Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74577
En la ciudad de La Plata, a 11 de septiembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, de Lázzari, Negri , Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.577, "Suárez, Nahuel Facundo contra Estado Provincial. Pretensión Anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín hizo lugar al recurso de apelación deducido por la demandada y revocó la sentencia de primera instancia que -a su turno- declaró la nulidad de las resoluciones 3.946/07 y 677/08 de la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, por las que se dispuso la exoneración del accionante. Impuso las costas de ambas instancias en el orden causado (conf. art. 51 inc. 2. in fine, ley 12.008 -texto según ley 14.437-; v. fs. 508/538 vta.).
Disconforme con dicho pronunciamiento, el actor interpuso recursos extraordinarios de inconstitucionalidad, de inaplicabilidad de ley y de nulidad (v. fs. 541/559 vta.), habiendo concedido la Cámara interviniente los dos primeros y denegado el último de ellos (v. fs. 561/562).
Mediante resolución agregada a fs. 572/573, esta Suprema Corte declaró mal concedido el recurso extraordinario de inconstitucionalidad y llamó a autos para resolver el de inaplicabilidad de ley. Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El juez de primera instancia, hizo lugar parcialmente a la demanda incoada y consecuentemente declaró la nulidad de las resoluciones 3.946/07 de la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y 677/08 del Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires -por las que se dispuso la exoneración del accionante-, y ordenó a la autoridad accionada dictar un nuevo acto sancionatorio por considerar que no habían sido ponderados en el auto de elevación ni en la resolución 3.946/07 los atenuantes prescriptos en el art. 95 del decreto 3.326/04, puesto que ninguna alusión se hacía a ellos.
Para ello ponderó que el actor se refirió en todas sus presentaciones a su seguridad personal y la de su familia, la que se vería amenazada tras la denuncia efectuada contra otros efectivos policiales, circunstancias estas que no han sido tenidas en cuenta a la hora de graduar la sanción que se le impusiera, resultando un elemento clave para hacer mérito de la conducta del sumariado en un contexto amplio y que dé cumplimiento a la pauta contenida en el art. 87 del decreto 3.326/04 (que ordena tener en cuenta los atenuantes y agravantes a la hora de graduar la sanción).
II. Contra dicho pronunciamiento, se alzaron ambas partes, habiendo el actor interpuesto recurso de apelación (v. fs. 477) que fundó por escrito separado obrante a fs. 489/492.
A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín, mediante decisorio agregado a fs. 508/510, declaró inadmisible por encontrarse desierto el recurso del actor, atento que la fundamentación por escrito separado había sido presentada una vez vencido el plazo legal para hacerlo; decisión esta que no fue objeto de impugnación alguna.
Respecto del recurso de la demandada, admitió el mismo y oportunamente -ver fs. 511/538 vta.- revocó la sentencia de primera instancia, confirmando las resoluciones 3.946/07 y 677/08 de la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
II.1. Para así decidir, indicó en forma preliminar, en relación a lo expresado por la parte actora (quien solicitó se declare desierto el recurso interpuesto por la demandada; v. fs. 502 escrito de contestación de agravios), que la brevedad o laconismo de la expresión de agravios no constituye razón suficiente para disponer la deserción del recurso en el supuesto que el apelante individualice, aun en mínima medida, los motivos de su disconformidad con la sentencia impugnada, por cuanto que la gravedad de los efectos que la ley imputa a la insuficiencia del mencionado acto procesal aconseja aplicarla con criterio amplio, favorable a la admisibilidad del recurso.
Advirtió que, si bien los agravios traídos a estudio resultaban pobres en su derrotero, en el marco del respeto al derecho de defensa -ver arts. 18 de la Constitución nacional y 15 de la Constitución provincial-, debía considerarse que los mismos abastecen el requerimiento del art. 53 inc. 3 del Código Contencioso Administrativo, y por tal razón, pese a cierta orfandad crítica señalada, decidió no declarar desierto el recurso tal como lo autoriza el ordenamiento legal (cita art. 261, CPCC).
Seguidamente, ingresada en el fondo del tema suscitado, indicó que surgía del sumario administrativo que el actor incurrió en las conductas tipificadas en los arts. 106 inc. "f", 114 inc. "d" y 120 inc. "h" del decreto 3.326/04, que fueron acreditadas mediante la prueba aportada en el marco de la instrucción sumarial n° 3259 299.786/05 - ISA n° 3.326-363/505, de la que parte la instrucción para encuadrar la conducta del agente y para tener por acreditado el comportamiento del sumariado como la consecuente penalización de exoneración.
Sostuvo que quedó acreditado que el actor participó de los siguientes hechos:
Hecho 1: Que entre los meses de febrero y julio del año 2005, no cumplió con las tareas que se le habían asignado en los diferentes destinos en los que prestó servicios, a la vez que hacía alarde de los contactos políticos y periodísticos que decía poseer y que tal conducta asumida por el Sargento Suárez provocó un malestar entre sus superiores y con sus compañeros.
Hecho 2: Que prestando servicios en la Subsecretaría de Investigaciones en función judicial durante el transcurso del año 2005, grabó con su cámara filmadora dentro del ámbito laboral, al señor Enrique Gallesio, por entonces Subsecretario de Investigaciones en función judicial, sin el conocimiento del mismo y sin orden judicial que así lo dispusiera, y a ello se sumó que posteriormente dio a conocer dicha información a los medios periodísticos.
Hecho 3: Que divulgó información sobre una denuncia que el mismo había tomado y sobre la cual se halla abierta una causa judicial en plena etapa de investigación, sin que medie autorización de ningún tipo para hacerlo.
Confirmado el marco fáctico, adentrada en los agravios esbozados por la accionada a fs. 485 vta. y 486, sostuvo que debía hacer lugar al planteo relativo a la omisión del juez de grado, quien no describió qué atenuantes podrían enervar la contundencia de las faltas cometidas y la consecuente sanción de exoneración.
A ese fin indicó que correspondía analizar si la resolución que dispone la exoneración del actor por los hechos probados, resultaba legítima y razonable de acuerdo al plano jurídico, fáctico, lógico y teleológico, y a los principios que involucra la cuestión objeto de litis.
Manifestó en tal sentido que los fundamentos del acto sancionatorio abastecían en forma suficiente su validez, en cuanto a su causa y motivación.
Señaló que por el art. 1 de aquella resolución, la demandada impuso la sanción de exoneración al Sargento Nahuel Facundo Suárez por hallarlo incurso en las faltas previstas en los arts. 116 inc. "f", 114 inc. "d" y 120 inc. "h" del decreto 3.326/04; y agregó que la autoridad que emitió dicha resolución expresó los hechos y pruebas recolectadas a fin de tener por acreditada la materialidad de las infracciones y la participación del actor en ellas (cfr. fs. 217/221 del expediente administrativo n° 3259 299.786/05 - ISA n° 3326-363/505).
Seguidamente reseñó la defensa del actor obrante a fs. 106/120 (con especial alusión a la persecución sufrida a partir de la denuncia de corrupción policial) y consideró que no conmovía el contundente plexo probatorio conformado por los testimonios valorados que acreditaron la responsabilidad en las faltas administrativas que se le endilgaron.
Advirtió que la sustanciación del sumario se ajustó a las normas del procedimiento administrativo, respetando todas las garantías del imputado; y manifestó que los elementos recolectados resultaban graves, concordantes y contestes, valorados conforme el sistema de las libres convicciones razonadas, lo que conducían a afirmar que la conducta del actor era impropia de un numerario policial.
Destacó, a ese mismo fin, el informe realizado por el Centro de Protección de los Derechos de la Víctima -que brindara asistencia al actor luego de efectuar la denuncia-, del que se desprendía que en el proceso de acompañamiento se le ofrecieron varias viviendas que éste rechazó por diferentes circunstancias, y que el equipo de psicólogos diagnosticó que se encontraba en un estado de tensión. También apuntó que surge de ese informe que los destinos que se le asignaron fueron siempre rechazados, aduciendo que no lo dejaban trabajar; y que informó que la posición del protegido en relación al nombrado organismo fue demandante y hasta por momentos extorsiva.
Por último, reseñó que vencido el plazo establecido por el art. 194 del decreto 3.326/04 para el examen final de las actuaciones administrativas, no se presentó el sumariado a ejercer su derecho.
Por lo expuesto indicó que el comportamiento desvalido analizado se adecúa a la descripción contenida en los arts. 106 inc. "f", 114 inc. "d" y 120 inc. "h" del decreto 3.326/04.
II.2. Asimismo, resaltó que el acto expulsivo tuvo en cuenta, de conformidad con el art. 96 incs. "g" y "j" del decreto 3.326/04 -que establece los agravantes en las faltas disciplinarias- " el regular concepto informado por el Director de Antecedentes Personales en cuanto a su desempeño en dicha repartición (fs. 54/66) y la trascendencia pública del hecho generada por el propio Suárez. Sin atenuantes que merituar " (cfr. fs. 220 vta. del expediente administrativo n° 3259 299.786/05 ISA 3326-363/505; el destacado me pertenece).
Señaló también que del legajo n° 152.388, glosado a fs. 27, 33 y 35 del expediente administrativo referido, surgían diversas sanciones disciplinarias, las que detalló.
Indicó que del análisis de las constancias reseñadas no surgía que Suárez registrara actos meritorios ponderables a los efectos de atenuar la gravedad de las faltas en las que incurrió y que, en rigor, se desprendía que el agente cumplía de una forma irregular sus funciones.
Advirtió que esas mismas circunstancias fueron meritadas por el Auditor de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, quien conforme las disposiciones aplicables del decreto 3.326/04 (específicamente arts. 87, 95, 96 y concs.), mencionó en los vistos y considerando de la resolución 3.946/07 los antecedentes personales del sumariado, sus faltas y expresamente consignó: sin atenuantes que meritar.
Con ello el Tribunal de Alzada tuvo por acreditado tanto el desempeño incorrecto, ineficaz y continuado en su negligencia e inconducta del actor -el que fue descripto en el acto que dispuso la sanción expulsiva- como las sanciones disciplinarias previas obrantes en el legajo personal que la motivaron.
Efectuadas esas consideraciones, reparó en que tres eran los hechos graves que sustentan la exoneración, todo lo que fue corroborado con las constancias probatorias de las actuaciones administrativas.
Sostuvo que tales elementos, valorados por la Administración -independientemente del mérito del que hayan sido pasibles en sede administrativa-, determinan la legitimidad de la sanción aplicada (arts. 103, 108 y concs., dec. ley 7.647/70).
Con ello consideró que no hubo una aplicación irrazonable de los principios que regulan la materia, toda vez que tuvo por probadas las faltas imputadas, faltas que sin duda fundaron razonablemente una sanción de la gravedad de la exoneración impuesta al actor, ya que afectaron gravemente la disciplina, la imagen pública de la institución policial y la racionalidad y legalidad en la actuación, tal como se le imputa.
II.3. Finalmente, en relación a la supuesta intención persecutoria de las autoridades policiales (v. fs. 486 vta.), que el juez de primera instancia consideró preterida al ponderar la gradación de la sanción, estimó que le asistía razón a la parte demandada en cuanto afirmó que el a quo erró al tener por válidas las manifestaciones del actor, toda vez que este último no había logrado probar la existencia de dicha persecución, sin dejar de resaltar que la conducta poco diligente desplegada por éste había delimitado el acervo probatorio a la prueba documental acompañada en autos y a las constancias de los expedientes administrativos.
Destacó que la copia certificada de la sentencia dictada en la causa "Melgar, Víctor Daniel s/ amenazas agravadas" (n° 4943) obrante a fs. 417/424 de autos, no resultaba suficiente a los fines indicados por el magistrado de grado, en atención a que la misma data de fecha posterior a la sanción impugnada; y sin perjuicio de lo expuesto, advirtió que en el supuesto de haber sido de fecha previa, de todos modos no resultaba encuadrable en la previsión normativa contenida en el art. 95 del decreto 3.326/04.
Consideró, por lo tanto, que la supuesta actitud persecutoria no había sido probada y que tampoco se justificó la vía elegida por el actor a fin de vehiculizar su defensa, preservar su seguridad, la de su familia y justificar su conducta; las que sí, por el contrario, revelaron conductas disvaliosas ejecutadas por Suárez encuadrables en los arts. 106 inc. "f", 114 inc. "d" y 120 inc. "h" del decreto 3.326/04; y estimó que las probanzas colectadas no sólo no favorecen la posición jurídica expuesta por el magistrado de grado, sino que corroboran, por el contrario, la conducta probatoria negligente del actor.
III. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el actor denuncia violación al principio de igualdad, errónea aplicación del art. 53 inc. 3 del Código Contencioso Administrativo. Asimismo, aduce que se ignoró la prueba existente en autos.
III.1. Comienza su embate relatando que en enero de 2000 denunció a sus superiores por haber liberado ilegalmente a un detenido, y que a partir de ahí fue trasladado y debió mudarse cinco veces debido a las constantes amenazas. Afirma que, en su nuevo destino, en la Cámara Penal de San Martín, cumplió con todas sus tareas, y que ello está acreditado con la declaración testimonial obrante a fs. 341/343. Acusa que, en el año 2004, el señor Macri (quien compartía la conducción de un taxi con su padre) fue golpeado y amenazado, habiéndole advertido los agresores en dicha oportunidad que "safaba porque no era el padre del h.... al que le gustaba denuncias vigilantes".
Relata que el día del juicio oral (en el que se investiga la denuncia por él efectuada) se presentó a declarar y que, habiendo sido pospuesta la audiencia, emprendió la vuelta en un móvil de prefectura, el que fue interceptado por patrulleros que le cortaron el paso, y que fue amenazado por el Oficial Melgar, quien lo apuntó con una escopeta en la frente y luego lo demoró ilegalmente -junto con los agentes de prefectura- durante más de cuatro horas. Alega que por esos hechos el Oficial Melgar fue condenado por el delito de amenazas con utilización de armas de fuego.
Continúa manifestando que luego de ese suceso violento fue trasladado para su seguridad a la ciudad de La Plata, donde por la Secretaría de Derechos Humanos se le otorgó dinero y pasajes para Sierra de la Ventana, donde al llegar le informó el Comisario de dicha jurisdicción que estaba al tanto de la situación, sintiéndose amenazado y vigilado, por lo que se trasladó nuevamente a la casa de sus padres.
Cuenta que, posteriormente, el señor Gobernador lo ubicó junto con su familia en una casa ubicada en calle 16 y 66 de la ciudad de La Plata, ingresando en el programa de Protección de Testigos; y que recién ocho meses después le asignaron tareas de ordenanza en la sección cómputos y luego de limpieza en el centro de rentrenamiento de La Plata, tareas que a todas luces no se condicen con la experiencia laboral del actor y menos aún con el cargo que ostentaba en la fuerza antes de denunciar a sus superiores.
Denuncia que el Tribunal de Alzada soslayó que en la causa 4523, iniciada el 10 de octubre de 2005 ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional n° 2 de San Martín, se dictó la falta de mérito y se lo sobreseyó de haber informado a un periodista sobre una investigación en curso, condenándolo Asuntos Internos -de todo modos- por ese hecho, no obstante, la prejudicialidad penal.
Continúa el embate señalando que luego de que fracasaran las amenazas físicas e intimidaciones se originó la estrategia administrativa diseñada con claros fines de justificar su exoneración de la fuerza, debido a la denuncia que formulara respecto de sus superiores.
Asimismo, manifiesta que en la investigación sumaria administrativa n° 3326-540/605, donde se le imputaba haberse autoenviado un mail con una denuncia de hechos ilícitos, el oficial de la policía bonaerense que le había enviado el mail testificó que él había tomado conocimiento de los hechos denunciados y los había mandado por mail al actor, pero su declaración no fue tenida en cuenta.
III.2. Denuncia que se violó el principio de igualdad de las partes en el proceso, en tanto la Cámara suplió la impericia de la demandada y no obstante reconocer la insuficiencia de la pieza recursiva interpuesta por aquella (y que fuera oportunamente denunciada por el actor en su memorial), hizo lugar al mismo y revocó la sentencia de primera instancia, vulnerando el debido proceso y el derecho de defensa.
Agrega que el Tribunal de Alzada considera un "prurito formal" la falencia del recurso de la demandada, pero consideró justo declarar desierto el recurso del actor por el vencimiento del plazo por quince minutos.
Señala que se dictó un fallo contra legem en tanto el ordenamiento legal autoriza a implementar una determinada decisión (ref. art. 56 inc. 3, CCA), el Tribunal de Alzada decide en contrario al ordenamiento.
Para más, señala que se privilegió a la parte más fuerte de la relación, ya que se trata del Estado provincial.
III.3. Seguidamente denuncia que el Tribunal de Alzada eligió las pruebas conducentes a un tipo de resolución y no a la que resultaba favorable para el actor, recortando las probanzas a evaluar.
Alega que se dejó sin tratamiento la causa fuente de la contienda, cual era la persecución sufrida a partir de una denuncia de un hecho de corrupción que realizara en perjuicio de sus compañeros y superiores.
Señala que no fue sumariado y exonerado por cuestiones disciplinarias, sino que, al revés, las sanciones disciplinarias le fueron aplicadas en el marco de una persecución llevada adelante contra el agente de policía que se animó a denunciar un hecho de corrupción grave, vinculado al tráfico y protección de drogas ilícitas, por sus propios compañeros policías.
Denuncia que recién por el considerando 13 de la sentencia recurrida se dio tratamiento a la "supuesta" intención persecutoria, la que en rigor de verdad estaba probada tanto por el testimonio del doctor Boitana, como por la condena recaída en la causa penal contra el señor Melgar, la que fue descartada por ser de fecha posterior a la exoneración del actor, sin advertir que el hecho es anterior (año 2004).
Señala que se ignoró la prueba existente, apartándose de la misma cuando resultaba conducente para la resolución del litigio, debiendo declararse la nulidad del fallo recurrido.
Seguidamente
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.