Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74571
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 289, CPCC).
Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 del CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 13 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Negri, Kogan, de Lázzari, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.571, "García, Nilda María contra Instituto de Previsión Social (IPS). Pretensión anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmó la sentencia de primera instancia por la que se desestimó la pretensión deducida (v. fs. 140/145).
Disconforme con ese pronunciamiento, la actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 149/155), el que fue concedido por la Cámara actuante a fs. 157/158.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 163), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmó la sentencia de primera instancia por la que se desestimó la pretensión deducida (v. fs. 140/145).
I.1.a. Para resolver de ese modo advirtió en primer lugar que de las constancias administrativas obrantes en la causa surgía la señora Nilda María García obtuvo el beneficio jubilatorio en fecha 7 de septiembre de 1981, en base al cargo de maestra especial (médico). Posteriormente, se agregaron servicios para reajustar el derecho acordado, incorporándose -en cuanto aquí interesa- aquellos cumplidos desde el 27 de abril de 1998 al 31 de julio de 2001.
Agregó que con fecha 24-VI-2004, mediante resolución 529.260, se reajustó su jubilación a partir del día 1 de agosto de 2001, en base al 70% del cargo de Médico Profesional Hospitalario "B" 24 hs. con 26 años de antigüedad, fundando su decisión en lo informado por la Municipalidad de Lomas de Zamora (v. fs. 139 y 134 respectivamente, expte. adm. 2.337-07.010-79).
Contra dicho acto, la accionante interpuso recurso de revocatoria alegando que -al haber percibido el adicional por función de Directora desde el 27 de abril de 1998 al 21 de diciembre de 1999, y el de Jefe de Unidad Sanitaria desde el día 22 de diciembre de 1999 al 31 de julio de 2001-, se le debían reconocer en su haber previsional las sumas respectivas (v. fs. 145, expte. adm. cit.). Precisó que ello fue desestimado mediante resolución de fecha 6-IV-2006 -acta n° 2.810- (obrante a fs. 172 del expte. adm. cit.) por considerar que la bonificación por función no correspondía al cargo regulatorio de su prestación previsional.
Sin perjuicio de ello, aclaró, al interponer la demanda judicial la actora solicitó, además, que bajo el amparo del art. 41 del decreto ley 9.650/80, se reconociera la función ejercida en aquel rango -Jefe de Unidad Sanitaria- y se lo tomara a éste como cargo base de su haber jubilatorio, liquidándose así el beneficio respectivo.
Conforme a tales antecedentes determinó que el núcleo de la cuestión principal se circunscribía a determinar si, tal como lo postulaba la recurrente, correspondía que el cargo base de su jubilación sea el de Jefe de Unidad Sanitaria y, en consecuencia, si procedía incorporar al haber previsional la "bonificación por función" solicitada.
Señaló entonces que la actora pretendía que se liquidara su haber previsional tomando como base el cargo de Jefe de Unidad Sanitaria, al considerar que la función que alegaba haber ejercido previamente como Directora debía subsumirse en aquella, por tratarse del rango de menor jerarquía desempeñado.
En tal marco consideró que correspondía confirmar el pronunciamiento de primera instancia en cuanto consideraba como base del beneficio previsional el de Carrera Profesional Hospitalaria (CPH), categoría Profesional "B" con 26 años de antigüedad, pues la recurrente no había aportado elementos que acreditaran que correspondiera el de Jefe de Unidad Sanitaria, destacando que de la prueba informativa remitida por oficio a la Municipalidad de Lomas de Zamora, surgía que se había desempeñado en el primer cargo mencionado, limitándose a detentar desde el 22 de diciembre de 1999 hasta el 1 de agosto de 2001 la función de Jefe de Unidad Sanitaria que pretendía (v. fs. 42).
Agregó que la actora confundía el cargo ostentado -esto es, el de la CPH categoría Profesional "B"-, con la función que ejercía, es decir, la de Directora General y posteriormente, Jefa de Unidad Sanitaria (v. informe de la Municipalidad de Lomas de Zamora cit. de fs. 42 y decretos 4.015/99 a fs. 43; 555/00 a fs. 44 y 558/00 a fs. 45).
A mayor abundamiento, advirtió que la situación de la apelante tampoco podría encuadrar en las previsiones del art. 41 del decreto ley 9.650/80, pues no sólo no superaba los 36 meses requeridos, sino que no había demostrado su ejercicio como Directora dentro del escalafón vertical señalado, habiendo acreditado únicamente su desempeño como "Directora General" desde el 1 de enero de 1992 al 21 de diciembre de 1999 (v. fs. 103 del expte. adm. cit.), cargo que no se encontraba comprendido en el régimen escalafonario de la Carrera Profesional Hospitalaria, conforme el art. 8 de la ley 10.471.
I.1.b. Por otra parte, acerca del agravio formulado respecto del adicional por función, consideró que, de acuerdo a lo informado por la Dirección de Jubilaciones y Pensiones del Municipio de Lomas de Zamora, así como por la Determinación y Liquidación de haberes (v. fs. 134; recibos de sueldos obrantes a fs. 113/130 y 166, respectivamente del expte. adm. cit.), las bonificaciones habían sido percibidas de manera irregular por la titular, consistiendo ellas en a) Movilidad CPH, b) Bonificación Especial 30%, c) Presentismo y d) Bonificación funcional.
En este entendimiento, aclaró que la misma actora reconoció en su pieza recursiva la irregularidad en la percepción y su otorgamiento en forma discriminada, agregando que en los recibos de haberes agregados se evidenciaba que la bonificación por función no había sido abonada en todos los períodos (v. fs. 113/130, expte. adm. cit.)
Asimismo, observó que en el informe de la Dirección Liquidación de Haberes del Municipio de Lomas de Zamora (v. fs. 97 de la causa), este adicional se dispuso para determinadas categorías de la Carrera Médica Hospitalaria y la categoría 15 (Director General) no se encontraba comprendida en ellas.
En virtud de ello concluyó que la recurrente no había logrado acreditar que la bonificación reclamada le fuera abonada con carácter habitual, regular y permanente.
I.1.c. En mérito de las consideraciones expuestas rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmó la sentencia de primera instancia.
I.2. Contra el pronunciamiento de la Cámara de Apelación, la actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 149/155).
Comenzó denunciando la errónea aplicación de la normativa que rige el caso por desconocer el derecho que posee a percibir su prestación jubilatoria en el cargo de Jefe de Unidad Sanitaria -con 36 hs. semanales de labor- de la Carrera Médico Hospitalaria Municipal, ello por aplicación del art. 41 del decreto ley 9.650/80.
Precisó que de conformidad con los servicios desempeñados en el período 27 de abril de 1998 hasta el 21 de diciembre de 1999, y desde ese momento hasta el cese ocurrido el 31 de julio de 2001, el cargo base de su prestación resultó ser el de Jefe de Unidad Sanitaria (confr. escalafón vertical fijado en el art. 8 de la ley 10.471) y nada obsta a la aplicación al caso del art. 41 del decreto ley 9.650/80.
Por otra parte, planteó que la "bonificación por función" solicitada es inherente al cargo que por derecho le corresponde, esto es, Jefe de Unidad Sanitaria. Sostuvo que, si dicho pago fue realizado en forma discriminada como bonificación por función o incluido dentro del haber básico de los cargos desempeñados, ello no puede resultar un obstáculo al reconocimiento del derecho reclamado. Concluyó diciendo que lo que verdaderamente importa es que el adicional por función sea regular en la actualidad y corresponda su pago a quien desempeña las funciones de Jefe de Unidad Sanitaria, siendo el mismo inherente al cargo e inseparable del desempeño de dichas tareas.
II. Adelanto que el recurso no puede prosperar.
II.1. Los argumentos introducidos por la recurrente no se muestran hábiles para revocar la sentencia impugnada. En el caso, ninguno de los agravios expuestos conllevan una réplica eficaz a los fundamentos que estructuran la sentencia de la Cámara (cfr. doctr. causas Ac. 83.653, sent. de 12-XI-2003 y C. 90.421, sent. de 27-VI-2007).
En efecto, a poco que se analiza el escrito impugnativo se advierte que las argumentaciones invocadas a fin de habilitar la revisión extraordinaria intentada, no son más que la reiteración de los planteos expuestos tanto en la demanda como en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, vinculados con el derecho que entiende le asiste a percibir su haber previsional en base al cargo de Jefe de Unidad Sanitaria con la bonificación por función inherente al mismo, considerando a tal fin que no se han evaluado correctamente las cuestiones esenciales respecto del derecho que cree corresponde aplicarse en el caso. En este contexto, resulta claro que los fundamentos que sostienen el fallo atacado no logran ser desvirtuados por el discurso impugnativo traído, desde que el mismo revela una patente deficiencia técnica.
Es que los argumentos expuestos por la recurrente se limitan a discrepar con las razones expuestas por la Cámara, exteriorizando una mera disconformidad con el resultado obtenido (conf. doctr. art. 279 y causas A. 72.839, "García Zeni", resol. de 12-III-2014; A. 72.077, "Lunghi", sent. de 19-X-2016; A. 72.523, "Arias", sent. de 20-IX-2017), que no basta para demostrar el error imputado.
Es insuficiente para lograr una réplica adecuada y eficaz de lo decidido, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley basado en la mera reiteración de argumentos esgrimidos y rechazados en la instancia anterior (cfr. causas L. 102.577, "Lanzavecchia", sent. de 8-IX-2010; A. 71.506, "La Baskonia S.A.", sent. de 19-XII-2012), en tanto la casación no es una tercera instancia donde se examina nuevamente el litigio, ni la pieza recursiva puede sin más pretender reemplazar en su discurrir las reflexiones de la Cámara (cfr. doctr. causas A. 71.852, "Bitar", sent. de 20-V-2015; A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016; A. 73.163, "Negrelli", sent. de 30-III-2016).
En el caso, las conclusiones efectuadas por el Tribunal de Alzada respecto de la improcedencia de la pretensión son argumentos que llegan incólumes a esta instancia por falta de cuestionamiento efectivo.
En efecto, la Cámara sostuvo que la recurrente no había aportado elementos que acreditaran que correspondiera tomar como base de su haber previsional el cargo de Jefe de Unidad Sanitaria, habiéndose limitado a detentar desde el 22 de diciembre de 1999 hasta el 1 de agosto de 2001 la función de Jefe de Unidad Sanitaria que pretendía.
Agregó al respecto que la actora confundía el cargo ostentado, -esto es, el de CPH categoría Profesional "B"-, con la función que ejercía, es decir, la de Directora General y posteriormente, Jefa de Unidad Sanitaria, descartando asimismo la aplicación del art. 41 del decreto ley 9.650/80 por no superar los 36 meses allí requeridos.
Por último, y respecto del agravio formulado con relación al adicional por función, consideró que las bonificaciones habían sido percibidas de manera irregular por la actora, concluyendo que no se había logrado acreditar que la bonificación reclamada le fuera abonada con carácter habitual, regular y permanente.
II.2. En tal sentido, la recurrente se limita en esta instancia a reiterar los agravios expuestos con anterioridad y que ya fueran tratados por la Cámara actuante -aunque resueltos en forma adversa a sus pretensiones- haciendo aplicable la doctrina de este Tribunal que dispone que es insuficiente para lograr una réplica adecuada y eficaz de lo decidido, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley basado en la mera reiteración de argumentos esgrimidos -y agrego rechazados- en la instancia anterior (conf. L. 102.577, sent. de 8-IX-2010; A. 71.506, sent. de 19-XII-2012).
Puede observarse entonces que el discurrir de la recurrente sólo evidencia su discrepancia subjetiva con el fallo, pero en modo alguno demuestra la errónea aplicación de las normas que cita (art. 279, CPCC).
Ha decidido reiteradamente esta Corte que quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos legales no hace otra cosa que anticipar una premisa cuya inmediata demostración debe hacer en el mismo escrito, no resultando suficiente a ese efecto la mera exposición de un criterio interpretativo distinto al del juzgador (doctr. causas A. 71.488, "Gras", sent. de 9-III-2016, A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018; e.o.), tal como acontece en la especie.
El recurso extraordinario interpuesto deviene, pues, insuficiente a los fines pretendidos y lo expresado por la recurrente evidencia tan sólo una mera disconformidad y un criterio distinto que no logra rebatir las conclusiones efectuadas por la Cámara.
III. Por las razones expuestas, suficientes a tenor de los agravios traídos a esta instancia, el recurso extraordinario deducido en autos debe rechazarse (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
El señor Juez doctor Negri , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor de Lázzari, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 289, CPCC).
Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 del CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia