Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74138
En la ciudad de La Plata, a 27 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Genoud, Soria, de Lázzari, Negri, Torres, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.138, "Gelvez, Sebastián contra Provincia de Buenos Aires. Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y revocó la sentencia de grado que había admitido la demanda promovida por el señor Sebastián Victoriano Gelvez contra la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 305/308).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 312/318).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 327), agregado el memorial de la parte demandada a fs. 332/340 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor Sebastián Victoriano Gelvez dedujo acción contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires pretendiendo la nulidad de la resolución 137/02 de fecha 30-XII-2002 dictada por el Ministro de Justicia, mediante la cual se lo sancionó con el retiro absoluto a partir del 17 de diciembre de 2001, de conformidad con lo previsto en los arts. 92 inc. 12 y 93 incs. 3 y 9 del decreto ley 9.578/80 (v. fs. 7/8).
Asimismo, solicitó la anulación de la resolución 90/11 de fecha 29-XII-2011 dictada por el Ministro de Justicia y Seguridad, a través de la cual se rechazaron los recursos interpuestos y el planteo de prescripción de la acción disciplinaria efectuado por el accionante (v. fs. 81/82).
El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 de La Plata hizo lugar a la demanda y, en consecuencia, declaró la nulidad de las resoluciones impugnadas, ordenó la reincorporación del actor en el cargo que ocupara con anterioridad a dichos actos y, condenó a la accionada al pago de los salarios dejados de percibir más los intereses (v. fs. 265/270).
Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado dedujo recurso de apelación (v. fs. 285/289), el que fue admitido por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en esta ciudad revocando, de ese modo, la sentencia de primera instancia (v. fs. 305/308).
Para así resolver, advirtió un error de juzgamiento en la decisión del juez de grado, en la medida en que para declarar prescripta la acción disciplinaria se apartó del principio general que extiende los efectos interruptivos del curso de la prescripción hasta que quede firme la resolución que clausura en forma definitiva la cuestión sometida a decisión (conf. doctr. art. 3.986 y concs., Cód. Civ. derogado, ley 340 y art. 2.547, Cód. Civ. y Com., ley 26.994).
Señaló que el plazo legal establecido para el ejercicio de la potestad disciplinaria (art. 103, dec. ley 9.578/80) no puede considerarse cumplido por el transcurso del tiempo que corriera entre la impugnación de la resolución 137/02 -que aplicó la sanción- y el dictado de la resolución 90/11, pues en sede administrativa esta última fue la que tuvo la virtualidad de cerrar definitivamente el asunto.
Expresó que la situación de pendencia del procedimiento disciplinario, expuesta a partir de un acto sancionatorio existente y un recurso interpuesto en su contra por el titular del derecho, constituye un escenario suficiente para mantener el efecto interruptivo abierto a partir de los actos útiles del procedimiento disciplinario, sostenido por el acto de sanción en tiempo oportuno y mantenido en adelante hasta el dictado de la resolución 90/11.
Para concluir consideró que la potestad disciplinaria de la demandada fue ejercida conforme a derecho, en virtud de que, al momento de resolver las impugnaciones deducidas, el plazo extintivo de cinco años aplicable en la especie (art. 103 inc. 4, dec. ley 9.578/80), se encontraba interrumpido por tales presentaciones administrativas.
Por otra parte, el Tribunal de Alzada advirtió que el juez de grado, al resolver la falta de motivación de la resolución que denegó los recursos administrativos y el planteo de prescripción opuesto por el accionante (resol. 90/11), incurrió en incongruencia (art. 34 inc. 4, CPCC, conf. art. 77, ley 12.008 -t. seg. ley 13.101).
Ello, en tanto resolvió y ponderó cuestiones que no fueron invocadas en la demanda ni constituyeron la causa directa de las transgresiones en las cuales las resoluciones impugnadas fundaron la sanción impuesta (v. arts. 1, resol. 137/02; 92 inc. 12 y 93 incs. 3 y 9, dec. ley 9.578/80).
II. Contra dicho decisorio la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 312/318) en el que denuncia la violación de la doctrina legal en materia de prescripción de la potestad disciplinaria sentada en la causa B. 62.547, "Gómez", sentencia de 15-VII-2015.
Subsidiariamente, aduce la vulneración de la doctrina legal de motivación suficiente en materia de procedimiento sumarial.
Por último, se agravia del exceso de punición en la sanción impuesta en razón de la enfermedad que padeciera el accionante.
II.1. En su escrito el recurrente alega la errónea aplicación de la ley, por cuanto para resolver la cuestión sometida a juzgamiento el Tribunal de Alzada dejó de lado las particularidades que prevé el régimen especial para el personal del Servicio Penitenciario (dec. ley 9.578/80) y aplicó las normas del procedimiento administrativo provincial en materia de efectos de los recursos y prescripción.
Refuta el argumento por cuanto el a quo juzgó que el principio general es que, existiendo un acto sancionatorio (resol. 137/02) dictado dentro del plazo previsto por el art. 103 inc. 4 del decreto ley 9.578/80 no puede aducirse la extinción, por prescripción, de la potestad disciplinaria de la Administración.
Alega que, en el régimen especial para el personal del Servicio Penitenciario, los actos administrativos fueron regulados con ciertas particularidades, toda vez que la presunción de legitimidad que los caracteriza en el régimen general se encuentra minimizada. En este sentido el art. 52 de la norma citada, establece que la interposición de un recurso contra un acto sancionatorio suspende su ejecución hasta tanto quede firme el acto administrativo, lo que ocurrirá cuando sea consentido expresamente o fueran rechazados los recursos interpuestos, conforme lo prescribe el art. 53.
Señala que la sanción impuesta al actor mediante la resolución 137/02 se encontraba suspendida hasta el dictado de la resolución 90/11 -casi nueve años después-, por imperio del art. 52 del decreto ley 9.578/80, indicando que incluso percibía haberes.
Expresa que las normas referidas son de vital importancia en la interpretación del instituto de la prescripción en el estatuto especial para el personal del Servicio Penitenciario, en conjunción con el art. 104 que determina que la misma opera de pleno derecho por el simple transcurso del tiempo.
Refiere a que en la causa "Gómez" (sent. de 15-VII-2015) se entendió que, si bien la etapa impugnatoria del sumario es promovida por el particular interesado en conmover la decisión negativa a sus intereses, su resolución también interesa a la Administración, no sólo en virtud de garantizar la juridicidad y regularidad de su actuación, con apego a la verdad material, sino también a efectos de anteponer el interés público comprometido en el resguardo del debido funcionamiento de los servicios administrativos por parte de sus agentes. Con otro giro, la conclusión del sumario en un plazo determinado no sólo interesa al agente afectado, sino también al propio interés público, cuanto más cuando la ejecutoriedad de la sanción se encuentra condicionada a su firmeza (advirtiendo una regulación análoga del régimen penitenciario con el régimen del personal policial).
Sostiene que la integración que cabe predicar de la sustanciación sumarial con el iter recursivo revalida lo dispuesto en el art. 104 del decreto ley 9.578/80 que establece que la comisión de una nueva falta y los actos del procedimiento disciplinario que tienden a mantener en movimiento la acción disciplinaria interrumpen la prescripción de la acción.
II.2. Denuncia que el Tribunal de Alzada se fundó en normas del Código Civil derogado (ley 340) y del Código Civil y Comercial actualmente vigente (ley 26.994) que no resultan aplicables al caso.
Al respecto se agravia de la interpretación realizada por el Tribunal de Alzada que juzgó que los efectos interruptivos de la prescripción no se computen en la etapa administrativa correspondiendo que dicho plazo se inicie o reinicie con el acto que da firmeza a lo resuelto, equiparando el procedimiento administrativo con el proceso judicial, con los alcances previstos en el art. 3.986 del Código Civil actualmente derogado.
Denuncia errónea aplicación de la ley, por cuanto el Tribunal de Alzada pretendió asignarle a las actuaciones administrativas las características del proceso judicial, procurando que el plazo entre el dictado de la resolución 137/02 y el dictado de la resolución 90/11 tenga efecto interruptivo (conf. art. 3.986, Cód. Civ. actualmente derogado) y sólo a partir del dictado de esta última comenzará el cómputo de un nuevo plazo.
II.3. Por último, se agravia de la circunstancia de que las faltas administrativas no guardan proporcionalidad con la medida disciplinaria impuesta (retiro absoluto), máxime teniendo en cuenta la enfermedad de alcoholismo que padeciera el recurrente.
Desarrolla -advirtiendo que las cuestiones de hecho quedan excluidas de la revisión extraordinaria- los dictámenes y opiniones de los órganos de consulta y asesoramiento que intervinieron en el procedimiento administrativo, para concluir que la resolución 90/11 carece, a su juicio, de motivación suficiente.
III. Adelanto que el recurso no prospera.
Dos son los argumentos centrales del fallo atacado, a saber, el relativo a la interrupción del plazo de prescripción de la potestad sancionatoria de la Administración en virtud del acto que impuso la sanción (resol. 137/02); y la incongruencia en la que habría incurrido el juez de grado, en relación a considerar la enfermedad que padecería el actor (alcoholismo) y las faltas cometidas para declarar nulas las resoluciones impugnadas.
III.1. Respecto del primero de los tópicos, la recurrente centra su embate en la resolución del Tribunal de Alzada que consideró que la acción disciplinaria que impuso la sanción de retiro absoluto al actor no se encontraba prescripta, citando a dichos fines la doctrina de la causa "Gómez".
Tal circunstancia remite necesariamente al análisis de cuestiones de hecho y prueba, ajenas en principio a la competencia revisora de esta Suprema Corte.
Este Tribunal ha señalado que la determinación del plazo de prescripción, su eventual interrupción o suspensión, constituyen cuestiones privativas reservadas a la apreciación de los jueces de grado y exentas de revisión por parte de la Suprema Corte, salvo el supuesto de absurdo (conf. doctr. causas A. 70.623, "Ortega", sent. de 9-XI-2011; A. 70.905, "Caselli", sent. de 30-V-2012; A. 71.567, "Zapata", sent. de 4-V-2016; A. 72.609, "Caparrotta", sent. de 31-V-2017; entre muchas otras); circunstancia que no ha sido denunciada, y mucho menos probada en el sub lite .
En relación al argumento relativo a la vulneración del art. 34 inc. 4 del Código Procesal Civil y Comercial, aplicable por conducto del art. 77 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- la recurrente se limita a señalar la falta de motivación suficiente de la resolución 90/11 en relación a las pruebas y dictámenes relativos a la enfermedad que padecería el accionante. Tampoco este argumento resulta suficiente a los fines pretendidos.
El impugnante exhibe una mera disconformidad con el criterio interpretativo llevado a cabo por el Tribunal de Alzada, evidenciando solamente una discrepancia subjetiva con el fallo, pero en modo alguno invoca y, menos aún demuestra, la configuración del vicio del absurdo, por lo que los argumentos en que el tribunal a quo sustentó su decisión no han sido idóneamente descalificados por el interesado.
Tiene resuelto reiteradamente esta Corte que cuando se pretende impugnar las conclusiones de un pronunciamiento sobre las cuestiones fácticas de la litis -tal la vulneración del principio de congruencia- no basta con presentar la propia versión del recurrente sobre las mismas, sino que es menester realizar un juicio crítico de los razonamientos desarrollados en aquel y demostrar que padecen de un error grave y manifiesto que ha derivado en conclusiones contradictorias, incoherentes o inconciliables con las constancias objetivas que resultan de la causa (conf. causas A. 70.832, "Sosa", sent. de 14-VIII-2013; A. 72.297, "Paz", sent. de 29-III-2017; e.o.), lo que no acontece en la especie.
III.2. Igual suerte adversa corre el agravio relativo a la violación de la doctrina legal de esta Suprema Corte en la causa "Gómez" (antes cit.).
Si bien el recurrente individualiza el precedente de este Tribunal cuya doctrina se encontraría vulnerada e incluso transcribe algunos pasajes del voto del doctor Hitters en la causa mencionada, omite referirse a los aspectos fácticos que rodearon al caso, circunstancia que impide que el agravio aquí analizado pueda prosperar.
En efecto, en el precedente aludido la sanción consistió en la baja del actor por abandono de servicio en el marco del Régimen del Personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires regido por el decreto ley 9.550/80 -actualmente derogado por la ley 13.201-; mientras que en el presente caso se trata de la sanción de retiro absoluto por infracción a lo establecido en los arts. 92 inc. 12 y 93 incs. 3 y 9 del decreto ley 9.578/80.
Por lo expuesto, el embate deviene ineficaz toda vez que en el precedente invocado en el recurso mediaron presupuestos de hecho y de derecho diferentes a los propios del caso en juzgamiento (conf. doctr. causas A. 69.919, "Perazzo", sent. de 8-IX-2010; A. 71.967, "Nestlé Argentina S.A.", sent. de 9-III-2016; e.o.).
IV. Por las razones expuestas, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 279, CPCC).
Voto por la negativa.
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 primer párrafo y 289 in fine , CPCC).
El señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Disiento con la opinión vertida por los colegas que me preceden en la votación, pues considero que el desarrollo de los agravios que porta el recurso en tratamiento (v. fs. 313/316) resultan suficientes, razón que justifica un juicio de mérito por parte de este Tribunal.
Anticipo que es de recibo el embate fundado en la violación de la doctrina legal sentada en la causa "Gómez" (B. 62.547, sent. de 15-VII-2015).
Ello, teniendo en cuenta que lo dispuesto en el ordenamiento normativo aplicable en el presente caso para el personal del Servicio Penitenciario (dec. ley 9.578/80) tiene una regulación sustancialmente análoga a la analizada en el precedente citado para el personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires entonces vigente (dec. ley 9.550/80 y su dec. reglamentario).
II. El Tribunal de Alzada consideró -en lo que concierne al agravio en tratamiento- que desde el punto de vista temporal no cabe reproche alguno a la conducta de la Administración pues el plazo extintivo de la potestad disciplinaria se encontraba interrumpido.
Para así decidir sostuvo que la situación de pendencia del procedimiento disciplinario a partir de un acto sancionatorio existente y un recurso interpuesto en su contra por el titular del derecho, es suficiente para mantener el efecto interruptivo abierto a partir de los actos útiles de dicho procedimiento, entre el acto de sanción en tiempo oportuno y el dictado de la resolución 90/11 que dispuso el rechazo de los recursos interpuestos.
En consecuencia, juzgó que el ejercicio de la potestad disciplinaria de la Administración no se encontraba prescripta al momento de dictarse el acto que rechazó la impugnación deducida en sede administrativa por el señor Gelvez.
III. Los agravios esgrimidos por la parte actora se asientan sobre las particularidades que establece el Estatuto del Servicio Penitenciario para los actos administrativos respecto de los caracteres que exhiben los actos en el régimen general, razón por la cual en el presente caso debe aplicarse la normativa específica.
Sostiene que en el régimen aplicable la presunción de legitimidad de la que gozan los actos administrativos se encuentra atenuada en virtud de lo dispuesto en el art. 52 del decreto ley 9.578/80, por cuanto el mismo prescribe que ante la interposición de un recurso contra el acto sancionatorio, sus efectos, y por ende, su ejecución quedan diferidos hasta tanto adquiera firmeza, lo cual acontecerá cuando sea consentido expresamente o rechazados los recursos interpuestos (art. 53, norma cit.).
Concluye que, sin perjuicio del principio de impulso de oficio, el marco legal especial le impone a la Administración demandada una carga mayor que la obliga a tramitar el recurso a fin de poder lograr la ejecución del acto, situación que difiere de lo previsto en la norma general de procedimientos administrativos.
IV. Considero por los fundamentos que seguidamente desarrollaré que, en el caso, la potestad disciplinaria de la Administración se encuentra prescripta.
Este Tribunal sostuvo que el poder disciplinario de la Administración, en relación con sus agentes, tiende a garantizar la observancia de las reglas de conducta fijadas para su desempeño, sancionando las transgresiones, en aras de un desenvolvimiento regular y eficaz de los miembros de la organización administrativa. Se trata primordialmente de una actividad de custodia, dirigida al buen orden de la función administrativa (doctr. causas B. 57.994, "Lucini", sent. de 14-V-2003; mi voto en B. 66.966, "Avila", sent. de 14-VIII-2013).
Con todo, los fines públicos que inspiran la atribución de esta potestad no autorizan a que la Administración pueda mantener a sus agentes sometidos sine die a la eventual iniciación de un procedimiento investigativo o a la aplicación de una condena, pues ello produce un menoscabo a sus derechos constitucionales (arts. 18, Const. nac. y 15, Const. prov.).
En este sentido, esta Suprema Corte tiene dicho que la actitud omisiva de la autoridad demandada en continuar la tramitación de un expediente lesiona el derecho de defensa del reclamante, que se integra con el derecho a obtener una decisión no sólo motivada, sino también oportuna y que en el ámbito del procedimiento deviene en una obligación de la Administración inherente al principio del debido proceso adjetivo que lo informa (doctr. causas B. 66.552, "San José Sud Mouriño S.A.", sent. de 3-XI-2004; B. 66.553, "Pereda Benedit", sent. de 6-IV-2005; B. 66.982, "P., S. A. M. r. d. F. M. g.", sent. de 6-IX-2006; e.o.).
De este modo se aprecia -tal como expresé al votar en la causa "Ávila" (antes cit.)-, que en el marco del derecho administrativo sancionador, la prescripción encuentra su ratio legis en la protección de los derechos del imputado -evitando situaciones de sospecha sin solución de continuidad- y a la vez, actúa como elemento ordenador de las pot
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