Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74738
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 279, CPCC).
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 28 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Kogan, Negri, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.738, "Guidotti, José María contra Provincia de Buenos Aires. Pretensión Anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado y, en consecuencia, revocó la sentencia de primera instancia que -a su turno- admitió la demanda contencioso administrativa deducida por el señor José María Guidotti contra la Provincia de Buenos Aires -Servicio Penitenciario Bonaerense-. Las costas del proceso fueron impuestas en el orden causado -art. 51 inc. 2, Código Contencioso Administrativo- (v. fs. 325/329 vta.).
Disconforme con dicho pronunciamiento , la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 334/346), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fs. 352/353.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 357), agregada la memoria de la parte demandada (v. fs. 358/363) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 1 con asiento en la ciudad de La Plata, hizo lugar a la demanda contencioso administrativa promovida por el señor José María Guidotti contra la Provincia de Buenos Aires -Servicio Penitenciario Bonaerense- y, en consecuencia: i) declaró la inconstitucionalidad e inaplicabilidad al caso de autos del decreto 2.198/05 y del art. 23 de la ley 13.154 y ii) condenó a la demandada a liquidar y abonar al accionante el suplemento por título terciario contemplado en el decreto 342/81 (v. fs. 291/296).
Al efecto, indicó que el decreto 2.198/05, dictado en ejercicio de facultades concedidas por el art. 23 de la ley 13.154, dejó sin efecto el pago del adicional por título terciario, manteniendo el suplemento por título universitario, afectando de ese modo un derecho adquirido por el accionante, quien venía percibiendo la bonificación por poseer el título terciario de Archivista Auxiliar.
Puntualizó que la restricción de los derechos es una facultad exclusiva del Poder Legislativo que no puede ser delegada en el Poder Ejecutivo (conf. art. 45, Const. prov.), irregularidad que encontró consumada en el decreto 2.198/05 y art. 23 de la ley 13.154, en merito a lo cual declaró la inconstitucionalidad e inaplicabilidad al caso de las citadas normas.
II. A su turno, la Cámara del fuero departamental hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado y, en consecuencia, revocó la sentencia de primera instancia e impuso las costas del proceso en el orden causado (v. fs. 325/329 vta.).
Para así decidir, y en lo que a esta instancia extraordinaria interesa, el Tribunal de Alzada efectuó las siguientes consideraciones:
II.1. Liminarmente, ponderó que la cuestión planteada en autos era semejante a la abordada por esa Cámara en las causas Fittipaldi y Moviglia, por lo cual indicó que reproduciría -en lo pertinente- los argumentos allí expuestos.
En ese sentido, señaló que el actor, como agente del Servicio Penitenciario Bonaerense, venía percibiendo la bonificación por título terciario prevista en el art. 206 del decreto 342/81, reglamentario del decreto ley 9.578/80.
Explicó que el decreto 2.198/05, por el cual se adecuó el régimen salarial para los agentes del organismo, no contempló la liquidación por título terciario, pero instituyó un suplemento por título universitario (art. 5). También dispuso que en ningún caso el nuevo haber podía ser inferior a la suma que los agentes percibían y por ello se continuaría liquidando el mismo monto hasta tanto los aumentos o promociones posteriores superen dicha remuneración (conf. art. 6).
II.2. A partir de allí, determinó que la cuestión a dilucidar consistía en determinar si procedía declarar la nulidad de la resolución impugnada en sede administrativa -que desestimó el pedido del actor de restablecimiento de la bonificación por título terciario- y, en consecuencia, la inaplicabilidad al caso del decreto 2.198/05, que le sirvió de fundamento.
En ese contexto, descartó los vicios por exceso reglamentario atribuidos al citado decreto, en tanto fue dictado en ejercicio de la habilitación legal, conferida al Poder Ejecutivo por el art. 23 de la Ley de Presupuesto 13.154, para regular aspectos de política salarial y sin transgredir normas de rango superior (arts. 31, Const. nac. y 57, Const. prov.).
Ponderó, que el decreto en cuestión denotaba el ejercicio de una potestad conferida por la Constitución provincial (art. 144, inc. 2), y que se subordinaba a la normativa legal que le daba sustento, sin que se observara el supuesto detrimento salarial alegado, pues el monto de la remuneración quedaba a resguardo de toda rebaja (conf. art. 6 segundo párrafo, dec. 2.198/05). Para más, indicó que del plexo probatorio incorporado no surgía acreditada la afectación concreta de la remuneración respectiva.
Por otra parte, con relación al decreto ley 9.578/80 -Régimen del Personal del Servicio Penitenciario-, señaló que de sus disposiciones no surgía ningún suplemento a partir de la posesión de título terciario; sino sólo por título universitario y en la medida que, como consecuencia del cumplimiento de las tareas inherentes al cargo, el agente sufra una inhabilitación legal mediante bloqueo parcial o total del título y se halle matriculado en el Colegio o Consejo Profesional respectivo (art. 26, dec. ley cit., texto según ley 10.843).
De lo expuesto, concluyó que no se verificó en la especie la pugna constitucional que el iudex tuvo por cierta entre el decreto de marras y el principio de razonabilidad del obrar estatal, como así tampoco la encontró configurada respecto de los derechos de propiedad y del trabajo.
III. Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, obrante a fs. 334/346, en el que denuncia: a) violación de los arts. 5, 14, 14 bis, 17, 28, 33 y concordantes de la Constitución nacional; 1, 2, 3, 10, 20, 31, 39, 45, 57, 103 inc. 13 y concordantes de la Constitución provincial; 375 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; 4 apartado 2, 11 apartado 2, 26, 34 inc. "b" segundo párrafo y concordantes del decreto ley 9.578/80; 206 y concordantes del decreto reglamentario 342/81; b) absurdo valorativo y c) vulneración de la doctrina legal de este Tribunal que cita.
Básicamente sostiene que el decreto 2.198/05 resulta contrario a la normativa aplicable (dec. 342/81) y a los principios de raigambre constitucional, al suprimir el pago de un suplemento por título terciario que formaba parte integrante de su remuneración, cercenándose de este modo derechos adquiridos.
Postula que el art. 206 del decreto 342/81, por el cual se le acordó oportunamente la bonificación en cuestión, se encuentra plenamente vigente ya que -alega- el mismo no pudo ser modificado por un decreto provincial. En base a ello, señala que el a quo incurre en error al indicar que el citado decreto se encuentra derogado.
Impugna que la Cámara avale que el decreto 2.198/05, dictado en uso de las facultades conferidas al Poder Ejecutivo mediante el art. 23 de la ley 13.154, haya dejado sin efecto el pago del adicional en cuestión, ya que dicha ley -a su entender- no autoriza a suprimir las remuneraciones mensuales del personal dependiente de la administración provincial. Señala que se debió aplicar el art. 206 del decreto 342/81 por ser la ley más favorable al empleado público (art. 39, Const. prov.).
Refiere que la bonificación por el título terciario que ostenta es parte integrante de la remuneración a la que alude el art. 26 del decreto ley 9.578/80 y su reglamentación, en base a ello, manifiesta que no resulta suficiente un decreto para su derogación, ya que en el caso no existe el paralelismo de normas invocado por la Cámara. En consecuencia, considera que la supresión de la bonificación constituye una quita ilegítima y arbitraria en su remuneración, evidenciando un exceso reglamentario por modificar un derecho que gozaba inalterablemente todos los meses en su haber.
Con relación al resguardo salarial que establece el art. 6 del decreto 2.198/05 y que el a quo cita en su fallo para descartar un supuesto detrimento salarial, el recurrente expresa, por un lado, que al no haberse acreditado la existencia de aumentos que hayan superado su haber los mismos no se produjeron, y por otra parte, sostiene que existen elementos probatorios agregados en la causa para comprobar la detracción remunerativa sufrida en su haber, que no fueron debidamente valorados en el fallo en crisis.
Se agravia que la Cámara funde su sentencia en las causas Fittipaldi y Moviglia, por entender que dichos precedentes persiguen objetos distintos al reclamado por su parte.
Alega que el a quo yerra al decir que no le corresponde la bonificación reclamada por revestir su parte en el escalafón administrativo, ya que -según interpreta- el art. 206 del decreto 342/81 establece dicho pago al agente que ostente el título terciario, sin importar el escalafón en el cual se desempeñe.
Finalmente, señala que en febrero de 2015 obtuvo su cambio de escalafón administrativo al escalafón profesional y técnico dentro del organismo.
IV. Adelanto que el recurso no puede prosperar (art. 279, CPCC).
IV.1. La facultad revisora de la Suprema Corte está circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación que contra ella se formule en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. De allí que el éxito de la postulación recursiva dependa de que se baste a sí misma para que, de su lectura, pueda advertirse el error en la aplicación de la ley o de la doctrina legal. Ello exige una crítica concreta, directa y eficaz de las conclusiones definitorias y argumentos en que se funda el fallo recurrido (conf. doctr. causas A. 73.122, "López", sent. de 29-XI-2017; A. 74.932, "Martin", sent. de 17-X-2018; e.o.).
Advierto que el recurrente omite atacar idóneamente los fundamentos básicos del fallo.
IV.2. El embate que propone el interesado hacia la labor jurisdiccional se limita a citar las normas que considera transgredidas. Sus argumentos no van más allá de meros disentimientos personales que no logran demostrar que la sentencia no constituya una derivación del derecho vigente.
En efecto, el impugnante denuncia, por un lado, que el dictado del decreto 2.198/05 implicó una intervención ilegítima del Poder Ejecutivo al ejercer una potestad exclusiva del Poder Legislativo que no le ha sido delegada, sino prohibida y, por otro, que con ello se afectaron derechos adquiridos de raigambre constitucional.
Más en ese derrotero se desentiende de los fundamentos del fallo que impugna, en el cual se ponderó la legitimidad del decreto en cuestión, como así también, la falta de acreditación de la detracción remunerativa alegada.
En ese sentido, la Cámara juzgó que la norma en cuestión, que regula aspectos de la política salarial del Servicio Penitenciario Bonaerense, fue dictada conforme la habilitación legal dispuesta por la Ley de Presupuesto 13.154 -que en su art. 23 autoriza al Poder Ejecutivo a adecuar las remuneraciones mensuales del personal dependiente de la Administración General de la Provincia, no comprendido en las Convenciones Colectivas de Trabajo, de acuerdo con los objetivos de la política salarial- sin que se transgredan derechos reconocidos por la Constitución provincial (arts. 57 y 144 inc. 2).
También el a quo indicó que el detrimento remunerativo que alegó el recurrente no se encontró acreditado. Y ello por considerar que el haber, con el nuevo esquema, quedó a resguardo de toda rebaja en virtud de lo normado por el art. 6 citado (dec. 2.198/05). Para más, señaló que no se encontró probada, en el sub examine , la afectación concreta de la remuneración respectiva.
Agregó, que de las disposiciones del decreto ley 9.578/80 no surgía ningún suplemento a partir de la posesión de título terciario, sino sólo por título universitario y en la medida que se verifiquen las condiciones establecidas en su art. 26 (texto según ley 10.843).
Finalmente, concluyó que no se verificó en la especie la pugna constitucional que el iudex tuvo por cierta entre el decreto de marras y el principio de razonabilidad del obrar estatal, como así tampoco la encontró configurada respecto de los derechos de propiedad y del trabajo.
De tal modo, los argumentos traídos por el impugnante no consiguen demostrar una errónea aplicación de la ley y, menos aún, logran válidamente acreditar que la sentencia no constituye una derivación razonada del derecho vigente; sino que se limitan a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante (conf. causas A. 70.246, "Alonso", sent. de 8-II-2012; A. 72.243, "Fittipaldi", sent. de 29-VI-2016; e.o.).
En tal sentido, tiene dicho esta Corte que, es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley si el recurrente expone su propio criterio personal, distinto al del sentenciante, en orden a la interpretación de las disposiciones a las que se han subsumido los hechos, sin lograr demostrar que haya existido una errónea aplicación o interpretación del plexo normativo en cuyos términos se funda la sentencia, tal como lo exige el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. doctr. causas A. 70.891, "Mohando", sent. de 6-VIII-2014 y A. 70.232, "Benítez", sent. de 27-IV-2016).
Esta circunstancia resulta suficiente para su rechazo pues, como ha afirmado esta Corte, deviene ineficaz el recurso que no se hace cargo de la línea argumental de la decisión impugnada, y se dedica a criticarlo con su propia interpretación del tema, dejando incólumes afirmaciones que le dan sustento bastante (conf. doctr. causa C. 116.677, "Andrada", sent. de 25-X-2017).
IV.3. Corresponde desestimar también la denuncia de absurdo en la valoración de la prueba.
En este punto el recurso tampoco cumple con la carga técnica que es requerida en la instancia extraordinaria que se pretende transitar.
Así el desarrollo que sobre la cuestión se intenta en la pieza recursiva exhibe un criterio disímil al del juzgador en la apreciación de la prueba, limitándose a denunciar el apartamiento del Tribunal de Alzada de las constancias probatorias de la causa, sin lograr demostrar que la misma haya incurrido, al dictar la sentencia, en un error grosero y manifiesto, que supere lo meramente opinable y que permita el ingreso de este Tribunal en el conocimiento de cuestiones propias de los jueces de la causa.
Sobre el particular el recurrente afirma que no se demostró fehacientemente la existencia de aumentos que hayan superado su haber -que hagan aplicable el resguardo salarial previsto por el art. 6 del decreto 2.198/05- y, por otra parte, que existe prueba documental de donde surge la percepción del derecho reclamado y de su eventual suspensión (v. fs. 340 y 344 vta.).
En el caso, la Cámara no encontró configurado el supuesto detrimento salarial provocado por la quita del suplemento, ya que el monto de la remuneración quedaba a resguardo de toda rebaja (conf. art. 6 segundo párrafo, dec. 2.198/05) y, para más -agregó- que no surgía del plexo probatorio acreditada la incidencia concreta alegada (v. fs. 327 vta. in fine y 328).
Ahora bien, el recurrente no ha demostrado que el razonamiento seguido por los sentenciantes, en sus facultades que le son privativas, haya incurrido en el vicio lógico que supone la causal de absurdo, no planteando más que una mera disconformidad con el sentido de lo decidido, resultando esta discrepancia insuficiente para modificar el pronunciamiento atacado.
Para tener por configurado el absurdo, es necesario demostrar la concreta desinterpretación de la prueba, de modo que las razones de los juzgadores aparezcan como un dislate (arts. 279 y 384, CPCC), no siendo suficiente para abrir la vía extraordinaria, la exteriorización de un punto de vista discrepante con el de los sentenciantes y acorde con el personal enfoque del material probatorio efectuado por el recurrente (conf. doctr. causas C. 98.890, "Cipriano", sent. de 11-II-2009; A. 70.148, "Cocci", sent. de 28-III-2012; e.o.).
Es necesario demostrar que lo concluido por el a quo es el producto de un error grave u ostensible que ha derivado en afirmaciones incongruentes o contradictorias con las constancias objetivas de la causa o con tergiversación de las reglas de la sana crítica y violación de las normas jurídicas sustantivas o procesales vigentes (conf. doctr. causas A. 73.997, "Bustos", sent. de 15-VIII-2018; A. 74.072, "Mármol Perotti", sent. de 19-XII-2018; e.o.), recaudos que no exhibe la denuncia en tratamiento.
IV.4. Tampoco es de recibo el agravio referido a la violación de la doctrina legal de este Tribunal que el recurrente intenta fundar con la trascripción de sumarios jurisprudenciales provenientes de fallos de esta Suprema Corte que, si bien se refieren a la materia que constituye el objeto de esta impugnación, recayeron en causas con distinta plataforma fáctica a la que conforma el caso sub examine (conf. causa A. 72.762, "García", sent. de 19-X-2016).
Para demostrar la existencia de violación o errónea aplicación de la doctrina legal no basta identificar el precedente del Tribunal que contiene la doctrina que se denuncia como violada, sino que debe plantearse la similitud o analogía con la plataforma fáctica de la causa (conf. causa A. 72.762, cit.).
IV.5. Asimismo, es del caso señalar que la invocación de quebrantos de principios y textos constitucionales no comporta un adecuado sustento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuando tales infracciones constitucionales derivarían como consecuencia de la trasgresión de otras normas no acreditada en el caso (conf. doctr. causas L. 95.724, "Campos", sent. de 15-VII-2009 y L. 105.571, "Bettiolo", sent. de 5-XI-2014).
Tampoco encuentro motivo suficiente para acudir a los principios tutelares e interpretativos de la materia, consagrados en el art. 39 de la Constitución provincial, frente a la certeza de la norma aplicable -decreto 2.198/05-, circunstancia que descarta la configuración de un supuesto de duda.
V. Por las razones expuestas, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (art. 279, CPCC).
Voto por la negativa .
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 primer párrafo y 289 in fine, CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Negri y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 279, CPCC).
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia