Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75331
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 26 de febrero de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Genoud, Pettigiani, Torres, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 75.331, "Angelini, Luis Manuel contra Poder Judicial (Procuración General SCBA). Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín rechazó el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmó la sentencia de primera instancia por la cual se hizo lugar a la pretensión promovida y se declaró la nulidad de las resoluciones 414/12 y 421/13, dictadas por la Procuración General de esta Suprema Corte de Justicia, mediante las que se impuso al actor la sanción de llamado de atención (v. fs. 1.478/1.500).
Disconforme con ese pronunciamiento, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.515/1.524), el que fue concedido por la Cámara actuante a fs. 1.526.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 1.528), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. El actor promovió demanda contencioso administrativa contra el Poder Judicial (Procuración General de la Suprema Corte de Justicia) con el objeto de obtener la nulidad de las resoluciones 414/12 y 421/13, mediante las que se le impuso una sanción correctiva -llamado de atención- por haber dirigido sus funciones "...con dilaciones y/o demoras innecesarias, incumplimiento de las medidas que se indicaran y planteos de cuestiones incidentales que indiscutiblemente afectaron el trámite propio de su tarea..." (resol. 414/12, fs. 6/7).
Alegó que tales actos resultaban arbitrarios, lesionaban la garantía de defensa en juicio y eran el producto de una manifestación de poder que procuraba cubrir situaciones de grave ilegalidad.
Entendió que la resolución 414/12 era escueta y dogmática, no había exigido ninguna diligencia compleja ni fuera de la ciudad de La Plata, y se había producido una demora innecesaria e injustificada que afectaba el debido proceso legal. Señaló asimismo un supuesto de tinte extorsivo que implicaba un fin ilícito.
En segundo lugar, planteó que le fueron denegadas medidas de prueba pertinentes y conducentes a la dilucidación del hecho, dado que corroboraban la responsabilidad de los funcionarios de la Fiscalía General por todo defecto de investigación, y demostraban su intención ilegal con la formación del sumario.
Agregó que dicha inacción equivalió a una violación de los deberes de funcionario público porque debieron haberse investigado con urgencia las graves circunstancias narradas en su escrito. Manifestó que esa negativa fue, al menos, funcional al hostigamiento que estaba sufriendo cuando paralelamente intentaba ejercer el Ministerio en dos procesos complejísimos.
Vinculó la sanción aplicada a una serie de presentaciones que efectuó en las cuales, por un lado, fundó y aportó pruebas del comportamiento ilícito por parte de agentes que respondían a la Fiscalía General de San Isidro y, por otro, cuestionó la inacción de la Procuración General ante las propias denuncias.
I.2. El juez en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro hizo lugar a la demanda promovida y declaró la nulidad de las resoluciones 414/12 y 421/13 dictadas por la Procuración General de esta Suprema Corte de Justicia, y ordenó que se dejara constancia en el legajo personal del actor copia íntegra de dicha sentencia, haciéndose expresa mención que lo actuado en modo alguno afectaba su buen nombre y honor (v. fs. 1.397/1.443).
Para ello sostuvo que la cuestión a resolver se centraba en determinar si las resoluciones impugnadas cumplían con los requisitos de validez de los actos administrativos o si por el contrario contenían algún vicio que acarreara su nulidad.
Se abocó así al tratamiento de las faltas que se le imputaban al doctor Angelini, esto es, la falta al deber de unidad, que obró con impericia o negligencia en el ejercicio de sus funciones e incumplió con los deberes inherentes al cargo.
Luego de realizar un pormenorizado análisis de la prueba acompañada, sostuvo que en ninguna de las resoluciones puestas en crisis se precisó de qué manera y en qué oportunidad se vulneró dicho principio, ni por qué el actor, más allá de la referencia al incumplimiento de las indicaciones del superior, actuó negligentemente, cuáles fueron las dilaciones o demoras y en qué consistió el incumplimiento con el deber inherente a su cargo.
De acuerdo a lo expuesto y más allá de las notorias omisiones y vaguedades plasmadas en los actos puestos en crisis, resaltó que no advertía la falta de impulso razonable de la acción pública, ni la vulneración al principio de legalidad que se le achacaba al actor.
Destacó por último que no se observaba diferencia en toda la actuación sumarial entre el trato a un Fiscal y a un empleado administrativo del Poder Judicial. Señaló así que las funciones son distintas y el juzgamiento de faltas que puedan ser competencia de la superintendencia con respecto a magistrados debe considerarlo, so pena de convertir su actividad en ilegitima por contrariar la Constitución.
I.3. Contra esa sentencia la demandada interpuso recurso de apelación (v. fs. 1.448/1.454).
I.4. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín rechazó el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmó la sentencia de grado (v. fs. 1.478/1.500).
Destacó en primer lugar que la actividad desplegada por la Procuración General en el marco de las atribuciones disciplinarias correctivas derivadas del art. 13 inc. 21 de la ley 12.061 se encuentra reservada estrictamente a aspectos de contralor administrativo y de gestión, no pudiendo ser extendida al ámbito funcional ni procesal desplegado por los integrantes del Ministerio Público, pese a la vinculación de naturaleza " jerárquica " y sometimiento a los principios de " unidad, indivisibilidad, flexibilidad y descentralización " (cfr. art. 2, ley 12.061).
Sostuvo entonces que la potestad disciplinaria correctiva asignada en forma expresa por ley al titular del Ministerio Público (cfr. art. 13 inc. 21 -segundo enunciado-, ley 12.061) en relación a sus integrantes, entre los que se encuentran los fiscales, no se suscita por o en relación al desempeño de las funciones inherentes a la investidura, pues no puede juzgarse a través de una potestad disciplinaria de orden administrativa interna, la actividad judicial, en tanto ésta no puede superponerse a aquella que la Constitución provincial asigna a otro órgano, el Jurado de Enjuiciamiento (cfr. art. 182, Const. prov.), ni siquiera dando pie a ello la ley reglamentaria (cfr. arts. 18 inc. "g" y 21, ley 13.661 y 186, Const. prov.).
Luego de analizar las actuaciones acompañadas, concluyó que las circunstancias expuestas permitían valorar un déficit inicial y elemental en la resolución del sumario seguido al actor, en tanto los supuestos de hecho generadores de las infracciones que se le imputaran no constituían sustancialmente inobservancias administrativas -como las calificaban los informes de instrucción- pasibles de ser corregidas por vía disciplinaria de aquél carácter, sino cuestiones atinentes al modo en que encaró -o pretendió encarar- el señor agente fiscal su función de esclarecimiento de una investigación penal en curso. Señaló que la sanción impuesta al accionante tuvo por objeto la actividad desarrollada con motivo del ejercicio del cargo en un expediente judicial concreto y no la comisión de faltas administrativas, como alegara la demandada en su expresión de agravios.
Sostuvo en definitiva que el ejercicio de la atribución disciplinaria había ingresado en un ámbito censurado que por su naturaleza lo excedía, cual era la neta función y estrategia de direccionamiento procesal llevada adelante por el actor, ejercicio que sólo debía ser cuestionado por el andarivel previsto en el art. 182 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la ley Reglamentaria n° 13.661.
Finalmente puso de resalto que todos los antecedentes fácticos examinados y que habían pretendido ser utilizados por la accionada para respaldar la sanción aplicada, habían de ser necesariamente ponderados -de acuerdo a la sana crítica (cfr. arts. 384, CPCC y 77 inc. 1, CCA) y a las máximas de la experiencia- en un particular contexto de público y notorio conocimiento, cual es que el Fiscal General del Departamento Judicial de San Isidro, quien promoviera el presumario contra el aquí actor por ante la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, terminó renunciando a su cargo tras haber sido -junto con varios de sus más cercanos colaboradores- suspendido preventivamente en su funciones por el Máximo Tribunal bonaerense (cfr. SCBA resol. 2.685 de 18 de noviembre de 2.015, dictada en el expte. n° 3001-8993/12, y sucesivas prórrogas) y más tarde procesado -a partir de la denuncia formulada por el aquí actor- por la Justicia federal por el presunto delito de doble encubrimiento agravado (cfr. causa n° FSM 34003468/2012, caratulada "Novo, Julio A. y ots. s/ Encubrimiento" y en trámite por ante el Juzgado Federal n° 1 de San Isidro), en relación a la denominada "causa del Shopping Unicenter", investigación por doble homicidio ocurrido el 24 de julio de 2.008 en la localidad de Martínez y vinculado al narcotráfico, la que justamente tenía a su cargo el doctor Angelini coetáneamente con la que motivara la sanción disciplinaria objeto de autos.
En conclusión, estimó que la atribución de responsabilidad disciplinaria no sólo no se había producido con argumentos de hecho y de derecho suficientes que la respaldaran, sino que además se había puesto en ejercicio la potestad sancionatoria en relación al desempeño de la función propia del magistrado, no resultando por ello la sanción aplicada ajustada a derecho en tanto exhibía graves falencias en el procedimiento, la causa y la motivación.
I.5. Disconforme con ese pronunciamiento, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.515/1.524).
Alegó absurdo en la valoración de las circunstancias del caso con desnaturalización de los hechos documentados. Consideró que había quedado indiscutida la materialidad de la demora procesal que fuera reprochada y sancionada por el Procurador General de la Suprema Corte.
Planteó un desconocimiento por parte de la Cámara actuante del régimen disciplinario aplicable, en tanto no es el carácter jurisdiccional o no de la falta lo que habilita el poder disciplinario hacia los jueces o fiscales, sino la intensidad de la misma. Señaló que en el caso las faltas leves y correctivas originan la responsabilidad en los términos del art. 13 inc. 21 de la ley 12.061, mientras que las graves y expulsivas comprometen la responsabilidad política (cfr. ley 13.661).
Consideró que, si para calificar de jurisdiccional a una conducta basta con la intervención en una causa abierta, y siendo que los magistrados no actúan sino en el marco de sus causas, todo su obrar judicial pasaría a ser jurisdiccional por el sólo hecho de referir a los expedientes, quedando así eliminada la posibilidad del control de superintendencia.
Por último, denunció violación de doctrina legal de esta Suprema Corte.
II. La cuestión traída a esta instancia extraordinaria -con independencia de los argumentos expuestos por los jueces de grado-, vinculada a la impugnación de una sanción disciplinaria de carácter correctivo -llamado de atención-, se revela como insustancial o carente de trascendencia para ser abordada por el Tribunal (doctr. causas C. 107.383, sent. de 22-VIII-2012; C. 103.088, "Campi", sent. de 13-VIII-2014; A. 73.863, "Rafaniello", sent. de 6-VI-2018; A. 72.794 "Rafaniello", sent. de 13-VI-2018 y A. 74.366, "Ates", sent. de 29-V-2019).
Por tales fundamentos, el recurso extraordinario debe rechazarse (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
Los señores Jueces doctores Genoud, Pettigiani y Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD EDUARDO JULIO PETTIGIANI
SERGIO GABRIEL TORRES
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia