Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74810
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal y se confirma la sentencia del Tribunal de Alzada en cuanto fuera materia de agravio.
Las costas se imponen a la demandada en su calidad de vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 11 de septiembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Kogan, Soria, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.810, "Peralta Daniel N. c/Ministerio de Seguridad s/Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, desestimó el recurso de apelación deducido por la demandada, confirmando la sentencia de primera instancia (v. fs. 110/115).
Disconforme con dicho pronunciamiento , la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 119/126), el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 128/129.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 136), agregado el memorial de la parte actora (v. fs. 137/142 vta.) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1. El titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda interpuesta por el señor Daniel Noes Peralta condenando a la Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Justicia y Seguridad) a abonar al actor el beneficio del art. 47 de la ley 13.982, con más intereses, acumulable a una reparación integral. Impuso las costas a la vencida (art. 51, CCA) y difirió la regulación de honorarios hasta la oportunidad de quedar firme la sentencia (v. fs. 78/83 vta.).
Contra dicha decisión, la demandada interpuso recurso de apelación.
I.2. La Cámara desestimó el recurso de apelación interpuesto (v. fs. 110/115), confirmando la sentencia de primera instancia.
I.2.a. Para así decidir, precisó que la cuestión planteada en autos es sustancialmente análoga a la decidida en causas de la CCALP n° 12.601, "Espeche, Norma Faustina c/Ministerio de Seguridad y otros s/Pretensión Restablecimiento o Reconoc. de Derechos", sentencia de 8-XI-2012; n° 17.266, "Abe, Stella Maris y otro c/Ministerio de Justicia y otro s/Pretensión Anulatoria", sentencia de 19-IV-2016, entre otras, no obstante la diferente normativa en que se fundó la pretensión.
Indicó que, si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó los fallos de la Corte provincial por que la interpretación legal efectuada permite la acumulación de dos beneficios que responden a la misma finalidad resarcitoria y, por ende, ocasiona un indebido enriquecimiento en cabeza del eventual beneficiario, no halló motivos para desestimar el criterio sustentado por la Corte provincial en causas Ac. 65.005, "Rodríguez", sentencia de 25-VIII-1998; L. 67.483, " Cáceres " , sent. de 22-XII-1998, entre otras, en tanto la doctrina del Máximo Tribunal de la Nación sólo obliga dentro del marco de las causas concretas en que conoce, siendo que, por otra parte, ha cambiado la integración de dicho cuerpo jurisdiccional y la nueva composición no ha ratificado la antigua doctrina legal (conf. causas SCBA L. 81.930, sent. de 25-II-2009; B. 63.730, sent. de 18-IV-2011; C. 87.492, sent. de 30-XI-2011; L. 110.774, sent. de 15-X-2014; e.o.).
Añadió que la doctrina emanada de los citados precedentes jurisprudenciales fue recientemente confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al rechazar por inadmisible los recursos deducidos por el Fisco provincial contra sus decisiones. De allí que, "no resultaría atinado continuar sosteniendo que la jurisprudencia elaborada por la anterior integración del alto Tribunal sigue constituyendo una doctrina vigente de la cual no resulte posible apartarse" (SCBA, causa L. 110.774, "A., E.E. y otros c/Provincia de Bs. As. s/Accidente", sent. de 15-X-2014).
Relató que la discusión en autos giró en relación al alcance del art. 47 de la ley 13.982, el cual determina "Por fallecimiento o incapacidad total y permanente en acto de servicio y en ejercicio de la función de seguridad, el personal policial o su cónyuge, hijos menores o impedidos, padres, hermanos menores o impedidos, que estuvieren a cargo del agente, percibirán por única vez un monto equivalente a veinte (20) veces el sueldo que por todo concepto perciba un Comisario General del Subescalafón Comando a la fecha del fallecimiento o en que se produjo la incapacidad. Dicho subsidio será compatible con otros subsidios que se establecieren por la misma causa".
Adujo que el alcance de la normativa apuntada y los fundamentos en su sanción, ratifican la línea de entendimiento otrora brindada en relación al art. 116 inc. "e" del decreto ley 9.550/80 y su compatibilidad con la ley 24.557, despejando las dudas existentes en vinculación con el mandato del legislador.
Aseveró que los presupuestos que habilitan la percepción del "beneficio especial" en un caso y, la indemnización en el otro, son diferentes y también lo son, las valoraciones que precedieron a la sanción de las normas implicadas. Es en el ámbito de la seguridad social en donde encontramos la cuna en la que cobra vida este tipo de asistencia que brinda el Estado cuando la asunción de un riesgo de trabajo lo justifica (conf. causa SCBA C. 87.492).
Dedujo que la lesión gravísima que incapacita en forma total y permanente al agente en ocasión de servicio , le permite al actor percibir el beneficio solicitado en sede administrativa, ya que no es similar a la indemnización que concede la normativa laboral, pues la prevista por el actual art. 47 de la ley 13.982 se refiere a un beneficio de la seguridad social que se otorga sólo si el agente ha fallecido o ha sufrido una lesión gravísima que lo incapacita en forma total y permanente, en ocasión del ejercicio de su función de policía de seguridad.
Advirtió que la causa considerada para su otorgamiento aparece claramente diferenciada respondiendo a supuestos disparadores diversos, que no es dable equiparar (art. 39 inc. 3, Const. local).
Concluyó asumiendo que el beneficio concedido por la citada norma es acumulable a la indemnización de raigambre laboral, porque ambos responden a distintos presupuestos condicionantes (SCBA causa L. 110.774, "A., E.E. y otros c/Provincia de Bs.As. s/Accidente", sent. de 15-X-2014; e.o.).
I.2.b. Respecto del agravio referido a la ley aplicable al caso, precisó que fue extemporáneamente planteado. Además, aseveró que la demandada no sólo omitió plantear el mismo oportunamente en su contestación de demanda, sino que " su conducta antecedente y la concretada en juicio trabajaron expresamente sobre la plataforma fáctica, probatoria y jurídica materia de decisión (ver fs. 36/40)" . En consecuencia, adujo, no existe óbice alguno en términos de congruencia decisoria, ni conculcación de los derechos y garantías asociados al mismo. Por el contrario, cualquier decisión que invocando el deber de aplicar el derecho por el juez supliese el déficit señalado y/o la plataforma fáctica planteada, conllevaría el perjuicio que supuestamente se denuncia y procura repararse (arts. 18, 17 y concs., Const. nac.; 15 y concs., Const. prov.).
I.2.c. Con relación al cuestionamiento de la tasa de interés fijada consideró que corresponde aplicar la tasa pasiva "digital" a la materia sub examine , en consonancia con lo decidido por el Máximo Tribunal provincial en el reciente precedente " Ubertalli " (causa B. 62.488, sent. de 18-V-2016).
II. Contra dicho pronunciamiento la parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, obrante a fs. 119/126.
Denuncia que la Cámara ha violado o aplicado erróneamente los arts. 47 de la ley 13.982; 11 "n" de la ley 13.201 y 17 y 18 de la Constitución nacional. Asimismo, que se ha vulnerado doctrina de esta Corte y la de la Corte de la Nación en la causa "Delgado" sobre incompatibilidad del beneficio previsto en el art. 47 de la ley 13.982 con la reparación integral reclamada en sede laboral (administrativas 2100-39097/10)
II.1. Reitera, tal como lo hiciera en su recurso de apelación, que la Cámara se apartó de los criterios sentados por la Corte Suprema de la Nación en casos análogos. En ese sentido menciona la causa "Delgado, Estela del Valle", sentencia de 16-XII-1997, en que el Máximo Tribunal resolvió que no resultaban acumulables las indemnizaciones del entonces art. 112 (luego 116) inc. "e" apartado 3 del decreto ley 9.550/80, con las de la ley 9.688.
Agrega, que la doctrina mencionada se mantiene en tanto el Máximo Tribunal nacional no se ha pronunciado con posterioridad en sentido contrario y que, si bien oportunamente la Corte de la Nación desestimó el recurso de queja planteado por su parte, lo fue en virtud del art. 4 de la Acordada 4/2007, con fecha 8-IV-2014.
La Cámara ha violado o aplicado erróneamente la ley que rige en el caso, en tanto no estamos frente a una gratificación o subsidio que pudiera funcionar como liberalidad adicional por la prestación de servicio, sino a una indemnización del daño sufrido a causa de un accidente de trabajo que como tal, no puede acumularse con otras indemnizaciones reclamadas al amparo del Código Civil o del derecho laboral.
II.2. Luego, insiste, tal como lo hiciera en su apelación, que la norma que corresponde aplicar al caso es la ley 13.201 y el art. 208 del decreto reglamentario 3.326 (vigente al momento del hecho generador del daño) que expresamente impide la acumulación y no el beneficio del art. 47 de la ley 13.982, ya que esta última normativa fue operativa recién a partir del 1 de enero de 2010, tal como surge del art. 354 del decreto reglamentario 1.050/09.
III. El recurso no prospera.
III.1. La acumulación o no de la indemnización prevista en el régimen laboral con el beneficio en cuestión, es decir, si resulta compatible el cobro de las dos, ha sido objeto de análisis por esta Corte -con diferente integración- en las causas B. 55.247, sentencia de 2-VII-1996; Ac. 65.005, sentencia de 25-VIII-1998; L. 70.811, sentencia de 17-XI-1999. En ellos se reconoció la procedencia de la acumulación.
Las decisiones en igual sentido en las causas B. 55.247, "Delgado", sentencia de 22-XII-1998; L. 67.483, "Cáceres", sentencia de 22-XII-1998 y L. 70.811, "Vargas", citada, fueron revocadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (con una conformación muy diversa a la actual) y, en consecuencia, fue el criterio seguido con posterioridad por la mayoría de este Tribunal en casos de igual tenor.
Sin embargo, en la causa L. 84.498, sentencia de 14-X-2009 y en fallos posteriores, tales como los recaídos en las causas B. 63.730, "Vandamme", sentencia de 18-IV-2011; L. 110.774, sentencia de 15-X-2014; A. 71.426, "Rodríguez", sentencia de 10-VIII-2016; A. 72.573 "Espeche", sentencia de 18-IV-2018 ; esta Corte propicia nuevamente la solución conforme las conclusiones alcanzadas por el cuerpo en las citadas causas B. 55.247, sentencia de 2-VII-1996; Ac. 65.005, sentencia de 25-VIII-1998; L. 70.811, sentencia de 17-XI-1999.
III.2. El pronunciamiento del a quo se dictó conforme a la aludida doctrina legal de esta Suprema Corte. Y si bien aquí el recurrente, en lo que hace a la incompatibilidad del subsidio reclamado por el actor con la indemnización peticionada en el ámbito laboral, se agravia en relación a la ley 13.982 y también para el caso de que sea aplicable al caso respecto de la ley 13.201, la resolución del caso no varía en tanto esta última contiene análogas previsiones a las de la norma analizada en aquellos precedentes mencionados ut supra.
Debe reseñarse que el acatamiento que los órganos judiciales hacen a la doctrina legal de esta Corte responde al objetivo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, esto es, procurar y mantener la unidad en la jurisprudencia. Este propósito se frustraría si los tribunales de grado, apartándose del criterio de este Tribunal, insistieran en propugnar soluciones que irremisiblemente habrían de ser revocadas. Esto no significa propiciar un ciego seguimiento a los pronunciamientos de esta Corte, ni un menoscabo del deber de los jueces de fallar según su ciencia y conciencia, pues les basta -llegado el caso- dejar a salvo sus opiniones personales (cfr. causas A. 73.385, "SJC", sent. de 24-VI-2015 y A. 74.155, "Saraguti", sent. de 17-V-2017; e.o.).
III.3. En otro orden, corresponde señalar que la doctrina legal cuya conculcación habilita el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, es la establecida por la Suprema Corte a través de sus pronunciamientos y no la que resulta de los fallos de otros tribunales, incluyendo la derivada de las decisiones de la Corte Suprema de la Nación, ni la que emana de la opinión de los autores (conf. causas A. 69.243, sent. de 6-X-2010; A. 70.553, sent. de 18-IV-2012 y A. 72.442, sent. de 6-XI-2013, e.o.), por lo que devienen inatendibles los agravios sustentados exclusivamente sobre la base de decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
III.4. A mayor abundamiento en cuanto al agravio del recurrente referido a que la ley que corresponde aplicar en el caso es la ley 13.201 (vigente al momento del hecho generador del daño), que prevé expresamente la incompatibilidad, y no la de la ley 13.982, en tanto recién fue operativa a partir del 1 de enero de 2010, se advierte que el impugnante se limita a reiterar en el recurso extraordinario los planteos que hiciera en su escrito de apelación en idénticos términos, sin atender a las razones dadas por el Tribunal de Alzada para rechazar los mismos.
En efecto, el a quo entendió que la demandada invocó extemporáneamente la aplicación de la ley 13.201, recién en su escrito de apelación, contrariamente a lo que surge de su conducta procesal en autos, principalmente en la contestación de demanda, en donde trabajó sobre una plataforma fáctica probatoria y jurídica referida a la ley 13.982, la que fue materia de decisión por el juez de primera instancia.
Cabe recordar que es insuficiente para lograr una réplica adecuada y eficaz de lo decidido, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley basado en la mera reiteración de argumentos esgrimidos y rechazados en la instancia anterior (conf. causas L. 102.577, "Lanzavecchia", sent. de 8-IX-2010; A. 71.506, "La Baskonia S.A.", sent. de 19-XII-2012; A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018), en tanto la casación no es una tercera instancia donde se examina nuevamente el litigio, ni la pieza recursiva puede sin más pretender reemplazar en su discurrir las reflexiones de la Cámara (conf. doctr. causas A. 71.852, "Bitar", sent. de 20-V-2015; A. 73.163, "Negrelli", sent. de 30-III-2016; A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016).
He de recordar que esta Corte ha puntualizado que, la interpretación del contenido y alcance de las pretensiones de las partes formuladas en los escritos liminares del proceso constituye una facultad de los jueces de las instancias ordinarias, sólo revisable en casación en caso de absurdo, el que no queda configurado aun cuando el criterio del sentenciante pueda ser calificado de objetable, discutible o poco convincente ya que, como se hubiera anticipado, se requiere un error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (doctr. causas C. 117.190, "Boscobel", sent. de 12-XI-2014; C. 119.875, "Consorcio de Propietarios Avenida Maipú", sent. de 23-XI-2016), lo que no ha sido acreditado en autos.
IV. A tenor de lo señalado, atento que no se acreditó errónea aplicación de la ley, ni violación de la doctrina legal, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto por la demandada y se confirma la sentencia de la Cámara en cuanto fuera materia de agravio.
Con el alcance indicado, voto por la negativa.
Costas de esta instancia a la vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101 y 68 y 289 in fine , CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
El recurso no prospera.
En la causa A. 72.573, "Espeche" (sent. de 18-IV-2018), dejando a salvo la opinión expuesta en la temática -entre otras- en la causa B. 63.730, "Vandamme" (sent. de 18-IV-2011), por razones de economía procesal y con fundamento en el art. 31 bis de la ley 5.827 suscribí la solución que se refleja en la doctrina legal de esta Corte. Luego, frente a una problemática con rasgos semejantes -aun con ciertos matices- habré de reiterar en el sub examine la respuesta dada en aquella ocasión, adhiriendo ahora a la solución que contiene el sufragio emitido por el doctor de Lázzari.
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Negri, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal y se confirma la sentencia del Tribunal de Alzada en cuanto fuera materia de agravio.
Las costas se imponen a la demandada en su calidad de vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia