Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 72245
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto en el acuerdo que antecede, y en virtud del incumplimiento de las cargas técnicas exigidas por el ordenamiento aplicable corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 279, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 72.245, "Romañuk, Javier A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión Anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Carral, Natiello, Mancini .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y revocó la resolución de primera instancia que había desestimado la excepción de inadmisibilidad de la pretensión (v. fs. 368/371).
Disconforme con ese pronunciamiento, la actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 374/377 vta.) el que fue concedido a fs. 379/380.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 440), agregadas las memorias de ambas partes (v. fs. 445/447 vta. y 449/453) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. El señor Javier Alfredo Romañuk, a través de su letrado apoderado, promovió acción contencioso administrativa, pretendiendo la anulación de las resoluciones de la Suprema Corte 3.253 de fecha 15-XII-2004 y 1.508 de fecha 3-VI-2009, a tenor de las cuales se le rechazó la petición de reconocimiento y pago del adicional por el ejercicio de la doble función que adujo ejercer en forma simultánea como juez del Juzgado Correccional n° 1 y juez del Juzgado en lo Criminal y Correccional de Transición n°2 del Departamento Judicial de Zarate Campana, en el período comprendido entre el 12 de agosto de 2004 y el 22 de abril de 2009, momento en que el último organismo citado quedó disuelto en virtud de la ley 13.941.
I.2. El titular del juzgado de primera instancia en lo contencioso administrativo de La Plata consideró, prima facie, cumplidos los requisitos de admisibilidad del art. 31 del Código Contencioso Administrativo y ordenó correr traslado de la demanda (v. fs. 334). Notificada de ello, la Fiscalía de Estado tomó intervención y opuso la excepción de inadmisibilidad de la pretensión en los términos del art. 35 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo argumentando que la decisión controvertida resultaba una reiteración de actos anteriores notificados que no fueron cuestionados oportunamente por el accionante.
I.3. Mediante resolución de 2-XI-2011 el magistrado desestimó la excepción de inadmisibilidad de la pretensión, con fundamento, por un lado, en que la acción intentada buscaba obtener el reconocimiento de derechos amparados por normas de orden público cuya renuncia no cabía interpretarse y, por otro, que debía considerarse el principio in dubio pro actione , conjuntamente con el postulado de tutela judicial continua y efectiva, con base en el cual ordenó la reanudación del plazo para contestar demanda (v. fs. 350/352).
La condena en costas la difirió para la oportunidad de dictar sentencia de fondo.
II. Apelado dicho pronunciamiento, la Cámara interviniente hizo lugar al recurso interpuesto por la Fiscalía, declarando inadmisible la pretensión incoada.
Para así decidirlo sostuvo que la parte actora pretendió reeditar, a través de la impugnación de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires 1.508/09 de 3-VI-2009, una cuestión que se encuentra firme y preclusa, toda vez que los actos administrativos por intermedio de los cuales se decidió en sustancia sobre el reclamo impetrado -dictados en los años 2004 y 2005-, fueron consentidos por el propio actor, al no haber promovido en término la acción judicial correspondiente.
Precisó que el señor Romañuk interpuso la acción judicial con el objeto de anular las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia provincial 3.253 de fecha 15-XII-2004 -mediante la cual se rechazó el reconocimiento y pago de la doble función que ejerciese desde el 12 de agosto de 2004-, y 1.508 de fecha 3–VI-2009, por la que se desestimó similar pedido.
Agregó que las resoluciones antes citadas acreditaban que el reclamo del actor fue siempre, fáctica y jurídicamente, el mismo y que mereció debida respuesta a través de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires 3.253/04, 1.498/05, 2.093/05 y 2.773/05.
Posteriormente, destacó que la falta de impugnación judicial oportuna de aquellos conllevó la firmeza de tales actos, deviniendo ineficaz el intento de querer dotar de virtualidad un reclamo que, en esos términos, ya fue resuelto negativamente antaño, a pesar de alegar, para justificar tal proceder, el ejercicio continuado de las funciones.
En tal sentido, observó incluso que en los propios considerandos de la resolución 1.508/09, se aclaró que la petición del magistrado constituía una revisión de lo ya decidido en la resolución 3.253/04 y en la resolución de fecha 31-V-05 1.498/05, que prescribe: "Sucesivas solicitudes del peticionante motivaron los Resolutorios N° 2093/05 y N° 2773/05 disponiéndose mediante este último que, sin perjuicio de reiterar los criterios antes expuestos y habida cuenta de lo normado por el art. 1 último párrafo del Ac. 3220, no correspondía proceder al pago de la remuneración adicional peticionada" (v. fs. 370, cons. V).
Entendió que el reclamo incoado había sido resuelto en sede administrativa a través de las resoluciones citadas, las cuales se hallaban firmes y consentidas, al no haber instado el actor la acción judicial pertinente, y por ello los intentos por reeditar idéntica pretensión a través de otro reclamo resultaban infructuosos (conf. arts. 1 y 28 inc. 1, Cód. Varela y 18 inc. "a", CCA, ley 12.008 y sus modif.; v. fs. 370, tercer párrafo).
Concluyó, citando precedentes propios, que un temperamento contrario al que se propicia implicaría abrir la revisión de un acto que ha quedado firme en sede administrativa ante la falta de impugnación oportuna, cuando ésta obedeció al obrar del propio interesado, quien no ha tenido la diligencia necesaria para la eficaz defensa de los derechos que invoca.
Por otra parte, sostuvo que los argumentos argüidos por el juez de grado con relación al principio in dubio pro actione y el postulado de tutela judicial continua y efectiva resultan erróneos, pues su consideración en autos no suple la inobservancia de la actora de los preceptos legales aplicables en la especie.
A su vez el doctor De Santis añadió en igual sentido que la firmeza de los actos administrativos que decidieron sobre el reclamo retributivo del actor condicionaron su situación frente al último que reenvió a ellos (resol. 1.508/09), pues la situación que se decide con esa remisión no trae otras circunstancias que ameriten una nueva consideración.
Sostuvo también que la permanencia del demandante en su situación de revista, con la misma prestación de tareas que diera fuente al reclamo primigenio, no constituye un suceso innovador, como procura demostrarlo el juez de la causa, sino la continuidad de un entorno funcional y remunerativo que consintiera oportunamente.
III. Contra tal pronunciamiento, el actor interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 374/377).
Alega que la resolución dictada por la Cámara es ilegítima, en tanto interpreta erróneamente las normas jurídicas que resuelven la controversia y no aplica la doctrina legal de esta Suprema Corte.
Así, el recurrente sostiene que la pretensión de autos no se dirige contra un acto administrativo firme, por cuanto no hay identidad entre la pretensión esgrimida en el año 2004 y la efectuada con posterioridad en el año 2009, habida cuenta del cambio producido en la normativa aplicable.
Afirma de ese modo que la resolución de 15-XII-2004, que le rechaza el pago del adicional por doble función, se dictó bajo la vigencia del acuerdo 3.171 y que posteriormente bajo la vigencia del acuerdo 3.220, de fecha 8-VI-2005, efectuó un nuevo reclamo, en virtud de continuar cumpliendo funciones simultáneas hasta el 22 de abril de 2009.
Agrega que al publicarse la ley 13.941, el 13 de enero de 2009 -que en su art. 3 dispuso que los jueces de garantías que tramiten las causas derivadas del cumplimiento de esta ley tendrán derecho a percibir el adicional previsto por el art. 1 del acuerdo 3.220, de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires- solicitó se dicte una nueva resolución por considerar que su situación encuadraba en dicho supuesto. Y, en consecuencia, aduce que la resolución 1.508/09 que resolvió esta nueva solicitud, no se encuentra firme, por lo que entiende, ha sido mal declarada la inadmisibilidad de la pretensión (v. fs. 376).
Finalmente, afirma que en autos se ha violado la doctrina legal sentada por esta Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en la causa B. 58.558, "Dietrich".
IV. El recurso no puede prosperar atento a la manifiesta insuficiencia que porta (cfr. art. 279, CPCC).
IV.1. Su examen evidencia que el recurrente omite efectuar una réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos del fallo, por lo que la insuficiencia impugnatoria, en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que se asienta la sentencia impugnada.
Así, el recurrente no se hace cargo del principal fundamento del fallo recurrido, cual es, que la resolución 1.508/09, cuya nulidad solicita mediante la demanda interpuesta, no es más que la reiteración de reclamos que fueron oportunamente rechazados por este Tribunal resultando ineficaz el intento de argumentar una supuesta novedad del planteo.
Prueba de ello es la propia presentación del actor efectuada en el expediente administrativo n° 3.001-958-2004, en la que requiere se resuelva en definitiva el recurso interpuesto contra la resolución 3.253 de 15-XII-2004, así como "...la pretensión original de reconocimiento de la compensación remuneratoria por la mayor función desempeñada..." solicitando, además, "...se otorgue pronto despacho a la misma dictándose resolución final." (v. fs. 326/329).
Circunstancia esta de la que, asimismo, se hizo eco la propia resolución 1.508/09, como expresamente destaca el Tribunal de Alzada en la sentencia impugnada. Con lo cual, pese al esfuerzo por intentar demostrar que en el caso se trató de un reclamo diferente basado en un cambio normativo, lo cierto es que el reclamo de autos es una mera reiteración de los oportunamente rechazados.
IV.2. Por último, cabe señalar que no resulta idónea para modificar lo resuelto la denuncia de violación de la doctrina legal de esta Suprema Corte que se aduce agredida, en tanto en el precedente invocado mediaron presupuestos fácticos que no guardan identidad con los de la presente causa.
V. En tal sentido, este Tribunal ha sostenido que no puede alegarse la violación de aquella doctrina que ha sido elaborada sobre la base de normas y hechos distintos a los verificados en el caso bajo análisis (conf. causas A. 73.190, "Galván", sent. de 31-VIII-2016 y A. 73.240, "Santo", resol. de 7-III-2018).
Por ello, y en virtud del incumplimiento de las cargas técnicas exigidas por el ordenamiento aplicable corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 279, CPCC).
Las costas se imponen a la vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Carral, Natiello y Mancini, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, y en virtud del incumplimiento de las cargas técnicas exigidas por el ordenamiento aplicable corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 279, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
SERGIO GABRIEL TORRES
DANIEL ALFREDO CARRAL CARLOS ANGEL NATIELLO
FERNANDO LUIS MARIA MANCINI
La Plata, a los 6 días del mes de mayo de 2020.
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia