Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74281
En la ciudad de La Plata, a 29 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Soria, Genoud, Negri , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.281, "Rodríguez, Armando y otros contra Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía y otros. Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmó la sentencia de primera instancia, imponiendo las costas en el orden causado (art. 51 -texto según ley 14.437-, CCA; v. fs. 360/364).
Disconforme con dicho pronunciamiento, los actores interpusieron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 367/388), el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 391/392.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 399), agregado el memorial de la demandada a fs. 404/409 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmó la sentencia de primera instancia, que a su turno desestimó la pretensión anulatoria entablada contra el acto de aplicación del reescalafonamiento previsto por el nuevo régimen de la ley 13.982 en la nueva distribución jerárquica para la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en su aplicación a los pasivos (dec. 3.000/10 y art. 27, ley 13.236), que denunciaran inconstitucional, pretendiendo se liquiden sus haberes conforme a la jerarquía de Mayor (y no la obtenida a partir de la equiparación de cargos).
I.1. Para así decidir, señaló que los recurrentes alcanzaron la jerarquía de Suboficial Mayor del Agrupamiento Comando, previsto en el decreto ley 9.550/80 y luego fueron reescalafonados en el rango de Teniente bajo el régimen de la ley 13.201, donde obtuvieron su retiro.
Advirtió, en primer término, que el planteo enderezado a obtener un reconocimiento de un mayor cargo en la estructura orgánica funcional -implementada por la ley 13.982- encontrándose en pasividad, resultaba inatendible toda vez que se encuentra en pugna con lo dispuesto por el art. 57 de dicha ley, cuya constitucionalidad no ha sido cuestionada y que específicamente dispone: "El retiro es definitivo, cierra el ascenso y produce vacantes en el grado y escalafón a que perteneciere el agente en actividad".
Indicó que los actores desconocieron el principio que niega la existencia de un derecho adquirido al mantenimiento de las leyes, sin que ello sea óbice para que una nueva legislación modifique esas perspectivas.
Señaló que, de lo contrario, si se admitiera el reajuste de la prestación jubilatoria en mérito a posteriores modificaciones escalafonarias, se daría el derecho a alcanzar cargos de una jerarquía que nunca desempeñaron, por estar previsto en una planta orgánica de la que ni siquiera han formado parte.
Agregó que esta Suprema Corte estableció al respecto que "la modificación de leyes por otras posteriores no da lugar a cuestión constitucional alguna, ya que nadie tiene un derecho adquirido a su mantenimiento ni a su inalterabilidad". En este orden, se ha denegado la posibilidad de invocar un derecho adquirido a la carrera y a los ascensos, para oponerse a cambios normativos en la estructura policial, estableciendo que "con respecto a la alegación del actor, en el sentido de que gozaba de un derecho adquirido, considero que sólo tenía una expectativa de invocar a su favor la aplicación del régimen creado, pero ésta no pudo concretarse pues el régimen ha sido reformado. Además, resulta aplicable la doctrina que establece que nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentaciones" (causa B. 59.399, "Navarro", sent. de 20-VI-2007).
En segundo término, y en orden a la censura constitucional que predica la parte actora para la ley 13.982 y sus reglamentos de ejecución, indicó que toda pretensión de reconocimiento de ascensos supone una fuente indubitada en el derecho a la carrera del agente, que siempre remite al servicio activo y que concluye con la situación de pasividad (con cita de precedentes en que tuvo oportunidad de pronunciarse al respecto).
Sostuvo que el reencasillamiento generado a partir de las disposiciones generales de la ley 13.982 (anexos I y II), en su aplicación a los pasivos (dec. 3.000/10; conf. art. 27, ley 13.236), no solo expresaba el ejercicio de una potestad del Poder Ejecutivo ejercida sin observaciones de razonabilidad sino, a la vez, un propósito por mantener la regla de proporcionalidad para lo previsto tanto en la ley 13.201 como en el decreto ley 9.550/80 respecto de los nuevos escalafones y en su aplicación al personal de retiro bajo alguno de esos regímenes.
Consideró que el criterio de equiparación con los activos mostraba armonía con el principio de movilidad y que el intento de demanda excedía ese parámetro de uniformidad. Agregó que el régimen de equiparación que sucediera a la ley 13.982, no generó detrimento en la situación de pasividad de los actores ni retrogradación ninguna en relación con el nivel alcanzado al tiempo de obtener sus retiros.
Con ello concluyó que la solicitud actoral propone un rango mayor de ascenso al reportar disconformidad con el reconocido y obtenido; requerimiento que no se aviene a la regla de clausura de la carrera que quedó consignada, ni deja ver desequilibrio en relación con la conjetura de ascensos que predica el recurso al considerar niveles jerárquicos inexistentes en el nuevo régimen y por lo tanto insusceptibles a toda consideración, más allá de la equivalencia efectivamente lograda.
Agregó que ese resultado no implicó el despojo que es objeto de señalamiento en el recurso y que significó, en cambio, una nivelación con el personal en actividad pese a la consumación de su situación en un nivel cerrado al tiempo del estado de pasividad.
I.2. Por último, consideró que la decisión adoptada en la instancia de grado se encontraba debidamente fundada en la ley 14.382, sin que surjan elementos que desautoricen esa plataforma, pues ella carece de efectos retroactivos que deriven en un desenlace distinto y que sea relativo a diferencias por lapsos anteriores a su vigor. Indicó que específicamente por su art. 3 dispone que sus efectos salariales, de conformidad con el art. 18 inc. "b" de la ley 13.236, serán a partir de los treinta días de su publicación.
Del mismo modo, advirtió insatisfactorios los argumentos traídos a esa alzada, a fin de obtener un reconocimiento de la jerarquía de "Mayor" con un alcance más amplio que el otorgado por el legislador con la sanción de la ley 14.382, pues el derrotero recursivo delineado aparecía desprovisto de elementos de convicción que le otorguen anclaje, en la medida que ese propósito intentaba superar una limitación temporal hacia atrás cuya legitimidad quedará expuesta en el conjunto de razones expresadas en la causa 13.666, que dio por reproducidas.
En suma, concluyó que los argumentos ensayados por el accionante, a fin de alzarse contra el pronunciamiento desestimatorio de su reclamo por una mejora del estatus del empleo -una vez alcanzada la pasividad y que a esta se traslade- que en su propia línea de razonamiento configuraría una expectativa, carece de anclaje posible en la medida en que no lograron demostrar que el ordenamiento jurídico aplicable la establezca con el carácter de derecho adquirido o bien, que las normas respectivas adolezcan de defectos que las pongan en pugna con las cláusulas constitucionales.
De este modo, consideró que la motivación del fallo recaído en la anterior instancia, se mantenía incólume frente a la impugnación del accionante, tanto en su sustento fáctico como en sus fundamentos jurídicos, que no exhiben el error de juzgamiento que predica el recurrente.
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia violación de los arts. 14 bis, 16 y 17 de la Constitución nacional; 11, 31 y 39 de la Constitución provincial; del principio de progresividad y del derecho adquirido al nivel escalafonario y la inconstitucionalidad del reescalafonamiento operado por la ley 13.982. Por último, acusa absurdo en la interpretación de la pretensión entablada.
II.1. Sostiene que la jerarquía de Suboficial Mayor del Agrupamiento Comando previsto en el decreto ley 9.550/80 del Personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, constituía la octava jerarquía de ocho posibles en la carrera de Suboficiales, cuyas funciones estaban establecidas en forma no taxativa en el art. 149 del decreto reglamentario 1.675/80. Alega que con la entrada en vigencia de la ley 13.201 se produjo la unificación de escalafones, es decir, el escalafón de Suboficiales compuesto de ocho jerarquías y el de Oficiales compuesto de nueve se fusionaron en un solo escalafón de nueve jerarquías, de manera que quienes habían sido suboficiales contaban ahora con la posibilidad de acceder a los cargos de conducción y dirección (que antes estaban reservados únicamente para Oficiales).
Relata que así algunos Suboficiales alcanzaron las jerarquías de Teniente Primero y Capitán, categorías estas a las que habían sido reencasillados Oficiales Principales (Teniente Primero), Comisarios y Subcomisarios (Capitanes) del decreto ley 9.550/80. Así quienes provenían del escalafón de Suboficiales y Tropa, que alcanzaron la jerarquía de Teniente Primero y Capitán, fueron facultados a ejercer funciones inherentes al antiguo escalafón de Oficiales, con el rango de Oficiales Subalternos (Oficial Principal) y Oficiales Jefes (Subcomisario y Comisario). Los Capitanes (Oficiales de Conducción, art. 28, ley 13.201) fueron Jefe de Comisaría, Jefe de Sección, Jefe de Subcomisaría, Segundo Jefe de Comisaría, etcétera.
Señala que con la entrada en vigencia de la ley 13.982 se habla de un único escalafón, pero que en rigor de verdad se divide en el Subescalafón Comando con las funciones de los antiguos Oficiales del decreto ley 9.550/80, quienes pueden acceder a cargos de conducción y dirección y los Suboficiales del Subescalafón General, con las funciones de los antiguos Suboficiales y Tropa del decreto ley 9.550/80.
Denuncia que de ese modo se vulnera el principio constitucional de igualdad al disponer un tratamiento manifiesta y lesivamente diferenciado para el personal de igual jerarquía y atribuciones en todos los grados, ya que la ley 13.201 sí contemplaba un único escalafón sin diferencia en cuanto al origen. De dos Capitanes iguales de la ley 13.201, uno pasó a ser Comisario y Oficial de Conducción y el otro pasó a ser Capitán o Mayor despojado de funciones, potestades disciplinarias y subordinado a sus anteriores subalternos.
Acusa que los actores durante sus carreras alcanzaron el rango de Suboficial Mayor (dentro de los Suboficiales Superiores), escalón diez (10) considerando las jerarquías desde Comisario General hasta Agente y escalón ocho (8) en sentido contrario, y ahora con el artilugio de la ley 13.982 se encuentra en el escalón cuatro (4) -contado desde abajo- con iguales o menores funciones.
Con ello sostiene que la ley 13.982 discrimina irrazonablemente a quienes la ley 13.201 ha considerado iguales, perjudicando las carreras y posibilidades de unos, mientras que preserva y mejora la de otros. Denuncia que no solo viola el derecho de igualdad, sino que afecta el principio de progresividad, colocándolos dos o tres escalones debajo.
Señala que el propio Poder Ejecutivo reconoce que, con la implementación de la ley 13.982, se vieron relegados salarialmente en dos grados quienes se habían retirado en los dos últimos grados de su carrera al tiempo de la vigencia del decreto ley 9.550/80, al elevar los proyectos de las leyes parches, 14.382 y 14.383, los que trascribe.
Con lo expuesto denuncia lo absurdo de la decisión de la Cámara, la que no tuvo por acreditada la inconstitucionalidad de la ley 13.982, cuando surge de su art. 76 y de su anexo II que no se adecuó a los fines que supuestamente pretendía alcanzar, consagrando una manifiesta discriminación peyorativa para el personal proveniente del escalafón de Suboficiales y Tropa de la ley 9.550. Indica que el tiempo que estuvo vigente no guardó coherencia con las reglas constitucionales, sino que por el contrario ha sido altamente repugnante de la misma.
Sostiene que el absurdo también se evidencia en que el Tribunal de Alzada citó precedentes que no compartían las mismas aristas que el caso de autos y que no resultaban, por tanto, aplicables. Acusa asimismo que nunca efectuó un análisis mínimo de constitucionalidad de las normas ni del anexo II.
Indica que se rechazó una pretensión distinta a la pretendida por el actor, en tanto nunca solicitó un ascenso, sino una correcta correlación de haberes, conforme lo previsto por el art. 27 de la ley 13.236.
II.2. Por último, solicita la declaración de oficio de la inconstitucionalidad del art. 76 de la ley 13.982 y de su anexo II, por los argumentos ya dados, y con ello la admisión de la pretensión entablada.
III. Adelanto que el recurso no prospera.
Seguiré, en el tratamiento de los agravios, los fundamentos expuestos en la causa A. 73.211, "Balbastro", sentencia de 25-IV-2018, sustancialmente análoga a la presente, en la que presté mi adhesión al distinguido colega que inició ese acuerdo.
III.1. Los impugnantes señalan que obtuvieron su calidad de pasivos revistando en los grados de Teniente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en vigencia de la ley 13.201 del Personal en Actividad y la ley 13.236 de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (antes eran Suboficiales Mayores bajo el dec. ley 9.550/80) y que luego, con la sanción de la ley 13.982, fueron mal equiparados. Que tal correlación salarial motivó que quienes se habían retirado en los últimos grados de su carrera (al tiempo de la vigencia del dec. 9.550/80 y modif.) hoy se encuentren relegados salarialmente en dos grados respecto al nuevo escalafón instituido por la ley 13.982, lo que resulta una afectación de la proporcionalidad, igualdad, movilidad y progresividad impuestas por el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial.
III.1.a. Con relación al personal en situación de pasividad -como los aquí actores- se dictó la ley 13.236, que modificó el régimen legal de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía provincial. El art. 27 dispuso que "Los importes de los beneficios establecidos en esta ley son móviles en el marco del escalafón perteneciente al momento del cese [...] Al sólo efecto de garantizar la movilidad del haber de los beneficiarios de la Caja [...] que hayan accedido al beneficio previsional revistando en cualquiera de los agrupamientos previstos en el Decreto-Ley 9.550/80 el Poder Ejecutivo deberá, por vía reglamentaria, establecer las equivalencias por correlación de niveles salariales, cargos entre el nuevo régimen normado previsto en la Ley 13.201 y el regulado por el Decreto-Ley 9.550/80".
III.1.b. Con la sanción de la ley 13.982, se modificó el régimen y se crearon subdivisiones, distinguiéndose el subescalafón comando y el general en el mismo cuerpo normativo, creándose por el art. 29, diez cargos para el primer escalafón y siete para el segundo.
Por el art. 76 se estableció que "El personal que a la fecha de entrada en vigencia de la ley 13.201 revistaba en el escalafón de Suboficiales y Tropa del Decreto Ley N° 9.550/80, pasará a revistar como Oficiales del Subescalafón General a que se refiere el artículo 29 ap. II y serán reescalafonados conforme al Anexo II de la presente Ley. El mismo criterio de reescalafonamiento se aplicará al personal del escalafón Servicios Generales en su respectivo Subescalafón".
En dicho anexo se establece que el expersonal del decreto ley 9.550/09 en actividad, que revistaban en el escalafón Suboficiales y Tropa que habían sido reescalafonados a Subtenientes y Tenientes bajo el régimen de la ley 13.201, pasaran a conformar el agrupamiento general, como Subteniente (si tiene hasta 12 años como Subteniente de la ley 13.201) o como Teniente (si tiene más de 12 años en dicha condición), y quienes habían sido reescalonados como Tenientes pasan como Tenientes (si tienen hasta 16 años en dicho cargo) o como Teniente Primero (en caso de que computase más de 16 años bajo el régimen de la ley 13.201).
Así, y atento al nuevo orden jerárquico en la estructura de la Policía, devino necesario garantizar la movilidad de los haberes de los beneficiarios de la Caja con el personal en actividad, motivo por el cual se dictó el decreto 3.000/10, que incorporó el art. 21 bis al decreto 2.382/05 (reglamentario de la ley 13.236 de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía), a saber: "art. 21 bis. La garantía de movilidad del haber previsional de los beneficiarios de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, que hayan accedido al beneficio previsional revistando en el escalafón de Oficiales o Suboficiales de la Ley Nº 8269, Decreto Ley Nº 9550/80 y en los grados establecidos por la Ley Nº 13.201 y su Decreto Reglamentario Nº 3326/04 modificado por Decreto Nº 3436/04 y los regidos por el Decreto Nº 1766/05 modificado por su similar Nº 2197/05, resultará del criterio de rescalafonamiento del personal policial expuesto por la Ley Nº 13.982 y su Decreto Reglamentario Nº 1050/09".
Es decir, los agentes en pasividad se reescalafonaron igual que los agentes en actividad.
III.2.a. Del análisis de las normas aplicables al caso surge que el Poder Ejecutivo estableció, por vía reglamentaria, las equivalencias por correlación de cargos entre el anterior régimen del decreto ley 9.550/80 y el de la ley 13.201, luego sustituida por ley 13.982, y del decreto 1.766/05 (personal de apoyo), en cumplimiento de lo exigido por el art. 27 de la ley 13.236, respetando la identidad con el reescalafonamiento efectuado legislativamente para quienes se encontraban en actividad.
De lo que surge prima facie la legitimidad de las normas analizadas, de las que no se advierte exceso en el ejercicio de las facultades reglamentarias.
III.2.b. Tampoco se advierte un trato discriminatorio hacia la situación jurídica de los accionantes, agravio que fuera tratado por el Tribunal de Alzada, quien advirtió que la discriminación que predican los recurrentes no se aviene a un criterio de equivalencia en el que los años de servicio de los actores, ni su transcurso por los niveles que pregonan, puedan considerarse fuente suficiente para condicionar el ejercicio de una potestad que solo ha procurado nivelar la situación de los activos y pasivos, siendo que estos últimos han clausurado su situación en la carrera en el preciso momento de obtener el beneficio consecuente.
Señaló al respecto que los apelantes no demostraron que otras situaciones, en igualdad de condiciones a las suyas, hayan sido tratadas en el régimen normativo de un modo diferente y en su perjuicio, y agregó que el régimen de equiparación que sucediera a la ley 13.982, no generó detrimento en la situación de pasividad de los actores ni retrogradación ninguna en relación con el nivel alcanzado al tiempo de obtener sus retiros y que por el contrario su solicitud propone un rango mayor de ascenso al reportar descontento con el reconocido y obtenido; argumentos estos que llegan incólumes a esta i
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