Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74605
En la ciudad de La Plata, a 27 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Kogan, Genoud, Soria, Pettigiani, Torres, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.605, "Marczuk, Juan Pedro contra Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y ot. Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, rechazó el recurso de apelación interpuesto por el actor, y confirmó la sentencia de primera instancia que había desestimado la demanda promovida. Impuso las costas en el orden causado (conf. arts. 55, 56, 58, 59 y concs., CCA; v. fs. 420/425).
Disconforme con dicho pronunciamiento, el actor dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 429/462), que fue concedido a fs. 465/466.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 471) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por el actor, y confirmó la sentencia de primera instancia que había desestimado la pretensión tendiente a que se liquiden sus haberes -en pasividad- conforme a la jerarquía de Mayor o Capitán del régimen de la ley 13.982 y no a la obtenida a partir de la equiparación de cargos efectuada por el art. 76 y el anexo II de esa ley, el decreto 3.000/10 y el art. 27 de la ley 13.236, que denuncia inconstitucional.
I.1. En primer término, desestimó el agravio de la parte actora referente a que el juez de grado no se había pronunciado sobre el planteo de inconstitucionalidad del art. 76 y anexo II de la ley 13.982 (v. fs. 50/70), e indicó que en efecto se pronunció la iudex en forma expresa, quien realizó un análisis de dicha norma y su concreta aplicación al aquí actor, desestimando en concreto el planteo de inconstitucionalidad formulado (v. cons. 3° -fs. 386 vta./389 vta.- y 4° -fs. 390 vta.-, y punto 1 del "Resuelvo" -fs. 389 vta.-).
Asimismo, advirtió que la decisión de grado se encontraba fundada en la normativa vigente y sus sucesivas modificaciones, conforme reescalafonamientos -jerarquías y plazos- expresamente determinados por el legislador.
En esa inteligencia, puntualizó que la ley 13.236 (B.O. de 15-X-2004) estableció un nuevo régimen previsional para el personal en actividad y pasividad tanto de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, como de la planta permanente de la Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires y de sus respectivos pensionados, derogando el régimen del decreto ley 9.538/80.
Consideró, luego de repasar la normativa aplicable, que la situación invocada por el actor generó a su favor solamente una expectativa en relación al mantenimiento de la estructura jerárquica vigente con anterioridad al dictado de la ley 13.982 y estimó que aquel fundó su pretensión sobre la base de un régimen legal derogado, desconociendo el principio que niega la existencia de un derecho adquirido al mantenimiento de las leyes, tal como lo interpretara la jueza de primera instancia.
Indicó que el caso no ofrecía una circunstancia consumada para el actor que le reconozca el derecho invocado, condición necesaria para invocar la garantía constitucional del art. 17 de la Constitución nacional y se remitió en honor a la brevedad, a lo argumentado por la sentencia de grado.
En esa inteligencia, señaló que la pretensión del reconocimiento de un mayor cargo en pasividad no podía prosperar, tal como establece el art. 57 de la ley 13.982, en tanto el actor obtuvo su retiro a partir del 1 de enero de 2001, con la jerarquía de Sargento Ayudante del Agrupamiento Comando del decreto ley 9.550/80 (conf. fs. 294 y 361), habiendo sido reencasillado con motivo de la entrada en vigencia de la ley 13.201 -para la equiparación de haberes- al cargo de Subteniente y luego por aplicación del anexo II de la ley 13.982 (conf. art. 21 bis, dec. 2.382/05, incorp. por dec. 3.000/10), a la jerarquía de Teniente que actualmente ostenta (v. fs. 59 y 165), resultando inatendible la petición en el sentido que debió habérselo reescalafonado en el rango de "Capitán o Mayor o al menos Teniente 1° de la ley 13.982", sin haberse desempeñado nunca en tales categorías jerárquicas.
Indicó que, si se admitiera -como peticiona el accionante- el reajuste de la prestación jubilatoria en mérito a posteriores modificaciones escalafonarias, se daría el derecho a alcanzar cargos de una jerarquía que nunca desempeñó, por estar previsto en una planta orgánica de la que no formó parte.
En ese marco, descartó la alegada afectación de la garantía al nivel salarial del actor -la que, además, ha sido reconocida por aquel al afirmar a fs. 56 vta. no haber sufrido rebaja salarial- bajo el prisma del art. 86 de la ley 13.982, norma que contempla expresamente cualquier situación disvaliosa que, en ese sentido, pueda presentarse en los hechos, por lo que también consideró acertada la decisión del a quo al señalar que la referida garantía (art. 86, cit.) se imponía frente al planteo de inconstitucionalidad.
Sostuvo que el reencasillamiento ocasionado a partir de las disposiciones generales de la ley 13.982 (anexos I y II), en su aplicación a los pasivos (dec. 3.000/10; conf. art. 27, ley 13.236) no sólo expresó el ejercicio de una potestad del Poder Ejecutivo ejercida sin observaciones en cuanto a su razonabilidad, sino, a la vez un propósito por mantener la regla de proporcionalidad para lo previsto tanto en la ley 13.201 como en el decreto ley 9.550/80, respecto de los nuevos escalafones en su aplicación al personal de retiro bajo alguno de esos regímenes, criterio normativo de equiparación con los activos que muestra armonía con el principio de movilidad.
Manifestó que tampoco la mecánica de equiparación que sucediera a la ley 13.982 generó detrimento en la situación de pasividad del actor, ni retrogradación en relación con el nivel alcanzado; ni reveló un trato desigual, en la medida en que comprende a todos quienes se encuentran en su misma situación sin discriminación alguna y sin que configure a su respecto inobservancia del principio constitucional invocado, ni desmedro respecto de un derecho adquirido.
I.2. Finalmente, consideró improcedente la postulación en torno a la valoración de las consideraciones efectuadas en las leyes 14.382 y 14.383 -en cuanto reconocen la afectación de la carrera y el salario del personal policial-, toda vez que la ley 14.382 no resultaba aplicable al actor (conf. informe a fs. 165 y 361), quien obtuvo el beneficio previsional durante la vigencia del decreto ley 9.550/80 bajo en el grado de Sargento Ayudante, que no está contemplado entre los beneficiarios de dicha norma cuyo relegamiento salarial menciona, ocurriendo lo mismo con la invocada ley 14.383, cuyo ámbito de aplicación subjetivo no comprende la situación del señor Marczuk.
Concluyó, luego de realizar la pertinente labor interpretativa y de valoración jurídica a la hora de formular el juicio de razonabilidad, que la norma en estudio -art. 76 de la ley 13.982-, no lucía contraria a las garantías constitucionales invocadas (arts. 16 y 17, Const. nac.).
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia violación de los arts. 14 bis, 16, 17 y 18 de la Constitución nacional y 11, 31 y 39 de la Constitución provincial. Acusa asimismo la vulneración del principio de progresividad y derechos adquiridos al nivel escalafonario, violados por aplicación al caso del art. 76 anexo II de la ley 13.982, por vía del decreto 3.000/10 y su acto de aplicación.
II.1. Señala que la jerarquía de Sargento Ayudante del Agrupamiento Comando previsto en el decreto ley 9.550/80 del Personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, constituía la sexta jerarquía o categoría de ocho posibles en la carrera de suboficial, cuyas funciones específicas estaban establecidas, con carácter no taxativo, en el art. 149 del decreto reglamentario 1.675/80 del decreto ley mencionado.
Indica que regían entonces dos escalafones del agrupamiento comando: el de oficiales con jerarquía inicial de Oficial Ayudante y final de Comisario general, con posibilidad de acceder a la conducción de la policía; y el escalafón de Suboficiales y Tropa, constituido por el personal operativo, sin posibilidad de acceder a los cargos de conducción aún de órganos con jerarquía de sección (comisaría).
Sostiene que, con la entrada en vigencia de la ley 13.201, se produjo la unificación de escalafones, por lo que el escalafón de suboficiales se fusionó con el de oficiales en un solo escalafón de nueve jerarquías, de manera que quienes habían sido suboficiales del decreto ley 9.550/80 contaban con la posibilidad de acceder a los cargos de conducción y dirección (nominación de la ley 13.201). Aduce que tal traspaso se produjo pasando el cuadro de Suboficiales y Tropa al segmento inferior de la nueva escala (desde Oficial de Policía hasta Teniente, es decir desde las categorías uno a cuatro de un total de nueve) y el personal del escalafón de oficiales, pasaron al segmento superior (del escalafón cuatro al nueve, esto es, de la jerarquía de Teniente a Superintendente).
Con ello indica que algunos suboficiales alcanzaron las jerarquías de Teniente primero y Capitán y que a estas últimas jerarquías fueron reencasillados los oficiales principales (Teniente primero), comisarios y subcomisarios (Capitanes) del decreto ley 9.550/80, siendo sus funciones (conf. dec. 1.675/80) las normadas por los arts. 142, 143 y 144, estando facultados a ejercer aquellas inherentes al antiguo escalafón de oficiales, con el rango de oficiales subalternos (Oficial principal) y oficiales jefes (Subcomisarios y Comisarios).
Señala que el nuevo régimen de la ley 13.982 habla de escalafón único, pero los que fueron oficiales del decreto ley 9.550/80 pasaron al subescalafón comando (con las funciones de los antiguos oficiales y acceso a los cargos de conducción y de dirección), y los antiguos suboficiales y tropa quedaron limitados a funciones operativas.
Con ello sostiene se vulnera el principio constitucional de igualdad al disponer un tratamiento manifiesta y lesivamente diferenciado para personal de igual jerarquía y atribuciones en todos los grados, por cuanto la ley 13.201 contemplaba un escalafón único, donde no se hacía distinción entre tenientes primeros ni entre capitanes de uno u otro origen; concretando la ley 13.982 la retrogradación de las cosas al estado anterior.
Manifiesta así que de dos capitanes iguales en la ley 13.201, uno pasó a ser Comisario y Oficial de Conducción y el otro Capitán o Mayor despojado de la potestad disciplinaria y subordinado a sus anteriores subalternos, en función de su origen conforme el decreto ley 9.550/80.
Entiende que peor aún es la situación de un teniente de la ley 13.982 (con quien se ha correlacionado su haber) que en el nomenclador está ubicado en el grado 14 (art. 29 inc. b.2., ley 13.982) bajo el título de "oficiales subalternos", que bien puede entenderse como "suboficiales subalternos" del decreto ley 9.550/80, cuando el Suboficial principal (que fue la jerarquía alcanzada por el actor en vigencia del dec. ley 9.550/80), se encontraba encuadrado por el art. 13 inc. "b" de dicha norma, en el escalafón de Suboficiales y Tropa, en la categoría de Suboficiales superiores (Sargento primero a Suboficial mayor), siendo claro y notorio el avasallamiento operado.
Agrega que los suboficiales del decreto ley 9.550/80 que ascendieron en vigencia de la ley 13.201 a Teniente primero, Capitán y Mayor pasaron a ocupar las últimas tres jerarquías del subescalafón general de la ley 13.982 y que sus iguales provenientes del escalafón de oficiales del decreto ley 9.550/80 pasaron a Subcomisario y Comisario.
Con ello sostiene que la ley 13.982 discrimina irrazonablemente a quienes la ley 13.201 eran considerados iguales, perjudicando las carreras y posibilidades de unos, mientras que preserva y mejora la de otros, lo que viola el derecho de igualdad y afecta el principio de progresividad al volver al esquema de la normativa del gobierno militar (ref. dec. ley 9.550/80).
II.2. Argumenta que las leyes 14.282 y 14.383 vinieron a enmendar los errores del régimen, reconociendo a quienes revistaban en los grados de Suboficial Mayor y Principal en los grados de Mayor, Capitán o Subcomisario según el subescalafón de pertenencia, y trascribe el mensaje de elevación del que -según alega- surge la errónea equiparación que denuncia.
Con lo expuesto aduce que los medios arbitrados por la ley 13.982, tanto en su texto como en el anexo II del art. 76, no se adecuan a los fines que pretende realizar y consagran una manifiesta discriminación peyorativa para el personal proveniente del escalafón de Suboficiales y Tropa del decreto ley 9.550/80. Asimismo, expresa que en el lapso que duró su vigencia, no ha guardado coherencia con las reglas constitucionales, sino que por el contrario ha sido repugnante de las mismas.
Sostiene que tanto el Poder Ejecutivo como el legislador reconocieron que se han vulnerado derechos constitucionales desde la entrada en vigencia de la ley 13.982. Puntualiza que el absurdo de la sentencia recurrida radica en que no efectúo el examen de constitucionalidad propuesto, limitándose a indicar que se habría solicitado un ascenso en pasividad, cuando lo requerido fue la correcta correlación de haberes de conformidad con lo previsto en el art. 27 de la ley 13.236.
II.3. Por último, solicita que, en caso de encontrarse algún obstáculo para pronunciarse con base en el planteo formulado, se declare en esta instancia la inconstitucionalidad del art. 76 de la ley 13.982 y su anexo II, y se haga lugar a la demanda del actor.
III. El recurso no prospera.
III.1. El impugnante señala que obtuvo su calidad de pasivo revistando en el grado de Sargento Ayudante del Agrupamiento Comando del decreto ley 9.550/80 (conf. fs. 294 y 361), habiendo sido reencasillado con motivo de la entrada en vigencia de la ley 13.201 -a los efectos del haber previsional- al cargo de Subteniente y luego, por aplicación del anexo II de la ley 13.982 (conf. art. 21 bis, dec. 2.382/05, incorp. por dec. 3.000/10), a la jerarquía de Teniente que actualmente ostenta. Expresa que tal correlación salarial motivó que quienes se habían retirado en los dos últimos grados de su carrera (al tiempo de la vigencia del dec. ley 9.550/80 y modificatorias) hoy se encuentren relegados salarialmente en dos grados respecto al nuevo escalafón instituido por la ley 13.982, lo que resulta una afectación de la proporcionalidad, igualdad, movilidad y progresividad impuestas por el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial.
III.1.a. Cabe recordar que el art. 13 del decreto ley 9.550/80, vigente al momento del cese del actor, establecía que el agrupamiento comando estaría constituido además de por el escalafón de oficiales, por el escalafón de Suboficiales y Tropa, dentro de los cuales se desempañarían como suboficiales superiores los Sargentos Ayudantes.
El art. 3 del citado decreto disponía además que el "Estado policial es la situación jurídica que resulta del conjunto de deberes y derechos establecidos por las leyes y reglamentos para el personal que ocupa un lugar en las escalas jerárquicas de los Agrupamientos Comando y Servicios, que integran sus cuadros permanentes o que, proviniendo de los mismos, se encuentren en situación de retiro". Allí se dividía en función de las atribuciones y deberes que debía desempeñar el personal policial en agrupamientos con las siguientes denominaciones: a) comando; b) servicios; c) personal civil (art. 7).
La función específica del agrupamiento comando se encontraba delimitada en el art. 11, asignándola como "función de seguridad a la potestad y el deber que tiene el personal policial del Agrupamiento Comando, de proceder a la prevención y represión de delitos y contravenciones, como así de proveer al mantenimiento del orden público en general". Dicha normativa establecía diferencias bien marcadas entre este agrupamiento con el denominado servicios en cuanto a sus deberes ya que, luego de enumerar los que corresponden al personal del Agrupamiento Comando (art. 14) excepcionaba a los del agrupamiento servicios de los deberes determinados en los incs. "a", "b", "c" y "d" del citado art. 14 y con relación a los derechos, ya que el art. 21 exceptuaba al personal del agrupamiento servicios de los derechos atribuidos al agrupamiento comando en los incs. "f" y "g" del art. 15. Finalmente, respecto a la relación jerárquica entre los distintos agrupamientos, el art. 30 determinaba el siguiente orden de prelación: a) agrupamiento comando, b) agrupamiento servicios y c) agrupamiento personal civil, disponiendo expresamente que: "...el Agrupamiento Comando no podrá ser subordinado al Agrupamiento Servicios ni al Agrupamiento Personal Civil...".
III.1.b. El posterior régimen de la ley 13.201 siguió una lógica similar y estableció en su art. 1 que "...será de aplicación para el personal de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, el cual tendrá estado policial". Aunque aquí expresamente se estipula que dicho estado comprende el desempeño efectivo y excluyente de tareas de prevención, investigación, disuasión y/o uso efectivo de la fuerza. Su ejercicio implica el conjunto de derechos, deberes y prohibiciones que tiene dicho personal, quien lo conserva después de cesar en el servicio activo, excepto que el cese se produzca por baja (art. 3).
Es decir que el referido estado policial alcanza a aquellos agentes que en el anterior régimen del decreto ley 9.550/80, se encontraban encasillados en el agrupamiento comando.
Así el art. 225 estableció: "Facúltase al señor Ministro Secretario en el Departamento de Seguridad a dictar las normas complementarias y el procedimiento necesario con el fin de operar el reencasillamiento del personal comprendido en el escalafón que surge del Decreto-Ley 9550/80 y el Decreto 1675/80, al escalafón ordenado por la Ley 13.201 y aprobado por el presente decreto". Por su lado, el art. 226 fijó: "El personal policial que a la fecha de entrada en vigencia del nuevo escalafón revista en el Escalafón de Oficiales del Agrupamiento Comando (Decreto-Ley 9550/80 y Decreto 1675/80), quedará reencasillado, a todos los efectos, en los nuevos grados previstos en el artículo 32 de la presente reglamentación, de acuerdo al criterio de reconversión expuesto en el Anexo 1 que forma parte integrante del presente acto administrativo.
Idéntico tratamiento tendrán quienes revistan en los grados de Suboficial Mayor y Suboficial Principal del Escalafón de Suboficial del Agrupamiento Comando".
Así el cargo de Suboficial principal y Mayor del agrupamiento comando debían ser recategorizados dentro del nuevo escalafón previsto en el art. 32 de dicha ley que establecía: "Los grados del escalafón por su orden jerárquico, son los siguientes:
1. Oficial de Policía".
A continuación, el art. 33 establecía que: "Los grados del escalafón serán agrupados en orden al siguiente marco de organización jerárquica:
Oficiales de Dirección: Grados 9 y 8;
Oficiales de Conducción: Grados 7, 6 y 5;
Oficiales de Supervisión: Grados 4 y 3;
Oficial Policial Operativo:
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