Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74395
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y se confirma la sentencia impugnada en cuanto fue materia de debate (art. 289 inc. 2, CPCC).
Las costas se imponen a la vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 29 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri , Kogan , Genoud, Soria se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.395, "Moviglia, Miguel Angel contra Provincia de Buenos Aires. Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata al hacer lugar al recurso deducido por la demandada, revocó la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, desestimó en su totalidad la pretensión del accionante (v. fs. 187/191).
Disconforme con ese pronunciamiento, el actor dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 196/201), el que fue concedido por la Cámara actuante a fs. 203/204.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 209) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. En lo que al recurso extraordinario interpuesto interesa, la Cámara revocó la sentencia de grado que hiciera lugar a la pretensión anulatoria deducida por el señor Miguel Ángel Moviglia contra la resolución del Ministro de Justicia Bonaerense por medio de la cual se rechazó su solicitud de pago de los suplementos por desempeño de cargo y funciones correspondientes al cargo de mayor jerarquía. Ello con sustento en que el referido concepto no estaba contemplado en el ordenamiento vigente.
En tal sentido, la Cámara recordó que el decreto 2.198/05 -aplicable a la situación planteada- no prevé la bonificación por mayor jerarquía o por desempeño de cargo reclamada por el actor.
Explica que dicho cambio normativo ya fue analizado en la causa "Fittipaldi" (CCALP, Expte. 11.740, sent. de 28-VI-2012) cuyos argumentos, si bien referidos a otro suplemento, resultan de aplicación al caso pues, por un lado, el suplemento en cuestión no se encuentra previsto y, por el otro, en este supuesto el actor no ha podido demostrar que su remuneración sufriera un menoscabo en su intangibilidad que merezca ponderación.
Concluyó, que no se configuraron tampoco los vicios por exceso reglamentario atribuidos por el apelante al decreto 2.198/05, en tanto fue dictado en ejercicio de la habilitación legal conferida al Poder Ejecutivo por el art. 23 de la ley de presupuesto 13.154 del año 2004, para regular aspectos de la política salarial y sin transgredir normas de rango superior (arts. 31, Const. nac. y 57, Const. prov.)
II. Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia errónea aplicación de la ley vigente (arts. 26, dec. ley 9.578/80 y 51, dec. 342/81) y violación de principios y garantías constitucionales.
Argumenta que no es aplicable al caso el precedente citado por el Tribunal de Alzada ("Fittipaldi"), ya que en aquel la pretensión del actor estaba dirigida a obtener el restablecimiento del suplemento por título universitario que venía percibiendo en virtud del art. 206 del decreto 342/81, y en la presente se solicitó se reconozcan los montos correspondientes al desempeño de un cargo de mayor jerarquía que no fue abonado por el Servicio Penitenciario Bonaerense, agregando que tampoco fue derogada dicha bonificación por el decreto 2.198/05. Así, alega que las modificaciones introducidas por el citado decreto para el pago de la bonificación por título, no se aplican a las retribuciones que son objeto del reclamo en este juicio.
En su análisis de los alcances del decreto 342/81 -reglamentario del decreto ley 9.578/80- destaca que su título VII ("sueldos y asignaciones") se corresponde con el capítulo IX del decreto ley 9.578/80 ("remuneraciones") y que el decreto 2.198/05 tuvo por finalidad adecuar el monto de los sueldos y bonificaciones de los agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense modificando una bonificación remunerativa y los suplementos por antigüedad y por título universitario (arts. 3, 4 y 5, dec. 2.198/05). En su criterio, el decreto 2.198/05 sustituyó completamente el título VII del decreto 342/81, no alcanzando sus efectos a lo normado en el art. 51 de éste último cuerpo reglamentario, el que -entiende- es el que da fundamento de su derecho a percibir una compensación por desempeño de mayor función.
Concluye que en tanto el art. 51 del decreto 342/81 se encuentra vigente al no haber sido alcanzado por las disposiciones del decreto 2.198/05, referido a ítems generales y habituales que componen la remuneración de los agentes penitenciarios, su pretensión debe prosperar.
Indica que de otro modo se afectaría el principio constitucional de primacía de la realidad (art. 39, inc. 3, Const. prov.), aplicable en este caso toda vez que el ejerció una función que corresponde a un cargo de mayor jerarquía para la que fue designado.
Afirma que la interpretación que realiza el Tribunal de Alzada resulta contraria a la normativa aplicable y se aparta de la obligación que impone a los Estados Parte el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de los principios constitucionales de igual remuneración por igual tarea (art. 14 bis, Const. nac.).
III. La impugnación deducida no puede prosperar.
Sabido es que las notas características de la instancia extraordinaria ante esta Suprema Corte están dadas por la mayor exigencia en cuanto a las cargas técnicas que debe seguir la pieza recursiva.
El cumplimiento de los requisitos que fija el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial supone que el impugnante indique con claridad la ley o la doctrina legal que se repute violada o aplicada erróneamente, indicando igualmente en qué consiste la violación o el error (conf. causas L. 53.384, sent. de 7-XII-1993; L. 73.746, sent. de 19-II-2002; Ac. 81.842, sent. de 24-III-2004; A. 68.138, sent. de 23-XI-2005; L. 83.599, sent. de 8-XI-2006; L. 89.656, sent. de 31-X-2007; A. 68.934, sent. de 3-IX-2008; e.o.).
El análisis de la pieza recursiva permite observar que el impugnante toma los argumentos dados por el juez de primera instancia y que el Tribunal de Alzada revocara, con fundamentos que llegan indemnes a esta instancia extraordinaria.
Así el recurrente alega, por un lado, que el dictado del decreto 2.198/05 implicó una intervención ilegítima del Estado al ejercer una potestad exclusiva del Poder Legislativo que no le ha sido delegada, sino prohibida (arts. 1, 2, 10, 45 y 103, Const. prov.), y, por otro, que con ello se afectaron derechos adquiridos de raigambre constitucional.
Por su parte, la Cámara juzgó que la norma en cuestión, que regula aspectos de la política salarial del Servicio Penitenciario Bonaerense, fue dictada conforme la habilitación legal dispuesta por la ley de presupuesto del año 2004 -art. 23, que autoriza al Ejecutivo a adecuar las remuneraciones mensuales del personal dependiente de la Administración General de la provincia, no comprendido en las Convenciones Colectivas de Trabajo, de acuerdo con los objetivos de la política salarial- sin que se transgredan derechos reconocidos por la Constitución provincial (arts. 57, 144 inc. 2).
El Tribunal tomó como decisiva la circunstancia de que no se trata de un supuesto de rebaja salarial pues con el nuevo esquema los haberes quedan resguardados por la garantía prevista en el art. 6 del mismo decreto 2.198/05.
Concluyó que no se comprobó la pugna que endilgaba el impugnante entre el decreto y los principios de razonabilidad del obrar estatal, derechos de propiedad y del trabajo (arts. 14 bis, 17, 28, 75 inc. 22 y concs., Const. nac.).
De tal modo, los argumentos traídos por el interesado no consiguen demostrar una errónea aplicación de la ley y, menos aún, logran válidamente afirmar que la sentencia no constituya una derivación razonada del derecho vigente (doctr. causas L. 33.042, sent. de 26-VI-1984; L. 49.689, sent. de 24-XI-1992; L. 79.565, sent. de 1-IV-2004 y L. 83.217, sent. de 14-XII-2005) sino que se limitan a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante (conf. doctr. causas Ac. 70.490, sent. de 22-XI-2000; Ac. 92.125, sent. de 26-X-2005; Ac. 92.476, sent. de 6-IX-2006; e.o.).
Finalmente deviene ineficaz la denuncia de violación de normas constitucionales que no resultan sino consecuencia de la infracción de preceptos legales que no ha sido demostrada (conf. causas Ac. 46.398, sent. de 2-VI-92 y Ac. 54.844, sent. de 29-III-94).
IV. Por las razones expuestas, frente al incumplimiento de las cargas técnicas establecidas por el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial el recurso debe ser rechazado.
Costas a la vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Kogan, Genoud y Soria por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente
Por los fundamentos expuestos en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y se confirma la sentencia impugnada en cuanto fue materia de debate (art. 289 inc. 2, CPCC).
Las costas se imponen a la vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia