Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74622
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
A.74.622 “MARTINEZ MIGUEL ANGEL C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION ANULATORIA. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—“
La Plata, 20 de febrero de 2019.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Soria, Genoud y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata revocó la sentencia de primera instancia que, a su turno, hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por el señor Miguel Ángel Martinez por la que perseguía la anulación de la resolución n° 314/08 y su confirmatoria n° 997/09 dictadas por el Directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires, mediante las cuales se dispuso una sanción de veinte días de suspensión y un cargo patrimonial por la suma de $ 591.116,50, -sujeto al resultado de las acciones iniciadas contra el señor Jorge Oscar Indile, subgerente operativo implicado-, en el sumario administrativo n° 11.925, al considerar que su conducta vulneró las obligaciones previstas en los arts. 21 incs. a), m) y t) del Estatuto para el Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, y 24 inc. c) del Reglamento de Disciplina.
Cabe mencionar que el cargo le fue efectuado en tanto, en su carácter de tesorero de la sucursal, habría suscripto -sin constatar la existencia de la documentación demostrativa de la legitimidad del origen de los fondos-, como colibrador, 54 cheques financieros girados sobre la cuenta corriente n°1.0575/7 radicada en la Sucursal Buenos Aires, a nombre de la Sucursal Ituizangó de la misma entidad, por la suma total de $1.182.233.
Para así decidir, la a quo comenzó por señalar que la normativa aplicable en la que se basó la resolución atacada (punto 4.1 de la Circular 22, Parte II del Grupo 2), impone la realización de una transacción combinada en back office , implicando ello que la operación indefectiblemente debe pasar por Tesorería donde se valida el comprobante respectivo y luego se interviene la boleta intersucursal, circunstancia que no habría ocurrido en este caso, al comprobarse que la cuenta corriente de la filial se sustentó mediante asientos internos generados únicamente en la contaduría, afectándose así rubros internos del Banco sin la intervención necesaria de la tesorería.
En tal sentido la Cámara interviniente entendió que la sanción disciplinaria resultaba legítima en tanto se encontraba acreditada la existencia del actuar irregular del actor que permitió la realización de las maniobras expuestas.
Para más, el Tribunal de Alzada destacó que tal circunstancia fáctica no fue controvertida por el agente en oportunidad de presentar su descargo ni en su escrito de demanda, y tal proceder ratifica la comisión de una operatoria irregular cuya habitualidad, no es fundamento bastante para considerar que los actos administrativos cuestionados en autos se encuentren viciados en su objeto, al contener un error vinculado al derecho aplicable, tal como lo apuntara el magistrado de primera instancia.
A su vez la Cámara interviniente resaltó que la actuación del accionante fue determinante en las maniobras que aquí se expusieron, las que no se pudieron haber configurado sin la suscripción conjunta de los 54 cheques emitidos, al tiempo que su carácter de tesorero impide relevarlo de responsabilidad en una operatoria cuyas características debía conocer en tanto se requería la intervención final del área a su cargo.
Por otra parte señaló que la defensa de "obediencia debida" expresamente regulada en el art. 16 del Reglamento de Disciplina, alegada por el actor y que fuera estimada por el juez de grado, no se halla configurada en el supuesto de autos, toda vez que no surge que el señor Martínez hubiera manifestado al menos alguna reserva, máxime considerando que ocupaba el cargo de tesorero para cuyo desempeño se requiere, como mínimo, la idoneidad necesaria como para efectuar la pertinente distinción entre lo que es lícito e ilícito.
Por último desestimó el planteo referente al acto que decidió sobre la gratificación especial prevista para el personal que se desvincula de la entidad demandada al no haber sido materia objeto de debate por cuanto su dictado fue posterior a la traba de la litis.
Revocó de ese modo el decisorio apelado (v. fs. 233/236).
II. Frente a ello, el actor vencido interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el cual esgrime que el fallo atacado incurre en violación a la garantía del debido proceso y al derecho de defensa en juicio a la vez que resulta arbitrario y absurdo en tanto ha omitido valorar los elementos probatorios esenciales de la causa habiendo ponderado otros.
Señala en tanto que la decisión de la Cámara vulnera lo normado por los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18 de la Constitución Nacional y de la normativa específica en materia financiera y disciplinaria que rige el caso.
III. El remedio no debe prosperar, atento a la deficiencia técnica que porta (art. 279, CPCC y 31 bis de la ley 5827).
IV. 1. Es clara la doctrina del Tribunal, respecto de que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 72.983, "Miranda", sent. de 29-XI-2017, A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018; A. 74.077, "Sisul", resol. de 3-V-2018)).
Asimismo ha reiterado esta Corte que si la quejosa limita su labor impugnativa a expresar su mera disconformidad con lo decidido por el tribunal de grado, sin cumplir con las directivas que involucra el tránsito por la instancia extraordinaria, y en momento alguno de su desarrollo argumental propone una réplica concreta y directa a los fundamentos esenciales del fallo, va de suyo que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida (doctr. causas A. 73.545, "D' Aloisio", resol. de 27-XII-2017; A. 74.328, "Cifuentes", resol. de 11-VII-2018, entre otras).
De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (doctr. causa A. 70.225, "Tejerina", sent. de 1-VI-2011 y resol. causas A. 73.960 y A. 74.077 cits., entre otras).
En tal sentido, se evidencia que los argumentos esbozados por el recurrente no pasan de expresar un mero criterio divergente respecto a la vigencia de reglamentación alguna que le imponga el deber de control en los libramientos de cheques cuya omisión fue considerada al decidir su sanción o la oportunidad en la introducción del planteo referente a la gratificación especial para el personal que se desvincula de la entidad, sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos dados por el Tribunal de Alzada para resolver la cuestión del modo en que lo hizo.
Ello por cuanto la recurrente denuncia la existencia de un supuesto de violación de la normativa aplicable acerca de la interpretación que correspondería efectuar a lo dispuesto en la Circular "A" 15.374 y la 22, Parte II del Grupo 2, sin desarrollar fundadamente en qué consiste la violación de la ley que endilga al fallo atacado.
La sentencia de Cámara dio una expresa resolución a esta temática al expresar que la normativa que rige el caso impone la intervención de la Tesorería en una operación combinada con el área de contaduría debiendo a su vez validar el comprobante surgido luego del back office para autorizar la transacción, fundamento que no fue rebatido adecuadamente por la recurrente quien sólo insiste en la formulación de una interpretación divergente.
De allí cabe concluir que los agravios expresados en el escrito recursivo lucen como meras afirmaciones dogmáticas, pues no constituyen una crítica concreta a los fundamentos dados por el pronunciamiento impugnado (conf. causa A. 70.339, "Buschiazzo", sent. de 6-VIII-2014).
IV. 2. Asimismo deviene insuficiente aquel remedio cuyos argumentos más que evidenciar un yerro de índole normativa se dirigen a enrostrarle a la Cámara una equívoca fijación de los hechos y valoración de la prueba agregada a la causa, todas circunstancias privativas de los jueces de las instancias ordinarias cuya impugnación, sabido es, solo puede ser eficazmente esgrimida mediante la denuncia y demostración de absurdo en la respectiva apreciación del sentenciante (doctr. causas A. 70.683, "Sforza", sent. de 31-VIII-2011; A. 71.891, "Valentini", sent. de 3-XII-2014; A. 70.165, "García Urcola", sent. de 4-XII-2016).
En tal marco, la crítica del impugnante no exterioriza más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa y analizarse la suficiencia de la expresión de agravios de la contraria, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (doctr. causa A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016; A. 73.265, "Vélez", sent. de 21-VI-2017, A. 74.757; "Lucio", resol. de 21-XI-2018, entre tantas).
IV. 3. A su vez, en punto a la vulneración de la Circular 22, parte II del grupo 2, la Circular "A" 15.734 - analizada en el apartado IV.1-, el art. 16 del Régimen Disciplinario y la Circular 7, parte IV del grupo 44 que rigen la materia, el recurrente no se encarga de desarrollar adecuadamente tal agravio.
Ha decidido reiteradamente esta Corte que quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos legales no hace otra cosa que anticipar una premisa cuya inmediata demostración debe hacer en el mismo escrito, no resultando suficiente a ese efecto la mera exposición de un criterio interpretativo distinto al del juzgador (doctr. causas A. 73.688, "Randello", sent. de 18-X-2017; A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018; A. 74.629, "Vázquez", resol. de 5-XII-2018), tal como acontece en la especie.
IV. 4. Por último, deviene inidónea para mejorar la suerte adversa del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la denuncia de infracción de cláusulas constitucionales, que sería eventual consecuencia de haberse infringido preceptos legales de la materia de que se trata, si esto último, como ya se dijo, no es previamente demostrado (doctr. causas A. 71.682, "Casado", sent. de 22-X-2014; A. 72.672, "Regner", sent. de 14-VI-2017; A. 72.052, "Benítez", sent. de 17-V-2017).
IV. 5. Lo expuesto alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-So-Ge-Ko
Reg. Nº 23
Fin de la sentencia