Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75065
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
A.75.065 "ANTUNEZ BLANCA C/ MINISTERIO DE SEGURIDAD S/PRETENSION ANULATORIA. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—"
La Plata, 29 de mayo de 2019.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Soria, Pettigiani y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. Conforme surge de las presentes actuaciones la señora Blanca Antúnez promovió acción contra el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires persiguiendo la nulidad de la Resolución n°258/10 dictada en el Expediente Administrativo n° 21.100-714.716/09, que dispuso su baja con fundamento -según sostuvo la actora- en los artículos 61 y 64 inc. d) de la ley 13.982 y 147 segunda parte del Anexo del Decreto n° 1050/09.
Además, solicitó el reintegro a la planta permanente de la Policía provincial, el reconocimiento y pago de los salarios dejados de percibir y, el resarcimiento del daño moral (v. fs. 12/18).
II. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial La Plata, en lo que aquí interesa resaltar, hizo lugar parcialmente a la demanda instaurada condenando a la administración a reincorporar -en el plazo de 60 días- a la actora en las tareas que desempeñaba a la fecha de la baja y a abonarle, en concepto de daño material, un monto equivalente al 35% de la remuneración que dejó de percibir desde la separación de su cargo hasta la fecha de su efectiva reincorporación, con más los intereses que indicó (v. fs. 159/165 vta.).
Precisó que la situación de la señora Antúnez no se ajustaba al supuesto contemplado en la hipótesis normativa aplicada, y que el supuesto de hecho considerado como fundamento del acto administrativo atacado -consistente en la falta de condiciones para reintegrarse al servicio- tampoco se ajustaba a la realidad de los hechos probados en la causa, puesto que la accionante estaba de alta por Junta Médica para realizar tareas especiales.
En función de lo expuesto, juzgó que la resolución cuestionada presentaba un vicio palmario en la motivación y en la causa que la tornaba inválida, toda vez que -entendió- allí se valoró incorrectamente los antecedentes de hecho y de derecho, incurriendo en conculcación del art. 108 del Decreto 7667/70.
III. A su turno, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado (v. fs. 167/174 vta.) y revocó la sentencia (v. fs. 194/198 vta.).
Para así decidir, comenzó por resaltar que la legitimada activa cuestionaba en autos la resolución administrativa n° 285/10 alegando la existencia de una falsa causa (v. gr., haber perdido las condiciones indispensables para permanecer en el cargo). De allí que fundamentara su pretensión en el reintegro a sus tareas derivado del Alta de la Junta Médica -lo que evidenciaría que reunía las condiciones indispensables para permanecer en el cargo- y que por tal motivo no se constataba el supuesto de hecho exhibido por el art. 64 inc. d) de la ley n° 13.982.
Sin embargo, señaló que tal como surge de la propia resolución cuestionada, la baja fue dispuesta en función de lo estatuido por el artículo 64 inc. c) de la mencionada ley.
En ese marco, consideró que el planteo introducido por la actora en la demanda resultaba errado en tanto soslayó los antecedentes de hecho y derecho que dieron andamiaje a la sanción impugnada. Ello así, en tanto el cese de la señora Antúnez no fue por haber perdido las condiciones indispensables para permanecer en el empleo sino en razón de enfermedad o lesión no causada en actos de servicios luego de agotadas las licencias para el tratamiento de la salud, cuando no pudiere acogerse a los beneficios previsionales.
En dicha inteligencia, juzgó que el acto administrativo había sido suficiente y adecuadamente motivado, en tanto pudo constatar objetivamente el exceso de licencias que correspondía por razones de enfermedad, de conformidad con lo prescripto por los artículos 61 y 64 inciso c) de la ley 13.982 y 147 segunda parte del Anexo del Decreto n° 1050/09.
Resaltó además que, en su última parte, el mencionado art. 147 dispone que "igual procedimiento se adoptará cuando se trate de baja por haber agotado el personal policial el máximo de licencia que por razones de enfermedad establece la reglamentación" y que, en el caso de autos la demandada alegó y acreditó el cumplimiento de dicha manda y lo dispuesto por los arts. 127, 128 y concordantes del mismo reglamento.
De ese modo, consideró que en el marco de congruencia decisorio planteado en la instancia y habilitado recursivamente, asistía razón a la accionada cuando afirmaba que de las constancias administrativas agregadas a la causa surgía que la actora se encontró de licencia por más de dos años consecutivos, habiéndose determinado por el organismo especializado -luego de vencido dicho término- que la misma no se encontraba a dicho momento en condiciones de retomar las tareas y que el juez de grado hizo caso omiso a la configuración previa de la causal de cese dispuesta por la normativa (no cuestionada).
Por todo ello, concluyó el Tribunal de Alzada, que las vicisitudes contingentes vinculadas (v. gr. que haya perdido las aptitudes para el escalafón donde se desempeñaba, que la Junta Médica le asignase tareas operativas por cierto lapso, como vincularía ello a la administración y la decisión relativa a la reasignación o no de funciones), no neutralizaban la acreditación del supuesto de hecho comprendido por la norma aplicada (art. 64 inc. "c" de la Ley n°13.982 y 147 última parte del Decreto n° 1050/09) ni enervaban la falta de planteo o crítica adecuada sobre el punto, ni ofrecían argumentos que permitieran analizar la legalidad de la regla establecida. Tampoco justificaron -aseguró- cómo se vincularían esas contingencias con otras reglas de posible aplicación ni porque podría reprocharse la conducta arbitraria bajo las mismas.
IV. Frente a ello, la actora vencida interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 203/213 vta.), por el cual esgrime que el fallo atacado incurre en errónea aplicación de los arts. 64 inc. c) de la ley 13.982, 147 del decreto 1050/09 y violación del art. 108 del decreto ley 7647/70.
Sostiene que una correcta interpretación de la normativa reseñada, exige que se realice bajo la proyección de valores que revelan la prisma del art. 39 inc. 3 (principio protectorio hacia el trabajador -regla in dubio pro operario-) y del art. 103 inc. 12 (estabilidad del empleado público) de la Constitución provincial.
Alega que aún cuando los supuestos contemplados en los incisos b) y c) del art. 64 de la ley 13.982 sean diferentes, la finalidad de la norma es la misma esto es, dar de baja al empleado cuando no es apto para desempeñarse en su cargo y no puede acceder al beneficio de la jubilación, siendo -a su criterio- accesoria la cuestión temporal.
Además, manifiesta que la resolución cuestionada aplicó el art. 64 inc. c) cuando la causal prevista en dicha normativa se había extinguido y ella -siendo apta para el servicio- se encontraba ante una nueva situación laboral.
Concluye así, que la Resolución 258/10 carece de causa ya que -insiste- el mencionado inciso "c" exige ineludiblemente no sólo su aplicación oportuna, sino por sobre todo que la trabajadora no tenga aptitud para desempeñar sus funciones.
V. El remedio no debe prosperar, atento a la deficiencia técnica que porta (art. 279, CPCC y 31 bis de la ley 5827).
V.1. Este Tribunal ha dicho que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, es requisito de ineludible cumplimiento para el recurrente, la réplica concreta directa y eficaz de todos los fundamentos del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del Tribunal (conf. doct. causas Ac. 73.447, sent. del 3-V-2000; Ac. 72.204, sent. del 15-III-2000; Ac. 81.965, sent. del 19-III-2003; Ac. 90.421, sent. del 27-VI-2007).
Tal déficit exhibe la pieza recursiva, pues mediante la denuncia de errónea aplicación del art. 64 inc. c) de Ley 13.982 la recurrente se limita a esbozar argumentos que no pasan de expresar un mero criterio divergente, introduciendo nuevas argumentaciones que difieren sustancialmente del esquema que conformó la demanda. Ello así, porque en el planteo contenido en el escrito postulatorio se limitó, lisa y llanamente, a peticionar la nulidad de la Resolución 257/10 por estar fundada en una falsa causa al no darse el supuesto de hecho contenido en el inc. d) del art. 64 de la ley 13.982.
En consecuencia, surge evidente que el planteo que ahora luce el recurso excede holgadamente los términos en que fue planteado inicialmente. En efecto, no existió en aquella etapa procesal un planteo concreto como el que ahora se intenta en casación, resultando inaceptable que, frente a la suerte adversa de su reclamo en la instancia de grado, el quejoso intente adecuar su pretensión alterando el enfoque, alcance y dimensión de su pedimento (conf. doct. causas L. 99.422, "Forcelli", sent. del 1-XII-2010; L. 97.433, "Agostino", sent. del 19-VIII-2009).
Al respecto cabe recordar que conforme lo tiene dicho este Tribunal, resultan ajenas al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley las cuestiones que no fueron sometidas oportunamente a decisión de las instancias anteriores, las que irrumpen sorpresivamente ante esta instancia o las que son planteadas con un enfoque o dimensión distintos (doctr. causas A. 71.802, "Emma", sent. de 22-X-2014; A. 71.175, "Frachia", sent. de 1-IV-2015; A. 71.364, "Asoc. Civil de Def. de la calidad de Vida, sent. de 21-IX-2016).
V.2. Además, se impone recordar que la labor de interpretar los escritos constitutivos del proceso y establecer los términos en que quedó planteada la cuestión constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria, y su decisión al respecto sólo puede revisarse en casación en la medida en que se denuncie y compruebe la existencia de absurdo o la violación del principio de congruencia (doctr. causas A. 73.074, "Marino", resol. de 4-X-2017; A. 72.764, "Freudweiler", sent. de 18-X-2017 y A. 73.975, "Ballejo", sent. de 10-X-2018; e.o.)
En el caso, la impugnante no sólo soslaya referenciar la concurrencia del vicio lógico en el razonamiento del juzgador, sino que además y en tanto sostiene esencialmente su agravio sobre la hipótesis de que el Tribunal de Alzada interviniente interpretó erróneamente el inciso "c" del art. 64 de la Ley 13.982, omite denunciar la violación del evocado postulado de la congruencia y de las normas adjetivas que lo receptan (causas A. 74.467, "Gogliero", sent. de 28-XI-2018; A. 73.904, "Bernatene", sent. de 28-XI-2018, entre otras)
En definitiva, circunscripta la facultad revisora de este Tribunal al contenido de la sentencia según la concreta impugnación que contra ella se formule, la insuficiencia del recurso interpuesto impide pues, revisar el acierto o desacierto de la decisión de grado (causas A. 71.594, "Silva Ruiz", sent. de 9-IX-2015; A. 73.329, "Nager", sent. de 21-XII-2016; A. 72.788, "Pla", sent. de 18-X-2017).
V.3. Por último, deviene inidónea para mejorar la suerte adversa del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la denuncia de infracción de cláusulas constitucionales, que sería eventual consecuencia de haberse infringido preceptos legales de la materia de que se trata, si esto último, como ya se dijo, no es previamente demostrado (doctr. causas A. 71.682, "Casado", sent. de 22-X-2014; A. 72.672, "Regner", sent. de 14-VI-2017; A. 72.052, "Benítez", sent. de 17-V-2017).
VI. Lo expuesto alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-So-Ko-Pe
Reg. Nº 252
Fin de la sentencia