Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74134
En la ciudad de La Plata, a 29 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Negri, Genoud, de Lázzari, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.134, "Fregonese, Rodolfo Néstor contra Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires. Pretensión Anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmó la sentencia de primera instancia que -a su turno- desestimó la pretensión anulatoria deducida por el señor Rodolfo Néstor Fregonese contra las resoluciones dictadas por el Consejo Ejecutivo de la Caja demandada, mediante las cuales se le denegó el beneficio de jubilación ordinaria, por considerar que no se encontraban reunidos los requisitos previstos por los arts. 43 y 44 de la ley 12.490. Las costas de la instancia de apelación fueron impuestas en el orden causado -art. 51 del Código Contencioso Administrativo, texto según leyes 13.101 y 14.437- (v. fs. 215/219 vta.).
Disconforme con dicho pronunciamiento , el accionante dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 222/230 vta.), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fs. 232/233.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 237) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El señor Rodolfo Néstor Fregonese, por apoderado, promovió demanda contencioso administrativa contra la Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que se declare la nulidad de las resoluciones de fechas 5 de agosto de 2009 y 9 de febrero de 2010, recaídas en el expediente administrativo 135.276/09, mediante las cuales el Consejo Ejecutivo de la entidad previsional demandada decidió, respectivamente, denegar el pedido de jubilación ordinaria, por no contar con treinta y cinco años con aportes previsionales mínimos (arts. 43 y 44, ley 12.490) y registrar deudas de aportes (arts. 6 y 30, ley cit.), así como rechazar el recurso administrativo interpuesto contra esa decisión.
Solicitó, como consecuencia de la pretendida nulidad, que se le reconozca el derecho a la jubilación ordinaria con retroactividad a la fecha de cancelación de la matrícula (29 de agosto de 2008), con actualización monetaria e intereses, y propuso como forma de regularizar la deuda por aportes -ante la imposibilidad económica de afrontar su pago con anterioridad al goce del beneficio-, que se compense con el 20% de los haberes jubilatorios a percibir.
A todo evento, planteó la invalidez constitucional de los arts. 6 -última parte- y 30 de la ley 12.490, en tanto consideró que el requisito de saldar la deuda con anterioridad al otorgamiento y goce del beneficio se tornaba en una exigencia irrazonable en las circunstancias del caso. Al efecto puntualizó que: i) durante su vida activa aportó el equivalente a ciento uno cuotas mínimas; ii) al momento de iniciar el presente proceso contaba con setenta y seis años de edad; iii) se encontraba en una imposibilidad económica de afrontar su pago y iv) registraba inhibición de sus bienes. Indicó que -en este contexto- la exigencia en cuestión devenía una condición de imposible cumplimiento, que traería aparejado la pérdida de un derecho de carácter alimentario, constituyendo un exceso contrario al orden constitucional (v. fs. 10/21).
II. El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata rechazó la demanda e impuso las costas en el orden causado -art. 51 del Código Contencioso Administrativo- (v. fs. 168/178).
II.1. Liminarmente, destacó la ausencia de controversia respecto a la normativa aplicable -ley 12.490-.
Luego, efectúo el análisis de las circunstancias fácticas comprobadas en la causa y determinó que no se encontraban reunidos los requisitos exigidos por los arts. 43 y 44 de la ley citada para el otorgamiento del beneficio peticionado.
Para así decidir, ponderó que si bien el actor reunía el requisito de la edad, no cumplía con los treinta y cinco años con aportes previsionales por sumas iguales o superiores a la cuota mínima anual obligatoria -exigida como condición para el cómputo de los años-, por registrar sólo veintiséis períodos en los que cumplió con dicho recaudo, resultando que en los restantes no efectuó aportes (años 1960, 1961, 1964, 1971, 1977, 1979, 1981, 1982, 1987, 1989, 1991, 1992, 1995 y 2008) o los mismos fueron inferiores al mínimo obligatorio (años 1962, 1965, 1967, 1968, 1985, 1986, 1993, 2006 y 2007).
A todo evento, ponderó que la imputación de aportes dispuesta en el art. 30 de la ley 12.490, tampoco permitiría alcanzar a completar la cuota mínima anual obligatoria respecto a los nueve años de aportes incompletos. Al efecto, valoró que las contribuciones efectuadas en exceso durante cinco años fueron precedidos por años calendarios en los que se hallaba integrada la cuota mínima y, en otros, se trató de períodos en los que no se hizo ningún aporte y a cuyo respecto la parte actora planteó la prescripción.
II.2. Por otro lado, señaló que la deuda de aportes generada en concepto de honorarios profesionales, no constituía un obstáculo para el otorgamiento del beneficio sino para su percepción.
II.3. Finalmente, desestimó la aplicación del art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial, al considerar que el marco normativo no consiente dos o más interpretaciones posibles y, desechó el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 6 -último párrafo- y 30 de la ley 12.490. De un lado, al no advertir una hipótesis de irracionalidad del régimen; del otro, al ponderar que la denegatoria del beneficio pretendido no resultó ser consecuencia de la aplicación de las citadas normas.
III. A su turno, la Cámara del fuero con asiento en La Plata, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmó la sentencia de primera instancia (v. fs. 215/219 vta.).
Para así decidir -en lo que a esta instancia extraordinaria interesa- el Tribunal de Alzada estimó que el recurrente no logró acreditar el error de juzgamiento que alegó configurado en la sentencia de grado.
III.1. Consideró que el actor no reunía los treinta y cinco años de aportes computables exigidos por los arts. 43 y 44 de la ley 12.490 para alcanzar el beneficio de jubilación ordinaria.
III.2. Sentado ello, descartó la variable de cancelación propuesta por el accionante, consistente en afectar un porcentaje de la prestación en goce para saldar la deuda de aportes y así completar los años faltantes. Ello así, por entender que: a) no se encuentra autorizada por la ley aplicable, ni tampoco por el sistema en general; b) contraviene la naturaleza contributiva de un sistema de seguridad social que se edifica a partir de los recursos que aportan sus afiliados, lo cual armoniza con el art. 6 -último párrafo- de la ley citada que exige, como condición de acceso a la prestación, la regularización previa de todo incumplimiento de los deberes del afiliado, que comprende al principal, el aporte y c) implicaría desfinanciar el régimen.
III.3. Por otro lado, desplazó la aplicación de la regla de entendimiento del art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial, en tanto el régimen normativo aplicable en la especie no admite distintas interpretaciones.
III.4. Finalmente, rechazó los planteos constitucionales por entender que la naturaleza del régimen previsional, junto a la regla de relatividad del art. 28 de la Constitución nacional, dan sustento suficiente de constitucionalidad a un sistema en el que la exigibilidad de sus beneficios se condiciona al cumplimiento de las cargas de sus afiliados.
IV. Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 222/230 vta.), en el que denuncia: a) errónea aplicación de la ley 12.490; b) violación de normas constitucionales en especial el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial; c) vulneración de la doctrina legal de este Tribunal y de la jurisprudencia de la Corte de Justicia de la Nación en materia previsional y d) absurda valoración de la prueba.
IV.1. Preliminarmente, destaca que en su prolongada carrera profesional integró aportes a la Caja demandada por un equivalente de ciento uno cuotas mínimas anuales, lo que alcanza el aporte requerido para generar casi tres jubilaciones ordinarias. Señala que este dato implica, por un lado, una actitud solidaria de su parte con la Caja y, por otro, un enriquecimiento indebido de esta última, al beneficiarse con la toma de sus aportes y negarse a brindar la contraprestación requerida.
IV.2. Sostiene que el fallo en crisis interpretó y aplicó erróneamente la ley 12.490, al exigirle, con anterioridad al goce de la prestación, la cancelación total de la deuda de aportes que mantiene con la Caja y que requiere para alcanzar los treinta y cinco años de integración de cuotas mínimas anuales y obligatorias.
Al respecto, indica que el art. 6, último párrafo, de la ley citada, si bien exige al afiliado la regularización del incumplimiento de los requisitos para obtener las prestaciones que otorga la Caja, ello no significa que su deuda deba estar saldada en su totalidad para acceder a la jubilación que pretende. Aduce que el término regularización no es sinónimo de cancelación.
Por otro lado, reprocha que la sentencia en crisis rechace su demanda sin analizar la propuesta de su parte, relativa a regularizar el incumplimiento en la integración de sus aportes con un porcentaje de los haberes jubilatorios a percibir y así, acceder al derecho previsional pretendido.
IV.3. Alega que la decisión adoptada por la Cámara contraría la doctrina legal que esta Suprema Corte ha elaborado en materia previsional y cita los fallos que reputa violados. Asimismo, indica fallos de la Corte Suprema de Justicia que resultarían aplicables al caso.
IV.4. Denuncia absurda valoración de la prueba, mediante la cual quedó acreditado, por un lado, el estado de carencia absoluta de recursos en que se encuentra y que le impiden saldar la deuda en la forma que pretende la Caja demandada y, por otro, las dolencias cardiológicas y el accidente cerebro vascular padecido, motivos por el cual -además de su edad- no se encuentra en condiciones de ejercer la profesión o de ingresar al mercado laboral para buscar un paliativo a su complicada situación económica.
IV.5. Por último, señala que la sentencia impugnada -al efectuar una interpretación excesivamente formalista y restrictiva de su situación- no cumple con la manda del art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial, que obliga siempre en las cuestiones alimentarias a realizar la interpretación en forma favorable para el beneficiario de la seguridad social y, asimismo, desvirtúa los fines de la ley previsional.
V. Por los fundamentos que seguidamente expondré, considero que el recurso extraordinario debe prosperar.
V.1. A los fines de resolver el sub lite , corresponde comenzar por resaltar las circunstancias fácticas sobre las cuales no existe controversia.
En este sentido, no se encuentra discutido que el señor Fregonese al momento de solicitar la baja de su matrícula profesional en la Caja demandada (esto es, el 29 de agosto de 2008, v. fs. 72) se encontraba afiliado en forma ininterrumpida desde el año 1960 (v. fs. 33/34) y que contaba con setenta y cuatro años de edad (v. fs. 175 vta.).
Asimismo, llega firme a esta instancia que, durante treinta y cinco años de ejercicio profesional efectuó aportes, en la siguiente proporción: a) durante veintiséis años, por cantidad mayor o igual a la cuota mínima anual obligatoria -en adelante CMAO- (períodos 1963, 1966, 1969, 1970, 1972 a 1976, 1978, 1980, 1983, 1984, 1988, 1990, 1994 y 1996 a 2005) y b) durante nueve años, por cantidades inferiores a la CMAO (períodos 1962, 1965, 1967, 1968, 1985, 1986, 1993, 2006 y 2007; v. fs. 173 in fine y vta.).
V.2. Sentado ello, pasaré a realizar una referencia a los artículos de la ley 12.490 que se encuentran comprometidos en la resolución de la causa.
Cabe comenzar por el art. 43 que prevé los requisitos necesarios para acceder al beneficio jubilatorio pretendido. En efecto, éste dispone: "La Jubilación Ordinaria es voluntaria y se acordará a los afiliados de ambos sexos que acrediten una edad mínima de sesenta y cinco (65) años y treinta y cinco (35) años con aportes previsionales".
El artículo siguiente, establece que "Se computarán como años con aportes los que tuvieran en cada año calendario aportes iguales o superiores a la C.M.A.O. establecidos en el artículo 26 inciso a)" (art. 44).
Por su parte, el art. 6, último párrafo, exige al afiliado la regularización de sus obligaciones para obtener cualquier prestación que otorgue la Caja.
A su turno, el art. 30 indica que "... Cuando los aportes resulten insuficientes, no alcanzando la C.M.A.O. [...] Para acceder a los beneficios y prestaciones establecidos en la presente Ley, el afiliado deberá cancelar la deuda pendiente, con más actualizaciones, recargos e intereses. Recién entonces se le computará como cumplido el año de ejercicio y aporte previsional...".
Asimismo el art. 79 -cláusula transitoria- prevé la posibilidad de que los matriculados regularicen el ingreso de las cuotas de aportes mínimos que se encontraren incompletos -por los períodos anteriores a la sanción de la presente ley (B.O., 26-IX-2000)-, completando el o los años respectivos a los fines jubilatorios con las actualizaciones, recargos e intereses, a excepción de los diez años previos a la jubilación, debiendo ejercer dicha opción dentro de los ciento ochenta días de conformada la primera asamblea.
V.3. Encontrándose fuera de discusión que el actor cuenta con la edad jubilatoria y treinta y cinco años con registro de pagos en concepto de aportes, la cuestión a dilucidar consiste en determinar si, tal como lo entendieron los jueces de grado, la insuficiente integración de la CMAO por algunos años –nueve de ellos en concreto- requerida por el art. 44 de la ley 12.490 puede acarrear la pérdida del derecho jubilatorio pretendido o, si como plantea el recurrente, esta situación puede subsanarse de modo tal que se acceda al beneficio, sin perjuicio del pago de los aportes adeudados.
V.3.a. Este Tribunal ha expresado con anterioridad -en casos que involucraban tanto a la entidad aquí demandada como a otras Cajas de previsión para profesionales, como así también, a distintos tipos de beneficios- que la falta de aportes en tiempo oportuno no constituye una valla infranqueable para acceder a los beneficios previsionales, por lo que se impone dar preferencia a las soluciones legales que brinden al afiliado facilidades para poder dar cumplimiento a la obligación de ingresar al régimen de los aportes adeudados.
Ello así, dada la finalidad tuitiva propia de la materia previsional, inspirada en la protección del afiliado y su grupo familiar ante el acaecimiento de las contingencias de vejez, invalidez o muerte (conf. causas B. 62.750, "Nuñez de Celleri", sent. de 16-VIII-2006; B. 56.037, "Fernández", sent. de 5-IV-2000; B. 62.462, "Abdala", sent. de 13-VII-2011; e.o.).
Este criterio ha sido aplicado por este Tribunal tanto con relación a casos vinculados con beneficios de pensión (conf. causas B. 53.832, "Prando de Quitegui", sent. de 1-IV-1997; B. 56.877, "Damín", sent. de 23-XII-1997; B. 57.126, "Blanco de Fernández", sent. de 19-X-1999; B. 59.538, "Rapagnini", sent. de 9-V-2001; B. 61.750, "Murno", sent. de 25-III-2009; B. 64.163, "Fahey", sent. de 29-IV-2009; B. 67.013, "Escortel", sent. de 21-XII-2011; B. 61.284, "Alsina", sent. de 8-XI-2017; e.o.); como así también, a aquellos donde se solicitaba una jubilación por invalidez (conf. causas I. 2.110, "Iriarte Madoz"; B. 58.073, sents. de 6-X-2004 y B. 66.410, "B., M. B.", sent. de 5-IX-2012).
Por su parte, con referencia a jubilaciones ordinarias y en aquellos regímenes que adoptan como fundamento del sistema previsional el ejercicio continuo e ininterrumpido de la profesión, también se ha resuelto que, acreditado el ejercicio profesional, nada obsta a que el pago de la deuda por aportes correspondiente a los años laborados se efectúe con posterioridad (conf. doctr. causas B. 50.960, "Monod Nuñez", sent. de 14-III-1989; B. 54.623, sent. de 9-XI-1993 y A. 72.745, "Mugarza", sent. de 13-XII-2017).
En la especie, los aportes efectuados por el actor durante un período de treinta y cinco años son demostrativos del ejercicio permanente de la profesión; nota que constituye el fundamento del sistema previsional que instauró la ley 5.920 -y su modificatoria 12.007- y que mantiene la ley 12.490 -derogatoria de las leyes anteriores-, sin perjuicio de incorporar, a los fines del cómputo de los años laborales, la exigencia de que la actividad sea desarrollada con una intensidad tal que alcance a cubrir la CMAO.
La circunstancia relativa a que en ciertos períodos -que en el caso computan nueve años- las contribuciones efectuadas no hayan alcanzado a cubrir la CMAO exigida por el art. 44 de la ley aplicable, no puede tener aptitud para desacreditar, en términos absolutos, el ejercicio de la actividad.
Esta Corte ha tenido oportunidad de señalar que, en los regímenes basados en el ejercicio profesional, la intensidad de la actividad no resulta ser un requisito imprescindible para el otorgamiento del beneficio sino la acreditación de su regularidad (conf. doctr. causa B. 53.973, "Bonomi", sent. de 10-XI-1998) circunstancia que entiendo, se ha cumplido en el sub examine.
Sin perjuicio de lo expuesto, cabe indicar que la antigüedad en el ejercicio profesional del afiliado no fue la razón determinante de la denegatoria del beneficio; pues el factor decisivo lo fue la insuficiente integración de los aportes en concepto de CMAO (conf. art. 44, ley 12.490). Empero, fácil es advertir que esta exigencia, en el presente caso, se reduce a una cuestión patrimonial, referida al quantum de la deuda por faltante de aportes; cuestión que, como se adelantara, conforme las directrices de la doctrina de esta Suprema Corte, no autoriza a disponer la pérdida del derecho a la jubilación.
En efecto, a la luz de los antecedentes de la causa -en la que no se encuentra controvertido que el actor integró aportes en concepto de CMAO en proporción superior a las dos terceras partes del total requerido-, del régimen jurídico aplicable y de la jurisprudencia de esta Corte, considero que la solución del caso debió inclinarse por la regularización de la deuda -conforme lo habilita el art. 6 de la ley 12.490- y no por la adopción de la medida más extrema, como es la caducidad del beneficio.
Que la normativa condicione el otorgamiento de las prestaciones a la regularización de los requisitos (conf. art. 6, ley 12.490) -entre ellos, el pago de los aportes devengados (conf. art. 30, ley cit.)- reafirma esta interpretación. Quién no haya regularizado la deuda por aportes no podrá entrar al goce pleno del beneficio, pero ello no quiere decir que haya perdido insoslayablemente el derecho a obtener la prestación jubilatoria pretendida.
Conforme tiene dicho este Tribunal, la sanción consistente en la pérdida de los derechos previsionales por la falta del pago de aportes no puede ser adoptada si ello no surge claramente del texto legal (conf. doctr. causas B. 56.877, ya cit.; B. 57.126, "Blanco de Fernández", sent. de 19-X-1999
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