Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75467
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la Fiscalía de Estado y se revoca la resolución de fs. 622/623 (art. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-). En consecuencia, deberán volver los autos a la instancia anterior, a fin de dar tratamiento al recurso de apelación deducido en soporte electrónico con fecha 14 de marzo de 2017, agregado a fs. 592/594 vta. (art. 289 inc. 1, CPCC).
Atento a las particularidades del caso, las costas de esta instancia se imponen por su orden (arts. 60 inc. 1, CCA y 68 segundo párrafo, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 30 de octubre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Torres, Soria, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 75.467, "Ankudowicz, Jorge Pablo c/ Instituto de Previsión Social (IPS). Pretensión Anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata resolvió tener por no deducido el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia de primera instancia (v. fs. 622/623).
Disconforme con dicho pronunciamiento , la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 624/630 vta.), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fs. 632/633.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 635) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata resolvió tener por no deducido el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado contra la sentencia de primera instancia (v. fs. 622/623).
Para así decidir, consideró que el poder acompañado a fs. 618/619, otorgado al doctor Juan Manuel Gallo, era insuficiente a los fines de intervenir en el caso, atento que el mandato conferido por el señor Fiscal de Estado a favor de dicho letrado se refería a procesos que no se correspondían con el de autos.
A partir de allí, consideró incumplidos los recaudos exigidos por los arts. 46 y 47 del Código Procesal Civil y Comercial, a los fines de justificar la personería invocada.
Precisó que dichos preceptos se limitan a exigir la exhibición del poder sin prever sanción ante una presentación defectuosa. Por ello, señaló que los jueces deben acudir a otras normas del mismo cuerpo legal, concretamente a los deberes que estatuye el art. 34 inc. 5, la potestad contenida en la última parte del art. 157 y al argumento emergente del art. 345 inc. 2 en conjunción con el art. 352 inc. 4 y a la doctrina de esta Suprema Corte sentada en la causa C. 120.441, "Pardo", resolución de 2-III-2016.
En consecuencia, ante la falta de subsanación de la omisión incurrida -no obstante la previa intimación realizada al efecto (v. fs. 603 y vta. y 616/617)-, el Tribunal de Alzada tuvo por no deducido el recurso de apelación obrante a fs. 592/594 vta.
II. Contra dicho pronunciamiento el Fiscal de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, obrante a fs. 624/630 vta.
Aduce que la decisión impugnada viola los arts. 3 y 5 del decreto ley 7.543/69 -que autorizan al Fiscal de Estado a sustituir la representación provincial que ejerce en favor de los abogados del organismo-, al desconocer el poder general que concediera dicho funcionario a un letrado perteneciente al cuerpo de abogados estatales.
También expresa que el fallo atacado vulnera los arts. 46 y 47 del Código Procesal Civil y Comercial al haber sido aplicados en forma dogmática y descontextualizada, sin atender los términos del referido instrumento público y haciendo prevalecer las normas del mandato privado por sobre las normas de representación estatal.
A su vez, sostiene que el Tribunal de Alzada violenta los arts. 155 de la Constitución provincial y 46 del decreto ley 7.543/69 al soslayar la representación institucional correspondiente al señor Fiscal de Estado Adjunto que en este caso rubricó electrónicamente el recurso de apelación deducido de ese modo por el doctor Gallo.
Enfatiza que dichos preceptos permiten que el Fiscal de Estado sea reemplazado en el ejercicio de su función por el Fiscal de Estado Adjunto, asimilando en su actividad a aquel funcionario de rango constitucional.
Asimismo, alega que la Cámara efectúa una interpretación absurda de los términos del poder general, al entender que se trataba de un apoderamiento especial, sin considerar: i) que fue extendido por el Fiscal de Estado a favor de un letrado del plantel profesional del organismo; ii) que fue otorgado a fin de sustituir la representación procesal autorizada por los arts. 3 y 5 del decreto ley 7.543/69; iii) que su contenido lo faculta a intervenir en toda clase de juicios, sin perjuicio de la referencia colateral que se haya hecho a algún proceso particular; iv) que su redacción no es singular, sino que coincide con el resto de los poderes otorgados a otros profesionales del organismo, cuya personería ha sido considerada suficiente.
Finalmente, sostiene que, más allá de ese mandato, se debió tener por deducido el recurso de apelación al ser rubricado por el doctor Spacapan, Fiscal de Estado Adjunto (cfr. presentación electrónica del 14 de marzo de 2017) al estar investido de una jerarquía asimilada a la del Fiscal de Estado, que le permite actuar en su reemplazo, en igualdad de condiciones, no resultando necesario el otorgamiento de otro mandato que el que emana de la misma representación institucional del organismo.
III. La impugnación debe prosperar, toda vez que el tema en debate ha sido resuelto por este Tribunal en casos sustancialmente análogos al presente (cfr. art. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-).
En efecto, en las causas A. 75.453, "Bravo", sentencia de 14-VIII-2019 y A. 75.637, "Falloca", sentencia de 25-IX-2019, esta Suprema Corte decidió que la Cámara, al tener por no presentado el recurso de apelación deducido por un representante legal de la Fiscalía de Estado con un poder insuficiente, soslayó la circunstancia de que dicha pieza procesal se encontraba suscripta también por el Fiscal de Estado Adjunto, quien se halla facultado para intervenir en las actuaciones judiciales (cfr. art. 46, dec. ley 7.543/69) de acuerdo a la competencia asignada por la Constitución provincial al señor Fiscal de Estado (art. 155, Const. prov.).
Como se advierte, las circunstancias que rodean dichas causas son idénticas a la aquí debatida, en tanto el Tribunal de Alzada omitió ponderar que el doctor Spacapan, en su condición de Fiscal de Estado Adjunto, suscribió electrónicamente el recurso de apelación deducido de ese modo por el doctor Gallo con fecha 14 de marzo de 2017, agregado a fs. 592/594 vta.
IV. A mérito de lo expuesto y en virtud de los argumentos brindados en los precedentes citados, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado y revocar la resolución de fs. 622/623 (art. 31 bis, cit.). En consecuencia, deberán volver los autos a la instancia anterior, a fin de dar tratamiento al recurso de apelación deducido en soporte electrónico con fecha 14 de marzo de 2017, agregado a fs. 592/594 vta. (art. 289 inc. 1, CPCC).
Voto por la afirmativa.
Atento a las particularidades del caso, las costas de esta instancia se imponen por su orden (arts. 60 inc. 1, CCA y 68 segundo párrafo, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Pettigiani, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la Fiscalía de Estado y se revoca la resolución de fs. 622/623 (art. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-). En consecuencia, deberán volver los autos a la instancia anterior, a fin de dar tratamiento al recurso de apelación deducido en soporte electrónico con fecha 14 de marzo de 2017, agregado a fs. 592/594 vta. (art. 289 inc. 1, CPCC).
Atento a las particularidades del caso, las costas de esta instancia se imponen por su orden (arts. 60 inc. 1, CCA y 68 segundo párrafo, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN EDUARDO JULIO PETTIGIANI
SERGIO GABRIEL TORRES
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia