Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74366
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289, in fine, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 29 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Genoud, Kogan, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.366, "Ates, Gabriela contra Provincia de Buenos Aires. Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata confirmó la sentencia de primera instancia por la cual se hizo lugar a la acción promovida en autos y se declaró la nulidad de las resoluciones 694/08 y 343/10 dictadas por la Procuración General de esta Suprema Corte de Justicia (v. fs. 173/179).
Disconforme con ese pronunciamiento, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 183/190), el que fue concedido por la Cámara actuante a fs. 192/193.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 198), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1. La actora promovió demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires (Procuración General de la Suprema Corte de Justicia) solicitando la anulación de las resoluciones 694/08 y 343/10, mediante las cuales se dispuso, por la primera, aplicarle la sanción de llamado de atención en su desempeño como agente fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción n° 5 de San Pedro, del Departamento Judicial de San Nicolás, y mediante la segunda, rechazar el recurso de reconsideración interpuesto contra la misma.
Relató que la sanción fue aplicada por entender que se encontraba acreditada su responsabilidad administrativa toda vez que se había constatado la falta de impulso necesario y válido diligenciamiento de las medidas probatorias útiles tendientes a promover y ejercer la acción penal y practicar la investigación penal preparatoria, comprometiendo el prestigio y eficacia del servicio de justicia; ello en el marco de la investigación originada por la denuncia efectuada por el Técnico del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) con fecha 19 de junio de 2007, refiriendo haber sido víctima de lesiones y amenazas mientras realizaba tareas de control en una estación de servicio.
I.2. El juez del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata resolvió hacer lugar a la demanda promovida por la actora y declarar la nulidad de las resoluciones cuestionadas, advirtiendo que el sumario instruido fue en base a cuestiones que hacen al desempeño propio de sus funciones en el cargo de agente fiscal, aspectos en los cuales el órgano sumariante carece de competencia.
Señaló asimismo la existencia de una serie de irregularidades en el curso del procedimiento que afectaron gravemente el derecho de defensa y concluyó entonces que las deficiencias en la emisión del acto sancionatorio fulminaron la juridicidad del acto impugnado.
I.3. Contra esa sentencia la demandada interpuso recurso de apelación (v. fs. 151/157).
I.4. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata confirmó, en lo que aquí interesa, la sentencia de primera instancia (v. fs. 173/179).
Para ello, consideró que la actividad a cuyo despliegue se encontraba habilitada la Procuración General, en el marco de las atribuciones disciplinarias correctivas derivadas del art. 13 inc. 21 de la ley 12.061, se inscribía, sin dudas, en estrictas y excepcionales atribuciones administrativas, de gestión, que respondían a la particular configuración "jerárquica" organizacional del Ministerio Público -aspecto que no se vislumbraba de la relación horizontal existente en relación a los jueces- y, en tal caso, estas facultades disciplinarias no podían tener andamiento ni aplicación en el ámbito funcional ni procesal desplegado por los integrantes del Ministerio Público.
Precisó que de las constancias del sumario administrativo y de los considerandos de la resolución sancionatoria se desprendía que, en el caso, resultó objeto de cuestionamiento el accionar desplegado por la señora agente fiscal Ates -en el marco de una denuncia efectuada por un técnico del INTI por presuntas lesiones y amenazas de las que resultara víctima en el desarrollo de su labor profesional-, en tanto tras haber fijado dos audiencias para recibir testimonio a aquél (conf. art. 308, CPP), y ante su incomparecencia, dispuso el archivo de las actuaciones meritando la inexistencia de elementos suficientes ni indicios vehementes de la perpetración de un delito, para a posteriori , y atento que el señor juez de garantías interviniente resolvió tener al denunciante por presentado en calidad de particular damnificado, designar nueva audiencia para recibir la declaración informativa del art. 308 del Código Procesal Penal, siendo desvinculada de dicha causa -y designado otro agente fiscal para intervenir- por considerar el señor Fiscal General departamental que la actuación de la aquí actora dio muestra de un hacer investigativo escaso y desinteresado.
Advirtió que, en el caso el organismo demandado, se había inmiscuido en la función técnica procesal desplegada por la señora agente fiscal en el desempeño de sus funciones, ámbito en el que no se encontraba habilitado el ejercicio de funciones de superintendencia atribuidos a la Procuración General.
I.5. Disconforme con ese pronunciamiento, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 183/190).
Sostuvo que la Cámara desconoció las potestades disciplinarias de la Procuración General de esta Suprema Corte, con violación de las normas que le atribuyen superintendencia y potestad sancionatoria sobre los integrantes del Ministerio Público, al pretender restringir esas atribuciones a faltas administrativas de los agentes, excluyendo las faltas jurisdiccionales por estimarlas ajenas a esa responsabilidad (arts. 189, Const. prov.; 13 inc. 21, ley 12.061; SCBA Ac. 1887).
Agregó que se incurrió en un error de calificación legal al estimar que las conductas reprochadas a la actora resultaban ajenas a la competencia disciplinaria de la Procuración General, por encuadrarlas como actos jurisdiccionales reservados al criterio individual del agente fiscal, violándose con ello también la estructura jerárquica y piramidal del Ministerio Público Fiscal (art. 1 y sigs., ley 12.061).
Planteó por último que en el caso se encontraba debidamente probada y justificada la falta reprochada.
II. La cuestión traída a esta instancia extraordinaria -con independencia de los argumentos expuestos por los jueces de grado-, vinculada a la impugnación de una sanción disciplinaria de carácter correctivo, se revela como insustancial o carente de trascendencia para ser abordada por el Tribunal (doctr. causas C. 107.383, sent. de 22-VIII-2012; C. 103.088, "Campi", sent. de 13-VIII-2014; A. 73.863, "Rafaniello", sent. de 6-VI-2018; A. 72.794, "Rafaniello", sent. de 13-VI-2018).
Por tales fundamentos, el recurso extraordinario debe rechazarse (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289, in fine, CPCC).
El señor Juez doctor Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289, in fine, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia