Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74737
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
A.74.737 "BALAGUER ANA CLAUDIA C/ MINISTERIO DE GOBIERNO Y OT. S/ PRETENSION ANULATORIA. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—"
La Plata, 17 de abril de 2019.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Soria, Genoud y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, había desestimado la demanda deducida por la señora Ana Claudia Balaguer contra la Provincia de Buenos Aires, el Colegio de Escribanos y la Caja de Seguridad Social para Escribanos de la Provincia de Buenos Aires por la que persigue la declaración de invalidez del decreto 2675/06 dictado por el Poder Ejecutivo en el marco del expediente 2200-2838/06 por el cual se dispuso su destitución del cargo de notaria adscripta del Registro de Escrituras Públicas n° 3 del Partido de la Costa en virtud de habérsela encontrado responsable del incumplimiento de sus deberes por falta de pago de aportes previsionales e impuesto de sellos en el marco de los arts. 35 inc. 7 "a" y "b"; 65 del decreto ley 9020/78, 11 de la ley 6983; 17, 20, 53, 256 y concs. del Código Fiscal t.o. 1999 y 24 inc. 6 del decreto 3887/98.
Para así decidir el Tribunal de Alzada, en lo que aquí interesa, comenzó por advertir que el recurso en estudio no poseía mérito suficiente para demostrar los errores de juzgamiento que se endilgaban a la sentencia, como tampoco, la invalidez del decreto del Poder Ejecutivo que aplicaba la sanción de destitución.
En efecto destacó que la controversia no radicaba en los hechos que configuraron falta disciplinaria sino en la valoración de los mismos y en el procedimiento administrativo que precedió al dictado del acto segregatorio en tanto la apelante aducía que la legislación notarial no prevé que la comisión de las conductas imputadas pudiera merecer la destitución.
La Cámara interviniente adelantó, coincidiendo con lo decidido en la sentencia de grado, que tales embates no resultaban fundados.
Luego de reseñar los antecedentes que surgen de las actuaciones administrativas que concluyeron con la medida disciplinaria cuestionada señaló, que en cuanto al marco normativo, las infracciones referidas a omisiones de pago de aportes y de ingreso de impuesto de sellos, se configuran a partir de obligaciones establecidas legalmente. En el caso, el art. 11 y concordantes de la ley 6983 y sus modificatorias imponen la existencia de un deber legal y expreso de ingresar, en los actos protocolares, un porcentaje a cargo de los otorgantes, resultando ello suficiente para tener por configurada una infracción frente a la configuración de su incumplimiento.
Agregó que similar era la situación de la escribana, en relación a las obligaciones de origen legal de retener y abonar el impuesto de sellos, que, al propio tiempo, se enmarcan dentro de la ley de ejercicio profesional y las reglas de ética.
Entendió el Tribunal de Alzada que la queja de la actora quien, sin desconocer la existencia de su obrar reprochable, cuestionaba la ausencia de tipicidad de las faltas, carecía de fundamento en tanto los deberes de conducta omitidos subsumen en las infracciones contempladas por la ley de ejercicio profesional y reglamento de ética dictado por su consecuencia y aplicación.
A la vez decidió la a quo que tampoco, se había incurrido en exceso de punición, toda vez que en el caso se configuraba la situación disciplinaria pasible de ser alcanzada por la destitución, a la vez que su aplicación no trasuntaba desproporción en virtud de la reiteración de inobservancias graves de las obligaciones profesionales evaluadas en relación a la proyección pública que recae en la función del notariado.
En tal sentido coincidiendo con lo dispuesto por el órgano decisor opinó que la conducta que originó la sanción aplicada había sido intencional, habitual y sistemática, lo que denotaba una actitud negligente y un desorden incompatible con el ejercicio profesional, que justifica la medida atento a la gravedad que dichas irregularidades representan para quien se constituyó en depositario de la fe pública.
Concluyó que los agravios de la accionante no podían prosperar, en tanto aquélla no desconocía la inobservancia de deberes de pago de aportes e ingreso del impuesto de sellos, que detectada y conformada su acreditación en el sumario, fue valorada con arreglo a la norma que, por reincidencia, ameritaba la destitución del notario.
Destacó que frente a las particularidades del caso, la magnitud de los antecedentes disciplinarios de la accionante y el haber sido reiteradamente sancionada con suspensión en la matrícula, que se extendió en su conjunto por mayor lapso que el mínimo legal, aportaban justificación suficiente a la medida aplicada en este supuesto, habiendo brindado la autoridad administrativa las razones que componen la motivación necesaria, sin advertir la a quo déficit al respecto.
Por otra parte señaló que la infracción y su gravedad se encontraban comprobadas, sin que la celebración de un convenio de pago -como el que suscribió la accionante oportunamente con la caja previsional- fuera útil para eludir el obrar censurado de la notaria con una incumbencia como depositaria de la fe pública, que requiere la cuidadosa observancia del orden jurídico.
Confirmó de ese modo el decisorio apelado (v. fs. 420/428).
II. Frente a ello, la actora vencida, interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el cual esgrime que el fallo atacado incurre en una incorrecta aplicación de la normativa que rige el caso, en particular de los arts. 65 y 72 del decreto ley 9020/1978, al omitir considerar tal cuerpo legal como un régimen orgánico. Agrega que la sentencia de Cámara elige a su sola voluntad cuál norma aplicar y cuál no.
A la vez se agravia por cuanto alega que el decisorio impugnado ha efectuado en forma flagrante y evidente una errónea valoración de las constancias objetivas de la causa, resultando claramente arbitraria.
Aduce a su vez conculcado el principio de legalidad y el derecho de defensa en juicio contenidos tanto en la Constitución nacional como provincial.
III. El remedio no debe prosperar, atento a la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis de la ley 5827).
IV. 1. Es clara la doctrina del Tribunal, respecto de que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal ( doctr. causas A. 72.983, "Miranda", sent. de 29-XI-2017; A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018; A. 74.466, "Fernández Nogal", resol. de 10-X-2018, entre otras).
En tal sentido, los argumentos esbozados por la recurrente respecto a que la Cámara al sentenciar desconoció los fundamentos vertidos por la actora que desvirtuaban la presunción de legitimidad del acto sancionatorio a la vez que soslayó en forma flagrante los vicios del procedimiento al reconocer la presencia de errores, no pasan de expresar un mero criterio divergente al adoptado en la sentencia, sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos dados por la Cámara interviniente para resolver la cuestión del modo en que lo hizo.
De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (doctr. causas A. 70.986, "Transportadores Unidos S.A", sent. de 28-XII-2016; A. 74.077, "Sisul", resol. de 3-V-2018 y A. 74.999, "Aguzzi", resol. de 19-XII-2018).
IV. 2. Para más, en punto a la vulneración de los arts. 65 y 72 del decreto ley 9020/1978 la recurrente no se encarga de desarrollar adecuadamente tal parcela.
Tiene dicho este Tribunal que quien afirma que la sentencia viola preceptos legales no hace otra cosa que anticipar una premisa cuya inmediata demostración debe hacer en el mismo escrito, no resultando suficiente a ese efecto la mera exposición de un escrito interpretativo distinto al del juzgador (doctr. causas A. 71.488, "Gras", 9-III-2016; A. 73.506, "Scarimbolo", sent. 22-III-2016; A. 74.745, "Amado" resol. de 12-XII-2018, entre otras).
La impugnante se agravia de lo resuelto por la Cámara en cuanto disiente de la interpretación otorgada a las mencionadas normas en punto a establecer cuál es la sanción precedente para aplicar el instituto de la reincidencia y cómo deberá computarse el plazo de la sanción anterior a tal efecto.
El argumento traído respecto a que la sanción que sirviera de antecedente para considerar la reincidencia debió ser la suspensión de tres meses establecida en el inc. 2 del art. 65 citado no logra rebatir el fundamento central en el cual se apoya el fallo atacado consistente, como se refirió, en que en el caso los órganos intervinientes fueron coincidentes en evaluar el desempeño de la profesional acorde a sus numerosos antecedentes -sanciones por faltas similares- y en base a ello disponer la aplicación de la máxima sanción tal como lo contempla la norma.
Por ello es claro que el remedio en tratamiento no implica más que un juicio de disconformidad personal respecto del resultado de las pautas interpretativas propuestas por el a quo , omitiendo señalar aquello que resulta esencial a los fines recursivos, esto es, las razones tendientes a demostrar en qué medida lo resuelto por la Cámara importa una violación a la norma aplicada (doctr. causas A. 71.971, "Ciccone", sent. de 22-VI-2016; A. 72.682, "Biasetti", sent. de 16-V-201; A. 74.336, "Macia", resol. de 10-X-2018, entre otras).
IV. 3. A su vez es del caso señalar, que la invocación de quebrantos de principios y textos constitucionales -en la especie el principio de legalidad y el derecho de defensa en juicio- no comporta un adecuado sustento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuando tales infracciones constitucionales derivarían como consecuencia de la trasgresión de otras normas legales no acreditada en el caso (doctr. causas A. 71.802, "Emma", sent. de 22-X-2014; A. 72.478, "Scarimbolo", sent. de 30-III-2016, A. 73.515, "Katz Jora, sent. de 13-IX-2017).
IV. 4. Por último, respecto al invocado vicio de absurdo, es preciso resaltar que esta Corte ha expresado que la fijación de los hechos y la valoración de la prueba es privativa de los jueces de la causa, por lo que el control casatorio queda por regla excluido, salvo el supuesto de absurdo.
Este agravio no se configura con la mera diferencia de criterio, sino cuando media una cabal demostración de su existencia, que implica acreditar un error palmario, grave y manifiesto que conduzca a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa (doctr. causas A. 74.440, "Amarillo", resol. de 10-X-2018; (causa A. 75.149, "Gerez", resol. de 9-V-2018; A. 74.757, "Lucio", resol. de 21-XI-2018).
Tal situación está lejos de configurarse en autos pues de la lectura del fallo se desprende un razonamiento lógico y coherente aunque contrario a los intereses de quien recurre (art. 384, CPCC).
En efecto, la crítica de la impugnante en torno a que la a quo realizó afirmaciones parciales y sesgadas respecto a los hechos ventilados en la causa desatendiendo el real objeto del reclamo cual era el reproche a la excesiva punición y la gravedad de los vicios ocurridos durante el procedimiento, no exterioriza más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las constancias agregadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (doctr. causa A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016; A. 73.265, "Vélez", sent. de 21-VI-2017; A. 73.467, "Larsen", resol. de 21-II-2018, entre tantas).
Lo expuesto alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-So-Ge-Ko
Reg. Nº 154
Fin de la sentencia