Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 70758
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 70.758 "Capra, Carlos c/ Provincia de Buenos Aires s/pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Pettigiani, Torres, Maidana .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolás hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmó en lo sustancial la sentencia de primera instancia que anuló la resolución ministerial 2.923/06 por la cual se declaró al actor prescindible de la fuerza policial, por aplicación de la ley 13.409 (arts. 4 y sigs.).
Disconforme con el pronunciamiento, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y doctrina legal (v. fs. 224/232), el que fue concedido a fs. 234/235.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 241), encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y doctrina legal?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. El señor Carlos Clemente Capra promovió demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires pretendiendo la anulación de la resolución 2.923 de fecha 21 de diciembre de 2006, emanada del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, por la cual se lo declaró prescindible de la Policía. En consecuencia, solicitó la reincorporación e indemnización por los daños y perjuicios que adujo haber sufrido con la medida cuestionada (v. fs. 29/47).
I.2. El juez de primera instancia hizo lugar a la demanda por considerar que en el caso hubo una manifiesta transgresión del art. 5 de la ley 13.409, según el cual "la prescindibilidad no podrá ser aplicada al personal que se hallare en condiciones de acceder a retiro o jubilación". Ello, en tanto el actor contaba con 27 años, 10 meses y 4 días de servicios en la fuerza y estaba en condiciones de acceder al retiro voluntario (art. 38, ley 13.236). Ordenó, en consecuencia, la reincorporación del actor a la Policía de la Provincia en el cargo que ejercía previo a la prescindibilidad y condenó al pago de los salarios dejados de percibir, con intereses -debiendo descontarse las sumas que percibiera en ocasión de la jubilación extraordinaria concedida- y reconoció una suma en concepto de daño moral (v. fs. 174/182).
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás confirmó la sentencia apelada en cuanto a la anulación del acto de prescindibilidad; aunque hizo lugar parcialmente al recurso interpuesto por la Fiscalía de Estado, modificando la indemnización otorgada en concepto de daño material.
Para así decidir afirmó que el art. 5 de la ley 13.409 incluye a todos los beneficios reconocidos en la norma previsional sectorial, en tanto la norma no efectúa ninguna distinción; debiendo primar los fines tuitivos propios de la materia, evitando desnaturalizar los derechos reconocidos a todo empleado público.
Señaló, a su vez, que debe tenerse en cuenta que las normas de prescindibilidad, por ser de emergencia y transitorias, deben ser interpretadas restrictivamente. Agregó que no puede sostenerse que, por alguna razón, no expuesta por el legislador, la jubilación móvil extraordinaria a que tiene derecho el actor y que lo pone " en condiciones de acceder a retiro o jubilación " , se encuentre fuera del límite impuesto en el art. 5 de la ley de emergencia.
Indicó que al no haber sido reglamentada la posibilidad de retiro activo obligatorio o jubilación anticipada, carecía de razonabilidad declarar prescindible al actor cuando aparecía excluido por hallarse en condiciones de obtener un haber de pasividad, o bien, ante la posibilidad de optar entre éste o permanecer en las fuerzas hasta reunir las condiciones necesarias para obtener una jubilación ordinaria.
Adunó que si el sentido de la norma hubiera sido el de disponer que quienes se encuentren en condición de obtener el beneficio previsto en el art. 25 inc. "c" de la ley 13.326 estaban excluidos, debió decirlo expresamente. Así también, si la intención hubiera sido disponer un sistema de retiro anticipado obligatorio, debió haber sido regulado concretamente, estableciendo los parámetros para ello, disponiendo cuáles serían los criterios a seguir, ya sea la edad de corte o las condiciones para su aplicación, pero nada de ello ocurrió.
A su vez consideró que si bien de las constancias de la causa surge que el señor Capra contaba con una antigüedad de veintisiete (27) años, diez (10) meses y cuatro (4) días al momento de ser declarado prescindible y se le acordó el beneficio de jubilación extraordinaria, conforme a los años de servicio (arts. 25 inc. c. y 38), de tal solicitud no puede extraerse la renuncia a su reclamo; sino que resulta consecuencia de aquella medida y para compensar la pérdida de haberes. Afirmó que, por esta razón, no puede prosperar el planteo de la demandada respecto de la aplicación al caso del art. 6 de la ley 13.409 que prevé la renuncia a todo reclamo administrativo o judicial en caso de optar por el retiro.
III. Contra ese pronunciamiento, la Fiscalía interpuso recurso de inaplicabilidad de ley alegando la violación de la normativa aplicable.
Expresa que si bien el art. 5 de la ley 13.409 establece que la prescindibilidad no procede respecto de aquellos agentes que se hallaren en condiciones de acceder al retiro o jubilación, tal limitación debe ser interpretada en el marco de la emergencia que justificó su dictado. Observa que si bien el actor podría haber accedido a la jubilación que contempla el art. 38 de la ley 13.236, tal posibilidad se encuentra supeditada a su exclusiva voluntad. Y en virtud de ello, la relación de empleo público que lo vinculaba con la Policía declarada en emergencia, jamás se podría haber extinguido por esa específica modalidad de jubilación.
Destaca que esa particularidad está ausente en los restantes supuestos de acceso al beneficio previsional, que se encuentran reglados en la normativa mencionada, de modo que para acceder a la jubilación ordinaria (art. 28), prestación por invalidez (arts. 30 y sigs.) o los demás casos de las denominadas jubilaciones extraordinarias (art. 35 inc. a, c, y d) la exteriorización de la voluntad del agente para acogerse a la pasividad, no resulta ser condición imprescindible para acceder al beneficio. En cada uno de esos supuestos, agrega, la administración puede por sí instar la extinción del vínculo, mientras se reúnan los requisitos que objetivamente deben acudir para el acceso al beneficio jubilatorio.
Afirma que, por lo tanto, la prestación previsional contemplada en el art. 25 inc. "c" de la ley 13.236, que permite acceder a una jubilación contando con un período de servicios notoriamente inferior a los treinta y cinco años que se requieren para acceder al beneficio ordinario, no habilita a disponer el cese de la relación de empleo público por jubilación, excepto que exista petición expresa del agente.
Considera que, si fuese correcta la interpretación de los jueces de grado, los agentes policiales que tienen veinticinco años de servicio, pero no alcanzan a reunir los treinta y cinco que requiere el art. 28 de la ley 13.236 para el retiro previsional ordinario, tendrían en sus manos la posibilidad de sortear los mecanismos previstos por el legislador para resolver la emergencia policial. Entiende que ese razonamiento colisiona con disposiciones expresas de la ley 13.409 (arts. 1, 4, y concs.) que hacen prevalecer el régimen de emergencia.
Manifiesta que en el sub lite el accionante argumentó que se encontraba en condiciones de acceder al beneficio jubilatorio extraordinario voluntario, lo que en su lectura impedía la prescindibilidad con sustento en el texto del art. 5 de la ley 13.409. A su vez, expresó su intención de continuar prestando servicios policiales, exteriorizando su voluntad de no acceder a la jubilación extraordinaria voluntaria. De este modo -continúa el recurrente- amparándose en un beneficio extraordinario que el régimen previsional policial le concede a los agentes (jubilarse anticipadamente con menos años de servicios que los requeridos para acceder a la jubilación ordinaria) y sin hacer uso de tal gracia legislativa, el accionante pretende ponerse a resguardo de los instrumentos diseñados por la Legislatura para paliar la emergencia policial. Según afirma, este resultado es inadmisible pues conduce a que todos los agentes de entre 25 y 35 años de servicios no podrían estar alcanzados por la prescindibilidad; salvo el supuesto excepcional de que hubieran optado voluntariamente por acceder al beneficio del art. 25 inc. "c" de la ley 13.326.
Concluye que tal interpretación del art. 5 de la ley 13.409 -enfatiza- no es compatible con la situación de emergencia policial declarada legislativamente y coloca a dichos agentes en una posición de privilegio con respecto de los restantes miembros de la fuerza, lo cual produce una patente afectación de la garantía de igualdad ante la ley (art. 16, Const. nac.).
IV. En esta instancia extraordinaria, el meollo de la controversia gira en torno a la aplicación de la prescindibilidad prevista en el régimen de emergencia a un agente policial que contaba con más de veinticinco años de servicios y, en consecuencia, con posibilidad de acceder a la situación de retiro. En las instancias previas la cuestión fue resuelta en forma favorable a la pretensión del accionante con sustento en lo dispuesto por el art. 5 de la ley 13.409, por considerar que la limitación allí prevista comprende los supuestos de la jubilación móvil extraordinaria del art. 25 inc. "c" de la ley 13.236.
El recurso extraordinario en tratamiento esgrime argumentos en los que controvierte esta conclusión.
IV.1. La impugnación es procedente. Veamos.
IV.1.a. El art. 5 de la ley 13.409 debe interpretarse y aplicarse como una limitación a la potestad de dar de baja de los agentes que reúnan las condiciones para acceder al retiro o jubilación. Con todo, a la luz de los arts. 4 y 6 de dicha ley, el diseño con que se ha configurado el beneficio previsto en el art. 25 inc. "c" de la ley 13.326 no puede obturar definitivamente las potestades conferidas para declarar la prescindibilidad, jubilar o pasar a retiro al personal, según el caso.
Desde este punto de partida, no es dirimente para decidir el caso el hecho de que el "retiro activo obligatorio o jubilación anticipada no fue reglamentada" como afirma la Cámara (v. fs. 215). Pues a ello se contrapone lo estipulado en el art. 6 de la ley 13.409; norma que el a quo no declaró inconstitucional, sino que -lisa y llanamente- no aplicó. Esta operación resulta descalificable conforme la doctrina que exige una demostración concluyente de la discordancia sustancial de la norma impugnada con respecto de la Constitución nacional (CSJN, Fallos: 334:1703; mi voto en la causa B. 59.361, "Aubert", resol. de 12-V-2005).
Para más, este Tribunal ha sostenido reiteradamente que, en supuestos de emergencia, como el aquí analizado, se impone abordar las normas estatutarias que organizan la carrera policial y las correspondientes al régimen previsional de los agentes de seguridad, de modo tal que se evite su colisión con los lineamientos demarcados en la ley de emergencia. El criterio legislativo -consecuencia de una situación calificada de excepcional y que la ley pretende superar- ha de conllevar la superación de barreras o requisitos fijados en las normas generales que resulten incompatibles con el cumplimiento razonable y efectivo de los objetivos fijados para conjurar la crisis (doctr. causa B. 59.532, "Chelía", sent. de 15-XII-2010; e. o.).
IV.1.b. Al margen de esta observación, el a quo avanza reconociendo que al actor le asistía, aún frente a una situación de emergencia declarada por ley, la posibilidad de "optar" entre obtener un haber de pasividad "o permanecer en la fuerza, para luego cuando reúna las condiciones normativas obtener una jubilación ordinaria" (fs. 215). Sobre esa base desautorizó el acto de prescindibilidad por no otorgarle al agente "...en forma previa la posibilidad de realizar la opción..." (fs. 215 vta.).
Este razonamiento colisiona con el art. 6 de la ley 13.409 y conlleva el reconocimiento a todos aquellos agentes encuadrables en el supuesto del art. 25 inc. "c" de la ley 13.236 de la posibilidad de evitar la aplicación del régimen de emergencia dispuesto por el legislador; al menos hasta el momento en que se encuentren en condiciones de "obtener una jubilación ordinaria". En otras palabras, la falta de voluntad concomitante del agente en obtener un haber jubilatorio extraordinario, tiene la virtualidad de neutralizar la operatividad de las medidas legislativas. La solución no se sostiene.
IV.1.c. El fallo impugnado, en tanto concluye en la reincorporación del actor desconoce el sentido de los arts. 4 y 6 de la ley 13.409, que rigen el caso. Esta última norma prevé que el personal declarado prescindible, que no se hallare sometido a sumarios administrativos o procesos penales de los que pudieran resultar sanciones de cesantía o exoneración, tendrá derecho a optar entre percibir el cobro de una indemnización -conforme las pautas que fija- o el reconocimiento de todos los derechos y obligaciones establecidos para el retiro activo obligatorio, con un haber jubilatorio como mínimo igual al correspondiente al personal con veinticinco (25) años de servicio. En la especie, el actor recorrió la última alternativa (v. fs. 144).
Y si bien planteó la inconstitucionalidad del mentado art. 6 (v. punto V, escrito de demanda) su pretensión no puede prosperar. En la causa "De Matteis" (A. 69.997, sent. de 16-III-2011), que contenía una discusión análoga respecto de la ley 13.409, esta Suprema Corte, por mayoría, se remitió a los fundamentos expuestos en otro precedente de configuración similar aunque relativo a ley 11.880 (causa B. 59.529, "Mangudo", sent. de 10-XI-2010), descartando los agravios constitucionales que se sustentan en la violación del art. 14 bis (Const. nac.), con base en fundamentos que a continuación se desarrollan.
IV.1.c.i. Si bien el derecho a la estabilidad del agente público reviste carácter fundamental en nuestro ordenamiento, no es absoluto ni obliga mantener bajo cualquier circunstancia en actividad al funcionario si sus servicios dejen de ser necesarios por causas razonables y objetivas. La Corte Suprema de Justicia de la Nación corroboró tal criterio al decidir incluso en la causa "Madorrán" (Fallos 330:1989). Allí puso de manifiesto que la consagración de la estabilidad del empleado público en el art. 14 bis de la Constitución tuvo por finalidad "...poner a los servidores del estado al abrigo de la discrecionalidad de las autoridades de turno y de los vaivenes de la vida política no solo a efectos de tutelar la dignidad del agente público frente a dichas situaciones, sino también para evitar el notorio perjuicio para los administrados derivado del deterioro de la función pública" (considerando 6°), tal garantía, no significa clausurar todo supuesto de separación del agente de su cargo, sino la invalidez de las segregaciones sin invocación de "causas justificadas y razonables" (considerandos 10° y 11°).
Es decir, ante una situación excepcional de emergencia, formalmente declarada, el derecho a la estabilidad del empleado público puede ser reemplazado por una indemnización o por el otorgamiento de un beneficio previsional (conf. doctr. causas B. 55.956, "Pérez Demarchi", sent. de 17-V-2000; B. 57.253, "Rodríguez", sent. de 9-V-2001; B. 57.780, "Stefancik", sent. de 11-VI-2003).
IV.1.c.ii. No procede entonces descalificar normas como la analizada, en tanto el cese por prescindibilidad se indemniza conforme las pautas de la ley aplicable y en los supuestos de jubilación, con el pago de los haberes de pasividad en forma periódica (doctr. causas I. 1.232, "Zaratiegui", "Acuerdos y Sentencias", 1988-III-507; B. 59.532, "Chelía", sent. de 15-XII-2010).
La circunstancia de que el agente esté en condiciones de obtener un beneficio de la previsión social -aunque no fuere el mayor posible previsto en el sistema previsional- impide enervar la aplicación del régimen de emergencia, cuando se le permite obtener prestaciones sustitutivas del derecho a la estabilidad; sea una indemnización por prescindibilidad o un haber jubilatorio.
IV.1.d. En suma, teniendo en cuenta que luego de haber sido declarado prescindible con sustento en el art. 4 de la ley 13.409 (v. fs. 14) el actor comenzó a percibir su retiro (jubilación móvil extraordinaria conf. resolución 60.162, acta 1.717, de 20-II-2007, agregada a fs. 144 de la causa) prestación que alcanza al 77,06% del haber de pasividad y que sustituye su anterior remuneración, de conformidad con el art. 6 de dicha norma, no se advierte ilegitimidad en el accionar estatal.
Esta circunstancia y la doctrina de esta Suprema Corte sobre la materia evidencian el error de juzgamiento en que incurrió la Cámara. Lo expuesto resulta suficiente para revocar la decisión recurrida (art. 289 inc. 1, CPCC).
IV.2. Atento el resultado a que se arriba en el tratamiento del remedio extraordinario, se impone abordar los restantes planteos de quien, por haber resultado ganancioso, carecía de interés para recurrir (doctr. causa C. 97.182, sent. de 19-V-2010; e.o.).
IV.2.a. En punto a los vicios en la motivación del acto de cese que denuncia el actor (v. fs. 33/38) he de recordar que es un principio recibido mayoritariamente por el Tribunal que incumbe al Poder Administrador la atribución de disponer -con la debida habilitación legal, mediante norma transitoria y de emergencia- la baja de un empleado por razones de servicio, con su consecuente indemnización. Excepto cuando dicha declaración importe una cesantía encubierta, un juicio negativo respecto de la conducta del agente o una violación del principio de razonabilidad, supuestos cuya existencia debe ser acreditada por quien impugna la medida (doctr. causas B. 59.260, "Carballo", sent. de 3-XII-2003 y B. 59.979, "M.", sent. de 28-XI-2007; entre muchas otras).
En igual sentido ha expresado esta Corte que las decisiones que adopte la autoridad pública en el marco de las normas legales que la autorizan a prescindir de sus empleados por "razones de servicio" no pueden ser revisadas judicialmente, salvo que se demuestre que no ha mediado el motivo invocado (doctr. causa B. 59.733, "Lagoa", sent. de 20-VIII-2008).
Sin embargo, en el caso, el accionante no ha demostrado que su prescindibilidad se hubiera originado en motivos ajenos a las razones que se invocan en el acto atacado en la demanda, en particular, no ha acreditado la descalificación que dice haber sufrido por parte de la Administración.
IV.2.b. Seguidamente, corresponde tratar el embate contra el decreto 2.555/06 y la ley 13.704 (v. fs. 104/105 y 167).
IV.2.b.i. Sobre el punto cabe recordar que mediante la ley 13.704 (B.O. de 20-VII-2007) el Poder Legislativo declaró, como corresponde a su esfera de competencias (art. 103, Const. prov.), el estado de emergencia de las Policías, por el término de un año (art. 1). Dicho estado se prorrogó con sucesivas leyes de igual tenor (leyes 13.842, B.O. de 21-VII-2008 y 14.060, B.O. de 21-X-2009). A la vez, dispuso convalidar el decreto 2.555 y los actos administrativos dictados en su consecuencia (art. 11). Precisamente, la resolución 2.923 de fecha 21 de diciembre de 2006, aquí cuestionada, quedó alcanzada por los efectos del citado decreto y del art. 11 de la ley 13.704.
IV.2.b.ii. Ahora bien, dada su insuficiencia el planteo impugnativo del actor no puede prosperar
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.