Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75583
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
A.75.583 "RE RICARDO HORACIO C/ HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS S/ PRETENSION ANULATORIA. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—"
La Plata, 19 de junio de 2019.
Los señores Jueces doctores Soria, Genoud, Pettigiani y la señora Juez doctora Kogan dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, rechazó el recurso de apelación interpuesto y confirmó la sentencia de primera instancia que -a su turno- denegó la pretensión anulatoria deducida frente a la resolución emanada del Honorable Tribunal de Cuentas, que impone un cargo deudor al actor en su calidad de interventor del Mercado Central de Buenos Aires.
Para así decidir, indicó que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires pone en cabeza del Tribunal de Cuentas el deber de inspeccionar las rentas públicas provinciales y revisar las cuentas de inversión, disponiendo su aprobación o desaprobación, indicando el funcionario responsable, el monto y la causa de los alcances respectivos (art. 159 inc. 1° in fine ). Señaló que dicha cláusula fue reglamentada a través de la ley 10.869 y modificatorias, la cual en su art. 5 dispone que el Tribunal determinará su organización interna a efectos de la realización del estudio de rendiciones de cuenta correspondientes a "(…) entes que reciban, posean o administren fondos o bienes fiscales conforme a sus facultades".
Agregó que el art. 15 estatuye que el Tribunal es la única autoridad que puede aprobar o desaprobar definitivamente las cuentas rendidas por los obligados previstos en el art. 5 y que declarará su competencia para intervenir en una rendición de cuentas sin recurso alguno; y que a su vez, el art. 18 prescribe que aquellos entes, previstos en el citado art. 5, que por su organización no presenten rendición mensual o no estén obligados a presentar rendición ante la Contaduría General de la Provincia, deberán hacerlo ante el H. Tribunal de Cuentas, pudiendo aplicar las sanciones establecidas en el art. 16 contra los funcionarios que administren esos fondos.
Asimismo, indicó que el art. 27 expresa que si se tratare de organismos interjurisdiccionales (como es el caso de autos), se correrá traslado al titular del mismo, al responsable de la Administración provincial, al Contador General de la Provincia si correspondiere y a los funcionarios responsables de los requerimientos u observaciones formulados por el Relator.
Frente a la normativa reseñada, advirtió que la Corporación es una entidad pública interestadual, con capacidad de derecho público y privado, que tiene por objeto proyectar, construir y administrar un Mercado Central. Constituye un deber del directorio aprobar anualmente el presupuesto y cuenta de inversión con una anticipación de treinta días a la iniciación del ejercicio; preparar anualmente la memoria y balance general que elevara a las partes de la Corporación dentro de los sesenta días de finalizado el ejercicio; y, remitir trimestralmente a cada una de las partes constituyentes de la Corporación un informe conteniendo la síntesis de las operaciones realizadas en el periodo correspondiente cuadro de resultados y estado de ejecución presupuestaria (art. 6, incs. i, j y k del Estatuto).
Por su parte, sostuvo que el art. 3 del mismo dispone que "Los miembros del Directorio al vencer el término para el cual fueron designados, continuarán en el desempeño de sus cargos, con plenas facultades, hasta tanto se designen los reemplazantes. En caso de enfermedad, ausencia, muerte, renuncia o remoción de alguno de los miembros del Directorio, se operará su reemplazo automático por el funcionario que, en la administración respectiva, tenga a su cargo la dirección en materia de abastecimiento hasta tanto se designe, en su caso, el nuevo reemplazante. El nombramiento del reemplazante del titular se efectuara por el tiempo remanente hasta la terminación del periodo que corresponda al reemplazado".
Consideró que del plexo jurídico reseñado, dimanaba la obligación de rendir cuentas acerca del manejo de los fondos destinados a proveer y realizar los cometidos involucrados en la existencia de la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires; lo que constituye un deber del funcionario que representa al Estado provincial en dicha Corporación y una potestad del propio Tribunal de Cuentas constitucionalmente atribuida.
Asimismo advirtió que de la relación de lo estatuido entre los arts. 5, 15 y 18 de la ley 10.869, surge claro que los entes que reciban, posean o administren fondos o bienes fiscales deben someterse a este juicio de responsabilidad, que el Tribunal puede escrutar definitivamente las cuentas rendidas por dichos obligados y efectuar los reproches correspondientes contra los funcionarios que administren esos fondos.
Por lo expuesto estimó imposible soslayar la condición de representante del Estado y administrador del ente del actor, elementos desde los que se sostiene el juicio de responsabilidad realizado en sede provincial, máxime que frente a su ausencia, lo reemplazará quien tenga a su cargo la dirección en materia de abastecimiento.
Recordó que inclusive el art. 27 prevé el procedimiento en caso de que se tratasen de organismos interjurisdiccionales, circunstancia que reafirma lo dicho en torno a la distinción entre las facultades de la Sindicatura estatuida en el art. 9 del Convenio como órgano perteneciente a dicha entidad y las potestades provinciales derivadas de la administración del representante dentro del mismo; por lo que consideró que no existe superposición ni es excluyente la potestad del art. 9 del Convenio con aquellas propias del Tribunal de Cuentas, en tanto éste último procura fiscalizar el desempeño del actor en su condición de representante provincial en la administración de fondos provenientes de ese origen.
Por último indico que tampoco podía soslayarse que la "rendición de cuentas" se reduzca a un proceso meramente contable. El actor tenía a su cargo la "administración y gobierno" de la gestión en representación de la Provincia, esto es, la realización de sus objetivos, acciones y cometidos. Siendo ello así, le compete (y responsabiliza) la asignación y control de los fondos presupuestarios pertinentes, valorando sobremanera su condición y el deber e importancia de la rendición de cuentas como medio por excelencia de la transparencia y publicidad de los actos de gobierno. Es decir, que el incumplimiento de las exigencias estatuidas supone la infracción, la violación del principio de juridicidad y su consiguiente responsabilidad.
Como corolario, consideró ajustada a derecho la decisión judicial recurrida, toda vez que hubo formulado una correcta ponderación de los elementos fácticos y del alcance de la normativa involucrada, que pone a las claras, a través de una ajustada hermenéutica, su recta interpretación.
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el actor denuncia que conforme las leyes 27 y 48 de la Nación, no puede el Tribunal de Cuentas superponerse a la Sindicatura de la Corporación Mercado Central de Buenos Aires (conf. art. 1 y 2 del Convenio Adicional del dec. 7912/72); adentrándose el órgano provincial en cuestiones que se encomendaron a un funcionario interno de la Corporación, con la aquiescencia de la provincia de Buenos Aires (ref. convenio adicional del 25 de feb. de 1972, art. 2, aprobado por dec. ley pcial 7192/72).
Alega que no surge del art. 159 de la Constitución provincial que tenga atribuciones el Honorable Tribunal de Cuentas sobre organismos tripartitos de los cuales participe otro estado local autónomo y el propio estado nacional.
Plantea cuestión constitucional, en la medida que el Tribunal de Alzada desconoció la preeminencia de la jurisdicción administrativa federal, delega en la figura del Síndico de la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires; y que al confirmar el actuar del Honorable Tribunal de Cuentas se vulnera su derecho de propiedad y la garantía del debido proceso (ref. art. 14, 17 y 18 CN).
Por ultimó insiste con que reconocer potestad de control a un órgano provincial sobre un ente interestadual integrado por la Nación Argentina, resulta violatorio de la letra y los principios que dimanan de los arts. 1, 5 y 126 de la Constitución.
III. El remedio no debe prosperar, atento su manifiesta insuficiencia (art. 31 bis de la ley 5827). El embate articulado no identifica correctamente los fundamentos que llevaron al a quo a decidir como lo hizo, y consecuentemente carece de un desarrollo argumental que ponga en crisis el pronunciamiento, impidiendo a este Tribunal ingresar en el análisis de la cuestión controvertida.
III. 1. Esta Corte tiene dicho que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (conf. doctr. causas A. 70.596, "González", sent. de 24-IX-2014; A.70.977, "Rossi", sent. de 25-II-2015; A. 74.211, "Lunghi", resol. de 11-IX-2018).
En tal sentido, resulta claro que los argumentos esbozados por la recurrente en este punto no pasan de expresar un mero criterio divergente y reiteratorio respecto de la falta de competencia del HTC conforme el art. 159 de la Constitución provincial y frente a la sindicatura creada por el art. 1 y 2 del Convenio adicional del dec. 7912/72, sin desarrollar de manera adecuada una crítica a todos los fundamentos dados por el Tribunal de Alzada para resolver la cuestión del modo en que lo hizo (v. fs. 174/177 vta).
Por ello, resulta de aplicación la doctrina de esta Suprema Corte que prescribe que si la quejosa limita su labor impugnativa a expresar su mera disconformidad con lo decidido por el tribunal de grado, sin cumplir con las directivas que involucra el tránsito por la instancia extraordinaria, y en momento alguno de su desarrollo argumental propone una réplica concreta y directa a los fundamentos esenciales del fallo, va de suyo que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida (doctr. causa A. 70.261, "Levaggi", sent. de 5-X-2011). De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (doctr. causas A. 70.225, "Tejerina", sent. de 1-VI-2011; A. 70.986, "Transportadores Unidos S.A", sent. de 28-XII-2016; A. 73.545, D'Aloisio, resol. de 27-XII-2017).
III.2. A su turno, la Alzada, más allá del acierto o error de la decisión, dio cuenta de todo el plafón normativo en virtud del cual -según su criterio- el Tribunal de Cuentas se encontraría habilitado para ejercer su potestad revisora respecto de los entes interjurisdiccionales (v. fs. 166/168 vta.). Trazó además una distinción entre la función de revisión del ente demandado y la Sindicatura de la CMCBA, y finalmente concluyó que el juicio de "rendición de cuentas" al que se somete a los funcionarios públicos, no es un proceso contable, sino un juicio de responsabilidad (v. fs. 168 vta.).
Sin hacer un juicio sobre el mérito de lo decidido, lo cierto es que ninguna de las premisas del fallo, que por sí solas son idóneas para sostenerlo, fue refutada por la recurrente dejando incólume el pronunciamiento.
Es decir, merced al déficit recursivo señalado esta Corte se ve impedida de abordar y hacer cualquier ponderación en torno a la cuestión de fondo. Ello por cuanto en el embate no se controvierte debidamente la particular interpretación normativa que hace el Órgano de grado para concluir en la potestad revisora del Tribunal de Cuentas.
Es doctrina de esta Corte que en vía extraordinaria, la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo comporta un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante. Va de suyo, entonces, que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida; déficit que, entre otros factores, resulta de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que -al margen de su acierto o error- se asienta el fallo del tribunal inferior (doctr. causas A. 69.689, "Gomila", sent. de 30-IX-2009; A. 70.325, "Labarthe", sent. de 26-X-2011; A. 70.134, "Lafforgue", sent. de 11-IV-2011; A. 71.293, "Fisco de la Pcia. de Bs. As. c/ Romero", sent. de 31-VIII-2016; A. 72.388, "Fisco de la Pcia. de Bs. As. c/ Municipalidad de Junín", sent. de 12-VII-2017, entre muchas otras).
III.3. Asimismo deviene inidónea para mejorar la suerte adversa del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la denuncia de infracción de cláusulas constitucionales, que sería eventual consecuencia de haberse infringido preceptos legales de la materia de que se trata, si esto último no es previamente demostrado (conf. causas A. 71.682, "Casado", sent. de 22-X-2014; A. 72.672, "Regner", sent. de 14-VI-2017; A. 72.052, "Benítez", sent. de 17-V-2017).
III.4. Además y para sellar definitivamente la suerte adversa del remedio interpuesto, cabe señalar que igual déficit contiene el agravio vinculado con la aducida infracción a las garantías constitucionales puntualizadas a fs. 176, toda vez que no se logra acreditar de qué manera el pronunciamiento colisiona con los derechos y prerrogativas que se dicen infringidos, faena a cargo de la impugnante -en el caso insatisfecha- que no puede ser suplida por esta Corte (cfr. doctr. causas A. 71.956, "Carrizo", sent. de 16-IV-2016; A. 72.391, "Vitale", sent. de 19-X-2016; entre tantas).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN EDUARDO JULIO PETTIGIANI
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: So-Ge-Pe-Ko
Reg. Nº 303
Fin de la sentencia