Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73382
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Negri, Soria, de Lázzari, Kogan se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 73.382, "Lanusse, Pedro Pablo contra Municipalidad de San Isidro. Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de General San Martín hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora y revocó la sentencia de primera instancia. En consecuencia, admitió la demanda, y declaró la nulidad del decreto 380/11, dictado por el Intendente municipal de San Isidro, por el que se le había impuesto al actor el trámite de habilitación comercial de su "estudio profesional". Asimismo, declaró de oficio la inconstitucionalidad del art. 5 inc. 1 de la ordenanza 8.057 de ese municipio, en cuanto condiciona el ejercicio individual de la profesión liberal de abogado a la previa "localización" municipal. Impuso las costas de ambas instancias a la demandada (conf. art. 51, CCA; v. fs. 254/266 vta.).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Municipalidad de San Isidro interpuso recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de inconstitucionalidad (v. fs. 298/311 vta.), los que oportunamente fueron concedidos por la Cámara interviniente (v. fs. 312 y vta.).
Oída la señora Procuradora General (v. fs. 321/329 vta.), dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 334) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
Y en su caso:
2ª) ¿Lo es el recurso extraordinario de inconstitucionalidad?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de General San Martín hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora y revocó la sentencia de primera instancia. En consecuencia, admitió la demanda, y declaró la nulidad del decreto 380/11, dictado por el Intendente municipal de San Isidro, por el que se le había impuesto al actor el trámite de habilitación de su "estudio profesional" y declaró asimismo la inconstitucionalidad del art. 5 inc. 1 de la ordenanza 8.057 de ese municipio, en cuanto condiciona el ejercicio individual de la profesión liberal de abogado a la previa "localización" municipal.
I.1. Para así decidir señaló que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires determina que "Las Universidades y Facultades científicas erigidas legalmente, expedirán los títulos y grados de su competencia, sin más condición que la de exigir exámenes suficientes en el tiempo en que el candidato lo solicite, de acuerdo con los reglamentos de las Facultades respectivas, quedando a la Legislatura la facultad de determinar lo concerniente al ejercicio de las profesiones liberales" (art. 42).
Indicó que la legislatura provincial dictó la ley 5.177, que regula el ejercicio de la profesión de abogado en todo el ámbito provincial, poniendo a cargo de los Colegios de Abogados Departamentales el gobierno de la matrícula, estableciendo todos los recaudos necesarios para que el profesional de la abogacía pueda ejercer su profesión; asimismo, otorga a dichos colegios la facultad de fiscalizar el correcto ejercicio de la función de abogado y el decoro profesional atribuyéndole el poder disciplinario (conf. arts. 1, 6, 11, 15, 18, 19, 24, 28, 48 y 50).
Sostuvo que, en tanto la oficina del actor era compartida con contadores, debía analizarse también la ley 10.620, que regula a los graduados en Ciencias Económicas, con idénticos alcances a lo recién aludido sobre la ley 5.177 (es decir, con el gobierno de la matricula a cargo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas -quien fiscaliza el correcto ejercicio de la función y posee el poder disciplinario-, y estableciendo los recaudos para el ejercicio, conf. arts. 19, 20, 38, 41, 42, 43, 46 y 86).
Agregó que, en tal contexto normativo, la Municipalidad de San Isidro dictó la ordenanza 8.057 (del 7-IV-2005, promulgada mediante decreto 803/05 del 13-IV-2005, ver copias certificadas a fs. 229/248), por la que especificó que "la habilitación o autorización municipal, es el acto administrativo dispuesto por la autoridad competente, que implica la verificación del correcto emplazamiento de una actividad de acuerdo al Código de Ordenamiento Urbano (C.O.U.) y el registro de dicha actividad al efecto de la Inspección y Control que permita la verificación del cumplimiento, vigencia o actualización de las condiciones municipales de funcionamiento, seguridad, higiene, salubridad, habitabilidad y de prevención de molestias a terceros, y la correspondiente liquidación y cobro de la Tasa por la referida Inspección y Control" (art. 2).
Y se fijó que "deberá contarse con habilitación o autorización para el ejercicio y/o asentamiento de: Toda actividad comercial, industrial, artesanal, de servicios, de administración, de depósito o guarda, deportiva, cultural, de recreación, o asimilables a estas, publicitadas o no, de acceso al público libre o restringido, y en general toda actividad llevada a cabo en espacios públicos o en inmuebles construidos o utilizados total o parcialmente con destino distinto al de vivienda o residencia particular, con las salvedades del artículo 5º y con independencia y sin perjuicio de la obligación o exención de contribución al pago de la Tasa por Habilitación e Inspección legislada en las normas municipales" (art. 4).
Por último, resaltó que se establece por la misma que: "No se requerirá habilitación municipal, debiéndose tramitar Permiso de Localización en los casos que se verifique: a) El ejercicio individual de profesiones liberales y otras actividades asimilables, siempre que no constituyan empresas de servicios o similares, cuando normas provinciales o nacionales hayan delegado o reservado en forma exclusiva y excluyente la facultad de habilitación, contralor del funcionamiento y ejercicio de la actividad, y percepción de importes por tal concepto a organismos ajenos al municipio como ser los Colegios de Profesionales [...] c) [...] La autoridad de aplicación establecerá el circuito del trámite para obtener el 'Permiso de Localización', el cual mantendrá identidad de tratamiento con el de 'habilitación o autorización' cuando exista coincidencia en las cuestiones a verificar o resolver, trámite en el cual se comprobará la correcta ubicación de la actividad conforme el Código de Ordenamiento Urbano, pudiéndose establecer, en el presente o en el futuro, las medidas que deban cumplirse a efectos de prevenir o resolver molestias al entorno urbano o su correcta adecuación al mismo" (art. 5).
Reseñó que el cuadro se completaba con el decreto municipal 1.979/05 (del 7-IX-2005, ver copia certificada a fs. 226/228), reglamentario del art. 5 de la ordenanza 8.057, que disponía que "el Permiso de Localización implica verificar la viabilidad del emplazamiento propuesto de aquellas actividades que no requieren habilitación municipal, conforme el artículo 5º de la Ordenanza Nº 8057, acorde a las disposiciones del Código de Ordenamiento Urbano y conforme a la zona, y el establecimiento de los requerimientos necesarios, a los efectos de prevenir o remediar los posibles inconvenientes en el entorno urbano" (art. 1). Asimismo, establecía que "estarán comprendidos en los alcances del artículo 5º de la Ordenanza Nº 8057, los establecimientos en los cuales se desarrollen actividades referidas a: [...] Estudios y/o consultorios profesionales, conforme las limitaciones establecidas por la misma Ordenanza" ( art. 3 inc. "c").
Bajo tales parámetros consideró ilegitimó el decreto municipal 380/11, por el que se le exigía al actor la obtención de una "habilitación comercial" para el ejercicio de su profesión liberal de abogado, con el único sustento de que compartía su oficina con otros cinco profesionales liberales.
A tal fin señaló que esta Suprema Corte había sentado un principio liminar al establecer que resultaba la legislatura provincial la encargada de reglamentar la parcela de la actividad de aquellos ciudadanos o habitantes que detentan sus títulos habilitantes en el ejercicio de profesiones liberales (cita causa I. 2.164, "Gonnet Lorenzo Antonio y otros", sent. de 23-IV-2000).
Agregó que, en dicha ocasión, este Tribunal sostuvo que "En consecuencia, la Provincia de Buenos Aires se ha reservado en forma exclusiva y excluyente de la intervención del poder comunal la regulación de todo lo atinente al ejercicio de la abogacía por expreso mandato constitucional. De allí que la Ordenanza fiscal 3852, al pretender que el profesional abogado abone las tasas correspondientes a la habilitación de su estudio jurídico y, posteriormente, las de Inspección de tales locales, lesiona lo dispuesto por el art. 32 de la Constitución Provincial (actual art. 42, reforma de 1994)".
En idéntico sentido cito y trascribió los considerandos de la causa I. 2.173, "Consejo Profesional de Ciencias Económicas ", sentencia 27-XII-2002.
En función de lo expuesto, comprendió que la exigencia impuesta por el decreto impugnado, de tramitar una habilitación comercial para el ejercicio de la profesión de abogado del actor en la oficina que comparte con otros cinco profesionales liberales, contradecía palmariamente la jurisprudencia mencionada, basada en las normas superiores que regulan el asunto, y revocó por ello la sentencia de primera instancia.
I.2. Agregó que, si bien el objeto de la demanda radicaba en que la Municipalidad de San Isidro no le exigiera la habilitación comercial para el ejercicio profesional, y que -en tal sentido- se declare que la oficina del actor se encontraba encuadrada en el art. 5 de la ordenanza 8.057, señaló que dicho permiso de localización resultaba contrario a la Constitución provincial (art. 42 y 191, Const. prov.) y declaró de oficio la inconstitucionalidad de la norma (art. 57, Const. prov.).
Para ello, afirmó que si bien es sabido que el ejercicio de tal potestad jurisdiccional debía quedar librado como última ratio del orden jurídico (CSJN Fallos 315:923; 326:3024, e.o.) atento su carácter excepcional, sostuvo que había sido habilitada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (A. 910. XLVI, 4-XII-2012), reiterándose que dicho control podía y debía ser ejercido de oficio (CSJN "Rodríguez Pereyra c. Ejército Argentino", R. 401. XLIII, 27-XI-2012).
Por consiguiente, consideró que el municipio había excedido sus atribuciones al pretender inmiscuirse en la regulación de la profesión del abogado, ya que tampoco podía condicionar válidamente tal ejercicio a su "localización" en un lugar determinado. Sostuvo que ese último requerimiento constituía un modo de soslayar la competencia exclusiva y excluyente atribuida a la provincia -conforme art. 42 de la Constitución provincial-, competencia cuya determinación expresa ya se encontraba prevista en la Constitución anterior a la reforma del año 1994, en su art. 32.
En cuanto a la competencia de los departamentos municipales, indicó que el constituyente había efectuado una delegación a la legislatura provincial (art. 191, Const. prov.) y que, en dicho marco, se había dictado la Ley Orgánica municipal (dec. ley 6.769/58) que determina -y deslinda- las competencias municipales. Señaló que no existía delegación alguna de la potestad de reglamentar el ejercicio de las profesiones liberales a las comunas; y que el art. 27 inc. 1 del dec. ley 6.769/58 dispone la competencia del departamento deliberativo comunal para reglamentar "la radicación, habilitación y funcionamiento de los establecimientos comerciales e industriales, en la medida que no se opongan a las normas que al respecto dicte la provincia y que atribuyen competencia a organismos provinciales", y el inc. 16 hace lo propio en materia de habilitaciones y funcionamiento de "espectáculos públicos".
Con ello sostuvo que la norma omite el caso de las profesiones liberales, en tanto el derecho al ejercicio liberal de una profesión se encuentra mucho más ligado al derecho al trabajo que al derecho de ejercer industria o comercio; derechos todos tutelados por la Constitución provincial -conforme art. 27- pero sobre los cuales puede observarse que reciben un distinto tratamiento regulatorio, resultando pasibles de una densidad reglamentaria mayor el derecho al ejercicio del comercio o la industria que el relativo al trabajo personal.
Por ello, declaró la inconstitucionalidad del art. 5 inc. 1 de la ordenanza 8.057 del municipio de San Isidro, en cuanto impone para el ejercicio de la profesión liberal de abogado la tramitación y obtención de un permiso de localización, que viola los arts. 42 y 191 de la Constitución provincial, en tanto resulta la comuna incompetente para establecer restricciones a la profesión de abogado.
I.3. No obstante, destacó que no se desprendía de la causa -ni siquiera había sido planteado por la demandada- que en la oficina en cuestión funcione una "empresa de servicio o similar" (art. 5, ord. 8.057), por lo que no debía expedirse sobre las implicancias del hipotético supuesto.
Por los restantes agravios, puntualizó que tampoco en autos se acreditó la presencia de "complejidades estructurales" -como afirmara dogmáticamente la accionada para justificar la habilitación comercial- u otras circunstancias que puedan diferenciar a la oficina del actor de un estudio profesional tradicional.
Tampoco advirtió que resulten de aplicación ciertos precedentes de esta Suprema Corte, referidos a la delimitación entre la habilitación provincial y la localización en la órbita municipal (conf. causas B. 57.195, "Droguería Suizo Argentina S.A. ", sent. de 14-VI-2000 y B. 58.949, "Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 7-II-2001) en tanto la actividad desplegada en tales causas -laboratorio bioquímico- difería completamente de la presente -oficina de estudio profesional-.
II. Contra dicho pronunciamiento, la demandada interpuso recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de inconstitucionalidad
II.1. En lo que al primero de ellos interesa, la demandada inicia su desarrollo quejándose de que el Tribunal de Alzada declaró de oficio la inconstitucionalidad del permiso de localización normado por el art. 5 de la ordenanza 8.057.
Sostiene que la sentencia recurrida se extralimitó en su decisión, desviando el objeto del litigio, y desconociendo que el thema decidendum resultaba si correspondía o no la habilitación de la oficina del actor al declarar la inconstitucionalidad de la norma; circunstancia que entiende afecta su derecho de defensa.
Cita doctrina de esta Suprema Corte, por la que se sostuvo que no puede declararse de oficio la inconstitucionalidad de una norma, sin un requerimiento expreso a dicho respecto.
Aduce que, si bien la Corte nacional admite el control de constitucionalidad de oficio, ello no implica dar por tierra con los principios procesales, debiendo respectarse el derecho de defensa.
Señala que tampoco la colisión de normas en el caso resulta manifiesta ni inconciliable, y que por tanto no se ha acudido a la tacha de inconstitucionalidad como última ratio del orden jurídico, vulnerándose su carácter excepcional.
Agrega que, a la luz de los antecedentes jurisprudenciales, pudo el a quo sostener que no correspondía la habilitación comercial e incluso objetar el decreto reglamentario de la ordenanza que remite a la necesidad de tramitar la habilitación en supuestos de complejidad estructural, pero no debió declarar la inconstitucionalidad del "permiso de localización", en tanto no fue materia de ningún precedente que pueda ser de aplicación al caso.
Denuncia que el decisorio incurre así en ultra y extra petita toda vez que, a través de la declaración de inconstitucionalidad concede derechos que no fueron pedidos por ninguna de las partes.
II.2. Continúa el embate agraviándose de que el Tribunal de Alzada tuvo por no acreditada la presencia de "complejas estructuras" (supuesto que admitiría la exigencia de habilitación comercial).
Denuncia que debieron aplicarse los precedentes de esta Suprema Corte referidos a la delimitación de facultades entre la habilitación provincial y la localización en la órbita municipal (ref. causas B. 57.195, "Drogueria Suizo Argentina S.A.", sent. de 16-VI-2000 y B. 58.949, "Colegio de Bioquímicos", sent. de 7-II-2001).
Sostiene -en referencia de dichas causas- que no habría razón para distinguir una profesión de otra, si en definitiva, en todas ellas la competencia es exclusiva y excluyente de la legislatura provincial, máxime teniendo en cuenta que esos casos (laboratorios bioquímicos) si hay normas provinciales que regulan la habilitación del establecimiento en el cual se emplazan los mismos, mientras que en el caso del ejercicio profesional de la abogacía no hay una sola norma que regule lo atinente a la habilitación de estudios profesionales.
Afirma que lo que controla el colegio respectivo es el ejercicio de la profesión, y no lo que el municipio está llamado a controlar, esto es: la incumbencia en todo lo que se refiere al tejido urbano de su jurisdicción, a la aplicación del Código de Ordenamiento Urbano, zonificación, edificación, impacto ambiental, tránsito, estacionamiento, etcétera, es decir todo en lo que impacta un establecimiento en el que se desarrollan actividades laborales y obviamente la seguridad e higiene del espacio habilitado.
Alega que son facultades concurrentes y que cada ente administrativo controla la materia de su incumbencia, no habiendo colisión alguna de competencias, en tanto no resultan exclusivas ni excluyentes.
Señala que, la diferencia no está dada por la profesión ejercida, sino por el impacto ambiental y la afectación de temas y áreas eminentemente municipales, cuya competencia le es propia e indeclinable, sin que pueda alegarse que el ejercicio de las funciones de policía de otra jurisdicción, la releven de lo que es un deber y un derecho a su cargo.
Sostiene que, el caso de autos, se trata de un estudio con importante complejidad estructural, en el cual trabajan varios profesionales de distintas disciplinas, con personal, con distintas salas y áreas para atención del público, emplazado en zona comercial y de oficinas, siendo por tanto muy diferente a un simple estudio jurídico de un profesional, lo que habilita el control municipal sobre los temas de su competencia exclusiva y excluyente, conforme art. 5 de la ordenanza 8.057.
Por ello, concluye que debe dejarse sin efecto la sentencia impugnada en cuanto niega la facultad municipal de exigirle al actor la habilitación comercial de su estudio.
II.3. Continúa el embate fundando el recurso extraordinario de inconstitucionalidad, por el que se queja de que el Tribunal de Alzada declaró en pugna con la Constitución nacional el art. 5 de la ordenanza 8.057.
Sostiene el recurrente que ese artículo refiere al "Permiso de Localización" que no es equiparable a una habilitación y no está sujeto al posterior pago de una tasa, sino que sólo verifica el correcto emplazamiento conforme el Código de Ordenamiento Urbano.
Se queja de que el decisorio impugnado no explica como el otorgamiento de dicho permiso invade el ejercicio profesional, y considera que no hay afectación alguna a ningún derecho, porque en el caso no hay tributo que deba abonarse y que obstaculice el ejercicio liberal.
Denuncia que tampoco lo consideró así la actora, quien por su pretensión buscó se le aplique el art. 5 de la ordenanza municipal, el considerar que le correspondía el trámite del "permiso de localización" (y no el de habilitación com
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