Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75455
En la ciudad de La Plata, a 26 de diciembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 75.455, "Colturi, Mirta Beatriz c/ Instituto de Previsión Social (IPS). Pretensión Anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada, revocó el pronunciamiento de primera instancia y, en consecuencia, admitió la excepción deducida por la Fiscalía de Estado declarando inadmisible la pretensión de la actora (v. fs. 77/81).
Disconforme con dicho pronunciamiento , la accionante dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 82/86), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fs. 88/89.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 96), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La señora Mirta Beatriz Colturi promovió demanda contencioso administrativa a fin de que se anule la resolución 834.131 del 25 de febrero de 2016, notificada el 16 de junio de 2016, por medio de la cual el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS) desestimara su petición del 5 de mayo de 2015, tendiente a que se incorpore a su haber jubilatorio el plus del 5% contemplado en el art. 43 del decreto ley 9.650/80 (v. fs. 9/22).
Relató que, con anterioridad a la citada resolución, el IPS le denegó la incorporación del plus en dos oportunidades, al otorgarle la jubilación ordinaria equivalente al 70% del sueldo, en virtud de los 31 años de servicios desempeñados en la órbita provincial (resol. 710.107 de 17-VIII-2011) y luego, con el rechazo del recurso de revocatoria presentado el 19 de octubre de 2011. Ello pues consideró que su situación no se encontraba alcanzada por el art. 43, por cuanto al incorporar a la jubilación servicios mixtos (comunes e insalubres) no existía adecuación con lo establecido en los incs. "a" y "b" del art. 24 del decreto ley 9.650/80 de forma tal que pudiera otorgársele lo solicitado (resol. 725.278 de 1-VIII-2012).
Finalmente, indicó que el 5 de mayo de 2015 presentó un nuevo reclamo retomando los argumentos expuestos anteriormente, el que fue desestimado mediante la resolución 834.131 -cuya anulación pretende-, con base en que la cuestión ya había sido tratada previamente y que la vía administrativa se encontraba agotada.
II. La Fiscalía de Estado interpuso excepción de inadmisibilidad de la pretensión en los términos del art. 35, inc. 1 apartado "i", del Código Contencioso Administrativo, por estimar que el planteo de la actora era reproducción de otro anterior resuelto en sede administrativa por acto firme y consentido, esto es, por resolución 725.278/12.
En este sentido, indicó que mediante las presentaciones de fecha 6 de febrero y 5 de mayo -ambas de 2015- la accionante interpuso recurso de revocatoria contra la resolución 725.278, reeditando el planteo por el cual pretendía se le liquide el beneficio jubilatorio en base al 75% del haber y no sobre el 70% como dispuso el IPS.
Ahora bien, dicho recurso fue rechazado por el Directorio del Instituto demandado mediante resolución 834.131, que por el presente se impugna, atento su manifiesta improcedencia formal.
III. La jueza de Primera Instancia a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata, desestimó la excepción impetrada por la accionada y ordenó reanudar el plazo para contestar la demanda (v. fs. 49/51).
Para así decidir, consideró que las nuevas presentaciones efectuadas por la actora ante el IPS (con fechas 6 de febrero de 2015 y 5 de mayo de 2015) fueron tratadas erróneamente como un recurso de revocatoria contra la resolución 725.278 de 1-VIII-2012.
Al respecto, ponderó que las mismas estaban dirigidas a demostrar que la resolución que le denegara la bonificación del 5% se sustentó en que los servicios eran mixtos y que, conforme surgía de la certificación respectiva, los servicios desempeñados en el ámbito provincial habían sido calificados de insalubres puros.
En ese contexto, señaló que las citadas presentaciones tuvieron virtualidad suficiente para movilizar el procedimiento en los términos del art. 75 del decreto ley 9.650/80.
A partir de allí, juzgó errado el criterio del organismo previsional plasmado en la resolución 834.131, en cuanto las desestimara sobre la base de que el acto administrativo que denegó la bonificación del 5% se encontraba firme y consentido, sin tratarlas como un pedido de reapertura del procedimiento en los términos del art. 118 inc. "a" del decreto ley 7.647/70.
IV. A su turno, la Cámara en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado y, en consecuencia, revocó la sentencia de primera instancia declarando inadmisible la pretensión actora.
Liminarmente, destacó que frente a la firmeza de los actos primigenios que resolvieran acerca del ajuste del haber previsional y que agotaran la vía administrativa (resols. 710.107 y 725.278) la actora debía acreditar -para abrir nuevamente el juzgamiento del caso- que su petición constituía una revisión (cfr. arts. 118, dec. ley 7.647/70 y 75, dec. ley 9.650/80) y no una réplica o reedición del mismo pedido, tal como ponderó ocurría en la especie.
En este sentido, señaló que las presentaciones efectuadas por la actora con fecha 6 de febrero de 2015 y 5 de mayo de 2015 -independientemente de la calificación atribuida por el organismo previsional- fueron al solo efecto de reiterar el mismo reclamo ingresado el día 19 de octubre de 2011, destacando especialmente que el recurrente manifestó que " no se leyó correctamente " la anterior impugnación, como también que el organismo previsional lo desestimó en el entendimiento de que no se habían agregado nuevos elementos de hecho o de derecho que impusieran una reapertura del procedimiento (v. fs. 79).
En estas condiciones ponderó, por un lado, la ausencia de explicación sobre el motivo por el que la accionante no realizó una temporánea y diligente defensa de sus derechos y, por otro, que el actual cuestionamiento judicial, reposaba únicamente en la réplica del reclamo primigenio, ingresado para provocar una decisión administrativa a fin de abrir esa vía.
Bajo tales circunstancias, no encontró presente ningún supuesto que permitiera superar el valladar aludido para suscitar la reapertura del procedimiento.
Por otra parte, no percibió en la excepción planteada ni en la solución brindada, un menoscabo a los derechos constitucionales invocados por la actora, en tanto el ejercicio de tales garantías requiere la actuación del interesado y no supone incumplimiento de los presupuestos procesales, máxime cuando en autos, no se acreditó un exceso de rigor formal en la resolución que diera respuesta a su pedido y la inactividad de la beneficiaria que, tras varios años, insistió en reintentar la solicitud del ajuste.
Bajo tales parámetros, consideró que, si bien la actora invocó la doctrina de esta Suprema Corte sentada en la causa B. 50.905, "Monroy de Schiano", sentencia de 4-X-1988, no alegó una hipótesis suficiente que pudiera suscitar la reapertura del procedimiento (cfr. causa B. 61.601, "García", sent. de 28-V-2008).
En tal sentido, destacó que la censura de la resolución originaria fundada en el entendimiento de que, habiendo desempeñado la totalidad de los servicios en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires le correspondía el incremento del 5% en el haber previsional (cfr. art. 43, dec. ley 9.650/80), no se vio modificada por nuevos elementos o datos, toda vez que la actora se limitó a reiterar su reclamo remitiendo a la foja de servicios que fuera expresamente ponderada en la resolución 710.107.
En merito a lo expuesto, recordó la doctrina de este Tribunal sentada en la causa B. 62.944, "Manghi", sentencia de 29-XII-2009, en el sentido de que, ante la falta de cuestionamiento en término del acto denegatorio final del reclamo -en el caso, ajuste previsional-, emanado de autoridad con competencia resolutoria final -Instituto de Previsión Social-, la reedición del pedimento en sede administrativa o judicial, salvo los supuestos de la revisión (art. 118, dec. ley 7.647/70) o el tratamiento de las denuncias de ilegitimidad (art. 74, dec. ley cit.) se enfrenta con el valladar de los arts. 14 inc. 1 apartado "a", 18 y 35 inc. 1 apartado "i" de la ley 12.008, texto según ley 13.101.
Agregó -referenciando la citada causa- que, si incoado el proceso judicial, el interesado no invoca ni acredita circunstancia alguna que enervase los efectos jurídicos derivados de la presentación tardía en dicha sede, deberá cargar con las consecuencias de su propio obrar. En ese orden puntualizó que, en el caso, la firmeza del acto definitivo impidió el curso de la pretensión anulatoria.
Finalmente, descartó violación a las garantías constitucionales (arts. 15 y 166, Const. prov.), en tanto estimó que los hechos evaluados no generaron dudas acerca de la inadmisibilidad de la acción, como que esa situación se debió al obrar del accionante, sin diligencia necesaria para acceder en tiempo y forma a la vía judicial.
V. Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, obrante a fs. 82/86, en cuyo marco denuncia la violación y errónea interpretación de los arts. 118 del decreto ley 7.647/70; 75 del decreto ley 9.650/80; 15 y 39 inc. 3 de la Constitución provincial. Asimismo, alega la vulneración de la doctrina legal que cita.
En primer lugar, señala que el Tribunal de Alzada realizó una errónea interpretación de la normativa aplicable al caso, al ponderar que las presentaciones efectuadas con fecha 6 de febrero de 2015 y 5 de mayo de 2015 no fueron eficaces para instar la reapertura del procedimiento (cfr. arts. 118, dec. ley 7.647/70 y 75, dec. ley 9.650/80).
Sostiene que la citada normativa en ningún momento exige como requisito la necesidad de acompañar nuevos elementos de hecho o de derecho para poder pedir la revisión del procedimiento administrativo, por lo cual, entiende que la afirmación en tal sentido efectuada por la Cámara para denegar la petición, resulta dogmática ya que agrega un requisito que la ley no prevé.
Postula que el Tribunal de Alzada analizó la cuestión debatida con excesivo rigorismo formal, cuando -a su entender- la correcta aplicación de la normativa implica aceptar un criterio amplio en favor del accionante para acceder a la reapertura del procedimiento.
Agrega que la interpretación efectuada por la Cámara, se opone a la doctrina legal de esta Suprema Corte sentada en la causa B. 50.905, "Monroy de Schiano", en punto a la admisibilidad de acciones contencioso administrativas amén de la falta de impugnación judicial en tiempo oportuno.
Asimismo, aduce que el art. 118 inc. "a" del decreto ley 7.647/70, habilita la revisión de la cuestión cuando se hubiera incurrido en un manifiesto error de hecho que resulte de las constancias del expediente administrativo, circunstancia que alega se verifica en el caso. En este sentido, indica que en la resolución 725.278 el IPS incurrió en un error de hecho al considerar que su carrera previsional estaba compuesta con servicios mixtos y por ello, no le correspondía la bonificación pedida. Ahora bien, señala que de las actuaciones administrativas surge que su carrera estuvo compuesta por servicios insalubres puros, por lo cual -bajo el propio criterio del IPS- le correspondería la bonificación solicitada.
Por otra parte, se agravia de que el Tribunal de Alzada no advierta menoscabo alguno a los derechos de raigambre constitucional, ya que -dice- el acogimiento de la excepción planteada por la demandada veda el acceso a la justicia (art. 15, Const. prov.) y violenta el principio de interpretación a favor del destinatario de la seguridad social (art. 39 inc. 3, Const. prov.).
VI. El recurso no prospera en virtud de la insuficiencia técnica que porta (art. 279, CPCC).
VI.1. La facultad revisora de esta Suprema Corte está circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación que contra ella se formule en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. De allí que el éxito de la postulación recursiva dependa de que se baste a sí misma para que, de su lectura, pueda advertirse el error en la aplicación de la ley o de la doctrina legal. Ello exige una crítica concreta, directa y eficaz de las conclusiones definitorias y argumentos en que se funda el fallo recurrido (doctr. causas A. 73.122, "López", sent. de 29-XI-2017; A. 74.932, "Martin", sent. de 17-X-2018; e.o.).
En efecto, ni la postulación de una interpretación divergente a la efectuada por la Cámara sobre la normativa aplicada, ni la alegación genérica de violación de preceptos constitucionales alcanzan para abastecer la suficiencia técnica del embate que -así formulado- deja incólume el pronunciamiento de alzada por falta de cuestionamiento idóneo (causa A. 72.611, "E., R. V.", sent. de 22-X-2014).
VI.2. En primer lugar, advierto que el reproche que propone la parte interesada hacia la labor jurisdiccional se limita a disentir con la interpretación dada por la Cámara actuante a los arts. 118 del decreto ley 7.647/70 y 75 del decreto ley 9.650/80, a partir de la cual consideró que el pedimento del que resultare la resolución objeto de la presente no constituía una revisión, sino una réplica del mismo pedido que fuera en dos oportunidades desestimado por el organismo previsional.
En este sentido, el Tribunal de Alzada ponderó que las presentaciones efectuadas por la actora con fecha 6 de febrero de 2015 y 5 de mayo de 2015 -independientemente de la calificación atribuida por el organismo previsional-, se limitaron a reiterar el reclamo ingresado el día 19 de octubre de 2011, destacando especialmente que el recurrente manifestó que " no se leyó correctamente " la anterior impugnación, como también que el organismo previsional desestimó dicho reclamo en el entendimiento de que no se habían agregado nuevos elementos de hecho o de derecho que impusieran una reapertura del procedimiento (v. fs. 79).
Bajo estas condiciones, ponderó que el actual cuestionamiento judicial reposaba únicamente en la réplica del reclamo primigenio y, consecuentemente, no encontró presente ninguno de los supuestos en los que cobra aplicación la reapertura del procedimiento prevista en la normativa aplicable.
Ahora bien, la impugnante pretende hacer prevalecer su propio criterio interpretativo sobre la normativa en cuestión, al afirmar que la misma no exige como requisito la necesidad de acompañar nuevos elementos de hecho o de derecho para poder pedir la revisión del procedimiento administrativo.
Como se advierte, sus argumentos no van más allá de meros disentimientos personales que no consiguen demostrar una errónea aplicación de la ley y, menos aún, logran válidamente acreditar que la sentencia no constituye una derivación razonada del derecho vigente; sino que se limitan a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante (doctr. causas A. 72.382, "Verón", sent. de 6-IV-2016; A. 72.243, "Fittipaldi", sent. de 29-VI-2016; e.o.).
En tal sentido, tiene dicho esta Corte que, es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley si la recurrente expone su propio criterio, distinto al del sentenciante, en orden a la interpretación de las disposiciones a las que se han subsumido los hechos, sin lograr demostrar que haya existido una errónea aplicación o interpretación del plexo normativo en cuyos términos se funda la sentencia, tal como lo exige el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (doctr. causa A. 73.210, "Emar Salud S.R.L.", sent. de 18-IV-2018).
Esta circunstancia resulta suficiente para su rechazo pues, como ha afirmado este Tribunal, deviene ineficaz el recurso que no se hace cargo de la línea argumental de la decisión impugnada, y se dedica a criticarlo con su propia interpretación del tema, dejando incólumes afirmaciones que le dan sustento bastante (doctr. causa C. 121.938, "De Lóizaga", sent. de 7-XI-2018).
Sin perjuicio de lo expuesto, cabe recordar algunos de los supuestos en los que esta Corte ha estimado procedente la revisión, por ejemplo, cuando constituye el único medio para obtener la rehabilitación de una pensión ya otorgada y que fuera dejada sin efecto por una causal sobreviniente -v.gr., matrimonio en segundas nupcias- (cfr. causa B. 56.599, "Dib", sent. de 9-III-1999), cuando se invocan pruebas desconocidas o ignoradas por el interesado al momento de iniciar el trámite denegado (cfr. causa B. 57.185, "Marini", sent. de 12-IV-2000), cuando mediaron pronunciamientos judiciales novedosos contrarios a las denegatorias del ente previsional, siendo dichas causales las usadas como fundamento para rechazar la oportuna solicitud de otorgamiento de la jubilación tramitada por el peticionante que luego reclama la reapertura (cfr. causa B. 54.111, "Salinas", sent. de 1-IV-1997), cuando el reclamante lo había solicitado acompañando nueva documentación (cfr. causa B. 62.308, "Clemeno", sent. de 3-XII-2003) o en virtud de los argumentos que el peticionario había formulado, diversos a los que había merecido la decisión adversa o negativa (cfr. causa B. 60.635, "Pérez de Vargas", sent. de 2-IV-2003).
Ninguna de estas hipótesis ha sido alegada, y menos aún acreditada, por la recurrente a fin de habilitar la revisión solicitada.
VI.3. Por otro lado, la impugnante reprocha la conclusión del a quo en cuanto consideró que las presentaciones efectuadas en sede administrativa los días 6 de febrero de 2015 y 5 de mayo de 2015, que motivaran la resolución que por el presente se impugna, no fueron eficaces para instar la reapertura del procedimiento, en los términos de los arts. 118 del decreto ley 7.647/70 y 75 del decreto ley 9.650/80.
Sentado lo expuesto, corresponde destacar que dicho aspecto en debate reconduce a cuestiones de hecho y prueba que por regla general resultan ajenas a la competencia extraordinaria de esta Suprema Corte, salvedad hecha del supuesto excepcional de absurdo; causal que en el presente caso no ha sido invocada y menos aún demostrada por la recurrente (doctr. causa A. 74.407, "Andrade", sent. de 11-VII-2018).
Este vicio consiste en un notorio desvío de las reglas de la lógica que derive en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o es incompatible con las constancias objetivas de la causa (doctr. causas A. 73.664, "Cisi", sent. de 17-V-2017; A. 74.515, "Rojas", sent. de 20-III-2019; e.o.).
Bajo tales premisas, la crítica resulta inhábil para demostrar su configuración desde que la recurrente, sin invocarlo, se limita disentir con la valoración otorgada por la Cámara a las referidas presentaciones, alegando que un análisis profundo de las mismas permite poner en evidencia el manifiesto erro
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