Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75714
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
A.75.714 "ROMANIELLO MARIA AMALIA C/ MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM S/ PRETENSION ANULATORIA. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—"
La Plata, 28 de agosto de 2019.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Soria, Genoud y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín, rechazó el recurso de la actora y en consecuencia confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta, decretando la nulidad del acto de cese de la relación de empleo público dispuesta por el decreto 350/2012 respecto de Maria Amalia Romaniello y condenando a la Municipalidad de Hurlingham a abonar a la demandante en concepto de daño material la suma de $24.025,20; en concepto de daño moral la suma de $10.000; en concepto de daño psicológico la suma de $2.000 y en concepto de tratamiento psicológico la suma de $16.800; ello más intereses. Y, por otro lado, rechazó el lucro cesante peticionado.
Para así decidir, el Tribunal de Alzada consideró primeramente que, ante la imposibilidad de modificar la estructura jurídica del vínculo por cualquier otra consideración que no sea la del acto de designación, deben quedar desplazadas las argumentaciones de la recurrente, dando por tierra con su pretensión de reincorporación.
En cuanto a las normas que fijan pautas indemnizatorias por pérdida del empleo, sostuvo que guardan mayor analogía con la situación de autos las aplicadas por la jueza de primera instancia, teniendo en cuenta la naturaleza del vínculo, destacando además que ese ha sido el criterio adoptado por esta Corte en numerosos precedentes.
Desechó el argumento relativo al pedido para que se le abonen todos los salarios pertinentes al plazo contractual faltante, en la medida que el cese de la actora se produjo al término contemplado en el último decreto de designación (v. decreto n° 895/12, certificación de servicios obrante a fs. 158 y carta documento de fs. 172).
Respecto del daño moral sostuvo que, de la simple lectura del escrito de inicio, surge que el mismo fue peticionado como consecuencia del acto de cese y no de la causa penal que se le instruyera a la accionante años antes de notificarle que su contrato como personal temporario había finalizado (v. fs. 190/198), por lo que su invocación como causante de aflicciones espirituales es, en definitiva, un argumento no propuesto por la actora a la decisión de la jueza de mérito y por ello deviene inatendible.
Respecto al agravio sobre el daño psíquico, señaló que en la pericia psicológica (v. fs. 1845/1848) la especialista expresa que “…se sugiere realice la actora por la afección con nexo causal específico en el hecho de autos, un tratamiento psicoterapéutico estimado en 12 meses de duración, con frecuencia semanal, a un costo promedio en plaza de honorarios profesionales por sesión individual privada estimado en $350…” y, bajo dichos parámetros, es lógico inferir que la terapia ha de ser útil por lo que se revertirán las secuelas reseñadas, siendo además sumas que no han sido apeladas, asique corresponde rechazar el agravio tendiente a elevar el monto reconocido por la jueza de primera instancia en ese concepto.
Por último, respecto de la crítica de la actora referente al rechazo dispuesto por la jueza de grado en cuanto al lucro cesante, sostuvo que no se aprecian elementos que abonen -en los parámetros que exige su reconocimiento- la procedencia de tal rubro y también lo desestimó.
II. Frente a ello, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el cual esgrime, sustancialmente, que el fallo atacado incurre en errores de juzgamiento, reiterando los agravios presentados ante la Cámara, por cuanto entiende que resultan exiguos los montos otorgados por daño material, por daño moral y por daño psíquico. Y porque no se hizo lugar a la reincorporación solicitada, ni al lucro cesante (v. escrito electrónico de fecha 6/11/2018).
III. El remedio no debe prosperar, atento la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5827).
IV.1. Tiene dicho este Tribunal que indagar en cada hipótesis específica si el encuadre de una relación de empleo público a través de una modalidad temporaria oculta -o no- una designación permanente, se presenta frente a esta Suprema Corte y su competencia recursiva como una cuestión de hecho, irrevisable salvo absurdo (A. 73.247, "Olmos", sent. de 29-VIII-2018; A. 72.394, "Cabrera" y A. 72.376, "Bianchi", ambas sents. de 19-X-2016; e.o.), situación que no se verifica en la causa.
El desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (doctr. causas A. 70.225, "Tejerina", sent. de 1-VI-2011 y A. 73.960, "Gonzalez", resol. de 21-II-2018, e.o.).
En tal sentido, se evidencia que los argumentos esbozados por la recurrente no pasan de expresar un mero criterio divergente respecto a la normativa que debía aplicarse en el caso y el encuadre legal de la acción intentada, sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos dados por el órgano juzgador para resolver la cuestión del modo en que lo hizo.
IV.2. Para más, se observa que los agravios planteados en esta instancia extraordinaria fueron expresamente tratados y rechazados por la Cámara interviniente, haciendo aplicable la doctrina de este Tribunal que dispone que es insuficiente para lograr una réplica adecuada y eficaz de lo decidido, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley basado en la mera reiteración de argumentos esgrimidos -y rechazados- en la instancia anterior (doctr. causas A. 71.506, "La Baskonia S.A.", sent. de 19-XII-2012; A. 73.163, "Negrelli", sent. de 30-III-2016; A. 71.561 "De Marziani", sent. de 7-IX-2016), como así también aquella que establece que la casación no es una tercera instancia donde se examina nuevamente el litigio, ni la pieza recursiva puede sin más pretender reemplazar en su discurrir las reflexiones de la Cámara (doctr. causas A. 71.852, "Bitar", sent. de 20-V-2015; A. 74.831, "Fontana", sent. de 8-V-2019).
IV.3. Lo expuesto alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-So-Ge-Ko
Reg. Nº 410
Fin de la sentencia