Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 70768
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 70.768, "Mossre, Rafael A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Pettigiani, Torres, Kohan .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás, hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmó en lo sustancial la sentencia de primera instancia que acogió la pretensión anulatoria articulada (v. fs. 223/234 vta.).
Disconforme con ese pronunciamiento, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 241/249), el que fue concedido a fs. 251/252.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 258) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. El actor promovió demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires articulando pretensión anulatoria contra las resoluciones 2.923 de fecha 21 de diciembre de 2006 y 1.343 de fecha 18 de mayo de 2007, emanadas del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, por las cuales se lo declaró prescindible de la fuerza policial por aplicación del régimen de la ley 13.409 (art. 4 y sigs.) y se rechazó el recurso de revocatoria interpuesto contra la primera, respectivamente.
Asimismo, solicitó que se ordene su reincorporación y el pago del daño material y moral ocasionados (v. fs. 21/39 vta.).
I.2. El juez de primera instancia hizo lugar a la demanda. Anuló los actos administrativos impugnados con fundamento en que el art. 5 de la ley 13.409, impedía declarar la prescindibilidad del agente Mossre de las filas de las Policías en razón de haber accedido al retiro voluntario previsto en el art. 38 de la ley 13.236; ordenó su reincorporación y el pago de una indemnización (v. fs. 191/198).
I.3. La Cámara interviniente hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado. Confirmó en lo sustancial el fallo apelado, declarando la ilegitimidad del acto de prescindibilidad, aunque modificó el alcance de la indemnización (v. fs. 223/234 vta.).
Señaló que de las constancias agregadas a la causa surge que el actor contaba -al momento de ser declarado prescindible- con una antigüedad de veinticinco (25) años, diez (10) meses y doce (12) días (v. fs. 162 vta.), lo que solo le permitía acogerse al beneficio jubilatorio extraordinario previsto en el art. 25 inc. "c" de la ley 13.236 -régimen previsional de los agentes de seguridad provincial-, es decir, al retiro o jubilación móvil voluntario que -según se desprende del art. 38- "se otorgará al personal policial, siempre que registre veinticinco años de servicios efectivos en las Policías de la Provincia de Buenos Aires".
Entendió que cabe interpretar el art. 5 de la ley de emergencia policial de modo que incluya todos los beneficios reconocidos en la norma previsional sectorial, ya que esa norma no efectúa ninguna distinción, debiendo primar los fines tuitivos propios de la materia, sin que -mediante su interpretación- no se desnaturalicen los derechos reconocidos a todo empleado público o, en el peor de los casos, se produzca la pérdida o desconocimiento de los mismos por una interpretación amplia de una norma de excepción, o una restrictiva de las excepciones legales a esta.
Consideró que no puede interpretarse que, por alguna razón no expuesta por el legislador, la jubilación móvil extraordinaria a que tiene derecho el actor y que lo pone "en condiciones de acceder a retiro o jubilación", se encuentre fuera del límite impuesto en el art. 5 de la ley de emergencia.
Expresó que al no haber sido reglamentada la posibilidad de retiro activo obligatorio o jubilación anticipada, carecía de razonabilidad declarar prescindible al actor cuando aparecía excluido por hallarse en condiciones de obtener un haber de pasividad o bien, ante la posibilidad de optar entre este o permanecer en las fuerzas hasta reunir las condiciones necesarias para obtener una jubilación ordinaria.
Adunó que si el sentido de la norma hubiera sido el de disponer que quienes se encuentren en condición de obtener el beneficio previsto en el art. 25 inc. "c" de la ley 13.326 estaban excluidos, debió decirlo expresamente. Así también, si la intención hubiera sido disponer un sistema de retiro anticipado obligatorio, debió haber sido regulado concretamente, estableciendo los parámetros para ello, disponiendo cuáles serían los criterios a seguir, ya sea la edad de corte o las condiciones para su aplicación, pero nada de ello ocurrió.
II. Contra ese pronunciamiento, la parte demandada interpuso recurso de inaplicabilidad de ley alegando el apartamiento de la normativa aplicable.
Reconoce que el art. 5 de la ley 13.409 establece que la prescindibilidad no procede respecto de aquellos agentes que se hallaren en condiciones de acceder al retiro o jubilación. Sin embargo, considera que tal limitación debe ser interpretada en el marco de la emergencia que justificó el dictado de dicha norma.
Observa que si bien el actor podría haber accedido a la jubilación que contempla el art. 38 de la ley 13.236, tal posibilidad se encuentra supeditada a su exclusiva voluntad. De lo contrario, la relación de empleo público que lo vinculaba con la Administración jamás se podría haber extinguido por jubilación.
Destaca que esa particularidad está ausente en los restantes supuestos de acceso al beneficio previsional, que se encuentran reglados en la normativa mencionada, de modo que para acceder a la jubilación ordinaria (art. 28), prestación por invalidez (art. 30 y sigs.), o los demás casos de las denominadas jubilaciones extraordinarias (art. 35 incs. "a", "c" y "d"), la exteriorización de la voluntad del agente para acogerse a la pasividad, no resulta ser condición imprescindible para acceder al beneficio.
En cada uno de esos supuestos, agrega, la Administración puede por sí misma instar a la extinción del vínculo, mientras se reúnan los requisitos que objetivamente deben acudir para el acceso al beneficio jubilatorio.
Afirma que, por lo tanto, la prestación previsional prevista en el art. 25 inc. "c" de la ley 13.236, que permite acceder a una jubilación contando con un período de servicios notoriamente inferior a los treinta y cinco (35) años que se requieren para acceder al beneficio ordinario, no habilita a la Administración a disponer el cese de la relación de empleo público por jubilación, excepto que exista petición expresa del agente.
Considera que, si así fuera, los agentes policiales que tienen veinticinco (25) años de servicio, pero no alcanzan a reunir los treinta y cinco (35) años que requiere el art. 28 de la ley 13.236 para el retiro previsional ordinario, bajo la interpretación que siguieron tanto el juez de primera instancia como la Cámara, tendrían en sus manos la posibilidad de sortear los mecanismos previstos por el legislador para resolver la emergencia policial.
Estos fundamentos, afirma el recurrente, invalidan la decisión judicial recurrida, en tanto soslaya disposiciones expresas de la ley 13.409 (arts. 1, 4 y concs.), sobre la base de una errónea interpretación de su art. 5, el cual -según entiende- no constituía ningún obstáculo para disponer la prescindibilidad del accionante.
Manifiesta que esa situación es la que se presenta en el caso del actor pues, de un lado argumenta que se encontraba en condiciones de acceder al beneficio jubilatorio extraordinario voluntario, lo que impedía que la Administración dispusiere válidamente su prescindibilidad con sustento en el texto del art. 5 de la ley 13.409. Y de otro, postula su intención de continuar prestando servicios policiales, exteriorizando su voluntad de no acceder a la jubilación extraordinaria voluntaria.
Así, expresa, amparándose en un beneficio extraordinario que el régimen previsional policial les concede a los agentes (jubilarse anticipadamente con menos años de servicios que los requeridos para acceder a la jubilación ordinaria) y sin hacer uso de tal gracia legislativa, el accionante pretende ponerse a resguardo de los instrumentos diseñados por el legislador para paliar la emergencia policial.
Según el recurrente, este razonamiento arroja un resultado inadmisible, que consiste en que todos los agentes que tienen entre veinticinco (25) y treinta y cinco (35) años en la Policía (salvo el supuesto excepcional que hubieran optado voluntariamente por acceder al beneficio del art. 25 inc. "c", ley 13.326) no podrían estar alcanzados por la prescindibilidad.
Tal interpretación del art. 5 de la ley 13.409 -enfatiza- no es compatible con la situación de emergencia policial declarada legislativamente y coloca a dichos agentes en una posición de privilegio con respecto de los restantes miembros de la fuerza, lo cual produce una patente afectación de la garantía de igualdad ante la ley (art. 16, Const. nac.).
III. El recurso extraordinario interpuesto es fundado.
III.1. El meollo de la controversia no gira en esta instancia en torno a si el Poder Ejecutivo cuenta con la facultad de disponer, en situación de emergencia, la prescindibilidad de sus agentes con la mera invocación de razones de servicio o fórmulas similares.
En la especie, se cuestionó la facultad de aplicar tal solución a un agente policial que contaba con más de veinticinco (25) años de servicios y, en consecuencia, con posibilidad de acceder a la situación de retiro. Ello con sustento en lo dispuesto por el art. 5 de la ley 13.409.
Tanto la sentencia de primera instancia como la de Cámara abordaron esta cuestión jurídica y resolvieron el litigio en forma favorable a la pretensión del accionante. Para ello, interpretaron que la mentada limitación del art. 5 de la ley 13.409 resulta aplicable a los supuestos de la jubilación móvil extraordinaria estipulada en el art. 25 inc. "c" de la ley 13.236. El recurso extraordinario en tratamiento esgrime argumentos en los que controvierte esta conclusión.
III.2. Juzgo que asiste razón al recurrente en sus planteos.
El art. 5 de la ley 13.409 debe interpretarse y aplicarse como una limitación para declarar prescindibles a aquellos agentes que reúnan las condiciones para acceder a la jubilación ordinaria o a las prestaciones extraordinarias distintas a la reglada por el art. 25 inc. "c" de la ley 13.236, salvo que los agentes beneficiados por esta última norma expresamente hayan manifestado su voluntad de acogerse al beneficio excepcional, en cuyo caso, la prescindibilidad tampoco podría ser declarada a su respecto.
Por lo tanto, como la situación del actor no encuadra en ninguno de estos supuestos, la limitación contenida en el art. 5 de la ley 13.409 no rige el caso en examen.
En la especie, resulta aplicable el art. 6 de la ley 13.409, cuyo planteo de inconstitucionalidad no puede prosperar.
Las resoluciones del Ministerio de Seguridad no pueden estimarse ilegítimas ni reconocerse al actor el pago de indemnización alguna. El actor, luego de haber sido declarado prescindible con sustento en los arts. 1, 4 y concordantes de la ley 13.409, comenzó a percibir su retiro (jubilación móvil extraordinaria, conf. resol. 60.726, Acta 1.722, de 27-III-2007, agregada a fs. 162 de la causa) en la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías, prestación que alcanza al 65,2% del haber de pasividad y que sustituye su anterior remuneración.
En un caso análogo al presente (causa A. 69.997, "De Matteis", sent. de 16-III-2011), en el que se planteó la discusión acerca de la inteligencia del art. 5 de la ley 13.409, esta Corte -por mayoría- se remitió a los fundamentos expuestos en otro precedente de configuración similar, aunque relativo a la interpretación del art. 6 de la ley 11.880 (causa B. 59.529, "Mangudo", sent. de 10-XI-2010). Allí tuve oportunidad de pronunciarme en el sentido que estos supuestos no conllevan la afectación del derecho a la estabilidad del agente. Ello con base en los fundamentos que seguidamente desarrollo.
III.3. Si bien el derecho a la estabilidad del agente público reviste carácter fundamental en nuestro ordenamiento (arts. 14 bis, Const. nac. y 103, Const. prov.), no es absoluto ni obliga a mantener bajo cualquier circunstancia en actividad al funcionario, aunque sus servicios dejen de ser necesarios por causas razonables.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación corroboró tal criterio al decidir en la causa "Madorrán, Marta Cristina c/ Administración Nacional de Aduanas s/ Reinstalación" (sent. de 3-V-2007). Allí puso de manifiesto que la consagración de la estabilidad del empleado público en el art. 14 bis de la Constitución nacional persiguió "poner a los servidores del estado al abrigo de la discrecionalidad de las autoridades de turno y de los vaivenes de la vida política no solo a efectos de tutelar la dignidad del agente público frente a dichas situaciones, sino también para evitar el notorio perjuicio para los administrados derivado del deterioro de la función pública" (cons. 6°), tal garantía, no significa clausurar todo supuesto de separación del agente de su cargo, sino la invalidez de las segregaciones sin invocación de "causas justificadas y razonables" (cons. 10° y 11°).
Es decir, ante una situación excepcional de emergencia, formalmente declarada, el derecho a la estabilidad del empleado público puede ser reemplazado por una indemnización o, como en el caso, por el otorgamiento de un beneficio previsional (conf. doctr. causas B. 55.956, "Pérez Demarchi", sent. de 17-V-2000; B. 57.253, "Rodríguez", sent. de 9-V-2001 y B. 57.780, "Stefancik", sent. de 11-VI-2003, parcela del voto de la mayoría que he compartido).
De esta manera, ningún reproche constitucional cabe efectuar a las normas mencionadas, en tanto en el caso del cese por prescindibilidad se indemniza al agente conforme las pautas de la ley aplicable, y en los supuestos de jubilación, con el pago de los haberes de pasividad en forma periódica (causa I. 1.232, "Zaratiegui", "Acuerdos y Sentencias", 1988-III-507), aunque sea con un beneficio menor al máximo previsto para la jubilación ordinaria (doctr. causas B. 55.064, "Gullini", sent. de 27-V-1997, "Acuerdos y Sentencias", 1997-II-1009 y B. 59.532, "Chelía", sent. de 15-XII-2010).
De tal doctrina dimana que no resulta aceptable entender que quien se halle en condiciones de obtener un beneficio jubilatorio -reitero, aunque menor al máximo previsto para la jubilación ordinaria- pueda obtener dos prestaciones sustitutivas del derecho a la estabilidad: una, la jubilación ordinaria y la otra, la indemnización por prescindibilidad (conf. causas B. 55.956 y B. 59.532, cits.).
III.4. Lo expuesto precedentemente resulta suficiente para revocar la decisión del a quo (art. 289 inc. 1, CPCC). Ahora bien, a efectos de brindar una respuesta al accionante que aborde íntegramente sus planteos, tampoco encuentro que se haya acreditado que el régimen establecido en el art. 6 de la ley 13.409 afecte los derechos consagrados en los arts. 11 de la Constitución provincial y 16 de la nacional (v. demanda, fs. 33 y vta.).
La garantía de igualdad ante la ley invocada en autos significa que todas las personas sujetas a una legislación, deben ser tratadas del mismo modo, siempre que se encuentren en idénticas circunstancias y condiciones. Ello implica la prohibición de establecer excepciones que excluyan a unos de lo que se concede a otros en idénticas circunstancias (doctr. causa A. 68.418, "Asenjo", sent. de 15-IV-2009 y sus citas).
El accionante fundamenta su denuncia de violación de la aludida garantía en una serie de circunstancias de hecho cuya demostración ha omitido realizar en el juicio, lo que quita todo sustento a su argumentación.
III.5. Atento el resultado a que se arriba en el tratamiento del remedio extraordinario, se impone abordar los restantes planteos de quien, por haber resultado ganancioso, carecía de interés para recurrir (doctr. causa C. 97.182, sent. de 19-V-2010; e.o.).
III.5.a. En punto a los vicios en la motivación del acto de cese que denuncia el actor (v. fs. 21/39), he de recordar que es un principio recibido mayoritariamente por el Tribunal que incumbe al Poder Administrador la atribución de disponer -con la debida habilitación legal, mediante norma transitoria y de emergencia- la baja de un empleado por razones de servicio, con su consecuente indemnización. Excepto cuando dicha declaración importe una cesantía encubierta, un juicio negativo respecto de la conducta del agente o una violación del principio de razonabilidad, supuestos cuya existencia debe ser acreditada por quien impugna la medida (doctr. causas B. 59.260, "Carballo", sent. de 3-XII-2003 y B. 59.979, "M.", sent. de 28-XI-2007; entre muchas otras).
En igual sentido ha expresado esta Corte que las decisiones que adopte la autoridad pública en el marco de las normas legales que la autorizan a prescindir de sus empleados por "razones de servicio" no pueden ser revisadas judicialmente, salvo que se demuestre que no ha mediado el motivo invocado (doctr. causa B. 59.733, "Lagoa", sent. de 20-VIII-2008).
Sin embargo, en el caso, el accionante no ha demostrado que su prescindibilidad se hubiera originado en motivos ajenos a las razones que se invocan en el acto atacado en la demanda, en particular, no ha acreditado la descalificación que dice haber sufrido por parte de la Administración.
III.5.b. Seguidamente, corresponde tratar el embate a la validez del decreto 2555/06 y la ley 13.704 (v. fs. 110/113 y 184).
III.5.b.i. Sobre el punto cabe recordar que mediante la ley 13.704 (B.O. de 20-VII-2007) el Poder Legislativo declaró, como corresponde a su esfera de competencias (art. 103, Const. prov.), el estado de emergencia de las Policías, por el término de un año (art. 1). Dicho estado se prorrogó con sucesivas leyes de igual tenor (leyes 13.842, B.O. de 21-VII-2008 y 14.060, B.O. de 21-X-2009). A la vez, dispuso convalidar el decreto 2.555 y los actos administrativos dictados en su consecuencia (art. 11). Precisamente, la resolución 2.923 de fecha 21 de diciembre de 2006, aquí cuestionada, quedó alcanzada por los efectos del citado decreto y del art. 11 de la ley 13.704.
III.5.b.ii. Ahora bien, dada su insuficiencia el planteo impugnativo del actor no puede prosperar.
En el presente caso, lo atinente a la legitimidad del decreto 2.555/06 debe inexorablemente ser considerado de consuno con el examen de constitucionalidad de la ley 13.704 y, en particular, con lo dispuesto en su art. 11. Ello así, por cuanto con este precepto, al margen de su acierto o error, el legislador se propuso sanear –entre otras- las decisiones administrativas que son materia de esta litis.
El escueto desarrollo introducido a fs. 184 contiene una vaga referencia a esa determinación. Pero no se sustenta en norma alguna, ni explicita el motivo concreto por el cual desconocería el ordenamiento constitucional.
Es doctrina de esta Suprema Corte que la inconstitucionalidad de leyes solo tiene cabida como ultima ratio del orden jurídico, por lo cual para su procedencia se requiere que el interesado demuestre acabadamente de qué manera la norma cuestionada vulnera la Constitución causándole de ese modo un agravio. Pues, para que pueda ser atendido un planteo de tal índole, debe tener un sólido desarrollo argumental y contar con fundamentos que se apoyen en las probanzas de la causa (conf. causas A. 70.305, "Ballast Ham Dredging B.V.", sent. de 3-VII-2013; I. 68.475, "Afirmación para una República Igualitaria
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.