Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74745
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
A.74.745 “AMADO ANA MARIA C/ MINISTERIO DE SEGURIDAD S/ PRETENSION ANULATORIA. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—“
La Plata, 12 de diciembre de 2018.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Soria, Genoud y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata revocó la sentencia de primera instancia que, a su turno, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Ana María Amado contra el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, por la cual persigue la anulación de la resolución 371/13 que rechazó la reasignación de horas cátedra solicitada por la actora a la vez que dispuso la formulación de un cargo deudor de $158.883,95 en concepto de haberes incorrectamente percibidos durante el lapso comprendido entre los meses de junio de 2007 y julio de 2011.
Para así decidir el Tribunal de Alzada interpretó que la resolución administrativa cuya anulación se pretendía lucía válida y fundada en los hechos y la normativa aplicable al caso por lo que el pronunciamiento de grado aparecía conteniendo un error de juzgamiento que imponía su parcial revocación.
Al efecto destacó, que a través de tal acto la administración había resuelto la solicitud de la actora que perseguía la reasignación de horas cátedra rechazándola, con fundamento en que ante el cierre del establecimiento educativo donde aquélla prestaba tareas en el año 2007, la señora Amado ya no formaba parte de la planta funcional de docentes de los distintos institutos de formación policial quedando configurada su situación de disponibilidad desde el mes de junio de ese año, en los términos del art. 21 del Estatuto Docente.
En tal sentido concluyó el a quo que al no haber existido una efectiva prestación de tareas, la percepción de haberes ocurrida hasta el mes de julio de 2011 había resultado indebida conduciendo a la falta de legitimidad de la pretensión de la accionante a la vez que, devenía procedente el acto de imposición del cargo deudor formulado a través de la resolución n° 317/13 al no verificarse causa alguna que obligara a la administración a pagar tales salarios, aún tratándose de montos abonados erróneamente.
No obstante ello, indicó que en virtud de los límites temporales impuestos por el art. 22 de la ley 10.579, el cargo efectuado a la actora no podía retrotraerse más allá del mes de julio de 2008 en tanto debía cumplimentarse la percepción del primer año de haberes prevista en dicha norma.
Revocó con tal alcance el decisorio apelado (v. fs.191/195).
II. Frente a ello, la actora vencida interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la errónea aplicación al caso de lo dispuesto en los arts. 103, 104, 108 inc. a) y 109 del decreto ley 7647/70 y de los arts. 21 y 22 de la ley 10.579.
Arguye que el fallo apelado ha legitimado un obrar ilegítimo de la administración contrario a lo que establecen las citadas normas.
A su vez denuncia la existencia de absurdo en tanto entiende que la Cámara interviniente ha omitido toda consideración a los elementos y antecedentes probatorios obrantes en las actuaciones que dan cuenta de la inexistencia de acto administrativo previo que hubiera modificado su situación de revista que sirviera de fundamento a lo posteriormente resuelto por la autoridad demandada.
III. El remedio no debe prosperar, atento su manifiesta insuficiencia (arts. 279, CPCC y 31 bis de la ley 5827)
IV. 1. Es clara la doctrina de este Tribunal, respecto de que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 72.082, "Delgado", sent. de 20-V-2015; A. 72.983, "Miranda", sent. de 29-XI-2017, A. 73.960, "Gonzalez", resol. de 21-II-2018, entre otras).
De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (doctr. causa A. 70.225, "Tejerina", sent. de 1-VI-2011; A. 70.986, "Transportadores Unidos S.A", sent. de 28-XII-2016, A. 73.960, cit., entre otras).
En tal sentido se evidencia que los argumentos traídos por la accionante no pasan de expresar un mero criterio divergente respecto a la modificación de su situación de revista sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos dados por el Tribunal de Alzada para resolver la cuestión del modo en que lo hizo. IV. 2. Para más, en punto a la vulneración de los arts. 103, 104, 108 inc. a) y 109 del decreto ley 7647/70 y de los arts. 21 y 22 de la ley 10.579 la recurrente no se encarga de desarrollar adecuadamente tal parcela.
Tiene dicho este Tribunal que quien afirma que la sentencia viola preceptos legales no hace otra cosa que anticipar una premisa cuya inmediata demostración debe hacer en el mismo escrito, no resultando suficiente a ese efecto la mera exposición de un escrito interpretativo distinto al del juzgador (doctr. causas A. 71.488, "Gras", 9-III-2016 y A. 73.506, "Scarimbolo", sent. 22-III-2016; entre otras).
La impugnante se agravia de lo resuelto por la Cámara en cuanto disiente de la interpretación otorgada a la configuración de la situación de disponibilidad del docente.
El argumento traído no logra rebatir el fundamento central en el cual se apoya el fallo atacado consistente en que la supresión del cargo por disolución del establecimiento educativo configuró la situación de disponibilidad de la actora y la consecuente falta de prestación de labores docentes legitimaban la determinación del cargo deudor en la extensión que prevé la norma.
Por ello es claro que el remedio en tratamiento no implica más que un juicio de disconformidad personal respecto del resultado de las pautas interpretativas propuestas por el a quo , omitiendo señalar aquello que resulta esencial a los fines recursivos, esto es, las razones tendientes a demostrar en qué medida lo resuelto por la Cámara importa una violación a la norma aplicada (doctr. causas A. 71.971, "Ciccone", sent. de 22-VI-2016; A. 72.682, "Biasetti", sent. de 16-V-201; A. 74.336, "Macia", resol. de 10-X-2018, entre otras)
IV. 3. Por último, respecto al invocado vicio de absurdo, es preciso resaltar que esta Corte ha expresado que la fijación de los hechos y la valoración de la prueba es privativa de los jueces de la causa, por lo que el control casatorio queda por regla excluido, salvo el supuesto de absurdo que se configura con el desvío palmario y notorio de las leyes de la lógica o el razonamiento viciado de tal modo que lleve a conclusiones contradictorias o incongruentes con las constancias de la causa, no configurándose con la mera exhibición de un criterio discordante por parte de quien recurre, tal como aquí acontece (doctr. causas A. 70.673, sent. de 31-VIII-2011; A. 71.891, sent. de 3-XII-2014, A. 73.762, "Benitez", resol. de 27-XII-2017).
Tal situación está lejos de configurarse en autos pues de la lectura del fallo se desprende un razonamiento lógico y coherente aunque contrario a los intereses de quien recurre (art. 384, CPCC).
IV. 4. Lo expuesto, alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-So-Ge-Ko
Reg. Nº 683
Fin de la sentencia