Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75558
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
A.75.558 "LUCERO MARCELA LEONOR C/ COLEGIO DE MARTILLEROS Y CORREDORES PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION ANULATORIA. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—"
La Plata, 24 de abril de 2019.
Los señores jueces doctores de Lázzari, Negri, Soria y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. La señora Marcela Leonor Lucero promovió pretensión anulatoria -en los términos del art. 74 de la Ley 12.008- contra la Resolución 004/16 dictada por el Consejo Superior del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 22 de marzo de 2016, que confirmó la sanción de 12 meses de suspensión en el ejercicio de la profesión que le fuera impuesta conforme lo dispuesto por los artículos 53 inc. j), k), l) y 19 inc. c) de la Ley 10.973, texto modificado por la Ley 14.085 (v. fs. 16/29 vta.).
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata desestimó la demanda deducida y confirmó la decisión impugnada (v. fs. 97/101 vta.).
Para así decidir, luego de puntualizar las normas aplicables, comenzó por señalar que la conducta acreditada de la actora dejaba al descubierto el incumplimiento del sistema normativo.
Sostuvo que de conformidad con lo constatado en las presentes actuaciones, la colegiada desarrollaba la actividad bajo una modalidad no autorizada y un ejercicio derivado a terceros impropio de sus obligaciones profesionales y bajo una marca comercial extraña a las variables legales de posibilidad. Así, entendió, que el giro profesional aparecía en conflicto con el régimen normativo que impide utilizar otra denominación que la personal del profesional interviniente, con las salvedades previstas que no se compadecían con la situación de la actora y también un desempeño personal en la labor de intermediación que es inherente al corredor público.
En ese marco, entendiendo que ninguno de los argumentos expuestos por la apelante lograba demostrar la ilegitimidad o desacierto de la decisión sanción adoptada, juzgó que su situación de hecho subsumía en el art. 53 incs. "j", "k" y "l" de la ley 10.973 -texto según ley 14.085- con las consecuencias disciplinarias previstas en el art. 19 del mismo cuerpo legal.
Luego, pasando a considerar el planteo relativo a la desproporción de la sanción aplicada, indicó que si bien la actora la calificó de excesiva, no brindó elementos demostrativos de esa demasía ni cuestionó la plataforma fáctica en la que se sostuviera. Entendió que la respuesta normativa que agraviaba a la apelante no se ofrecía desproporcionada ni extraña al ejercicio del poder de policía de la matrícula que el Estado Provincial puso bajo las atribuciones del colegio profesional.
Agrego, en tal sentido que las faltas fueron múltiples, graves y concordantes, evidenciando un compromiso serio en el desempeño de la función y en la realización de los intereses profesionales (individuales y públicos) involucrados.
Sostuvo que el cuestionamiento de la razonabilidad y proporcionalidad devenía infundado. Ello así, por entender que más allá del intento realizado en torno a demostrar el desacierto interpretativo o una errónea o insuficiente valoración de las constancias fácticas, probatorias y jurídicas que derivaron en la sanción cuestionada, no logró demostrarse dicho postulado.
Finalmente, concluyó que no observaba en la conducta administrativa desplegada en sede del Colegio Profesional, vicios de legalidad acreditados que conduzcan al resultado que propone la pretensión.
II. Frente a lo así resuelto, la accionante interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. 104/117 vta.), el que fue concedido a fs. 119 y vta..
Mediante su impugnación atribuye al fallo cuestionado la errónea aplicación del art. 53 -solo en relación a su inc. "l"- de la Ley 10.973, la violación de los arts. 16 y 18 de la Constitución nacional y conculcación de la doctrina legal que cita.
III. El remedio no debe prosperar, atento a su manifiesta insuficiencia (arts. 279, CPCC y 31 bis de la ley 5827).
III.1. Este Tribunal ha dicho que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (conf. doctr. causas A. 70.596, "González", sent. de 24-IX-2014; A.70.977, "Rossi", sent. de 25-II-2015; A. 74.211, "Lunghi", resol. de 11-IX-2018).
En tal sentido, resulta claro que los argumentos esbozados por la recurrente en este punto no pasan de expresar un mero criterio divergente y reiteratorio respecto de la subsunción de la conducta de la actora en la norma del art. 53 inc. l) de la Ley 10.973, sin desarrollar de manera adecuada una crítica a todos los fundamentos dados por el Tribunal de Alzada para resolver la cuestión del modo en que lo hizo (v. fs. 109 vta./115 vta.).
Por ello, resulta de aplicación la doctrina de esta Suprema Corte que prescribe que si la quejosa limita su labor impugnativa a expresar su mera disconformidad con lo decidido por el tribunal de grado, sin cumplir con las directivas que involucra el tránsito por la instancia extraordinaria, y en momento alguno de su desarrollo argumental propone una réplica concreta y directa a los fundamentos esenciales del fallo, va de suyo que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida (doctr. causa A. 70.261, "Levaggi", sent. de 5-X-2011). De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (doctr. causas A. 70.225, "Tejerina", sent. de 1-VI-2011; A. 70.986, "Transportadores Unidos S.A", sent. de 28-XII-2016; A. 73.545, D'Aloisio, resol. de 27-XII-2017).
III.2. Con mayor razón ello resulta de estricta aplicación cuando, como sucede en el caso, los argumentos de la recurrente más que evidenciar un yerro de índole normativa se dirigen a enrostrarle a la Cámara una equívoca fijación de los hechos y valoración de la prueba agregada a la causa, todas circunstancias privativas de los jueces de las instancias ordinarias cuya impugnación, sabido es, solo puede ser eficazmente esgrimida mediante la denuncia y demostración de absurdo en la respectiva apreciación del sentenciante (doctr. causas A. 70.683, "Sforza", sent. de 31-VIII-2011; A. 71.891, "Valentini", sent. de 3-XII-2014; A. 70.165, "García Urcola", sent. de 4-XII-2016).
Sin embargo, el absurdo no se configura con la mera discrepancia de criterio, sino cuando media una cabal demostración de su existencia, que implica acreditar un error palmario, grave y manifiesto que conduzca a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa (doctr. causas A. 70.716, "Díaz", sent. de 4-XII-2013; C. 116.914, "Villamil", sent. de 19-III-2014; A. 72.514, "Visa Argentina S.A.", sent. de 21-XII-2016).
En tal marco, la crítica de la impugnante no exterioriza más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (doctr. causas A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016; A. 73.265, "Vélez", sent. de 21-VI-2017).
III.3. Para más, se observa que tampoco ha sido idóneamente cuestionada por el recurrente la declaración de insuficiencia efectuada por el Tribunal de Alzada que le impidió el ingreso revisor que procuraba el apelante.
Corresponde recordar que analizar la suficiencia técnica del escrito de expresión de agravios constituye una facultad privativa de los tribunales de apelación, la que sólo puede ser objeto de revisión en esta instancia extraordinaria si se denuncia y demuestra que la declaración de ineficacia, o la deserción en su caso, son el resultado de un razonamiento viciado por el absurdo (conf. causas C. 106.712, "F., I. C.", sent. de 24-IV-2013; A. 71.328, "Cura Grassi", sent. de 26-X-2016; A. 72.368, "Cipulli", sent. de 23-XI-2016), vicio -éste último- que como se señaló no ha sido demostrado debidamente.
III.4. Por último, deviene inidónea para mejorar la suerte adversa del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la denuncia de infracción de cláusulas constitucionales, que sería eventual consecuencia de haberse infringido preceptos legales de la materia de que se trata, si esto último no es previamente demostrado (conf. causas A. 71.682, "Casado", sent. de 22-X-2014; A. 72.672, "Regner", sent. de 14-VI-2017; A. 72.052, "Benítez", sent. de 17-V-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-Ne-So-Ko
Reg. Nº 161
Fin de la sentencia