a", "b", "c" y "d" del citado art. 14 y, con relación a los derechos, ya que el art. 21 exceptuaba al personal del agrupamiento servicios de los derechos atribuidos al agrupamiento comando en los incs. "f" y "g" del art. 15. Finalmente, respecto a la relación jerárquica entre los distintos Agrupamientos, el art. 30 determinaba el siguiente orden de prelación: a) agrupamiento comando, b) agrupamiento servicios y c) agrupamiento personal civil, disponiendo expresamente que: "...el Agrupamiento Comando no podrá ser subordinado al Agrupamiento Servicios ni al Agrupamiento Personal Civil...".
Como puede observarse, no surge que el denominado "estado policial" igualara a todos los miembros de la fuerza. Por el contrario, expresamente se preveía que se trataba de situaciones jurídicas diferenciadas, de acuerdo al agrupamiento al que perteneciera el agente.
III.1.b. El nuevo régimen de la ley 13.201 sigue una lógica similar y estableció en su art. 1 que "...será de aplicación para el personal de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, el cual tendrá estado policial". Aunque aquí expresamente se estipula que dicho estado comprende el desempeño efectivo y excluyente de tareas de prevención, investigación, disuasión y/o uso efectivo de la fuerza. Su ejercicio implica el conjunto de derechos, deberes y prohibiciones que tiene dicho personal, quien lo conserva después de cesar en el servicio activo, excepto que el cese se produzca por baja (art. 3).
Es decir que el referido estado policial alcanza a aquellos agentes que en el anterior régimen del decreto ley 9.550/80, se encontraban encasillados en el agrupamiento comando.
Luego, el decreto 1.766/05 -cuya constitucionalidad no ha sido objetada en este proceso- reguló la situación del Personal de Apoyo de las Policías provinciales (ex agrupamiento servicios). Allí se establecieron las correlaciones escalafonarias ubicando al escalafón "Servicios Generales" como "Agrupamiento Servicios Generales del nuevo escalafón" (anexo 1.d.) y al escalafón profesional, administrativo y técnico como "Agrupamiento Servicios (dec. ley 9.550/80) en el nuevo escalafón" (anexo 1.e.), normas luego modificadas por el decreto 2.197/05.
III.1.c. Específicamente en relación al personal en situación de pasividad -como los aquí actores- se dictó la ley 13.236, que modificó el régimen legal de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía provincial.
El art. 27 de la misma dispuso que "Los importes de los beneficios establecidos en esta ley son móviles en el marco del escalafón perteneciente al momento del cese [...] Al sólo efecto de garantizar la movilidad del haber de los beneficiarios de la Caja [...] que hayan accedido al beneficio previsional revistando en cualquiera de los agrupamientos previstos en el decreto-ley 9.550/80 el Poder Ejecutivo deberá, por vía reglamentaria, establecer las equivalencias por correlación de niveles salariales, cargos entre el nuevo régimen normado previsto en la ley 13.201 y el regulado por el decreto-ley 9.550/80".
El decreto 2.382/05, reglamentario de la ley 13.236, estableció un nuevo régimen previsional para el personal en pasividad y en su art. 21 dispuso que "La garantía de movilidad del haber previsional de los beneficiarios de la Caja [...] que hubieran accedido al beneficio revistando en el escalafón de Oficiales o Suboficiales del decreto ley 9.550/80 resultará de la siguiente normativa aplicable: [...] b) Para el Agrupamiento Servicios, del criterio de reconversión del personal policial expuesto por el anexo 1.d) y 1 e) del dec. 1.766/05, modificado por su similar 2.197/05...". Mediante este último se reencasilla tanto al Suboficial Primero como al Sargento Ayudante del decreto ley 9.550/80, en la jerarquía de Subteniente prevista en el art. 32 de la ley 13.201.
Posteriormente, se modificó nuevamente el régimen mediante la sanción de la ley 13.982, por la que se crearon nueva
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