Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75478
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
A.75.478 "CIFUENTES JUAN CARLOS C/ COLEGIO PROFESIONAL DE AGRIMENSURA PROV. BS. AS. S/ PRETENSION ANULATORIA. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—"
La Plata, 05 de junio de 2019.
Los señores Jueces doctores Negri, Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata rechazó la demanda que perseguía la anulación de la resolución de fecha 4-IV-2003, dictada por el Consejo Profesional de la Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires, en el marco del expediente disciplinario n° 334/99-05/01, en el que se impuso al actor una suspensión en el ejercicio profesional por el lapso de cuatro meses a raíz de haberse encontrado configurada su conducta en la violación de las reglas de ética (art. 37, incs. b y c, de la ley 10.321), con motivo de la detección de una inexactitud en el relevamiento del estado parcelario del inmueble sito en la ciudad de Necochea, cuyos datos catastrales son: Circ. I, Secc. F, Mz. 113b, Parcela 3, Partida n° 18.847, que generó como resultado una diferencia en la valuación fiscal del edificio que ascendía a $ 8.755.
Para así decidir, la a quo señaló en primer término que los argumentos del accionante no lograban desvirtuar el criterio de apreciación de la prueba colectada en el procedimiento disciplinario ni tenían eficacia para quebrar un rumbo decisorio que no ofrece carencias de legalidad.
Relató que de las constancias de la causa surgían una inspección al bien dispuesta por la Dirección de Catastro que fuera realizada el día 28 de junio de 2000 y un informe pericial confeccionado por el perito agrimensor De Zan del 8 de marzo de 2002. Precisó que ambos relevamientos eran coincidentes en punto a que los datos consignados en la inspección realizada por el actor 07 de octubre de 1999 no habría guardado relación con la realidad del inmueble a esa fecha.
Destacó que el actor no lograba rebatir lo informado por el inspector de catastro, al advertir que la superficie y características del inmueble datarían de mucho más de un año de antigüedad.
Observó que la carga probatoria dirigida a rebatir esas diferencias no había sido cumplida por el actor, quien, tratándose el presente de un juicio pleno, contaba con amplias facultades para acreditar los hechos justificativos de su pretensión.
Sentado ello, advirtió que de la pericia efectuada por el ingeniero civil y de las declaraciones testimoniales en las que se cimentaba la demanda no podía concluirse con acierto que las ampliaciones hubieran sido incorporadas con posterioridad al estado parcelario confeccionado por el actor cuando esa discordancia fue advertida mediante la denuncia efectuada por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Añadió que la denegatoria de la prueba en sede administrativa no implicaba un vicio de legalidad, en la medida en que tal decisión se fundamentó en el carácter de instrumento público que reviste el acta labrada por la inspección de la Dirección Provincial de Catastro Territorial y la ausencia de un planteo de redargución de falsedad por parte del profesional sancionado.
Para más señaló que el relevamiento realizado al inmueble por el actor en el año 1999 consignaba un formulario 903/1 con 135 mts. cubiertos y un formulario 905/1 con 84 mts. cubiertos, mientras que el relevamiento realizado por el inspector de la Dirección de Catastro en el año siguiente constaba de un formulario 903/1 con 166 mts. cubiertos de data 1965 y un formulario 903/2 con 52 mts. cubiertos de data 1992 con lo cual resultaba adecuado concluir que la determinación del estado parcelario del actor, sobre el inmueble objeto de debate, resultó inexacta.
En tal sentido la Cámara interviniente destacó que tal anomalía, de acuerdo a las normas de ética que rigen en la materia, mientras no se invoquen fundadas circunstancias de excusación, importa el incumplimiento de las obligaciones en torno a su constitución y base del acto sujeto a control, siendo que se trata de una incumbencia y deber correlativo del profesional de la agrimensura, conforme las normas de la ley de Catastro Territorial 10.707 que así lo indican.
Finalmente, desestimó el agravio relativo a la graduación de la pena en tanto la sanción aplicada se mostraba como una de las variables más benignas previstas en la norma que la establece (art. 38 de la ley 10.321) frente a todo cuanto fuera demostrado.
Confirmó de ese modo la decisión impugnada (v. fs. 244/249).
II. Frente a ello, la parte actora vencida interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el cual esgrime que el fallo resulta absurdo en tanto incurre en errores de conceptuación tergiversando las reglas de la sana crítica en violación de normas procesales y de fondo tanto en el análisis de la legitimidad del acto como de su motivación.
Denuncia a su vez una errónea apreciación de la prueba que conduce a un desvío lógico que se transmite en la sentencia arribada.
Cuestiona también la gradación de la pena que le fuera impuesta.
Por último se agravia de la imposición de las costas decidida por la a quo (v. fs. 253/270 vta.).
III. El remedio no debe prosperar, atento la deficiencia técnica que porta (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812).
IV. 1. Es clara la doctrina del Tribunal, respecto de que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 72.983, "Miranda", sent. de 29-XI-2017, A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018; A. 74.077, "Sisul", resol. de 3-V-2018).
En tal sentido, resulta claro que los argumentos esbozados por el recurrente en este punto no pasan de expresar un mero criterio divergente y en ciertas parcelas reiteratorio respecto del tratamiento dado a la cuestión de la fundamentación del acto sancionatorio, a la interpretación del acto de determinación del estado parcelario por él efectuado y el tenor de la sanción impuesta sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos dados por el Tribunal de Alzada para resolver la cuestión del modo en que lo hizo.
IV. 2. Con mayor razón ello resulta de estricta aplicación cuando, como sucede en el caso, los argumentos del recurrente más que evidenciar un yerro de índole normativa se dirigen a enrostrarle a la Cámara una equívoca fijación de los hechos y valoración de la prueba agregada a la causa, todas circunstancias privativas de los jueces de las instancias ordinarias cuya impugnación, sabido es, sólo puede ser eficazmente esgrimida mediante la denuncia y demostración de absurdo en la respectiva apreciación del sentenciante (doctr. causas A. 71.891, "Valentini", sent. de 3-XII-2014; A. 70.165, "García Urcola", sent. de 4-XII-2016; A. 74.328, "Cifuentes", resol. de 11-VII-2018)).
El mentado vicio no se configura con la mera discrepancia de criterio, sino cuando media una cabal demostración de su existencia, que ocurre sólo ante la presencia de un error grave y ostensible que se comete en la conceptuación, juicio o raciocinio al analizar, interpretar o valorar las pruebas o los hechos susceptibles de llegar a serlo con tergiversación de las reglas de la sana crítica, en violación de las normas procesales aplicables, de todo lo cual resulta una conclusión contradictoria o incoherente en el orden lógico formal e insostenible en la discriminación axiológica (doctr. causas A. 71.156, sent. de 12-IX-2012, A. 74.211, "Lunghi" y A. 74.065, "Civale", ambas resol. de 11-IV-2018, entre otras).
En tal marco, la crítica del impugnante en torno a la apreciación y evaluación de las pruebas pericial y testimoniales efectuadas por la a quo no exterioriza más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo en su opinión- debieron considerarse las pruebas agregadas a la causa, lo cual y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (doctr. causa A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016; A. 73.265, "Vélez", sent. de 21-VI-2017, entre tantas).
IV. 3. Para más, es del caso señalar que los reproches del recurrente referidos a la falta de proporcionalidad de la sanción aplicada abordados a través de decisiones fundadas no revelan un desvío grave que autorice a revocarlas.
Como se expresó anteriormente, a través de la doctrina del absurdo se admite una apertura a la revisión del material fáctico de la causa en casación, más a ella sólo es posible acudir en situaciones que bien pueden calificarse de "extremas" (doctr. causa A. 70.082, "Longarini", sent. de 29-III-2017), en cuanto tienen lugar ante la existencia de un error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones inconciliables con las constancias objetivas de la causa (doctr. causas A. 71.220, "Toledo", sent. de 28-IX-2016; A. 73.017, "Pacheco", sent. de 20-IX-2017; A. 74.011, "Cifuentes", resol. de 11-VII-2018).
Tal situación no ocurre en la especie, en tanto el recurrente opone a la apreciación efectuada por la Cámara consideraciones que se sustentan sólo en su propio criterio y que no traducen más que meras discrepancias subjetivas, extremo que justifica el rechazo del agravio.
IV. 4. Por último, es doctrina de esta Suprema Corte que la imposición y distribución de las costas es una típica cuestión de hecho, facultad privativa de los jueces de grado y como tal irrevisable en sede extraordinaria, salvo el supuesto de absurdo, esto es, que se haya alterado burdamente el carácter de vencido o exista iniquidad manifiesta en el criterio de distribución (doctr. causas A. 72.861, "Cidec", resol. de 16-VII-2014; A. 72.111, "Díaz", sent. de 28-IX-2016; A. 73.664, "Cisi", sent. de 17-V-2017), vicios que no han sido patentizados en autos (art. 279, CPCC).
Los indicados extremos no se verifican en la especie, desde que el recurrente exterioriza una mera disconformidad en orden al criterio seguido por la Cámara sin siquiera invocar en esta parcela el aludido vicio.
IV. 5. Lo expuesto alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HÉCTOR NEGRI LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN EDUARDO JULIO PETTIGIANI
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: Ne-Ge-Ko-Pe
Reg. Nº 290
Fin de la sentencia