Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74297
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley, atento que han sido insuficientemente fundados (arts. 168 y 171, Const. Pcial.; 296, CPCC; 60 C.C.A; 31 bis, ley 5827 texto según ley 13.812), texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine y 298 del CPCC).
A.74.297 “FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ TRIBUNAL FISCAL DE APELACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION ANULATORIA (COADY: ALBERTO JOSE RODRIGUEZ GIMENEZ). --RECURSO EXTRAORDINARIO DE NULIDAD E INAPL. DE LEY—“
La Plata, 12 de diciembre de 2018.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Soria, Genoud y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. Conforme surge de las presentes actuaciones la ex Dirección Provincial de Rentas dictó la Resolución Determinativa de Oficio n° A229/01, mediante la cual se establecieron las obligaciones fiscales -por falta de retención de importes correspondientes al impuesto de sellos- de Alberto José Rodríguez Giménez en su calidad de responsable solidario de Mónica Lilian Pagani, y por su condición de titular del Registro Notarial n° 99, del Partido de General Pueyrredon.
Contra dicho dictamen, el escribano Rodríguez Giménez interpuso recurso ante el Tribunal Fiscal de Apelación, cuyo tratamiento originó la Resolución n° 1680/12 que se cuestiona en este juicio, y mediante la cual la Sala I del mencionado Tribunal -por mayoría- rechazó el planteo de extemporaneidad impetrado por la representación Fiscal y declaró la prescripción de las acciones fiscales correspondientes a los años 1999 y 2000.
II. Frente a lo así resuelto, el Fisco provincial interpuso demanda originaria ante la Cámara Contencioso Administrativa quien, luego de ordenar el traslado de ley al Asesor General de Gobierno y al tercero coadyuvante, admitió parcialmente -por mayoría- la pretensión anulatoria promovida y declaró exigibles las acciones fiscales del ARBA respecto de la determinación de oficio del impuesto de sellos de los períodos antes señalados.
Para así decidir, comenzó por resaltar -con cita de la causa CCALP n° 11.429- que la prescripción del crédito fiscal admite su fuente en el impuesto de sellos, para establecer el plazo decenal del art. 4023 del Código Civil (340) como pauta de extinción de la obligación impositiva por el indicado tributo, en atención a su naturaleza y, sin la periodicidad de las obligaciones que regula el art. 4027 inc. 3 del mismo cuerpo legal.
Dejó sentado que la norma federal desplaza a las contenidas en el Código Fiscal en materia de prescripción, circunstancia que -entendió- comprende a todo cuanto concierne a ella. Al mismo tiempo, indicó que dadas las condiciones temporales de consumación del conflicto era de plena aplicación de la ley 340 ante la ausencia de impacto en el caso de la ley 26.994.
En ese contexto, considerando que no era la fecha del mandamiento de intimación librado en el juicio de apremio (19.05.10) el hecho que interrumpiera el curso de la prescripción sino el inicio de la acción ejecutiva el día 29 de noviembre de 2005, la acción ejecutiva no se ofrecía prescripta.
Dejó en claro además que a la fecha de la resolución del Tribunal Fiscal el nuevo lapso de liberación, así reiniciado, no había expirado para ninguno de los créditos reclamados (conf. art. 3986 del CC, ley 340 cit.).
Luego, pasando a tratar la responsabilidad solidaria que objetó el tercero traído a juicio, indicó que su condición de escribano titular del registro supo colocarlo ante el deber solidario previsto por el art. 21 del decreto ley 9020/1978, sin que las circunstancias eximentes que alegara reconocieran recepción en dicho cuerpo normativo para exonerar su responsabilidad notarial en la extensión fiscal que ventila el proceso.
Por último, señaló que tal conclusión guardaba armonía con las obligaciones impuestas por el Código Fiscal (conf. art. 21, 34, 39 y ccs. CF, t.o. 2011), sin que los achaques constitucionales que propiciara el notario alcanzado contaran con un desarrollo convincente que autorice a considerarlos desde la garantía de defensa o a partir de una incongruencia con el Código Civil.
II. Contra dicho pronunciamiento, el escribano Rodríguez Giménez interpone recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 165/173 vta.), los que fueron concedidos a fs. 185/186, habiéndose conferido vista al Procuradora General a fs. 196 (v. dictamen, fs. 197/200 vta.).
III. Coincidiendo con el dictamen del señor Procurador General, el primero de los remedios mencionados no es de recibo.
Al respecto es dable destacar que la vía prevista en el art. 161 inc. 3 ap. "b" de la Constitución de la Provincia sólo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. prov.; conf. doctr. causas A. 73.445, "L'Oreal Argentina S.A.", resol. de 24-II-2016; A. 71.821, "Luna", sent. de 6-XII-2017; A. 75.279, "Odisa", resol. de 27-VI-2018).
En el medio revisor en tratamiento el impugnante alega, con apoyo en lo normado en el art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que el a quo omitió tratar y decidir la defensa referida a la extensión de la responsabilidad solidaria por la multa, violando el principio constitucional de culpabilidad o personalidad de la pena (v. fs. 171 vta./172).
Así, el embate no puede prosperar desde que los agravios expuestos por el recurrente se vinculan con supuestos errores de juzgamiento, en tanto se controvierte la forma como ha sido resuelta la cuestión y el acierto de la decisión, aspecto que constituye tema ajeno al medio revisor en análisis y propio del de inaplicabilidad de ley (conf. doctr. causas A. 73.398, "Olivera", resol. de 11-III-2015; A. 73.670, "Davila", resol. de 17-VI-2015; A. 74.343, "Cervecería", resol. de 2-XI-2016; A. 74.956, "Di Francisco", resol. de 8-XI-2017).
Sin perjuicio de lo expuesto, dable es señalar que los argumentos introducidos por las partes en apoyo de sus pretensiones no revisten carácter de esenciales y su eventual falta de consideración o deficiente tratamiento no habilita la procedencia por esta vía extraordinaria deducida (conf. doctr. causas A. 70.468, resol. de 12-IX-2012; A. 73.515, "Katz Jora", sent. de 29-IV-2015; A. 74.096, "Magliano", resol. del 30-III-2016) lo que sella la suerte adversa ante esta sede.
IV. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 12.961).
1. Al respecto, corresponde resaltar que mediante la vía prevista en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, el impugnante pretende revocar la extensión de responsabilidad solidaria dispuesta.
En ese sentido, alega que el Tribunal de Alzada aplicó erróneamente el art. 21 del decreto ley 9020/78 y el Código Fiscal, al sostener que las circunstancias eximentes por él alegadas no tenían recepción en dicho cuerpo normativo para exonerarlo de responsabilidad. Asimismo, denuncia violación de la doctrina legal que cita (v. fs. 167 vta./171 vta.).
Así, peticiona que se revoque la sentencia recurrida y se lo exima de responsabilidad solidaria por inexistencia de nexo causal. Ello, por considerar acreditado que durante el periodo por el que se pretende hacer efectiva, existieron hechos ajenos a su voluntad -padecimiento de una enfermedad- que le impidieron ejercer su profesión, configurándose la imposibilidad material de ejercer el control de los actos celebrados por la adscripta en el Registro a su cargo.
2. En primer lugar, cabe señalar que este Tribunal ha dicho que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (conf. doctr. causas A. 70.596, "González", sent. de 24-IX-2014; A. 70.977, "Rossi", sent. de 25-II-2015; A. 74.211, "Lunghi", resol. de 11-IX-2018).
En tal sentido, resulta claro que los argumentos esbozados por el recurrente en este punto no pasan de expresar un mero criterio divergente y reiteratorio respecto de la subsunción de la conducta del actor en la norma del art. 21 del decreto ley 9020/78 citado, sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos dados por el Tribunal de Alzada para resolver la cuestión del modo en que lo hizo.
Por ello, resulta de aplicación la doctrina de esta Suprema Corte que prescribe que si la quejosa limita su labor impugnativa a expresar su mera disconformidad con lo decidido por el tribunal de grado, sin cumplir con las directivas que involucra el tránsito por la instancia extraordinaria, y en momento alguno de su desarrollo argumental propone una réplica concreta y directa a los fundamentos esenciales del fallo, va de suyo que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida (conf. doctr. causa A. 70.261, "Levaggi", sent. de 5-X-2011). De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (conf. doctr. causas A. 70.225, "Tejerina", sent. de 1-VI-2011; A. 70.986, "Transportadores Unidos S.A", sent. de 28-XII-2016; A. 73.545, "D'Aloisio", resol. de 27-XII-2017).
Y de modo concordante, este Tribunal también ha destacado que deviene ineficaz el recurso en tanto no se hace cargo de la línea argumental del fallo y se dedica a impugnarla con su propia interpretación del tema, dejando indemnes afirmaciones que le dan sustento bastante (conf. causas A. 73.861, "Francavilla Hnos. SA", sent. de 19-IV-2017; A. 73.272, "Penín", sent. de 9-VIII-2017; A. 73.635, "Pedoto", sent. de 29-VIII-2017; A. 73.122, "López", sent. de 29-XI-2017).
3. Por otra parte, corresponde señalar que la invocación de la jurisprudencia sentada por la Corte nacional en la causa "Filcrosa" (Fallos: 326:3899), lo fue sin identificar debidamente las normas legales provinciales que de acuerdo con el criterio allí expuesto deberían considerarse erróneamente aplicadas o inaplicadas.
Lo expuesto sella la suerte adversa del remedio intentado, porque el acabado cumplimiento de las pautas que fija el citado art. 279 del Código ritual exige que el recurrente indique con claridad las normas legales o la doctrina legal infringidas por la decisión cuestionada y precise en qué consiste su violación o por qué se las considera erróneamente aplicadas, ya que suplir de oficio las citas normativas que debe hacer el impugnante o inferirlas por interpretación resulta incompatible con la índole de esta instancia (conf. causas A. 72.392, "B., A.V.", sent. de 26-III-2014; A. 72.857, "Solari", sent. de 6-V-2015).
En particular, es de todo rigor indicar la violación o errónea aplicación de las normas que se consideran infringidas, siendo insuficiente la mención genérica de un cuerpo legal sin referirse específicamente a sus cláusulas (conf. causas Ac. 60.348, "Martínez", sent. de 31-III-1998; A. 69.076, M., L.L.", sent. de 29-VI-2011; A. 72.009, "Nuevo Idial SA", sent. de 4-VII-2018).
Además, cabe recordar que los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de otros tribunales no constituyen la doctrina legal a la que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial para habilitar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (conf. causas A. 72.442, "Arteca", sent. de 6-XI-2013; A. 71.751, "Lagar", sent. de 29-VI-2016; A. 75.161, "Musabah", resol. de 17-X-2018).
4. Por último, se advierte que no resulta idónea para modificar lo resuelto la denuncia de violación de doctrina legal de esta Corte (v. fs. 170 vta.), en tanto en el precedente invocado mediaron presupuestos fácticos distintos a los de la presente causa.
En tal sentido, este Tribunal ha sostenido que, no puede alegarse la violación de aquella doctrina que ha sido elaborada sobre la base de normas y hechos distintos a los verificados en el caso bajo análisis (conf. causa A. 73.190, "Galván", sent. de 31-8-2016).
V. Lo expuesto alcanza para rechazar las impugnaciones articuladas (conf. arts. 279 y 298, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley, atento que han sido insuficientemente fundados (arts. 168 y 171, Const. Pcial.; 296, CPCC; 60 C.C.A; 31 bis, ley 5827 texto según ley 13.812), texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine y 298 del CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-So-Ge-Ko
Reg. Nº 682
Fin de la sentencia