Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75145
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
A.75.145 "MARIANI NORBERTO RICARDO C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OT. S/ PRETENSION ANULATORIA. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—"
La Plata, 7 de agosto de 2019.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Soria, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que desestimó la acción contencioso administrativa promovida por el señor Norberto Ricardo Mariani con el objeto de que se declare la nulidad de las resoluciones 3.306/06 y 1.442/08, mediante las cuales se había decretado su exoneración de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, además de los consiguientes pedidos de reincorporación en el cargo, pago de salarios no percibidos e indemnización del daño moral.
Para así decidir, el tribunal a quo planteó, en lo sustancial, que el aval probatorio de los hechos atribuidos (consistentes, entre otros, en perseguir, amenazar, acosar y abusar sexualmente de distintas personas de la jurisdicción donde revistaba el agente, aprovechando su condición de funcionario policial) no había logrado ser rebatido con éxito por el sumariado, quien cuestionaba la eficacia probatoria de los informes tenidos en cuenta por la autoridad sancionadora y la veracidad de las afirmaciones de los testigos que declararon en su contra, mas sin aportar -en sede administrativa ni judicial- elementos de convicción suficientes que permitiesen desvirtuar las imputaciones realizadas.
Con cita de doctrina de esta Corte, sostuvo que, ante la pérdida de confianza en el agente, resultaba razonable la decisión de separarlo del cargo (conf. causa B. 56.090, "Quatromano", sent. de 24-II-1998, e.o.) y que los elementos de convicción que bastan para imponer una sanción disciplinaria dentro de la potestad propia del poder administrador difieren respecto del grado de la prueba indispensable para condenar en sede penal por un delito, motivo por el cual, aunque los actos juzgados ante la jurisdicción penal pudieran suponerse improbados o atípicos, ello de ningún modo obliga a pareja solución en la jurisdicción contencioso administrativa (conf. causas B. 49.985, "Morales", sent. de 11-III-1985; B. 52.026, "Corvalán", sent. de 10-III-1998; B. 56.072, "Torres", sent. de 7-II-2001; B. 67.423, "Irrazabal", sent. de 11-XI-2015, e.o.).
Concluyó que no se advertían motivos justificados para invalidar la medida expulsiva por ausencia de debido respaldo probatorio ni por vicios en la causa ni en la motivación del acto y que el accionante tampoco había logrado demostrar su ilegitimidad ni falta de razonabilidad, toda vez que la réplica estructurada a partir del sobreseimiento penal no era bastante a tal fin y tampoco lo era la mera disconformidad con las declaraciones de los testigos.
II. Contra tal pronunciamiento la parte actora interpuso recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 370/380), de los cuales únicamente fue concedido el último (v. fs. 382/383).
Denunció en éste violación y errónea aplicación de la ley 13.201 (arts. 1, 11, 51, etc.), del decreto 3.326/2004 (arts. 118 inc. "h", 120 inc. "m" y concs.), de la Constitución nacional (arts. 14 bis, 17, 18 y concs.) y de la provincial (arts. 10, 11, 15, 31, 36, 39, 166 y 215).
Reiteró que la nulidad absoluta de las resoluciones impugnadas provenía de su vicio en la causa y de su dictado en un procedimiento administrativo violatorio de la garantía de defensa en juicio.
Reprochó que los jueces intervinientes fundamentasen el rechazo de la pretensión actora sobre la base de los mismos elementos considerados por la administración para decidir la exoneración, sin examinar -a su entender- la prueba aportada en las etapas administrativa y judicial ni considerar las declaraciones vertidas.
Expresó que el criterio de la administración no puede ser arbitrario ni caprichoso y que, en el caso, se le quitaron sus derechos más esenciales sin base fáctica alguna, ya que la causa penal fue resuelta a su favor y todos los testimonios rendidos resultan -a su juicio- inútiles e inconducentes. Invocó, entre otros, sus derechos al trabajo, carrera policial, estabilidad laboral, salarios, obra social y buen nombre y honor.
Sostuvo que, en contra de lo dispuesto por el art. 169 del decreto reglamentario 3.326/04, la imputación practicada en la especie no es concreta ni certera, sino genérica, ambigua e indefinida, lo que -planteó- le genera indefensión y torna arbitraria la sanción impuesta.
Finalmente, repitió sus impugnaciones a los elementos de prueba considerados por las autoridades administrativas, destacando que resultó sobreseído en la causa penal labrada a partir de la denuncia del oficial Marcelo Romo e impugnando sobre distintas bases la credibilidad de este último y la de muchos testimonios prestados, varios de los cuales acusó asimismo de imprecisos. Añadió que las declaraciones prestadas en autos por los señores Enrique Vázquez Cerviño, Gastón Diego López y Juan Carlos Vera (fs. 117/124) desvirtúan distintas constancias del expediente administrativo.
III. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto no puede prosperar, pues resulta técnicamente insuficiente para conmover las decisiones adoptadas por los jueces de grado (conf. arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812).
III.1. Con respecto a los preceptos normativos invocados por el recurrente, cabe recordar que quien denuncia su violación anticipa una premisa cuya demostración debe luego llevar a cabo, desde que la frustración de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor. Dicha carga no es adecuadamente satisfecha por el impugnante si -como sucede en la especie- sus agravios en ese sentido no pasan del mero enunciado y una escueta exposición discrepante, sin lograr demostrar las transgresiones denunciadas (conf. causas A. 71813, "Cerdeiro", sent. de 22-VI-2016; A 74.271, "Meckievi", sent. de 21-XI-2018).
III.2. Por otra parte, más que evidenciar yerros de índole normativa, los argumentos del impugnante se dirigen a enrostrarle a la Cámara una equívoca fijación de los hechos y valoración de la prueba agregada a la causa, todas circunstancias privativas de los jueces de las instancias ordinarias, cuya impugnación, sabido es, solo puede ser eficazmente esgrimida mediante la denuncia y demostración de absurdo en la apreciación del sentenciante (doctr. causas A. 74.922, "Aguirre", resol. de 14-XI-2018; A. 74.884, "Estrada", resol. de 19-XII-2018; A. 74.661, "Casadei", resol. de 7-III-2019, entre muchas otras).
En tal marco, aun soslayando la omisión de invocar la existencia del referido vicio, la crítica del impugnante no exterioriza más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y en cómo -en su opinión- debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, lo cual -conforme se ha declarado reiteradamente- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (doctr. causas A. 74.757, "Lucio", resol. de 21-XI-2018; A. 74.756, "Arriaga", resol. de 12-XII-2018; A. 75.005, "Olivera", resol. de 7-III-2019, entre otras).
III.3. Por lo demás, es clara la doctrina de esta Corte según la cual, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en ese aspecto deja incólume la decisión que se controvierte. Dicha deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal inferior (doctr. causas A. 72.983, "Miranda", sent. de 29-XI-2017; A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018; A. 74.466, "Fernández Nogal", resol. de 10-X-2018, entre otras).
De allí que la mera invocación de supuestos vicios en los actos administrativos dictados y del sobreseimiento dictado en una causa penal, sin refutar los fundamentos esgrimidos para desestimar tales argumentos por los jueces intervinientes (quienes aplicaron, entre otras, la doctrina de las causas B. 49.985, "Morales", sent. de 11-III-1985; B. 52.026, "Corvalán", sent. de 10-III-1998; y B. 67.423, "Irrazabal", sent. de 11-XI-2015), no configuran un adecuado cumplimiento de la carga procesal que en tal sentido pesaba sobre el recurrente.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-So-Ko-Pe
Reg. Nº 346
Fin de la sentencia