Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74744
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (art. 279, CPCC).
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 primer párrafo y 289 in fine, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 26 de diciembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Torres, Genoud, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.744, "Vizcaíno, Claudia Ethel c/ Municipalidad de La Plata. Pretensión Anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada y revocó la sentencia de primera instancia que -a su turno- admitió la pretensión anulatoria deducida contra los decretos emanados del señor intendente del municipio accionado, que dispusieron el cese de la actora en el ejercicio de las funciones interinas que le habían sido asignadas en el cargo de Directora de Segunda de la Escuela Experimental n° 2 "Barrio Jardín". Las costas del proceso fueron impuestas en el orden causado –conforme art. 51, ley 12.008, texto según leyes 13.101 y 14.437- (v. fs. 341/347).
Disconforme con dicho pronunciamiento , la accionante dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 351/360 vta.), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fs. 362/363.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 369) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La señora Claudia Ethel Vizcaíno, promovió demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de La Plata, a fin de que se anule el decreto 1.000 de fecha 29 de junio de 2012, mediante el cual se dispuso su cese en el ejercicio de las funciones interinas que venía desempeñando en el cargo de Directora de Segunda de la Escuela Experimental n° 2 "Barrio Jardín", para acogerse a los beneficios jubilatorios (v. demanda de fs. 32/36 y dec. de fs. 117 y vta.).
Posteriormente, amplió demanda y solicitó la nulidad del decreto 1.798 de fecha 30 de noviembre de 2012, por el cual se modificó la causal de cese, la que se fundó en la ausencia de vínculo de empleo con la comuna, debido a la aceptación de su renuncia al cargo como Personal Docente Provisional, así como en la falta de acreditación de los requisitos legales exigidos para el ejercicio del cargo directivo (v. ampliación de demanda de fs. 171/175 y dec. de fs. 118/119 vta.).
II. La señora jueza de Primera Instancia a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata, hizo lugar a la pretensión deducida por la actora anulando los decretos 1.000/12 -en lo que respecta a la misma- y 1.798/12 y, consecuentemente, reconoció su derecho a ser restablecida en las funciones de Directora de Segunda de la Escuela Experimental n° 2 "Barrio Jardín" -o en un cargo análogo- y a abonarle las sumas a liquidarse por el 100% de los salarios dejados de percibir, a partir de la fecha de cese (1 de julio de 2012) y hasta que se efectivice su reintegro en las funciones que venía desempeñando, con más intereses a tasa pasiva (v. fs. 305/321 vta.).
III. A su turno, la Cámara del fuero con asiento en La Plata -en lo que a esta instancia extraordinaria interesa- hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada y revocó la sentencia de primera instancia (v. fs. 341/347).
Para así decidir, el Tribunal de Alzada efectuó las siguientes consideraciones:
III.1. Liminarmente, indicó que: i) la ley 11.757 resultó ser la plataforma normativa del caso; ii) la discusión referida a la causal de baja de la relación de empleo contenida en el decreto 1.000/12 se tornó abstracta con el dictado del decreto 1.798/12 que sustituyó dicha causal por otra y iii) no se encontró discutido el contorno provisional e interino de las designaciones de la actora, tanto en su cargo de base como Docente Provisional, como en su reubicación interina como directivo.
III.2. Luego, se adentró al análisis de la legalidad del decreto 1.798/12, y señaló que la finalización de las funciones interinas en el cargo de Directora de Segunda, asignadas a la actora, se fundó en la ausencia de vínculo de empleo con la comuna debido a la aceptación de su renuncia al cargo como Personal Docente Provisional (conf. dec. 519/12), lo cual derivó en la falta de cumplimiento de las condiciones exigidas para mantenerse en el ejercicio del cargo directivo.
A partir de allí, consideró fundado el acto administrativo impugnado, en tanto respetó la vía del art. 101 de la ley 11.757 para finalizar una relación de empleo que se sustentó en una situación activa de revista en la demandante sin estabilidad.
Asimismo, ponderó una conducta administrativa motivada, al señalar que el agente que desempeñe un cargo con función jerárquica -en el caso, Directora de Segunda- debía revistar en una categoría salarial inferior (arts. 161, ley 10.430 y 275, dec. ley 6.769/68; conf. art. 108, ley 11.757).
A partir de allí, consideró que la fuente de designación interina reposaba en la presencia de una situación de revista anterior y de base sin la cual no era posible mantener la reubicación, por lo cual concluyó que la desvinculación de la actora al cargo de base, abonó la legitimidad del acto impugnado.
IV. Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, obrante a fs. 351/360 vta., en el que denuncia: a) violación y errónea aplicación de los arts. 14 bis, 17, 18, 28, 31, 33 de la Constitución nacional; 10, 11, 15, 26, 27, 31, 56 y 171 de la Constitución provincial; 161 de la ley 10.430 y 275 del decreto ley 6.769/58; b) vulneración de principios protectorios de índole laboral (arts. 12 y 58, LCT); c) absurdo en la valoración de la prueba y d) trasgresión de la doctrina legal de este Tribunal y de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que cita.
Cuestiona que la Cámara encuentre fundado el decreto 1.798/12 en la ausencia de vínculo de empleo con la comuna, al interpretar que la renuncia presentada por su parte a las horas correspondientes a la asignatura físico química dejó sin efecto su designación como Personal Docente Provisional, para así concluir que no se hallaban cumplidas las condiciones exigidas para mantenerse en el ejercicio del cargo de Directora de Segunda, respecto del cual tuviera asignadas funciones interinas.
A partir de allí, reprocha al fallo en crisis los siguientes vicios:
IV.1. Absurdo en la valoración de la prueba documental agregada -nota de renuncia y decreto de su aceptación 519/12-, de la cual -afirma- surge en forma clara que renunció únicamente a las horas correspondientes a la asignatura físico química.
Se agravia de la interpretación dada por la Cámara a la dimisión en cuestión, al otorgarle un alcance amplio al considerar que la misma implicó renunciar a su condición como Docente Provisional de la Escuela Experimental Barrio Jardín y, de ese modo, tener por extinguido el vínculo de empleo que su parte mantenía con la comuna demandada. Agrega que la citada renuncia, tampoco significó dejar sin efecto el cargo de Directora de Segunda (v. fs. 355).
IV.2. Sostiene la errónea aplicación e interpretación de los arts. 161 de la ley 10.430 y 275 del decreto ley 6.769/58, por entender que dicha normativa no establece como requisito para desempeñar una función jerárquica el hecho de revistar en una categoría inferior (v. fs. 355 vta.).
IV.3. Agrega que se ha violado la doctrina legal de esta Suprema Corte acerca de la interpretación de la renuncia de derechos. Alega que su renuncia debió ser interpretada de forma restrictiva, destacando que luego de la misma, continuó desarrollando sus tareas de Directora -cargo que acota, desempeñó durante diez años-, circunstancia que evidencia su voluntad de no renunciar al cargo directivo.
IV.4. Finalmente, postula la aplicación al sub lite de principios protectorios de índole laboral y cita en su aval jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "Ramos" y "Cerigliano".
V. El recurso no prospera (art. 279, CPCC).
V.1. Los fundamentos brindados por el Tribunal de Alzada no resultan conmovidos por las manifestaciones de la recurrente, en tanto se limita a disentir con la valoración de los hechos y pruebas realizada por el a quo ; omitiendo atacar de modo directo y eficaz las premisas y conclusiones que dan sustento a la solución en crisis (conf. art. 279 cit.; doctr. causa A. 73.955, "Macías y Pérez", sent. de 18-X-2017).
Es doctrina consolidada de esta Suprema Corte que la fijación de los hechos litigiosos y su valoración en función de las pruebas rendidas, constituye una labor privativa de los jueces de la causa; y su examen, en principio, no integra el objeto del recurso de inaplicabilidad de ley, salvo cuando se violen las reglas que gobiernan la prueba o se incurra en decisiones absurdas (doctr. causas A. 73.250, "Olego", sent. de 26-X-2016; A. 70.978, "Magadan", sent. de 8-V-2019; e.o.).
Este Tribunal también tiene dicho que la presencia de absurdo supone un desvío grave, palmario y notorio de las leyes de la lógica, que lleve al juzgador a postular conclusiones contradictorias, incongruentes o abiertamente enfrentadas a las constancias de la causa. Pues no basta un error meramente opinable, ni es carril para la expresión de criterios discordantes por parte del recurrente (doctr. causa A. 72.829, "Romero", sent. de 10-V-2017; e.o.).
En la especie, la impugnante no logra demostrar un vicio de esas características respecto del fallo en crisis. Sus alegaciones giran en torno a postular que, conforme surge de la documental obrante en autos, la renuncia presentada por su parte -aceptada mediante decreto 519/12-, se refería exclusivamente a las horas correspondientes a la asignatura físico química, agraviándose de que la Cámara interprete que dicha dimisión dejaba sin efecto su designación como Personal Docente y -consecuentemente- extinguía su relación de empleo con la comuna.
Sin embargo, los sentenciantes para arribar a tal conclusión, ponderaron los términos del decreto 1.798/12 del cual surge que las horas de clase a las cuales la actora había renunciado constituían el único cargo que generaba su relación de empleo con el municipio, en calidad de Personal Docente Provisional (v. considerandos del citado decreto).
En ese contexto, y a partir de la aludida desvinculación de la accionante a su cargo de base, la Cámara consideró fundado el acto administrativo que tuvo por extinguido el vínculo de empleo que unía a la señora Vizcaíno con la comuna demandada y que, consecuentemente, dispuso su cese en el ejercicio de las funciones interinas como Directora de Segunda por falta de cumplimiento de las condiciones exigidas para el ejercicio de dicho cargo. El argumento central del pronunciamiento atacado encuentra su base en el carácter interino del desempeño de la función de la señora Vizcaíno como Directora de Segunda. Esta circunstancia, que resulta dirimente para la solución del caso, no fue materia de agravio por la recurrente. Al respecto, tiene dicho esta Corte que, en vía extraordinaria, la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo comporta un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante. Va de suyo, entonces, que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida; déficit que, entre otros factores, resulta de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que -al margen de su acierto o error- se asienta el fallo del tribunal inferior (doctr. causa A. 73.367, "Fuente", 26-XII-2018).
Lejos de confrontar los fundamentos esenciales de la sentencia, la recurrente se limita a contraponer una interpretación discordante con el pronunciamiento de la Cámara sobre el alcance que debió otorgarse a la renuncia en cuestión. Las objeciones formuladas por la impugnante conforman meras discrepancias con lo resuelto, carril que no constituye base idónea para esta índole de agravios, puesto que -como quedó expresado- el absurdo sólo se configura cuando media demostración de un yerro grave y sustancial.
Esta circunstancia resulta suficiente para su rechazo pues, como tiene dicho esta Corte, debe desestimarse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que ha elegido elaborar su impugnación sobre una serie de razonamientos que se desentienden de aquellos que dotan de contenido al fallo (doctr. causa C. 121.570, "Charlón", sent. de 8-XI-2017) y se limita a contraponer a la valoración del material probatorio que ha realizado el tribunal de grado, una argumentación apontocada exclusivamente en su propio criterio (doctr. causas L. 108.536, "Gómez", sent. de 3-V-2012; A. 74.407, "Andrade", sent. de 11-VII-2018; e.o.).
Tal déficit argumental no puede ser suplido por este Tribunal.
V.2. Tampoco la recurrente logra demostrar la alegada violación y errónea interpretación de las normas actuadas por la Cámara, a partir de las cuales consideró que el agente que desempeñe un cargo con función jerárquica debía revistar en una categoría salarial inferior, conforme arts. 161 de la ley 10.430 y 275 del decreto ley 6.769/68, aplicados al sub lite en virtud del art. 108 de la ley 11.757, entonces vigente.
En efecto, el Tribunal de Alzada señaló que la designación interina de la actora como Directora de Segunda, reposaba en la presencia de una situación anterior y de base sin la cual no era posible mantener la reubicación jerárquica, por lo cual consideró que su renuncia al cargo de base, abonó la legitimidad del cese dispuesto por decreto 1.798/12, en tanto no se encontraba reunido el presupuesto legal para que pudiera mantenerse en el ejercicio del cargo directivo.
Ahora bien, la recurrente pretende hacer prevalecer su propio criterio interpretativo sobre la normativa en cuestión, al afirmar que la misma no establece como requisito para desempeñar una función jerárquica el hecho de revistar en una categoría inferior.
Sus argumentos no van más allá de meros disentimientos personales que no consiguen demostrar una errónea aplicación de la ley y, menos aún, logran válidamente acreditar que la sentencia no constituye una derivación razonada del derecho vigente; sino que se limitan a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante (doctr. causa A. 72.382, "Verón", sent. de 6-IV-2016; A. 72.243, "Fittipaldi", sent. de 29-VI-2016; e.o.).
En tal sentido, tiene dicho esta Corte que, es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley si el recurrente expone su propio criterio personal, distinto al del sentenciante, en orden a la interpretación de las disposiciones a las que se han subsumido los hechos, sin lograr demostrar que haya existido una errónea aplicación o interpretación del plexo normativo en cuyos términos se funda la sentencia, tal como lo exige el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (doctr. causa A. 73.210, "Emar Salud S.R.L.", sent. de 18-IV-2018).
V.3. Igual suerte adversa debe correr el agravio referido a la violación de la doctrina legal de este Tribunal -relativa al carácter restrictivo en la interpretación del alcance de la renuncia- y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentada en las causas Ramos y Cerigliano, que la recurrente estima aplicables al caso.
Esta Suprema Corte tiene dicho que, para demostrar la existencia de violación o errónea aplicación de la doctrina legal no basta identificar el precedente del Tribunal que contiene la doctrina que se denuncia como violada, sino que debe plantearse la similitud o analogía con la plataforma fáctica de la causa (doctr. causa A. 72.799, "Mansilla", sent. de 7-VI-2017), circunstancia que no acontece en el recurso en tratamiento.
Por otra parte, conforme lo ha resuelto este Tribunal, la invocación de precedentes de otros órganos judiciales no resulta eficaz para fundamentar el recurso de inaplicabilidad de ley porque no constituyen la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, aunque se trate de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (doctr. causa A. 74.458, "Scaglia", sent. de 19-XII-2018).
Lo expuesto es suficiente para rechazar el agravio en cuestión.
V.4. Finalmente, resta señalar que la invocación de quebrantos de principios y textos constitucionales no comporta un adecuado sustento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuando tales infracciones constitucionales derivarían como consecuencia de la trasgresión de otras normas legales no acreditada en el caso (doctr. causa A. 72.788, "Pla", sent. de 18-X-2017).
VI. Por las razones expuestas, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (art. 279, CPCC).
Voto por la negativa .
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 primer párrafo y 289 in fine, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Genoud y Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (art. 279, CPCC).
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 primer párrafo y 289 in fine, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD EDUARDO JULIO PETTIGIANI
SERGIO GABRIEL TORRES
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia