Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74818
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
A.74.818 "MAGNANEGO MIGUEL ANGEL Y OT. C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OT. S/ PRETENSION ANULATORIA. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—"
La Plata, 17 de abril de 2019.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Soria, Genoud y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, había desestimado la demanda deducida por los señores Miguel Ángel Magnanego y Norma Edith Peralta contra la Provincia de Buenos Aires, por la que persiguen -atento las tareas que prestan en el Teatro Argentino- su designación como personal de planta permanente a partir del dictado de la ley 12.268.
Para así decidir el Tribunal de Alzada, en lo que aquí interesa, comenzó por señalar que no se advertía un desacierto interpretativo en la sentencia dictada por la magistrada de grado en razón de los argumentos por ella desarrollados.
Recordó que el régimen bajo el cual se desempeñaban los actores era la ley 10.584, el cual reconocía una planta permanente -con o sin estabilidad- y una temporaria. Añadió que en esta última se encontraba el personal de "Sala y Escenario" -área en la que prestaban tarea los accionantes-, el cual detentaba los derechos allí establecidos, careciendo de estabilidad.
Agregó que través de la ley 12.268 se derogó dicho régimen. El nuevo marco para las actividades artísticas, técnicas y complementarias de las mismas que se desarrollan en la órbita del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, mantuvo la diferenciación entre planta permanente -con y sin estabilidad- y temporaria en la que quedaba comprendido, entre otros agentes, el personal de sala y escenario.
Explicitó que los actos cuestionados se dictaron en función de los regímenes imperantes en cada momento, ajustándose a los derechos y prerrogativas fijados.
Añadió que las designaciones originarias de los actores ocurrieron bajo un régimen que no les reconocía la estabilidad pretendida y del cual tampoco surgía que su permanencia y desempeño como personal de sala y escenario acarreara vicio alguno en razón del marco habilitante.
Destacó al respecto que los apelantes no aportaban elementos que permitieran efectuar una ponderación diferente sobre la base de las tareas asignadas y la labor desarrollada, que dieran cuenta de una actuación estatal en fraude de la garantía de estabilidad del empleado público a la que hace referencia el art. 14 bis de la Constitución nacional ni demostraran que la actuación de la demandada evidenciase una desviación de poder.
En tal sentido esgrimió que el acogimiento de la pretensión implicaría convalidar la transformación automática de funciones de carácter temporario, sin sustento normativo que lo avale conspirando contra la carrera administrativa, pilar base de la relación de empleo público.
Añadió que tampoco consideraba aplicable a la especie la doctrina de los fallos "Ramos" y "Cerigliano" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ni lo resuelto por este Tribunal en la causa A 69.913, "Villafañe", sent. de 13.XI.2012.
Del mismo modo, precisó que las consideraciones efectuadas por la señora jueza de grado en torno al alcance del art. 26 de la ley 12.268 no merecían objeciones.
En efecto subrayó que los lineamientos que guiaban al nuevo régimen instituido, demostraban la carencia de fundamentos de sostener que la disposición en cuestión supuso un pase automático de todos los trabajadores de la planta temporaria a la permanente.
Concluyó considerando ajustada a derecho la decisión judicial recurrida, en tanto había efectuado una correcta ponderación de los elementos fácticos y del alcance de la normativa involucrada, lo cual daba cuenta de su recta interpretación.
Confirmó de ese modo el decisorio apelado (v. fs. 311/317).
II. Frente a ello, los accionantes vencidos, interponen recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el cual esgrimen que el fallo atacado viola en forma expresa lo previsto en los arts. 14, 14 bis, 16, 28, 33, 75 inc. 22 de la Constitución nacional, los arts. 10, 11, 39, 57, 168 y 177 de la carta local y tratados internacionales que mencionan.
Agregan que la Cámara interviniente, al decidir como lo hizo confunde los conceptos de plantel básico y planta permanente siendo a criterio de los recurrentes dos situaciones de revista claramente distintas.
A la vez se agravian por cuanto alegan que el a quo realizó una errónea interpretación del art. 26 de la ley 12.268 en tanto su pronunciamiento carece de lógica y razonabilidad.
Por último aducen que el fallo cuestionado incurre en absurdo.
III. El remedio no debe prosperar, atento la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis de la ley 5827).
IV. 1. Es clara la doctrina del Tribunal, respecto de que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal ( doctr. causas A. 72.983, "Miranda", sent. de 29-XI-2017; A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018; A. 74.466, "Fernández Nogal", resol. de 10-X-2018, entre otras).
En tal sentido, los argumentos esbozados por los recurrentes respecto, entre otras cuestiones, a que la sentencia atacada convalida una discriminación negativa llevada a cabo por la Administración, quien con el dictado de la ley 12.268, incorporó a la planta permanente a trabajadores cuyo régimen estaba encuadrado hasta ese momento en las leyes 10.584 o 10.430, sin haber fundado el rechazo al ingreso de los actores al mismo régimen, no pasan de expresar un mero criterio divergente al adoptado en la sentencia, sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos dados por la Cámara interviniente para resolver la cuestión del modo en que lo hizo principalmente aquel que señalara que la designación primigenia de los actores lo fue bajo un régimen que no les reconocía estabilidad y en tal entendimiento no se verifican objeciones en el actuar de la demandada que pudieran configurar un fraude a aquella garantía.
De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (doctr. causas A. 70.986, "Transportadores Unidos S.A", sent. de 28-XII-2016; A. 74.077, "Sisul", resol. de 3-V-2018 y A. 74.999, "Aguzzi", resol. de 19-XII-2018).
IV. 2. Para más, en punto a la vulneración del art. 26 de la ley 12.268 los recurrentes no se encargan de desarrollar adecuadamente tal parcela.
Tiene dicho este Tribunal que quien afirma que la sentencia viola preceptos legales no hace otra cosa que anticipar una premisa cuya inmediata demostración debe hacer en el mismo escrito, no resultando suficiente a ese efecto la mera exposición de un escrito interpretativo distinto al del juzgador (doctr. causas A. 71.488, "Gras", 9-III-2016; A. 73.506, "Scarimbolo", sent. 22-III-2016; A. 74.745, "Amado" resol. de 12-XII-2018, entre otras).
Los impugnantes se agravian de lo resuelto por la Cámara en cuanto disienten de la interpretación otorgada a la mencionada norma quien sostuvo que aquélla no implicaba el pase automático de todos los trabajadores a planta permanente.
El argumento traído respecto a que ellos fueron los únicos dos agentes a quienes sin razones que lo fundamentaran se excluyó del ingreso al nuevo régimen, no logra rebatir el fundamento central en el cual se apoya el fallo.
Por ello es claro que el remedio en tratamiento no implica más que un juicio de disconformidad personal respecto del resultado de las pautas interpretativas propuestas por el a quo , omitiendo señalar aquello que resulta esencial a los fines recursivos, esto es, las razones tendientes a demostrar en qué medida lo resuelto por la Cámara importa una violación a la norma aplicada (doctr. causas A. 71.971, "Ciccone", sent. de 22-VI-2016; A. 72.682, "Biasetti", sent. de 16-V-201; A. 74.336, "Macia", resol. de 10-X-2018, entre otras).
IV. 3. A su vez es del caso señalar, que la invocación de quebrantos de principios y textos constitucionales -en la especie la garantía de estabilidad, de razonabilidad, el derecho al trabajo y al trato igualitario- no comporta un adecuado sustento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuando tales infracciones constitucionales derivarían como consecuencia de la trasgresión de otras normas legales no acreditada en el caso (doctr. causas A. 71.802, "Emma", sent. de 22-X-2014; A. 72.478, "Scarimbolo", sent. de 30-III-2016, A. 73.515, "Katz Jora, sent. de 13-IX-2017).
IV. 4. Por último, respecto al invocado vicio de absurdo, apenas esbozado por los quejosos, es preciso resaltar que esta Corte ha expresado que la fijación de los hechos y la valoración de la prueba es privativa de los jueces de la causa, por lo que el control casatorio queda por regla excluido, salvo el supuesto de absurdo.
Este agravio no se configura con la mera diferencia de criterio, sino cuando media una cabal demostración de su existencia, que implica acreditar un error palmario, grave y manifiesto que conduzca a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa (doctr. causas A. 74.440, "Amarillo", resol. de 10-X-2018; (causa A. 75.149, "Gerez", resol. de 9-V-2018; A. 74.757, "Lucio", resol. de 21-XI-2018).
Tal situación está lejos de configurarse en autos pues de la lectura del fallo se desprende un razonamiento lógico y coherente aunque contrario a los intereses de quien recurre (art. 384, CPCC, doctr. causas A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016; A. 73.265, "Vélez", sent. de 21-VI-2017; A. 73.467, "Larsen", resol. de 21-II-2018, entre tantas).
Lo expuesto alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-So-Ge-Ko
Reg. Nº 155
Fin de la sentencia