Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74910
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento a que ha sido insuficiente mente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (art. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
A.74.910 "LLOBEL ALEJANDRO FEDERICO C/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVARADO S/ PRETENSION ANULATORIA. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—"
La Plata, 17 de abril de 2019.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Soria, Genoud y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 2 del departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la demanda articulada por Alejandro Federico Llobel contra la municipalidad de General Alvarado y declaró la nulidad del decreto n° 36/2010 dictado en el expediente administrativo n° 4038-3814-L-2009. (v. fs. 642/649).
Para decidir de tal modo explicó que en autos se debate sobre la procedencia de las pretensiones impetradas por el accionante quien, invocando las continuas designaciones en calidad de planta temporaria como guardavidas en el Municipio de General Alvarado entre las temporadas 2004/2005 hasta 2008/2009, controvirtió la decisión de la accionada de no volver a designarlo para la temporada 2009/2010, privándolo arbitrariamente de su fuente de trabajo. Destacó que el demandante admitía la naturaleza temporaria del vínculo que lo unió con la comuna, aunque consideraba que se debía reconocer el derecho a tenor de la autolimitación emergente de su proceder anterior y de lo dispuesto en el decreto 27/89 que la obliga a convocarlo nuevamente para las temporadas venideras.
Interpretó que la pretensión anulatoria se incardinaba únicamente a dejar sin efecto el acto que brinda respuesta al recurso administrativo articulado por el actor y consecuentemente, a obtener su reincorporación, previa tacha de inconstitucionalidad del art. 98 de la ley 11.757.
Afirmó en tal sentido que el servicio que los guardavidas prestan en el operativo de seguridad en las playas detentan rasgos de típicos de la estacionalidad; en este contexto, precisó que no cabe en principio, formular reproche alguno sobre el encuadre dado por la accionada a la relación de empleo habida con el actor, de naturaleza temporaria y carente, por ende, de estabilidad. No obstante, pueden existir situaciones en las que la propia administración se autolimita a través de un precepto de índole reglamentaria mediante el cual se obliga, frente al inicio de una nueva temporada, a dar prioridad para la cobertura de cargos a los guardavidas que hubiesen revistado bajo su órbita en períodos anteriores, garantizándoles un lapso mínimo y obligatorio de prestación de servicios. Apuntó que, si bien no sería posible conferir estabilidad bajo tal tipo de régimen, la decisión unilateral e incausada de la Administración de no respetar aquel límite autoimpuesto en materia de designaciones temporarias haría acreedor de un resarcimiento económico como consecuencia de haberse frustrado injustificadamente la legítima expectativa de permanencia.
Remarcó entonces la importancia que en aquellos precedentes se dio al art. 17 del decreto 27/89, el que bien puede ser disparador de una expectativa de continuidad para el agente que se viene desempeñando en esa modalidad en forma continua y cuyo cese trasunta un despido injustificado, en la medida que no se le brindan razones suficientes de aquella segregación. Aclaró no obstante, que la respuesta a brindar al agente será de tinte netamente indemnizatorio, dada la imposibilidad de reconocer el derecho a la estabilidad por el mero transcurso del tiempo.
Descartó también la tacha de inconstitucionalidad del art. 98 de la ley 11.757 que el actor cuestionó por no portar entre la nómina de derechos de personal temporario, el derecho a la estabilidad.
Aclaró que tal nómina no recibe reparos por el hecho de que el legislador hubiera trazado una línea divisoria generando dos categorías de agente con distinta extensión en sus derechos, menos aun cuando el reproche del actor viene dado por la falta de protección al personal temporario, el que -como se vio- no es tal a la luz de la jurisprudencia reinante en la materia.
Dicho lo anterior, entendió necesario analizar la conducta de la accionada a la hora de discontinuar el vínculo. En tal faena, consideró que recaía sobre el municipio la carga de alegar y acreditar los motivos que llevaron a prescindir de los servicios del agente, pese a lo que la accionada únicamente blandió argumentos vinculados a la naturaleza del vínculo y sin referirse a la preferencia que emana del art. 17 del decreto n°27/89.
Juzgó entonces que con tal proceder la Administración incumplió la carga de motivar debidamente el acto de cese, más cuando fue el propio agente quien requirió explicaciones sobre las razones que llevaron a la Administración a la adopción de tal temperamento.
Apeló la sentencia la parte demandada agraviándose de la aplicación en su perjuicio del art. 17 del dec. Provincial 27/89 al que considera de neta naturaleza funcional y no como el establecimiento de un derecho subjetivo local.
II. A su turno la Cámara Contencioso administrativo de Mar del Plata, rechazó el recurso de apelación esgrimido por la accionada a fs. 664/669 y confirmó el pronunciamiento de grado (v. fs. 686/694 vta.).
Explicó que en ocasión de presentarse a replicar la demanda, la comuna de General Alvarado ensayó una serie de argumentos defensivos vinculados esencialmente a la legitimidad de su decisión de discontinuar la relación con el actor dada la ausencia de derecho a la estabilidad en razón de su pertenencia a la planta de personal temporaria de la comuna.
Agregó que por fuera de tal argumentación la municipalidad no puso en tela de juicio la normativa en la que el demandante posó su reclamo -decreto N° 27/89- alegando tan solo y livianamente que "la aplicación del art. 17 del decreto 27/89 deviene inadmisible. En primer término porque no existe relación de empleo público con el actor. En segundo lugar, porque una vez fenecido el plazo de contratación la relación temporaria se extingue no habiendo ningún otro vínculo posterior a la fecha hasta la cual se contrató"(v. fs. 414 vta.).
Con lo anterior en miras, juzgó que los agravios individualizados en el apartado 1.2. constituyen el fruto de una reflexión tardía, elemento inhábil para sustentar el recurso de apelación deducido.
Expresó entonces que incontrovertida por la demandada al tiempo de responder el libelo de inicio la aplicación al caso de la prioridad que el art. 17 del decreto 27/89 concede a aquellos postulantes a guardavidas que acrediten antigüedad en los servicios prestados en los balnearios, se cerró toda posibilidad de debate en éste punto; tanto en lo que se refiere al alcance de la norma meramente operativa o creadora de derechos subjetivos, como en lo que respecta a la incompatibilidad con aquellas normas constitucionales que consagran la autonomía municipal, emergente del art.123 de la Constitución Nacional. Aclaró que, la tacha de inconstitucionalidad articulada recién en la instancia recursiva no cumple con aquel recaudo que exige que el planteo de inconstitucionalidad de un precepto legal sea formulado en la primera oportunidad propicia, pues tanto el acogimiento como el rechazo de las pretensiones de las partes son eventos previsibles que obligan a su oportuna articulación (C.S.J.N Fallos 331:36 y sus citas; 331:2567; 331419; S.C.B.A., causas Ac. 54.349, "La Previsión Coop. de Seguros Ltada." sent. de 15-VII-1997; B. 54.657, "Azpiroz", sent. de 8-II-2006).
Por todo lo expuesto, el tribunal de alzada rechazó el recurso de apelación, e impuso las costas al vencido.
III. Disconforme con dicho pronunciamiento, la parte demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley denunciando la violación de los artículos 144 inc. 2, 190, 192 inc. 3 y 6, 194 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 5, 31, 123 de la Constitución Nacional y de la doctrina legal emanada de los fallos que cita.
Asimismo denuncia absurdo en la interpretación de las constancias de la causa y segmentación del escrito de contestación de demanda.
IV. El recurso no puede prosperar, la insuficiencia que porta (conf. art. 279 del CPCC) habilita la aplicación del art. 31 bis de la ley 5827 -texto según la ley 13.812- que faculta a ésta Corte a proceder al rechazo de recursos extraordinarios con la sola invocación de ésta norma cuando han sido insuficientemente fundados.
IV. 1. Esta Suprema Corte ha afirmado que es requisito de indudable cumplimiento para el recurrente en instancia extraordinaria la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte. Deficiencia que se presenta entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error se asienta la sentencia del tribunal (conf. doctr. causas A 70.599, "Falasco", sent. de 4-X-2012; A 72.983, "Miranda", sent. de 29-XI-2017; A 73.960, "Gomez", resol. de 21-II-2018; A 74.466, "Fernandez Nogal", resol. De 10-X-18, entre otras).
Al respecto, cabe recordar que quien denuncia la violación de preceptos normativos, anticipa una premisa cuya demostración debe luego llevar a cabo, desde la frustración de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor. Dicha carga no es adecuadamente satisfecha por el recurrente si sus agravios en este sentido no pasan del mero enunciado y una escueta exposición discrepante, sin lograr demostrar las trasgreciones que denuncia (conf. causas A. 71813, "Cerdeiro", sent. de 22-VI-2016; A 74.271, "Meckievi", sent. de 21-XI-2018).
IV. 2. Tampoco es de recibo el agravio referido a la violación de la doctrina legal. Esta Suprema Corte reiteradamente ha afirmado que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe cumplir la exigencia básica relativa a la indicación, en términos claros y concretos de la doctrina que se reputa violada o erróneamente aplicada, por lo que su insuficiencia resulta insalvable cuando se limita a la mera denuncia sin individualización, incumpliéndose de tal manera con la carga técnica que edita el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial. Además cabe recordar que la doctrina legal a la que alude el art. 279 es la que emerge de los fallos de esta Suprema Corte, establecida sobre la misma o análoga situación jurídica. Por lo tanto no lo son las citas jurisprudenciales correspondientes a fallos que provienen de órganos jurisdiccionales distintos a este Tribunal, aun cuando se trate de decisiones emanadas de la Corte Suprema nacional. (conf. doctr. A. 74.458, " Scaglia", sent. de 19-XI-20118; A. 71.191, "Perez", sent. de 11-III-2015; A. 72.242, sent. de 7-III-2019).
IV.3. El agravio por el que se denuncia la configuración de absurdo tampoco es de recibo. Se impone recordar que la labor de interpretar los escritos constitutivos del proceso y establecer los términos en que quedó planteada la litis constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria, y su decisión al respecto sólo puede revisarse en casación en la medida que se denuncie y compruebe la existencia de absurdo (conf. doctr. causas A. 72.764, "Freudweiler", sent. de 18-X-2017; A. 73.975, "Ballejo", sent.10-X-2018; A. 74.467, "Gagliero", sent.28-X-2018). Asimismo, tiene dicho este Tribunal que no queda configurado aquel vicio aún cuando a criterio del sentenciante pueda ser calificado de objetable, discutible o poco convincente ya que se requiere un error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (conf. doctr. causas C. 117.190, "Boscobel", sent. de 12-XI-2014; C. 119.875, "Consorcio de Propietarios Avenida Maipú", sent. de 23-XI-2016 y A. 72.764, cit. A. 72.299, "Morales", sent. de 15-II-2016).
En definitiva, las omisiones impugnativas que se observan en el recurso bajo análisis, sellan adversamente la suerte del embate traído a esta instancia.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento a que ha sido insuficiente mente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (art. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
Regístrese y notifíquese.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-So-Ge-Ko
Reg. Nº 153
Fin de la sentencia