Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 72456
En la ciudad de La Plata, a 23 de octubre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Soria, Kogan, Genoud, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 72.456, "Bernard, Tomás Diego contra Provincia de Buenos Aires. Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que rechazó la pretensión anulatoria dirigida contra dos resoluciones dictadas por la Sala I del Tribunal Fiscal de Apelación (v. fs. 116/122 y 161/167).
Disconforme con aquel pronunciamiento, la actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 170/187), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 189/190).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 196), glosado el memorial de la parte demandada (v. fs. 200/210) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El actor promovió formal demanda contencioso administrativa con el objeto de dejar sin efecto dos decisiones a través de las cuales la Sala I del Tribunal Fiscal de Apelación confirmó parcialmente la resolución 1.965/97, emanada de la ex Dirección Provincial de Rentas. Detalló que mediante esta última se determinaron diferencias en concepto de impuesto inmobiliario, multas y recargos, relacionadas con su actuación como escribano y agente de percepción en distintas operaciones realizadas entre 1984 y 1992. Añadió que los referidos pronunciamientos del Tribunal Fiscal mantuvieron -aunque reduciéndolos- tales multas y recargos, pero que los tributos en cuestión fueron en su momento abonados con intereses.
Como defensas, esgrimió: a) la condonación de multas y recargos dispuesta por el art. 13 de la ley 13.145 y la disposición normativa serie "B" 89/03; b) la inconstitucionalidad de los recargos, fundada en la presunta violación del debido proceso, del principio de culpabilidad y del non bis in idem ; c) subsidiariamente, la prescripción de tales deudas; y d) la inconstitucionalidad del art. 51 del Código Contencioso Administrativo (texto según ley 13.101).
II. El juez de primera instancia rechazó la demanda entablada.
Para así decidir consideró, por un lado, que la condonación invocada no operaba de pleno derecho, sino que se requería un expreso pedido de parte ante la autoridad administrativa, que en el caso estimó no realizado.
Sostuvo asimismo que el reproche constitucional carecía de especificidad en su exposición, por lo que lo consideró insuficiente para conmover la presunción en favor de la validez del dispositivo normativo involucrado.
Sin perjuicio de ello, rechazó la alegada violación de las reglas del debido proceso bajo el argumento de que el accionante no indicó en forma clara cuáles habrían sido las defensas que se vio privado de ejercer.
Negó que mediara quebrantamiento del principio non bis in idem por estimar que los recargos y la multa son figuras previstas por el legislador para supuestos distintos, con diferente finalidad, sin que -a su juicio- exista obstáculo alguno que se oponga a su imposición en forma conjunta.
Con posterioridad, desestimó el planteo de prescripción formulado, aseverando que éste se introdujo en la litis de manera extemporánea, pese a haber sido incluido en la demanda.
Al respecto, precisó que el art. 3.962 del -hoy derogado- Código Civil establecía que "La prescripción debe oponerse al contestar la demanda o en la primera presentación en el juicio que haga quien intente oponerla", pero que -según la opinión del autor que transcribió- dicha disposición "...rige con exclusividad frente a las acciones de cobro que se tramiten por vía de apremio o en el supuesto de la acción contencioso administrativa de repetición de tributos", no así "dentro del trámite administrativo, incluyendo la instancia de revisión por ante el Tribunal Fiscal". En abono del criterio adoptado citó asimismo un fallo de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal.
Concluyó que no podía el planteo de prescripción generar reproche alguno que derivase en la nulidad de las resoluciones impugnadas, dado que en éstas no se lo había analizado ni resuelto debido a su falta de presentación en sede administrativa.
Por lo demás, de conformidad con lo dispuesto por el art. 51 del Código Contencioso Administrativo (texto según ley 13.101), las costas fueron impuestas en el orden causado.
III. Llegado el caso a su conocimiento, el tribunal a quo confirmó la sentencia recién reseñada.
Sostuvo que la condonación de multas y recargos prevista en la ley 13.145 se encuentra supeditada a su solicitud en un procedimiento administrativo previo en el que el debate verse sobre ese preciso aspecto, lo que entendió no verificado en el caso.
Estimó que la imposición conjunta de la multa contemplada en el art. 54 inc. "b" del Código Fiscal (t.o. 2004) y los recargos establecidos por el art. 51 del mismo cuerpo legal no importaba violación del principio non bis in idem , en tanto se apreciaban en aquellos conceptos perfiles separables y de fuentes distintas, pues de un lado se penaba la consumación de la defraudación fiscal en sí, mientras que del otro simplemente se compensaba la mora en el ingreso del gravamen.
Negó que pudiera tenerse por verificada la invocada violación de las reglas del debido proceso en un procedimiento administrativo que daba cuenta de sucesivas intervenciones del afectado, cuando -advirtió- éste no informó con precisión las defensas que se habría visto impedido de ejercer ni las pruebas cuya producción habría sido obstaculizada.
Descartó también la prescripción invocada, aseverando, por un lado, que el actor no articuló dicha defensa por los carriles correspondientes, ya que el caso planteado versaba únicamente sobre la legalidad de las resoluciones impugnadas.
A su vez, apuntó que la causa de las obligaciones discutidas no se remontaba a determinados períodos del impuesto inmobiliario, sino que se relacionaba con la conducta reprochada, a la que reputó "...consumada con el acto definitivo de imposición dictado por el Tribunal Fiscal de Apelación". Acto seguido, añadió que "Esa decisión constituye el crédito fiscal..." y que "...la posibilidad de su exigibilidad dependerá del lapso que transcurra en adelante, como de las variables de defensa practicadas".
En similar dirección, advirtió que coincidía con el juez de grado en cuanto a la necesidad de que la defensa de prescripción sea planteada previamente en sede administrativa.
Por último, en materia de costas, suscribió el criterio de neutralidad vertido en el pronunciamiento de primera instancia, sin dejar de observar que de seguirse el principio de la derrota sería el propio actor apelante quien debería afrontarlas, atento su carácter de vencido.
IV. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, el accionante cuestiona, en lo sustancial, que la Cámara haya entendido: a) que la aplicación simultánea de multas y recargos no viola efectivamente el principio constitucional del non bis in idem ; b) que el procedimiento seguido en la instancia administrativa no afectó otros derechos constitucionales; c) que el planteo de prescripción resulta improcedente; d) que debe mantenerse lo decidido por el juez de grado en materia de costas, sin considerar la alegada inconstitucionalidad del art. 51 del Código Contencioso Administrativo (texto según ley 13.101).
Sus fundamentos pueden sintetizarse como sigue.
IV.1. Más allá de la distinta finalidad atribuida por el fallo recurrido a la multa y los recargos, el impugnante postula que en rigor ambos conceptos persiguen la penalización de una sola causa y hecho generador: la falta de cancelación o el pago fuera de término del tributo en cuestión, conducta única desarrollada por un mismo sujeto.
En apoyo de su tesis, cita una publicación de doctrina y jurisprudencia del Tribunal Constitucional de España de la que se deriva el carácter sancionatorio de ciertos recargos.
IV.2. Sostiene que, en el caso, estos últimos fueron establecidos sin ningún tipo de procedimiento previo, toda vez que -afirma- su aplicación fue automática y no pudo desvirtuarse en el curso de las actuaciones tendientes a fijar la multa, lo que -a su entender- viola los arts. 15 de la Constitución provincial; 18 de la nacional y 8 incs. 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Aduce que -en su visión- no resultaba necesario indicar las defensas que podrían haber sido articuladas.
Puntualiza que, según la jurisprudencia sentada por la Corte nacional, en materia de sanciones tributarias únicamente puede ser reprimido quien resulta culpable, es decir, aquel a quien es dable atribuirle una acción tanto objetiva como subjetivamente, cuando -insiste- en la especie él no tuvo la posibilidad de demostrar su inocencia, debido a la ya indicada falta de procedimiento administrativo.
IV.3.a. En otro orden, cuestiona los argumentos brindados por la Cámara para desestimar el tratamiento del planteo de prescripción, destacando ante todo que aquella omitió considerar lo dispuesto por el art. 3.962 del -hoy derogado- Código Civil, norma que habilita su formulación en "la primera presentación en juicio".
Manifiesta que, en la especie, esa oportunidad se dio con la demanda y no con el procedimiento administrativo seguido primero ante la Dirección Provincial de Rentas, luego ante el Tribunal Fiscal de Apelación. En apoyo de sus dichos, cita lo expresado por esta Corte en las causas C. 95.735, "Acerboni", sentencia de 2-III-2011 y B. 55.910, "Llorente Hermanos", sentencia de 28-IV-1998.
Sobre el punto, observa además que sus argumentos conllevaban un reproche de inconstitucionalidad de las normas locales en materia de prescripción y que, a tenor de lo dispuesto por el art. 12 del Código Fiscal (t.o. 2011 y conc. ant.), el Tribunal Fiscal de Apelación se encontraba impedido de pronunciarse en tal sentido, pues sólo los órganos que integran el Poder Judicial pueden hacerlo.
Añade que la interpretación según la cual la prescripción no puede plantearse en una demanda que persigue la anulación de un acto administrativo es -a su juicio- directamente absurda y carente de sustento legal.
IV.3.b. Sentado lo anterior, explica las razones de fondo que lo llevan a estimar prescriptas las deudas reclamadas.
Asegura que en su pronunciamiento, el tribunal a quo reconoció efectos interruptivos a las actuaciones administrativas, apartándose así tanto de lo preceptuado por el -hoy derogado- Código Civil y lo sostenido por el Máximo Tribunal nacional, como de la doctrina legal vigente de esta Corte, establecida, entre otras, en la causa C. 99.094, "Fisco de la Prov. de Bs. As. c/ Fadra SRL y otros", sentencia de 14-VII-2010.
Sobre la base de la jurisprudencia sentada en el orden nacional a partir de la causa "Filcrosa", replicada luego a nivel local, razona que si el régimen de la prescripción liberatoria es materia delegada por la Provincia que el Estado nacional regula a través de los códigos de fondo y las cuestiones aquí discutidas son de naturaleza sancionatoria, resultan aplicables a éstas las normas sobre prescripción contenidas en el Código Penal, en especial su art. 62, que consagra un plazo de dos años.
De manera subsidiaria, expresa que aún en el caso de resolverse la cuestión planteada a la luz del -hoy derogado- Código Civil (y con independencia de que se aplique el plazo quinquenal establecido en su art. 4.027 inc. 3 o el decenal previsto en su art. 4.023), los conceptos reclamados deberían igualmente considerarse prescriptos.
Recuerda que las supuestas infracciones materia de autos fueron cometidas entre los años 1984 y 1992, por lo que -a su entender- el tributo se tornó exigible en esas fechas y desde entonces debe correr la prescripción, sin que la posición de la Cámara con respecto a que el inicio del plazo correspondiente coincide con el "acto definitivo de imposición dictado por el Tribunal Fiscal" se muestre razonable ni tenga -en su visión- base legal alguna.
IV.4. Finalmente, insiste con su planteo sobre la inconstitucionalidad del art. 51 del Código Contencioso Administrativo, según la modificación introducida por la ley 13.101.
Predica que el principio de distribución de costas por su orden allí consagrado crea un privilegio en favor del Estado, favorecido en tanto se le permite litigar sin gastos, ya que éste cuenta con abogados contratados en forma permanente, lo que de por sí lo libera de pagarles honorarios.
Añade que la norma en cuestión transforma en oneroso el ejercicio de los derechos elementales del hombre y que pierde de vista el carácter accesorio de las costas, reconocido desde antiguo por esta Corte.
Denuncia, en definitiva, violación de los arts. 14, 16, 17, 18 y 28 de la Constitución nacional.
V. Por los fundamentos que a continuación expondré, entiendo que el recurso debe prosperar.
V.1. El Tribunal de Alzada desechó el planteo de prescripción formulado sobre la base de ciertos argumentos de índole procesal.
Por un lado, sostuvo que dicha cuestión no podía ser introducida a través de la pretensión anulatoria articulada en autos; por otro, consideró que el reclamo debió haberse realizado previamente en sede administrativa, tal como, con pretendido apoyo en el trabajo de un autor y en lo decidido en una oportunidad por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (conf. causa "La Mercantil Andina Compañía de Seguros SA", sent. de 7-XII-2010), lo entendió asimismo el juez de grado.
Estas conclusiones han sido cuestionadas por el recurrente, quien al respecto denuncia violación del art. 3.962 del por entonces vigente Código Civil y absurdo. Le asiste razón.
Resulta claro, pues, que sin perjuicio de perseguir la anulación de dos actos administrativos, el actor peticionó expresamente en su demanda, por las razones entonces desarrolladas, la declaración de prescripción de las deudas controvertidas (v. fs. 20 vta./23), aspecto que por lo tanto podía y debía ser discutido aquí con amplitud.
En efecto, siendo el proceso contencioso administrativo un juicio de pleno conocimiento, una instancia judicial ordinaria donde las partes tienen a su disposición un ámbito de juzgamiento con amplias posibilidades de alegar y probar (doctr. art. 166 quinto párr., Const. prov.), no existían reparos para abocarse a dicha cuestión y decidir acerca de la pretensión actora (arg. doctr. causas B. 64.398, "Ferreyra Zenona", sent. de 30-V-2007; B. 63.686, "Severo Frers", sent. de 7-IX-2011; B. 65.699, "Pace", sent. de 11-III-2013; e.o.).
No modifican lo expuesto los motivos brindados por los jueces de las instancias anteriores para no aplicar en el caso la pauta emanada de lo establecido por el art. 3.962 del Código Civil, vigente al momento en que se produjeron los hechos controvertidos (doctr. art. 7, Cód. Civ. y Com., ley 26.994), en cuanto fijaba como oportunidades para plantear la prescripción la contestación de demanda o "la primera presentación en juicio" del interesado, dada en autos por el ya reseñado escrito postulatorio inicial.
De hecho, ninguno de tales magistrados ha esbozado argumentos atendibles en abono de la tesis según la cual en el sub lite correspondía hacer excepción de la solución normativa indicada. Por el contrario, el juez de grado se ha limitado a citar la opinión de un autor que ni siquiera parece decir lo que él ha interpretado (cfr. Colli, Hernán Ariel; "Prescripción en el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires" en Botassi, Carlos A. [director]; Oroz, Miguel H. E. y Mammoni, Gustavo A. [coordinadores]; Procedimiento tributario bonaerense , Librería Editora Platense, La Plata, 2010, págs. 473/474) y un fallo dictado en el marco de un recurso directo de revisión y apelación limitada contra una decisión del Tribunal Fiscal de la Nación (conf. art. 86 inc. "b", ley 11.683), situación procesal que difiere de la regulada en el orden provincial (conf. arts. 166 quinto párr., Const. prov.; 1, 12 y concs., CCA -texto según ley 13.101-; 2, ley 12.074 -texto según ley 13.405-).
Para más, no sólo la prescripción alegada podía haber operado con posterioridad al dictado de las resoluciones definitivas por parte del Tribunal Fiscal de Apelación, sino que toda la fundamentación desarrollada por el actor en la materia descansaba en la predicada inconstitucionalidad de la normativa provincial sobre el punto, motivo por el cual, tal como él lo sostiene, no resultaba razonable exigirle que llevara la cuestión a conocimiento de un organismo administrativo que en principio no podía ingresar en ella (conf. art. 12, Cód. Fiscal y 14, dec. ley 7.603/70), so pena de desechar por extemporáneo el planteo formulado al interponer la acción judicial. Antes al contrario, ello configura, en todo caso, exceso ritual manifiesto.
Al respecto, ha dicho esta Corte que el proceso actual no se conduce en términos sacramentales en donde cada palabra o gesto tiene un significado particular y de su omisión podría significar la pérdida del derecho. Por el contrario es el contexto el que determina el sentido y significado de lo pretendido (conf. causas Ac. 46.084, sent. de 23-VI-1992; Ac. 51.762, sent. de 15-VIII-1995; Ac. 54.665, sent. de 19-V-1998 y C. 107.185, sent. de 6-X-2010). Asimismo, el exceso de ritualidad, el formalismo sin sentido y la reverencia irreflexiva hacia las reglas, significa desconocer que entre las tareas más altas que han sido confiadas a un magistrado (cualquiera sea el fuero en que se desempeñe) está la de juzgar con equidad (conf. mi voto en causa C. 117.068, sent. de 7-IX-2016).
Finalmente, corresponde advertir que, en rigor de verdad, el aquí impugnante planteó la prescripción en sede administrativa (v. fs. 1.881/1.885 y 1.893, expte. adm. 2306-21.075/92). Si bien ello ocurrió con posterioridad a interponer el recurso resuelto mediante el primero de los actos cuya anulación se persigue en este proceso, lo cierto es que el tratamiento de dicha cuestión fue diferido para ser decidido con el fondo de los asuntos debatidos, lo que, en la oportunidad correspondiente, fue omitido por el Tribunal Fiscal de Apelación (v. fs. 1.895 y 2.000/2.004, expte. adm. cit.). Las circunstancias referidas terminan de desbaratar los argumentos esgrimidos sobre el punto por los jueces de las instancias ordinarias.
V.2. Sentado lo anterior, corresponde resolver en su faz sustancial, a la luz de las posiciones sostenidas en la especie, el planteo de prescripción objeto de controversia.
V.2.a. En esa dirección, adelanto que, en mi opinión, también asiste razón al impugnante en cuanto tacha de absurdo el criterio volcado en la sentencia recurrida, conforme el cual "...la fuente de los créditos no resulta de los gravámenes tributarios sino de la conducta reprochada..." pero a ésta debe reputársela "...consumada con el acto definitivo de imposición dictado por el Tribunal Fiscal de Apelación que ventila la causa", de suerte tal que es dicha decisión la que "...constituye el crédito fiscal..." y por ende "la posibilidad de su exigibilidad dependerá del lapso que transcurra en adelante..." (v. fs. 166).
Por esta vía, la Cámara interviniente parece haber ubicado el inicio del cómputo del plazo prescriptivo en el momento en que las resoluciones impugnadas en autos fueron dictadas, sin mayor justificación que su particular construcción en torno a los hechos llevados a su conocimiento y sin reparar suficientemente en que las infracciones que
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