Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75335
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts.60 inc.1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
A.75.335 "LLUGDAR MIRIAM ISABEL C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OT. S/ PRETENSION ANULATORIA. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—"
La Plata, 19 de junio de 2019.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Soria, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto rechazó la demanda deducida por la señora Miriam Isabel Llugdar contra la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires con el objeto de que se anule la resolución 1252/07 mediante la cual desestimara el reclamo indemnizatorio peticionado por el desplazamiento de su cargo de Preceptora Provisional Tercer Ciclo EGB n° 28 de La Plata (v. fs. 234/238).
Para así decidir, señaló que no se había demostrado que el pronunciamiento de grado incurriera en un desacierto interpretativo o una errónea valoración de las circunstancias fácticas, probatorias y jurídicas, conforme a los argumentos allí expuestos como así también los dados por el Tribunal de Alzada en un precedente análogo -"Pagola", sent. de 16-IX-2010- y que quedaran confirmados por este Tribunal en la causa A. 71.261, sent. de 3-XII-2014 al rechazar por insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto.
Destacó que el accionante insiste en la aplicación de la disposición 49/95 respecto a una situación particular relativa a un cargo excedente soslayando que dicha norma especial no puede tener alcance modificatorio de las plantas de personal determinadas en la ley 10.579 -cfr. arts. 7, 8, 107 y 109 y concs.-.
Señaló que la provisionalidad supone la vacancia del cargo ocupado, respecto del cual no puede predicarse el derecho a la estabilidad por parte de un docente que reviste como provisional y que cesa en su cargo ipso facto ante la cobertura de la vacante.
Consideró que la situación de excedente de planta no altera el perfil del cargo docente y que la conducta estatal ha sido consecuente con la situación de revista transitoria que poseía la accionante.
Precisó que el error de la administración que se invocara es producto de opiniones de ciertos órganos que la integran que no conforman la competencia decisoria definitiva de áquella y que el accionar de la demandada basada en la reestructuración funcional debe conciliarse con los arts. 21 a 27 de la ley 10.579, referidos a cargos titulares.
Concluyó que no correspondía expedirse en torno a la nulidad del acto de cese y disposición del cargo que detentara y la inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y 4 de la ley 25.561, en virtud de que tales cuestiones no conformaron la plataforma controvertida sobre la cual se dictó la sentencia de primera instancia. Ello en resguardo del debido contradictorio, los principios dispositivo y de congruencia y las garantías derivadas de los arts.18 de la Constitución nacional; 15 de la local; 55,57, 77 inc.1° y concs del CCA y 34, 163 y 255 del CPCC.
II. Frente a ello, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 243/263 vta.), el que fue concedido a fs. 265/266.
En su presentación denuncia que la Cámara interviniente incurre en una errónea y restrictiva interpretación de la Disposición 49/95 vulnerando los arts. 14 bis de la Constitución nacional y 39 inc.3° de su par provincial así como de la doctrina legal de esta Corte sobre los principios de primacía de la realidad y de interpretación de las normas en beneficio del trabajador.
Objeta que el Tribunal de Alzada soslayó el tratamiento del acto administrativo referido sólo a la falta de cumplimiento de funciones para el pago de la remuneración y la licencia por maternidad que gozaba la accionante a la fecha del desplazamiento en el cargo de Preceptora Provisional.
A su vez denuncia absurdo en tanto aduce que la Cámara ha omitido considerar el uso de áquel derecho receptado en los arts. 7, 8 y 114 de la ley 10.579 que transcribe y ha desconocido las garantías y derechos consagrados en los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 75 inc.22 de la Constitución nacional.
Entiende inaplicable la doctrina de la causa "Pagola", resuelta por la Cámara y por esta Corte, con sustento en que los presentes actuados versaron sobre la continuidad de la accionante en el cargo por excedencia de un establecimiento educativo a otro - no existiendo renuncia ni modificación de la situación docente- gozando de licencia, situación que no se verificara en áquel caso que sirviera de apoyo para el Tribunal de Alzada.
III. El remedio no debe prosperar, atento a su manifiesta insuficiencia (arts. 279, CPCC y 31 bis de la ley 5827).
IV. 1. Es clara la doctrina del Tribunal, respecto de que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (cfr. doctr. causas A. 72.983, "Miranda", sent. de 29-XI-2017; A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018; A. 74.466, "Fernández Nogal", resol. de 10-X-2018, e. o.).
En tal sentido, el recurrente al denunciar la errónea interpretación de la disposición 49/95 repite consideraciones formuladas en la apelación ordinaria acerca de la exégesis que cabe asignar a los conceptos contenidos en la norma, sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos dados por el Tribunal de Alzada acerca de la prioridad normativa otorgada a la ley 10.579 respecto a las plantas del personal (cfr. arts. 7, 8, 107, 109 y concs.) y que la norma especial invocada no puede tener alcance modificatorio de ella, ello con sustento en los argumentos que expusiera en un precedente análogo -causa "Pagola"-.
Tampoco atacó los argumentos de la Cámara respecto a las potestades propias para la reestructuración funcional que se otorgan a la autoridad educativa por los arts. 21 a 27 del citado Estatuto del Docente y a que no se expediría respecto a las cuestiones invocadas por la parte actora - nulidad del acto de cese y disposición del cargo que detentara- con motivo de no haber integrado la plataforma controvertida ello con sustento en el debido contradictorio, los principios dispositivo y de congruencia y las garantías derivadas de los arts.18 de la Constitución nacional; 15 de su par provincial; 55, 57, 77 inc.1° y concs. del CCA y 34, 163, 255 del CPCC. De allí que, en definitiva, y como también lo expresó ese Tribunal, son insuficientes los agravios relativos a la nulidad alegada en ese sentido.
Por ello, resulta de aplicación la doctrina de esta Suprema Corte que prescribe que si el quejoso limita su labor impugnativa a expresar su mera disconformidad con lo decidido por el tribunal de grado, sin cumplir con las directivas que involucra el tránsito por la instancia extraordinaria, y en momento alguno de su desarrollo argumental propone una réplica concreta y directa a los fundamentos esenciales del fallo, va de suyo que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida (cfr. causa A. 70.261, "Levaggi", sent. de 5-X-2011).
En tal marco la diferencia apreciada por la recurrente respecto a que los hechos del precedente invocado por el Tribunal de Alzada y la de este caso difieren resulta insustancial con motivo de que los fundamentos que reprodujera se vinculan con el alcance de un cargo provisional atribuidos por el Estatuto del Docente.
Para más, el planteo efectuado por el recurrente involucra cuestiones de hecho que, en principio, son ajenas a la revisión extraordinaria en tanto supone el análisis de las circunstancias fácticas, salvo claro está, la existencia del vicio de absurdo, que en este aspecto no ha sido denunciado ni acreditado.
IV.2. Tampoco merece recepción favorable el agravio genérico referido al carácter absurdo del pronunciamiento de la Cámara. Pues ese vicio lógico en la sentencia no se configura con la mera discrepancia de criterio, sino cuando media una cabal demostración de su existencia, lo que implica acreditar un error palmario, grave y manifiesto que conduzca a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa (doct. causas A. 74.211, "Lunghi" A. 74.065, "Civale", ambas resol. de 11-IV-2018; A. 74.627, "Cifuentes", resol. de 15-VIII-2018, e. o.).
Tal situación está lejos de configurarse en autos pues de la lectura del fallo se desprende un razonamiento lógico y coherente aunque contrario a los intereses de quien recurre (art. 384, CPCC).
IV.3. Tampoco es de recibo la alegada vulneración de doctrina legal.
Al respecto, es del caso recordar que la sola mención de antecedentes jurisprudenciales no basta para fundamentar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si no se relacionan aquéllos con el supuesto concreto de autos ni media puntualización precisa de su adecuación al litigio.
Del mismo modo este Tribunal ha expresado que deviene ineficaz la mención de doctrina legal si en los precedentes invocados mediaron presupuestos de hecho y de derecho que difieren a los propios que se presentaron en el caso en juzgamiento (doct. causas A. 74.550, "Carbia", resol. de 3-V-2017; A. 74.117, "Morales", resol. de 16-V-2018; A. 74.159, "Díaz", resol. de 30-V-2018, e.o.).
Para más en el caso los fallos citados por el recurrente constituyen mayormente referencias de apoyo, citas de autoridad o bien la expresión de criterios concordantes dados por precedentes de esta Suprema Corte (v. fs. 250 vta.), así como de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs.251).
A ello cabe agregar que la doctrina legal, cuya conculcación habilita el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, es la establecida por la Suprema Corte a través de sus pronunciamientos y no la que resulta de la jurisrpudencia de otros tribunales, incluyendo la derivada de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (doct. causas A. 71.751, "Lagar", sent. de 19-VI-2016; A. 74.648, "Candela", resol. de 8-XI-2017).
IV.4. Por último, deviene inidónea para mejorar la suerte adversa del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la denuncia de infracción de cláusulas constitucionales, que sería eventual consecuencia de haberse infringido preceptos legales de la materia de que se trata, si esto último no es previamente demostrado (conf. causas A. 71.682, "Casado", sent. de 22-X-2014; A. 72.672, "Regner", sent. de 14-VI-2017; A. 72.052, "Benítez", sent. de 17-V-2017).
V. Lo expuesto, alcanza para rechazar la impugnación articulada (cfr. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts.60 inc.1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
FDo.: dLa-So-Ko-Pe
Reg. Nº 302
Fin de la sentencia