Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74661
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (art. 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, Cód. cit.).
A.74.661 "CASADEI MABEL BEATRIZ C/ CAJA DE RETIROS, JUB. Y PENS. DE LA POLICIA DE LA PROV. BS. AS. S/ PRETENSION ANULATORIA. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—"
La Plata, 07 de marzo de 2019.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Soria, Genoud y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, había desestimado la demanda de reconocimiento de derechos deducida por la señora Mabel Beatriz Casadei contra la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires por la que persigue la declaración de invalidez de las resoluciones nº 75.032 y n° 75.935 dictadas en el expediente administrativo nº 2138-113.719/07 por el directorio de la demandada, que le denegaran el beneficio de pensión derivado del fallecimiento de su cónyuge, Ricardo Agustín Álvarez.
Cabe reseñar que, tal como quedó acreditado en las actuaciones, la actora y el causante -quien se había casado en primeras nupcias el día 14.VIII.1979, y cuya declaración de divorcio vincular acaeció el 10.VI.1999- contrajeron matrimonio en la República del Paraguay el 25.XI.1985, vínculo que se mantuvo hasta el año 2002 en que se produjo la separación de hecho que subsistió hasta el fallecimiento del señor Álvarez el día 26.X.2005.
Sobre esa base la demandada entendió que ante la vigencia de un matrimonio anterior la requirente no revestía el carácter de cónyuge y en tal hipótesis debía encuadrarse su petición conforme a lo establecido por el art. 43 inc. b) de la ley 13.236, analizado el cual, no se acreditaba unión concubinaria a la fecha del deceso.
Por otra parte el órgano previsional estimó que de considerar un eventual tratamiento desde la óptica de lo normado por el art. 47 del mismo cuerpo legal, la actora tampoco abastecía tal supuesto fáctico en tanto no se habían demostrado cumplidos los requisitos de provisión de alimentos por parte del causante o la voluntad de unirse previa al fallecimiento. En tal sentido se expidió.
Rechazada la pretensión por el magistrado de origen e interpuesto el recurso de apelación por la accionante, el Tribunal de Alzada, en el mismo sentido que emanaba de la sentencia de grado comenzó por despejar la cuestión relativa a la invalidez del matrimonio celebrado en el exterior, descartando con ello la hipótesis de convivencia para encuadrar el caso en debate en las previsiones del art. 47 citado al tratarse de una viuda separada de hecho.
Desde esa óptica consideró que ni de los testimonios rendidos en las actuaciones ni de los prestados en sede administrativa, puede extraerse efectivamente la exteriorización de una voluntad de unión de los cónyuges separados de hecho. Señaló la carencia de conductas capaces de sostener la intención de reanudar la convivencia y que el intento de demostrarla sólo se basaba en la apreciación personal de los testigos.
Estimó que la impugnación intentada en este aspecto, adolece de eficacia, al traducirse en el mero descontento de la recurrente con la tarea del juez sin aportar al proceso datos objetivos que permitan inferir una conducta común dirigida a tal objetivo.
Agregó, que en igual condición se encontraba el segundo de los presupuestos exigibles para invalidar los efectos de la separación de hecho y recobrar la vocación pensionaria, ello en virtud de la insuficiencia probatoria que intentaba demostrar la existencia de asistencia alimentaria del causante, lo que conlleva a la misma solución contraria a la pretendida.
Para más, subrayó que la postura presuncional que ensaya la recurrente en dirección a establecer que la buena relación entre los cónyuges tornaría innecesaria la instrumentación de una cuota alimentaria, no es eficaz para desvirtuar la exigencia legal que pondera la sentencia apelada.
Finalmente, la Cámara interviniente desestimó el argumento de discriminación traído en el intento por descalificar la regla legal establecida por el art. 47 de la ley 13.236 en su comparación con el régimen general del decreto ley 9650/80, al advertir tanto que la cuestión no había sido introducida oportunamente en el debate como que implicaba la necesidad de una descalificación aplicativa que tampoco fue requerida por la actora.
Confirmó de ese modo el decisorio apelado (v. fs. 150/155).
II. Frente a ello, la actora vencida, a través de su letrado apoderado, interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el cual esgrime que el fallo atacado no ha evaluado correctamente la ley aplicable ni las cuestiones esenciales vinculadas con el derecho que corresponde al caso.
Concretamente cuestiona la interpretación restrictiva que efectúa la a quo de la normativa que rige el caso -art. 47 de la ley 13.236-, en tanto considera que cercena los derechos de la accionante.
Continúa por denunciar que la Cámara interviniente ha realizado una absurda valoración de la prueba en torno a la acreditación de la voluntad de unión que residiría en la accionante.
Finalmente invoca la aplicación al caso de un régimen que considera más benigno, como es el establecido por el decreto 9650/80.
Sobre estos últimos agravios reedita argumentos vertidos en ocasión de apelar (v. fs. 159/168).
III. El remedio no debe prosperar, atento a la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis de la ley 5827).
En tal sentido, los argumentos esbozados por la recurrente no pasan de expresar un mero criterio divergente respecto a la normativa previsional del caso cuya aplicación considera restrictiva, sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos dados por el Tribunal de Alzada para resolver la cuestión del modo en que lo hizo.
Por ello, resulta de aplicación la doctrina de esta Suprema Corte que prescribe que si el quejoso limita su labor impugnativa a expresar su mera disconformidad con lo decidido por el tribunal de grado, sin cumplir con las directivas que involucra el tránsito por la instancia extraordinaria, y en momento alguno de su desarrollo argumental propone una réplica concreta y directa a los fundamentos esenciales del fallo, va de suyo que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida (doctr. causas A. 70.261, "Levaggi", sent. de 5-X-2011; A. 74.493, cit. entre otras).
De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (doctr. causas A. 70.225, "Tejerina", sent. de 1-VI-2011; A. 70.986, "Transportadores Unidos S.A", sent. de 28-XII-2016, entre otras).
IV. 2. Con mayor razón ello resulta de estricta aplicación cuando, como sucede en el caso, los argumentos del recurrente además de evidenciar un yerro de índole normativa se dirigen a enrostrarle a la Cámara una equívoca fijación de los hechos y valoración de la prueba agregada a la causa, todas circunstancias privativas de los jueces de las instancias ordinarias cuya impugnación, sabido es, solo puede ser eficazmente esgrimida mediante la denuncia y demostración de absurdo en la respectiva apreciación del sentenciante (doctr. causas A. 70.683, "Sforza", sent. de 31-VIII-2011; A. 71.891, "Valentini", sent. de 3-XII-2014; A. 70.165, "García Urcola", sent. de 4-XII-2016).
Sin embargo, tal agravio no se configura con la mera discrepancia de criterio, sino cuando media una cabal demostración de su existencia, que implica acreditar un error palmario, grave y manifiesto que conduzca a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa (doctr. causas A. 70.716, sent. de 4-XII-2013; C. 116.914, sent. de 19-III-2014; A. 72.514, "Visa Argentina S.A.", sent. de 21-XII-2016).
IV. 3. Para más, se observa que los agravios planteados en esta instancia extraordinaria fueron expresamente tratados y rechazados por la Cámara interviniente, haciendo aplicable la doctrina de este Tribunal que dispone que es insuficiente para lograr una réplica adecuada y eficaz de lo decidido, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley basado en la mera reiteración de argumentos esgrimidos -y rechazados- en la instancia anterior (doctr. causas A. 71.506, "La Baskonia S.A.", sent. de 19-XII-2012; A. 73.163, "Negrelli", sent. de 30-III-2016; A. 71.561 "De Marziani", sent. de 7-IX-2016), como así también aquélla que establece que la casación no es una tercera instancia donde se examina nuevamente el litigio, ni la pieza recursiva puede sin más pretender reemplazar en su discurrir las reflexiones de la Cámara (doctr. causas Ac. 73.569, "Pes de Diamante", sent. de 20-IX-2000; A. 74.440, "Amarillo", resol. de 10-X-2018).
Lo expuesto alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (art. 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, Cód. cit.).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-So-Ge-Ko
Reg. Nº 47
Fin de la sentencia