Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 72800
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, reconociendo el derecho del señor Guillermo Gustavo Oliver al reajuste de su haber previsional en los términos del art. 6 de la ley 8.320 -actualmente derogada- a partir del 16 de noviembre de 2011 y, consecuentemente, a que se le abonen las diferencias dejadas de percibir.
Asimismo, se condena al pago de los intereses, que serán calculados exclusivamente sobre el capital mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta (30) días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (conf. arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7, 768 inc. "c" y 770, Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928; doctr. causas B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016; L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016 y posteriores).
La ejecución de lo resuelto en esta sentencia quedará a cargo del tribunal de origen.
Las costas de primera instancia se distribuyen por su orden (art. 51, CCA, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; conf. doctrina de la mayoría en la causa A. 70.603, "Rolón", sent. de 28-X-2015).
Las costas por la actuación en Cámara y en esta instancia extraordinaria se imponen a la accionada en un 70% y el restante 30% a la parte actora (arts. 51.1 -texto según ley 14.437-; 60 inc. 1, CCA, ley …
En la ciudad de La Plata, a 11 de marzo de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, Kogan, Genoud, Torres, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 72.800, "Oliver, Guillermo Gustavo contra IPS y ot. Pretensión anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata hizo lugar, por mayoría, al recurso de apelación deducido por la parte demandada, revocó el pronunciamiento de primera instancia y rechazó la pretensión promovida en autos (v. fs. 89/95).
Disconforme con ese pronunciamiento, el actor interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 100/114), el que fue concedido por la Cámara actuante a fs. 116/117.
Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, se dictó la providencia de autos (v. fs. 124), la que fue suspendida para disponer una medida para mejor proveer por la que se requirió al Instituto de Previsión Social (IPS) que informe si en la actualidad se liquida el haber previsional del actor de conformidad con el porcentaje previsto en el art. 6 de la ley 8.320 -actualmente derogada- (v. fs. 138).
Evacuado el informe requerido, reanudado el llamamiento de autos (v. fs. 147), la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I.1. El actor promovió demanda contencioso administrativa contra el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de obtener la nulidad de la resolución 670.766/09, emanada del Directorio del citado organismo, mediante la cual se le otorgó la jubilación ordinaria -a partir del 1 de noviembre de 2007- con un haber equivalente al 70% del sueldo y bonificaciones asignadas al cargo de diputado, desempeñado en la Honorable Cámara de Diputados.
Planteó la ilegitimidad de la decisión por desconocer el derecho patrimonial que posee a que su haber sea liquidado en base al 82% móvil sobre la dieta del cargo de diputado provincial, de acuerdo a lo previsto en la ley 8.320 -actualmente derogada-.
I.2. El juez en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial La Plata hizo lugar a la pretensión deducida, anuló la resolución impugnada y reconoció el derecho del actor al reajuste de su jubilación en base al 82% establecido en la ley 8.320, y al cobro de los haberes devengados desde el 1 de noviembre de 2007 (v. fs. 56/61).
Para ello destacó que de la simple lectura de las normas involucradas se observaba que el derecho pretendido se encontraba reconocido en forma expresa, no quedando dudas que la intención del legislador fue la de otorgar el 82% móvil a los legisladores jubilados.
Consideró que la cláusula contenida en el art. 7 de la ley 8.320, en tanto faculta al IPS a establecer porcentajes menores hasta tanto alcance la demandada las condiciones financieras, debía ser interpretada restrictivamente y aplicada sólo mediante resolución fundada.
Concluyó que la resolución cuestionada otorgó el porcentaje de la jubilación del actor en base al 70% del sueldo y bonificaciones asignadas al cargo de diputado sin dar razón alguna que lo justificara, circunstancia que tornaba arbitraria la decisión adoptada.
I.3. Contra esa sentencia la demandada dedujo recurso de apelación (v. fs. 68/75).
I.4. La Cámara interviniente, por mayoría, revocó el pronunciamiento de primera instancia (v. fs. 89/95).
Para así resolver sostuvo que el art. 3 de la resolución impugnada no arrojaba dudas en cuanto al espacio normativo que se referenciaba en el art. 41 del decreto ley 9.650/80, cuerpo legal que no sólo constituía el régimen común al que tributaban los especiales, en cuanto no resultara modificado por ellos, sino que también expresaba el contexto legal del trámite singular promovido por el actor.
Señaló que el bloque al que ajustó su comportamiento la autoridad estatal para decidir el alcance económico del beneficio, comprendió al art. 41 del decreto 9.650/80, desplazando así al que intentaba lograr en esta instancia el actor (art. 6, ley 8.320).
En segundo término, afirmó que el reclamo del apelante por exigir el sufragio previo de la condición a la que el art. 7 de la ley 8.320 sujetaba la operatividad del 82% móvil como base de cálculo del beneficio, que determinaba su art. 6, era de recibo.
Sostuvo así que no era el IPS quien debía acreditar no hallarse aún en condiciones financieras idóneas para hacer operativo el porcentaje legal, sino, en todo caso, quien afirme la presencia de esa condición (art. 375, CPCC; conf. art. 77, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
Señaló que no bastaba la mención de la ley 12.150, pues ella se refería a mecanismos financieros que en nada agregaban a una cuestión que, en los términos actuariales que implicaba el equilibrio de la ecuación del sistema entre recursos y egresos, se confinaba a aspectos económicos sustantivos (conf. arts. 5, 6, 7, 8, sigs. y concs., decreto ley 9.650/80 y 7, ley 8.320).
Afirmó que no había podido demostrarse que se hubieran superado las circunstancias transitorias que dieran origen a la sanción del art. 7 de la citada ley.
Concluyó que la controversia no se saldaba con la aplicación de un porcentaje legal cuya posibilidad se mantenía aún sujeta a la condición suficiente de exposición efectiva de la capacidad económica del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (art. 7, ley 8.320), sino que era el art. 41 del decreto ley 9.650/80 el que aportaba solución al caso a través de una exégesis integral del sistema previsional.
I.5. Contra el pronunciamiento de la Cámara de Apelación, el actor interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 100/114).
Denunció la errónea aplicación del art. 6 de la ley 8.320 en tanto dicha norma establece el porcentaje del 82% móvil del haber jubilatorio.
Sostuvo que la solución de aplicar el porcentaje del 70% previsto en el art. 41 del decreto ley 9.650/80, al régimen de la ley 8.320, no se compatibiliza con los fines de la ley previsional cuyos requisitos le son propios.
Consideró que no existe un vacío normativo que justifique la aplicación supletoria de la norma previsional general -decreto ley 9.650/80-, que procede cuando un asunto no puede resolverse ni por la letra ni por el espíritu de la ley específica. Afirmó que tal presupuesto no se configura en la especie, pues el régimen de la ley 8.320 -puntualmente el art. 6- establece el porcentaje en base al cual debe liquidarse el beneficio jubilatorio.
Señaló que la intención del legislador fue dotar al cuerpo de un régimen propio que respetara el 82% móvil del haber y separado del sistema general.
Planteó que la demandada soslayó impugnar los fundamentos dados en primera instancia respecto de la nulidad del art. 3 del acto atacado por ausencia de motivación y causa que le sirvieran de fundamento.
Sostuvo que la posición asumida por el Tribunal de Alzada contradice la doctrina de este Tribunal que ha reconocido que el haber del legislador sea liquidado en base al 82% móvil (doctr. causa B. 53.102, "Deluca").
Afirmó que no resulta razonable la discriminación que se realiza entre quienes concurren con el mismo derecho, lo que deviene violatorio del derecho a la igualdad (art. 16, Const. nac.).
I.6. Esta Corte dictó una medida para mejor proveer, en virtud del señalamiento efectuado por el actor a fs. 100/114 en el que manifiesta que el organismo demandado ha resuelto en forma favorable los reclamos presentados por exlegisladores respecto del pago del 82% móvil de los haberes jubilatorios, requiriendo al Instituto de Previsión Social que informe si en la actualidad se liquida el haber previsional del actor de conformidad con el porcentaje previsto en el art. 6 de la ley 8.320 -actualmente derogada- y, en caso afirmativo, desde cuándo (v. fs. 138).
I.7. El organismo requerido informó que el señor Oliver Guillermo Gustavo se encuentra percibiendo sus haberes previsionales considerando el 70% del cargo de diputado (v. fs. 143).
II.1. El art. 31 bis de la ley 5.827 -texto según ley 13.812- faculta a este Tribunal a hacer lugar a los recursos extraordinarios de nulidad, de inconstitucionalidad o de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, cuando hubiese estimado otros en casos sustancialmente análogos, resultando suficiente fundamento la referencia a los precedentes aplicados y la cita de esta norma.
II.2. En la causa A. 72.240, "Filomeno, Alejandro", sentencia de 5-XII-2018 en que se debatió una cuestión sustancialmente análoga a la que se ventila en el presente, al accionante se le había otorgado en sede administrativa el reajuste de su haber previsional en base al ochenta y dos por ciento (82%) móvil -conforme lo previsto en el art. 6 de la ley 8.320-, con cita de lo resuelto en el precedente administrativo "Tasca Giordano, Bruno. n° 2918-2872978 y sus agregados" el día 16-XI-2011.
En el antecedente citado se expidieron previamente la Dirección General de Administración y la Dirección Provincial de Prestaciones y Recursos del organismo, como también la Dirección Provincial de Presupuesto del Ministerio de Economía y la Contaduría General de la Provincia, en el sentido que se estaba en condiciones de aplicar el mencionado porcentual, lo que así fue decidido previo dictamen de la Asesoría General de Gobierno, la Fiscalía de Estado y la Comisión de Prestaciones e Interpretación Legal, estableciéndose que en los reclamos en trámite debían liquidarse las diferencias a favor de los peticionantes desde la fecha del primer reconocimiento en tal sentido.
En virtud de que el mismo importó el reconocimiento de que el Instituto de Previsión Social había generado excedentes financieros a tal fin, encontrándose en condiciones presupuestarias/económico/financieras de abonar el ochenta y dos por ciento (82%) móvil previsto en el art. 6 de la ley 8.320 -actualmente derogada- desde el 16 de noviembre de 2011, siendo que en autos no se ha acreditado que ello ocurriera con anterioridad aunque sí que el accionante aún percibe sus haberes previsionales considerando el setenta por ciento (70%) del cargo de diputado, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso deducido.
III. Entiendo, pues, por las consideraciones vertidas y a la luz de los elementos reunidos en la causa, que debe acogerse el recurso traído, revocándose parcialmente la sentencia del Tribunal de Alzada puesta en crisis, reconociendo el derecho del señor Guillermo Gustavo Oliver al reajuste de su haber previsional en los términos del art. 6 de la ley 8.320 -actualmente derogada- a partir del 16-XI-2011 y, consecuentemente, a que se le abonen las diferencias dejadas de percibir.
A dicha suma se calcularán intereses exclusivamente sobre ese capital mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta (30) días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (conf. arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7, 768 inc. "c" y 770, Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928; doctr. causas B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016; L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016 y posteriores).
Voto por la afirmativa.
Las costas de primera instancia se distribuyen por su orden (art. 51, CCA, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; conforme doctrina de la mayoría en la causa A. 70.603, "Rolón", sent. de 28-X-2015).
Las costas por la actuación en Cámara y en esta instancia extraordinaria se imponen a la accionada en un 70% y el restante 30% a la parte actora (arts. 51.1 -texto según ley 14.437-; 60 inc. 1, CCA, ley 12.008; 68 seg. párr. y 289, CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, reconociendo el derecho del señor Guillermo Gustavo Oliver al reajuste de su haber previsional en los términos del art. 6 de la ley 8.320 -actualmente derogada- a partir del 16 de noviembre de 2011 y, consecuentemente, a que se le abonen las diferencias dejadas de percibir.
Asimismo, se condena al pago de los intereses, que serán calculados exclusivamente sobre el capital mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta (30) días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (conf. arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7, 768 inc. "c" y 770, Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928; doctr. causas B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016; L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016 y posteriores).
La ejecución de lo resuelto en esta sentencia quedará a cargo del tribunal de origen.
Las costas de primera instancia se distribuyen por su orden (art. 51, CCA, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; conf. doctrina de la mayoría en la causa A. 70.603, "Rolón", sent. de 28-X-2015).
Las costas por la actuación en Cámara y en esta instancia extraordinaria se imponen a la accionada en un 70% y el restante 30% a la parte actora (arts. 51.1 -texto según ley 14.437-; 60 inc. 1, CCA, ley 12.008; 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN EDUARDO JULIO PETTIGIANI
SERGIO GABRIEL TORRES
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia