Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74479
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación doctores: Soria, Negri, Kogan, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.479, "Gómez, Luis Alberto contra Provincia de Buenos Aires. Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, rechazó el recurso de apelación del actor y confirmó sentencia de primera instancia que rechazó la demanda (v. fs. 266/271 vta.).
Disconforme con ese pronunciamiento el actor dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 275/279 vta.), el que fue concedido a fs. 281 y vta.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 287), agregado el memorial presentado por la Fiscalía de Estado a fs. 291/294 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de la ciudad de La Plata confirmó el pronunciamiento de primera instancia, el cual rechazó la demanda promovida por el señor Luis Alberto Gómez mediante la cual pretendió la nulidad de las resoluciones 3.368/06, 4.769/09 y 1.682/10, por las que se dispuso la exoneración de la fuerza policial (conf. art. 59 inc. 7, dec. 9.550/80).
Para así decidir, en lo que al recurso interesa, señaló que, si bien el encuadramiento que trae la sentencia apelada en relación con el complejo imputado en sede penal era incorrecto pues no se trataba del delito de hurto sino de la vulneración a los deberes de funcionario público y malversación culposa de caudales públicos, lo cierto es que ello carecía de trascendencia en la medida en que el conflicto no se resolvía a partir de los ilícitos que dieran lugar a la formación de aquella sino desde una conducta independiente centrada en la inadecuada fiscalización de las acciones del personal a su cargo y, con ello, la facilitación de maniobras atribuidas a los exagentes, agravado por asientos irregulares en los libros de la dependencia policial.
Indicó que en los considerandos de la resolución sancionatoria (v. fs. 437/446, expediente administrativo 21.100-356466) surge que al actor se le atribuyeron dos hechos en sede administrativa relacionados con el deber de custodia de los vehículos incautados y en depósito en la comisaría a su cargo.
Refirió que el primero de ellos se correspondía al ingreso en el libro respectivo de un secuestro judicial en una fecha que no se compadecía con la real y en un momento en que el vehículo no se encontraba en el ámbito de la dependencia, sino que estaba siendo usufructuado por un tercero.
Advirtió que fue el señor Gómez quien efectivamente firmó el erróneo ingreso del vehículo en el libro de secuestros de la Comisaria y resaltó que dicho asiento debió realizarse el mismo día de la incautación o en su defecto justificarse el atraso.
Consideró, entonces, correcta la subsunción de los hechos en la norma administrativa sancionatoria -art. 59 inc. 7 del decreto ley 9.550/80- puesto que quedaba acreditado que el actor había omitido un desempeño fiel de los deberes y obligaciones inherentes a su cargo como comisario lo cual se viera reflejado en la custodia de los automotores secuestrados y depositados judicialmente bajo la esfera de su responsabilidad funcional.
Sostuvo que la resolución sumarial revelaba con suficiencia el cumplimiento del debido proceso, en tanto diera cuenta de los términos de la defensa y abundaba en relación a los hechos imputados.
Concluyó que las conductas valoradas por la Administración resultaban suficientes para considerarlo incurso en la falta prevista en el art. 59 inc. 7 del decreto ley 9.550/80 e insuficientes las alegaciones respecto de las facultades de delegación en sus subalternos.
Destacó que, frente a ello, la absolución en el fuero penal carecía de relevancia a los fines pretendidos por el actor, esto es, la prosecución del procedimiento sancionatorio. Sostuvo, que los términos de la resolución sancionatoria resultaban elocuentes con la acreditación de las circunstancias irregulares que motivaran el sumario administrativo.
Agregó que las reiteraciones de las alegaciones en torno a la falta de motivación de la sanción no superaban el umbral de una mera discrepancia con lo resuelto, en tanto no alcanzaban la entidad de crítica eficaz para desvirtuar lo decidido por el a quo .
Concluyó, entonces, que la exigencia al tipo disciplinario estaba satisfecha.
Por otra parte, desestimó el planteo de exceso de punición el cual calificó insuficiente como agravio y desautorizado, dado el lugar jerárquico que ocupaba revelando un comportamiento merecedor de la pérdida de confianza y, en consecuencia, dar sustento a la exoneración.
Con base en los fundamentos expuestos, confirmó el pronunciamiento de grado y rechazó el recurso de apelación.
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, obrante a fs. 275/279 vta., el actor denuncia que la sentencia de la Cámara incurre en: a) Absurdo en la valoración de prueba y en la errónea aplicación del art. 1.103 del derogado Código Civil; b) Vulneración de la doctrina legal sentada en el fallo de esta Corte en la causa B. 55.497, "M., E.M.", sentencia de 4-X-2010; c) Errónea aplicación del art. 260 del Código Procesal Civil y Comercial y en la violación de la doctrina del fallo C. 119.526, "Kozakiewicz", sentencia de 3-III-2016 y la aplicación del art. 108 del decreto ley 7.647/70.
II.1.a. En primer lugar, el recurrente alega que la Cámara omite valorar la incidencia que la cosa juzgada en sede penal tiene respecto a las decisiones en el ámbito administrativo lo que deriva del art. 1.103 del Código Civil y la doctrina legal de esta Suprema Corte.
En tal sentido, aduce que si bien existe independencia entre el pronunciamiento en sede administrativa y lo resuelto en el fuero penal dicha regla tiene sus excepciones. Reitera, lo expuesto en la apelación en cuanto que en el fuero penal el actor fue absuelto de culpa y cargo de los delitos que se le imputaron (falsedad ideológica por la inscripción tardía en el libro de cargo de secuestros judiciales de un rodado incautado; del encubrimiento agravado en relación al delito de hurto del rodado comisionado por Montenegro y Villalobos; de la violación de los deberes de funcionario público por no llevar el libro de cargo de secuestros judiciales al día y de malversación culposa de caudales públicos por haber permitido la sustracción de un bien que se encontraba en depósito judicial).
Insiste en que la absolución en el fuero penal no obedeció al beneficio de la duda ni a la prescripción de la acción, sino que el juez actuante consideró acreditado el estado de certeza negativo acerca de la intervención del actor en la totalidad de los hechos delictuales atribuidos.
Sentado ello, refuerza su argumentación invocando el entonces vigente art. 1.103 del Código Civil en cuanto prevé que la inexistencia de un hecho principal no puede alegarse en sede civil en caso de absolución penal, lo cual, según entiende, se aplica al fuero contencioso administrativo.
Alega que los deberes del comisario en el ámbito penal como en el administrativo son iguales, por lo que, el accionar en uno es imputable también al otro, extremo que estima no fue considerado por la Alzada. Aduce que las constancias obrantes en autos dan cuenta que fue exonerado por haber violado sus deberes como funcionario público y, a la vez, absuelto en sede penal en relación a la violación de las mismas obligaciones configurándose un escándalo jurídico.
II.1.b. Por otra parte, denuncia que la decisión impugnada vulnera la doctrina legal sentada por esta Corte en la causa B. 55.497, "M, E.M.", sentencia de 4-X-2006, que entiende guarda similitud con este caso respecto de la norma aplicada (art. 59 inc. 7, dec. 9.550/80) y las circunstancias fácticas (exoneración de los agentes previo a la sentencia en el fuero penal en la que luego fueron declarados inocentes). Por todo ello, estima que este supuesto debió resolverse de igual forma, esto es, por la nulidad del acto de cese.
II.2. En segundo término, ataca el razonamiento de la Cámara en cuanto desestima los argumentos expuestos en relación a la falta de motivación del acto administrativo y el exceso de punición. En concreto se agravia, pues los consideró como meras discrepancias frente al criterio adoptado por el juez de primera instancia.
Acusa que la decisión del a quo resultó equivocada ya que los cuestionamientos mencionados revisten una crítica, concreta y razonada, conforme los recaudos del art. 260 del Código Procesal Civil y Comercial. Cita el fallo C. 119.526, "Kozakiewicz", sentencia de 30-III-2006, cuya doctrina legal también alega vulnerada.
Sostiene que la Administración no justificó la selección de la sanción más gravosa ni dedicó un solo fundamento respecto al modo en que decide, como así tampoco los atenuantes reunidos por el actor en los términos del art. 192 del decreto 1.675/80 (tales como su buena conducta y el hecho que la transgresión atribuida no hubiese ocasionado consecuencias graves en la institución policial). Cita el fallo B. 60.042, "Peralta", sentencia de 29-XII-2009.
Aduce que los agravios expuestos ante la Cámara distan de ser una mera discrepancia, puesto que, su planteo se centraba en una confrontación entre el acto administrativo en crisis, la normativa aplicada y la doctrina legal esta Corte en la materia. Insiste en que a contrario de lo fundamentado por el a quo , los agravios constituyeron una crítica concreta y razonada en los términos del art. 260 del Código Procesal Civil y Comercial, motivo por el cual estima que el pronunciamiento atacado debe ser revocado, atenderse sus acusaciones y hacer lugar a la demanda.
III. El recurso no prospera en virtud de la insuficiencia técnica que porta (art. 279, CPCC).
III.1.a. Esta Suprema Corte ha sostenido que para que el escrito con que se interpone y funda el recurso de inaplicabilidad de ley cumpla con la misión que le asigna el aludido art. 279, esto es, demostrar la existencia de violación o error en la aplicación de la ley, los argumentos que en él se formulen deben referirse directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia cuestionada (Ac. 79.513, sent. de 23-XII-2002; Ac. 80.763, sent. de 2-IV-2003; C. 100.718, sent. de 25-II-2009; C. 95.790, sent. de 23-XII-2009; C. 78.278, sent. de 18-VIII-2010; C. 100.285, sent. de 14-IX-2011; entre muchas otras).
En vía extraordinaria, la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo comporta un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante. Va de suyo, entonces, que la insuficiencia recursiva deja firme la decisión controvertida; déficit que, entre otros factores, resulta de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que -al margen de su acierto o error- se asienta el fallo del tribunal inferior (doctr. Ac. 73.447, sent. de 3-V-2000; Ac. 72.204, sent. de 20-VI-2001; Ac. 81.965, sent. de 19-III-2003; C. 186.183, sent. de 22-XII-2010; A. 70.596, sent. de 24-IX-2014; A. 70.977, sent. de 25-II-2015).
En este supuesto, he de señalar que los argumentos por el recurrente son una reedición de los oportunamente invocados en la apelación, en cuanto que lo resuelto en el fuero penal debía incidir al momento de decidir sobre la sanción disciplinaria que le fue aplicada en sede administrativa.
Sobre el punto he de advertir que los fundamentos expuestos por la Cámara, son contestes con la doctrina legal de esta Corte que establece que la absolución en el fuero penal de ningún modo obliga a pareja solución en la jurisdicción contencioso administrativa (doctr. causas B. 61.309, "Gonzáles", sent. de 23-XII-2013; B. 62.469, "Sehara", sent. 31-X-2016; e.o.).
Asimismo, observo que en la especie, tal como resolvió el Tribunal de Alzada el hecho de que la justicia criminal hubiere absuelto al señor Gómez por no acreditarse su autoría por los delitos atribuidos (falsedad ideológica, encubrimiento agravado y violación a los deberes de funcionario público y malversación culposa de caudales públicos) en forma alguna incidieron en las conclusiones del sumario administrativo, puesto que no se llevó a cabo la investigación delictiva de una conducta, ni se sancionó al agente por haber cometido un delito, sino que su sustanciación obedeció a una necesidad de establecer si aquél había incurrido en una falta a los deberes propios de la función jerárquica que cumplía, en su calidad de comisario la cual comprobada dio ocasión a que se le aplicara la sanción de naturaleza exclusivamente disciplinaria.
Por otra parte, he de resaltar que la resolución sancionatoria impugnada se dictó en el ámbito de un sumario disciplinario y es el resultado de un ordenado procedimiento en que la institución policial reunió suficientes pruebas que acreditaron el comportamiento endilgado al agente, las cuales no fueron eficaz y suficientemente desvirtuadas por el sumariado en la oportunidad de descargo ni tampoco en las instancias previa de este proceso contencioso administrativo (conf. causas B. 59.009, "Allo", sent. de 3-XII-2003; B. 61.772, "Giraldez", sent. de 11-V-2005; B. 62.469, cit.; e.o.).
Sentado ello, si el recurrente mediante el absurdo denunciado pretendía cuestionar la valoración que de las pruebas había realizado la Cámara -ver fs. 278 del recurso- debió tener presente que para su procedencia no resulta suficiente invocación de cualquier anomalía pues este vicio solo queda configurado cuando media cabal demostración de su existencia, lo que implica poner de relieve un error palmario y fundamental (conf. A. 70.247, sent. de 20-III-2013; A. 70.416, sent. de 9-X-2013; A. 72.422, sent. de 6-XI-2013; A. 71.275, sent. de 20-VIII-2014; e.o.), extremo que no logra ser demostrado acabadamente con sus alegaciones.
III.1.b. Tampoco considero de recibo el agravio por el cual el recurrente denuncia que la Cámara omitió aplicar en su caso la doctrina de la causa B. 55.497, "M., E.M.", sentencia de 4-X-2006. En tanto que, analizadas las constancias obrantes y los hechos acaecidos, se verifica que los presupuestos fácticos fueron distintos a los del precedente invocado, circunstancia que lo torna inhábil para fundar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (doctr. causas A. 70.133, sent. de 15-XII-2010; A. 71.506, "La Baskonia S.A.", sent. de 19-XII-2012; Q. 71.793, "Ríos", sent. de 29-X-2014; A. 74.035, "Figueroa", sent. de 6-II-2019; e.o.).
En efecto, en el precedente citado por el accionante, esta Corte declaró nula la sanción aplicada por no acreditarse la autoría del hecho, extremo no acontecido en los presentes actuados. Por el contrario, en el presente caso quedó acreditado -en el marco del procedimiento sancionatorio y del proceso contencioso administrativo- que el actor no cumplió adecuadamente con las obligaciones y no supo asumir las responsabilidades acordes a su jerarquía, todo por lo cual importó la pérdida de confianza en el agente que amerite la sanción dispuesta.
III.2. Finalmente, en relación al agravio expuesto sobre la falta de motivación y el exceso de punición el cual la Cámara lo considera insuficiente he de recordar que esta Suprema Corte sostuvo en reiteradas oportunidades que la apreciación de la suficiencia del escrito de expresión de agravios constituye una típica cuestión de hecho ajena, en principio, a su conocimiento y sólo susceptible de ser revisada mediante denuncia y demostración de absurdo (conf. causas Ac. 90.916, "De Luca, Tulio y otros", sent. de 28-VI-2006; A. 69.344, "Brisa Serrana", sent. de 4-VI-2008; A. 70.136, "Trillo, Mario Aníbal", sent. de 21-IV-2010; A. 71.558, "González, Gustavo Abdon", sent. de 4-VIII-2016; e.o.).
Por lo tanto, si el Tribunal de Alzada concluyó en que el embate ensayado a partir de la mera reiteración de la tesitura defensiva ya esbozada en la instancia inferior, no superaba el umbral de una mera discrepancia con lo decidido, resultará ineficaz el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, como en la especie, no denuncia que esa conclusión del a quo sea producto de un razonamiento absurdo (conf. doctr. causas Ac. 83.536, "Cavallero, José Roberto y otro", sent. de 16-IV-2004; C. 103.216, "Cáceres, Frida Claudia y otro", sent. de 26-VIII-2009; A. 70.136, "Trillo, Mario Aníbal", sent. de 21-IV-2010 y A. 70.791, "G., M. S.", sent. de 31-VIII-2011; entre muchas otras), vicio que no fue denunciado ni logra ser acreditado en esta parcela del recurso.
IV. Por las razones mencionadas, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.001; 68 y 289 in fine, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Negri , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia