Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74664
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (art. 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (art. 68, Cód. cit.).
A.74.664 "JOSE MARIA ROSA C/ MUNICIPALIDAD DE LOMAS. DE ZAMORA S/ PRETENSION ANULATORIA. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—"
La Plata, 22 de mayo de 2019.
Los señores Jueces doctores Soria, Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno había desestimado la pretensión deducida por la señora María Rosa José contra la Municipalidad de Lomas de Zamora por la que persigue la anulación del decreto n° 73/04 y su confirmatorio 2192/05 que dispusieran su cesantía por abandono de tareas con la consiguiente reincorporación al cargo que ocupaba y el reconocimiento de los salarios caídos.
Para así decidir, en lo que aquí interesa, coincidiendo con la magistrada de grado, el Tribunal de Alzada señaló que el centro del debate quedaba circunscripto a la determinación de la validez del acto de cese por haber incurrido la actora en cinco inasistencias sin justificar, no obstante la intimación que le fuera practicada.
Advirtió que ninguno de los hechos alegados que conformaban la plataforma fáctica de la causa se encontraban controvertidos.
Luego señaló que el primer agravio traído por la apelante carecía de idoneidad, en tanto si bien se verificaba la omisión de contestación de demanda renuencia de la accionada que daba base a la inexistencia de controversia sobre los hechos, la decisión del caso recaía en una potestad del órgano judicial quien siempre estará condicionado a lo que arroje el desarrollo del proceso.
Para más destacó que la pretensión se dirigía a obtener la impugnación de un acto administrativo que goza, precisamente, del atributo de legalidad presunta que debe ser invalidada por la actividad procesal de la parte interesada, que en el presente sólo se mostraba con escasos aportes.
En tal sentido la Cámara interviniente entendió que la conducta procesal de la demandada no producía los efectos invocados por la accionante, en el sentido de acreditar su asistencia en los días cuya ausencia fue señalada por la autoridad administrativa, implicando tal solución una conclusión excesiva para una disposición legal que no autoriza esa inferencia inmediata, mientras lo colectado en el juicio se dirija a un desenlace distinto.
Igual resultado advirtió en el tratamiento del segundo agravio relativo a la ausencia de motivación del acto, en tanto entendió que este elemento de validez surgía claramente de las razones explicadas en aquella decisión sin que se hubiera logrado demostrar la existencia de otras finalidades encubiertas o falsas.
Por otra parte descartó el planteo relativo a una supuesta incongruencia en el actuar estatal originada en la falta de descuento en los recibos de sueldo de las jornadas en que se verificaron las ausencias injustificadas de la agente. Ello en tanto, la a quo consideró que en tales casos no se supone el descuento inmediato que pregonaba la apelante, ni es necesaria su realización para dar curso a la sanción segregativa dispuesta por esa causa.
En cuanto a la constancia de prestación de servicios que fuera expedida en favor de la demandante y respecto de la cual la agente alegara como prueba para desvirtuar las inasistencias, el Tribunal de Alzada señaló que tal argumento sólo ofrecía una línea de descontento insuficiente para quebrar la línea argumental desplegada por la magistrada de la instancia anterior en tanto ambas circunstancias no guardan vinculación alguna, sino que el certificado sólo da cuenta de una situación de revista determinada más allá de referencias precisas al cumplimiento parcial.
Por último subrayó que la prueba de las inasistencias que reclamaba la actora constituía un razonamiento de impugnación equivocado pues es esta parte quien detenta la carga de demostrar en juicio la inexactitud o falsedad de la causa de la baja, en tanto la misma fue decidida a partir de una verificación de la autoridad administrativa respaldada principalmente en la falta de respuesta a la intimación a reintegrarse a sus tareas y respecto de cuya existencia nada aportó la interesada.
Por lo demás advirtió la a quo , que la regla protectoria invocada por la apelante adolecía en el caso de una plataforma de duda que le sirviera de sostén.
Sobre tales argumentos concluyó que los actos administrativos sujetos a revisión no exhibían carencias de validez que habilitaran su anulación y con ello autorizaran a cambiar la solución arribada por la de una sentencia que se ofrecía sin errores de juzgamiento.
Confirmó de ese modo el decisorio apelado (v. fs. 331/334 vta.).
II. Frente a ello, la actora vencida interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el cual reeditando agravios ya vertidos en ocasión del recurso de apelación esgrime que el fallo atacado carece de todo sustento legal a la vez que reprocha a la Cámara interviniente la ponderación y valoración de los hechos y las pruebas vertidas al decidir (v. fs.338/342).
III. El remedio no debe prosperar, atento a la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis de la ley 5827).
IV. 1. Es clara la doctrina del Tribunal, respecto de que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas Ac. 73.447; sent. de 3-V-2000; Ac. 72.204, sent. de 15-III-2000; Ac. 90.421, sent. de 27-VI-2007).
En tal sentido, los argumentos esbozados por la recurrente en este punto no pasan de expresar un mero criterio divergente y reiteratorio respecto a la valoración que debe darse a la falta de contestación de demanda y a las pruebas documentales aportadas como los recibos de haberes y la certificación de servicios, sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos dados por el Tribunal de Alzada para resolver la cuestión del modo en que lo hizo.
Por ello, resulta de aplicación la doctrina de esta Suprema Corte que prescribe que si el quejoso limita su labor impugnativa a expresar su mera disconformidad con lo decidido por el tribunal de grado, sin cumplir con las directivas que involucra el tránsito por la instancia extraordinaria, y en momento alguno de su desarrollo argumental propone una réplica concreta y directa a los fundamentos esenciales del fallo, va de suyo que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida (doctr. causas A. 74.328, "Cifuentes", resol. de 11-VII-2018; A. 75.028, "Bruzzo", resol. de 20-III-2019, entre otras).
De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (doctr. causas A. 74.077, "Sisul", resol. de 3-V-2018; A. 74.999, "Aguzzi", resol. de 19-XII-2018; A. 74.837, "Betancur", resol. de 20-III-2019, entre otras).
IV. 2. Con mayor razón ello resulta de estricta aplicación cuando, como sucede en el caso, los argumentos del recurrente más que evidenciar un yerro de índole normativa se dirigen a enrostrarle a la Cámara una equívoca fijación de los hechos y valoración de la prueba agregada a la causa, todas circunstancias privativas de los jueces de las instancias ordinarias cuya impugnación, sabido es, solo puede ser eficazmente esgrimida mediante la denuncia y demostración de absurdo en la respectiva apreciación del sentenciante (doctr. causas A. 74.922, "Aguirre", resol. de 14-XI-2018; A. 74.884, "Estrada", resol. de 19-XII-2018; A. 74.661, "Casadei", resol. de 7-III-2019, entre muchas otras).
En tal marco, aun soslayando la omisión de invocar la existencia del alegado vicio, la crítica de la impugnante no exterioriza más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (doctr. causas A. 74.757, "Lucio", resol. de 21-XI-2018; A. 74.756, "Arriaga", resol. de 12-XII-2018; A. 75.005, "Olivera", resol. de 7-III-2019, entre tantas)
IV. 3. Para más, se observa que los agravios planteados en esta instancia extraordinaria fueron expresamente tratados y rechazados por la Cámara interviniente, haciendo aplicable la doctrina de este Tribunal que dispone que es insuficiente para lograr una réplica adecuada y eficaz de lo decidido, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley basado en la mera reiteración de argumentos esgrimidos -y rechazados- en la instancia anterior (doctr. causas A. 71.506, "La Baskonia S.A.", sent. de 19-XII-2012; A. 73.163, "Negrelli", sent. de 30-III-2016; A. 71.561 "De Marziani", sent. de 7-IX-2016), como así también aquélla que establece que la casación no es una tercera instancia donde se examina nuevamente el litigio, ni la pieza recursiva puede sin más pretender reemplazar en su discurrir las reflexiones de la Cámara (doctr. causas A. 74.131, "Madagán", resol. de 30-V-2018; A. 74.604, "Panzeri", resol. de 20-II-2019; A. 74.734, "Procosud", resol. de 7-III-2019).
IV. 4. Lo expuesto alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (art. 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (art. 68, Cód. cit.).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN EDUARDO JULIO PETTIGIANI
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: So-Ge-Ko-Pe
Reg. Nº 242
Fin de la sentencia