Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74916
En la ciudad de La Plata, a 29 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Soria, Genoud, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.916, "Fernández, Alicia Cristina c/ Instituto de Previsión Social (IPS). Pretensión Anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata -en lo que aquí interesa- desestimó el recurso de apelación interpuesto por la parte tercera coadyuvante y confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto admitió la pretensión anulatoria deducida y reconoció el derecho de la señora Alicia Cristina Fernández a percibir -en su carácter de viuda y en concurrencia con la señora Rosa Josefa Marzziale- el beneficio de pensión derivado del fallecimiento del señor Vinay. Las costas de la instancia de apelación fueron impuestas en el orden causado -art. 51 inc. 2, Código Contencioso Administrativo, texto según ley 14.437- (v. fs. 334/341).
Disconforme con dicho pronunciamiento , la parte tercera coadyuvante -señora Marzziale- dedujo recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de inconstitucionalidad (v. fs. 348/359), siendo concedido el primero y denegado el segundo por la Cámara interviniente mediante resolución de fs. 361/362.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 380) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda deducida por la señora Alicia Cristina Fernández contra el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires y, en consecuencia: a) anuló la resolución 538.541 -y su confirmatoria 571.934- mediante la cual, si bien se le acordó a la actora el beneficio de pensión derivado del fallecimiento del señor Vinay, lo hizo asignándole el carácter de conviviente, supeditando la percepción del mismo a la caducidad del beneficio de pensión otorgado a la cónyuge supérstite del causante, señora Marzziale; b) reconoció a la accionante, en su carácter de viuda, el derecho a percibir -en partes iguales con aquella- el beneficio de pensión y c) condenó al Instituto demandado a abonarle los haberes retroactivos, a partir de la petición administrativa, con el alcance allí indicado (v. fs. 288/295 vta.).
Para resolver en tal sentido, la jueza meritó:
Que al momento en que la actora contrajo matrimonio con el señor Vinay, en Los Ángeles, Estados Unidos, en el año 1973, pesaba sobre el contrayente impedimento de ligamen como consecuencia del matrimonio celebrado en el año 1956, en la República Argentina con la señora Marzziale, respecto del cual no existía disolución del vínculo.
Que el matrimonio celebrado en el extranjero no fue privado de validez por sentencia de juez competente, por lo cual, consideró aplicable la doctrina de esta Corte que, en el ámbito previsional, manda otorgar validez al matrimonio celebrado en el extranjero que, aunque con impedimento de ligamen, no haya sido privado de validez de conformidad con las disposiciones del derecho civil.
A partir de allí, se pronunció a favor de la validez, a los efectos previsionales, de ambos matrimonios, por considerar que tanto la señora Fernández como la señora Marzziale exhibían un título marital válido desde la óptica de la seguridad social -pues, ostentaban el carácter de cónyuge supérstite de un hombre con quién han estado unidas en matrimonio válido a los fines previsionales-, que habilitaba al organismo previsional a resolver sendos pedimentos de beneficio pensionario, brindando una solución abarcativa de ambos -en concurrencia-, sin que pueda postergarse los efectos patrimoniales de uno a la caducidad del otro.
Por lo expuesto, sostuvo que la solución brindada en sede administrativa, de asimilar la situación previsional de la señora Fernández a la de "mujer conviviente" resultaba incorrecta, pues partió de la premisa de desconocer la validez del matrimonio contraído en el exterior.
Con el mismo criterio, puntualizó que, al descartarse la figura del concubinato, no cobraba significación -en la especie- la modificación introducida por la ley 10.754 al art. 34 del decreto ley 9.650/80 como para pretender la señora Marzziale ampararse en un derecho adquirido en virtud de un régimen anterior.
II. A su turno, la Cámara del fuero con asiento en La Plata, por mayoría, confirmó la sentencia en crisis en cuanto al aspecto principal, y la revocó en lo tocante a la condena en costas con relación a la parte tercera coadyuvante, las que fueron impuestas en ambas instancias a su respecto, en el orden causado (v. fs. 334/341).
Para así decidir -y en lo que a esta instancia extraordinaria interesa- el Tribunal de Alzada, consideró que la coadyuvante recurrente no logró acreditar el error de juzgamiento que alegó configurado en la sentencia de primera instancia.
En primer lugar, señaló que no fue objeto de controversia la aplicación al caso del decreto ley 9.650/80, vigente al tiempo del fallecimiento del causante (6 de febrero de 1982), que no contemplaba el concubinato, el que fue incorporado con posterioridad, mediante la ley 10.754 que modificó el art. 34 del citado plexo legal, tutelando dicha figura a los fines previsionales, pero sin que ello conlleve dejar sin efecto derechos adquiridos hasta entonces.
Posteriormente, al igual que el juez de grado, consideró que tal modificación normativa no cobraba significación en la especie, pues el organismo previsional incurrió en desacierto en la apreciación de las circunstancias fácticas del caso y en la aplicación normativa efectuada a su respecto, en tanto desconoció la validez del matrimonio contraído en el extranjero y, por consiguiente, resolvió la situación de la actora mediante la aplicación de la figura de la conviviente (conf. ley 10.754), cuando debió hacerlo en su carácter de cónyuge supérstite.
Sostuvo para ello, con base en la doctrina legal de esta Corte, que no se puede negar efectos previsionales al matrimonio celebrado en el extranjero hasta tanto no sea privado de validez por sentencia de juez civil competente, dictada en un proceso ordinario, promovido por parte legitimada para accionar por nulidad del matrimonio. Ello así, porque la existencia de un régimen especial de nulidades matrimoniales impide que los jueces se pronuncien de oficio al respecto, prohibición que alcanza con mayor razón a la autoridad administrativa. Agregó que, conforme la normativa de fondo, la inobservancia de las formas prescriptas en el acto de celebración no puede ser alegada contra la existencia del matrimonio resultando suficiente a dichos fines el acta respectiva y la posesión de estado.
En ese contexto, ponderó que -en la especie-, el matrimonio celebrado en el extranjero entre la señora Fernández y el causante, acreditado mediante el certificado respectivo debidamente legalizado por autoridad consular, no fue privado de validez de conformidad a las normas del derecho de fondo, ni tampoco se había invocado o acreditado que la coadyuvante hubiere promovido el juicio respectivo, no obstante encontrarse legitimada a dicho fin y tener pleno conocimiento de la celebración del matrimonio en cuestión.
A partir de allí, concluyó que no puede desconocerse a ese enlace matrimonial -aun subsistiendo el matrimonio anterior celebrado en la República Argentina-, su calidad de "título hábil" a los fines previsionales pretendidos, en tanto no sea declarado nulo en los términos y forma previstos por la normativa de fondo.
Finalmente puntualizó, que la solución propiciada resultaba coherente con los principios fundamentales sustentados en la materia previsional y acorde con los preceptos del Código Civil que rigen específicamente en materia de nulidad del matrimonio, que no han sufrido modificaciones con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, en tanto contiene las mismas previsiones que aquel.
III. Contra dicho pronunciamiento la parte coadyuvante interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, obrante a fs. 348/359, en el que reitera argumentos vertidos en sus anteriores presentaciones y denuncia: a) errónea interpretación y aplicación de los arts. 12, 14, 123 y concordantes del Código Civil (ley 340); 402, 403 inc. "d", 2.622 del Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994); decreto ley 9.650/80 y su reforma al art. 34 introducida por la ley 10.754; b) absurdo valorativo y c) vulneración de la doctrina legal de este Tribunal y de la Corte de Justicia de la Nación que cita.
Básicamente defiende la interpretación realizada por el organismo previsional y cita jurisprudencia que avala su postura.
Señala que el Código Civil argentino no admite ninguna variable de coexistencia de dos vínculos matrimoniales, por lo cual, mientras perdure un ligamen no es posible reconocer otro, ni aún el que se celebre válidamente en el extranjero, pues la existencia del anterior constituye un impedimento insalvable, que le quita todo efecto en el país, lo que comprende -a su entender- al régimen previsional.
Indica que la Cámara, al omitir aplicar esta regla jurídica, de orden público internacional, origina que caiga en error todo el desarrollo relativo a la necesidad de anular el segundo matrimonio, pues considera que ello deviene innecesario frente a las disposiciones legales vigentes (Cód. Civ. -ley 340- y Cód. Civ. y Com. -ley 26.994-).
Asimismo, aduce que el pronunciamiento en crisis vulnera el decreto ley 9.650/80, vigente al tiempo de fallecimiento del causante, que sólo otorgaba derecho a pensión a la cónyuge supérstite, condición que refiere únicamente reviste su parte; como así también, omite aplicar la ley 10.754, que modificó el art. 34 de la normativa citada, que en la actualidad reconoce el derecho a pensión de la conviviente, pero supedita la percepción de los haberes a la caducidad del beneficio otorgado a la cónyuge supérstite, protegiendo -de este modo- los derechos adquiridos por ésta última.
Considera inexacto la conclusión de la Cámara en cuanto sostiene que, la inobservancia de las formalidades prescriptas en el acto de celebración no puede ser alegada contra la existencia del matrimonio, por cuanto -a su entender- no se trata de una formalidad sino de un impedimento insalvable.
Manifiesta que con lo resuelto por el tribunal se cae en el absurdo de admitir la validez de matrimonios múltiples, atento la inexistencia de divorcio vincular entre su parte y el causante. Considera infundado pretender otorgarle validez al supuesto certificado de matrimonio extendido en Los Ángeles, por el simple hecho de que el mismo no ha sido declarado inválido, siendo que le era imposible requerir tal declaración ya que desconocía su existencia, atento su falta de inscripción registral.
Concluye que el organismo previsional resolvió la cuestión con apego a la ley, no resultando vinculante a su respecto la jurisprudencia invocada por la Cámara.
IV. El recurso no puede prosperar (art. 279, CPCC).
IV.1. Este Tribunal ha señalado que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que la recurrente insiste en reiterar los planteos que ya fueran llevados -con suerte adversa- ante las instancias de grado, reproduciendo agravios que no logran patentizar los yerros que se le imputan al fallo y que, antes bien, se circunscriben a exteriorizar una mera disconformidad con el sentido de lo resuelto, evidenciando un punto de vista subjetivo y discrepante que intenta hacer prevalecer su propio criterio por sobre el de los magistrados, sin hacerse cargo de impugnar concretamente los fundamentos medulares sobre los cuales se estructura la sentencia impugnada (conf. doctr. causas A. 72.523, "Arias", sent. de 20-IX-2017 y A. 73.210, "Emar Salud S.R.L.", sent. de 18-IV-2018).
Tal déficit exhibe la pieza recursiva, toda vez que los reproches que se presentan como agravios y causales de casación, no hacen más que reeditar argumentos ya desestimados en las instancias anteriores sin lograr asestar un embate preciso que permita desbaratar el razonamiento que funda la decisión impugnada. Veamos:
IV.2. En primer lugar, la recurrente insiste en propugnar su propio criterio interpretativo al afirmar que el Código Civil argentino no admite la coexistencia de dos vínculos matrimoniales y que la existencia del enlace anterior constituye un impedimento insalvable que le quita todo efecto en el país, incluso en el ámbito previsional, por lo cual -entiende-, deviene innecesario la anulación del segundo matrimonio.
La Cámara dio expreso tratamiento al agravio, desestimándolo por razones que han quedado incólumes por falta de impugnación recursiva. En efecto, el Tribunal de Alzada resolvió la cuestión conforme la doctrina legal de esta Corte que tiene dicho, respecto del matrimonio celebrado en el extranjero que, si no ha sido privado de validez por sentencia de juez civil competente, dictada en un proceso ordinario, promovido por parte legitimada para accionar por nulidad del matrimonio, no se le puede negar efectos previsionales, ello así, en virtud de la existencia de un régimen especial de nulidades matrimoniales (conf. doctr. causas B. 49.896, "Bombassei" y sus citas, sent. de 25-VIII-1987; B. 49.110, "Copello de Bo" y sus citas, sent. de 26-XI-1987; B. 51.719, "Montenegro", sent. de 21-VIII-1990; B. 51.633, "Landini de Ramos", sent. de 13-III-1990; B. 53.366, "Mallea de Venturini", sent. de 23-IV-1992; B. 51.916, "Gorrini", sent. de 1-VI-1993; B. 63.198, "García, Palmira", sent. de 8-X-2008 y B. 64.698, "Fetter", sent. de 27-VI-2012).
En este contexto, ponderó que -en la especie-, el matrimonio celebrado en el extranjero entre la señora Fernández y el causante, acreditado mediante el certificado respectivo debidamente legalizado por autoridad consular, no fue privado de validez de conformidad a las normas de fondo, destacando que la recurrente, quien se encontraba legitimada para reclamar su nulidad, no invocó ni acreditó que hubiere promovido el respectivo juicio.
En base a ello, y a la luz de la doctrina antes citada, el Tribunal de Alzada se pronunció por la validez de dicha unión marital a los fines previsionales pretendidos. Agregó además, que dicha conclusión resultaba coherente con los principios fundamentales sustentados en la materia previsional y acorde con los preceptos normativos de fondo que rigen específicamente en materia de nulidad del matrimonio.
La recurrente soslaya toda consideración sobre la doctrina legal referenciada, como así también, la réplica a las disposiciones legales que hacen al sentido de la decisión cuestionada.
Y tal omisión revela, por cierto, la insuficiencia impugnatoria del recurso en esta parcela, en tanto, en vía extraordinaria, la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo comporta un requisito de ineludible cumplimiento para la impugnante. Toda vez que esa deficiencia recursiva deja incólume la decisión que se controvierte y resulta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o argumentos sobre los que se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 70.173, "Casuza", sent. de 5-V-2010; A. 70.224, "Arce", sent. de 6-IV-2011, A. 72.392, "B., A. V.", sent. de 26-III-2014; A. 73.304, "Córdoba", sent. de 1-IV-2015; A. 71.412, "Valenti", sent. de 16-XII-2015; A. 73.740, "Del Campo", sent. de 10-VIII-2016; e.o.).
Esta circunstancia resulta suficiente para su rechazo, pues, como tiene dicho esta Corte, debe desestimarse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que ha elegido elaborar su impugnación sobre una serie de razonamientos que se desentienden de aquellos que dotan de contenido al fallo y se dedica a criticarlo con su propia interpretación del tema, dejando incólumes afirmaciones que le dan sustento bastante (conf. doctr. causa A. 73.210, cit.).
Para más, debo recordar que este Tribunal reiteradamente ha sostenido que el acatamiento que los órganos judiciales hacen a la doctrina legal de esta Corte responde al objetivo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, esto es, procurar y mantener la unidad en la jurisprudencia, y este propósito se frustraría si los tribunales de grado, apartándose del criterio de este Tribunal, insistieran en propugnar soluciones que irremisiblemente habrían de ser revocadas. Esto no significa propiciar un ciego seguimiento a los pronunciamientos de esta Corte, ni un menoscabo del deber de los jueces de fallar según su ciencia y conciencia, pues les basta -llegado el caso- dejar a salvo sus opiniones personales (conf. causas A. 70.613, "Fortuna", sent. de 17-VIII-2011; A. 71.628, "Unzaga", sent. de 3-VII-2013; A. 72.268, "Salonia", sent. de 23-XII-2014; A. 71.973, "Dairo", sent. de 13-IV-2016; e.o.).
IV.3. Las razones que anteceden ponen de relieve que tampoco puede tener favorable acogida el agravio referido a la violación del decreto 9.650/80 y de la ley 10.754, que la recurrente funda en el carácter de concubina que ostentaría la actora respecto del causante, pues, al desentenderse del fundamento central del fallo de Cámara -en virtud del cual se tuvo por válido, a los fines previsionales, el matrimonio celebrado en el extranjero, y consecuentemente, se otorgó calidad de cónyuge supérstite a la señora Fernández-, la impugnante no logra demostrar que la sentencia en crisis infrinja las normas legales citadas.
Quien afirma que la sentencia transgrede determinados preceptos, anticipa una premisa cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causa A. 73.901, "Carroza", sent. de 17-X-2018).
IV.4. Igual déficit exhibe el agravio relativo al absurdo en que -a entender de la agraviada- habría incurrido el fallo en crisis al otorgar validez al certificado de matrimonio celebrado en el extranjero, señalando al efecto la imposibilidad de su parte de requerir su declaración de nulidad, ya que desconocía su existencia, atento su falta de inscripción registral (v. fs. 354 in fine y 357).
Liminarmente cabe recordar que, en la acepción dada por esta Suprema Corte se define al absurdo como un error grave y ostensible que se comete en la conceptuación, juicio o raciocinio al analizar, interpretar o valorar las pruebas o los hechos susceptibles de llegar a serlo, con tergiversación de las reglas de la sana crítica en violación de las normas procesales aplicables de todo lo cual resulta una conclusión contradictoria o incoherente en el orden lógico-formal e insostenible en la discriminación axiológica (conf. doctr. causas Ac. 46.287, "Martínez García", sent. de 28-IX-1993; Ac. 51.191, "Castillo", sent. de 17-V-1994; Ac. 57.691, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 20-II-1996; Ac. 55.404, "Méndez", sent. de 25-III-1997; Ac. 74.284, "Saldías", sent. de 4-IV-2001; Ac. 84.918, "D'annunzio", sent. de 3-XII-2003; entre muchas otras).
En la especie la impugnante no logra demostrar un vicio de esas características respecto del fallo en crisis.
Sus alegaciones se limitan a oponer a la apreciación efectuada por la Cámara consideraciones que se sustentan en su propio criterio y que no traducen más que discrepancias subjetivas, las cuales no permiten conmover el fundamento central en el que se apoya la decisión atacada, consistente en que el certificado de matrimonio celebrado en el extranjero, debidamente legalizado por la autoridad consular, mantiene su validez hasta el día en que, por sen
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