Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76052
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada, se revoca la resolución interlocutoria obrante a fs. 478 y su confirmatoria de fs. 481/482, ordenado se tenga por presentada en legal tiempo y forma la contestación de demanda (art. 279 y 289, CPCC).
Las costas se imponen a la actora en su calidad de vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 segunda parte y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.052, "Centro Médico Integral Fitz Roy S.A. y ots. c/Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, Kogan, Torres.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de reposición interpuesto por la parte demandada y confirmó su pronunciamiento de fs. 478, por el que tuvo por no contestada la demanda en virtud de su presentación extemporánea (conf. art. 34, 36 inc. 1, 38 y concs., CCA; v. fs. 481/482).
En subsidio al recurso de reposición, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal mediante presentación electrónica de fecha 12 de junio de 2019, el que fue concedido por la Cámara (v. fs. 481/482).
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 484), agregado el memorial de la demandada por presentación electrónica de fecha 20 de noviembre de 2019 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de reposición interpuesto por la parte demandada y confirmó su pronunciamiento de fs. 478, por el que tuvo por no contestada la demanda en virtud de su presentación extemporánea (conf. art. 34, 36 inc. 1, 38 y concs., CCA).
Para así decidir, indicó que el resolutorio por el que se tuvo por no contestada la demanda en función de encontrarse vencido el plazo legal para hacerlo, se había ceñido a las condiciones fácticas y jurídicas imperantes en la materia, circunstanciándose motivadamente en las particularidades de la causa. Asimismo, agregó que el precedente invocado por la recurrente –referido a la causa CCALP 15.816, "Megaflex"- resultaba inaplicable al caso por constituir un supuesto de hecho diferente.
En consecuencia, considerando ajustado a derecho el resolutorio en crisis, rechazó por improcedente el recurso de reposición intentado (arts. 53, 54, 77 inc. 1 y concs., CCA; 238, 239 y concs., CPCC).
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte demandada denuncia la violación de la doctrina legal de esta Suprema Corte emergente de autos Ac. 55.759, "Novellino"; sentencia de 29-III-1994; Ac. 88.543, "E.M.E.B.E.S.A.", sentencia de 17-III-2004 y Ac. 102.578, "Bobbio de Niemela", sentencia de 19-XII-2007. Asimismo, denuncia errónea aplicación de los arts. 56, 60, 77 del Código Contencioso Administrativo; 279, 292 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial y 18 de la Constitución nacional; todo lo que denuncia provoca un gravamen de imposible reparación ulterior y una grave afectación al derecho de defensa.
II.1. En primer lugar denuncia que la falta de fundamentación del decisorio atacado no le permite conocer el razonamiento que llevó al tribunal a quo a resolver como lo hizo.
En efecto, sostiene que desconoce si: i) por un error involuntario omitió la presentación del recurso extraordinario interpuesto contra aquella resolución que rechazó la excepción previa y reanudó el plazo para contestar la demanda; ii) o si aun advirtiendo la presentación, estimó que los recursos extraordinarios locales no tienen efectos suspensivos; o iii) si consideró que teniendo en principio efectos suspensivos, la posterior falta de admisión retrotrae los efectos a la fecha de la resolución impugnada.
Advierte que, en cualquiera de los tres escenarios, la decisión recurrida resulta desacertada, contraria a derecho y violatoria de las garantías constitucionales del debido proceso y defensa en juicio.
II.1.a. Si se trata del primer supuesto (esto es: que haya soslayado la presentación de fecha 5 de diciembre de 2018 por la cual dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley contra aquella resolución que rechazó la excepción previa y reanudó el plazo para contestar la demanda), aduce que resulta una obviedad que recién a partir del día siguiente al de notificada la denegación de la concesión del remedio extraordinario (lo que aconteció mediante cédula electrónica el día 19-II-19), debía computarse la reanudación de dicho plazo.
Por lo tanto, considera que de las constancias obrantes en autos se advertía fácilmente que el plazo de treinta días que prevé el art. 36 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo para la contestación de la demanda, no se encontraba vencido al 8 de abril de 2019, como entendió erróneamente el Tribunal a quo .
II.1.b. Si se trata del segundo supuesto descripto (desconocimiento del efecto suspensivo), manifiesta que -por regla general- los recursos extraordinarios producen efectos suspensivos respecto de la resolución de la Cámara o Tribunal de Instancia Única que fuera impugnada. Es decir, que por principio, los recursos extraordinarios locales suspenden la ejecución de lo resuelto a partir de la decisión impugnada.
Alega, en este sentido, que esta Suprema Corte tiene dicho que: " Por norma, los recursos extraordinarios proceden con efecto suspensivo (arg. art. 292, último párrafo, CCA)", cita causas Ac. 55.759, "Novellino"; sentencia de 29-III-1994; Ac. 88.543, "EMEBESA", sentencia de 17-III-2004 y Ac. 102.578, "Bobbio de Niemela", sentencia de 19-XII-2007.
Por lo tanto, afirma que la oportuna interposición del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley contra la providencia del Tribunal que rechazó la excepción previa y ordenó reanudar el plazo para contestar demanda, provocó que esa decisión no adquiriera firmeza, cesando toda actividad relacionada con la causa.
Señala que dicho efecto se extiende hasta la resolución que deniegue su admisibilidad o, eventualmente si hubiera sido concedido, hasta que recaiga pronunciamiento sobre su procedencia en esta instancia extraordinaria, estando -por tanto- suspendido, durante toda la tramitación recursiva, el plazo para contestar demanda.
En esa misma inteligencia, cita doctrina especializada.
En virtud de lo expuesto, concluye que la resolución que rechazó la excepción previa y ordenó reanudar el plazo para contestar demanda, no adquirió firmeza puesto que se interpuso contra ella un recurso extraordinario que -indudablemente- tuvo efectos suspensivos. Consecuentemente, advierte que lo resuelto el 28 de mayo de 2019 vulnera flagrantemente los arts. 56, 60 y 77 del Código Contencioso Administrativo; arts. 279, 292 y concordantes del Código Procesas Civil y Comercial; y art. 18 de la Constitución nacional, así como la doctrina legal de esta Suprema Corte, por lo que debe ser revocada.
II.1.c. Finalmente aduce que, de tratarse del tercer supuesto (esto es que denegada la concesión del recurso se retrotraigan sus afectos al estado anterior a su interposición) debe considerarse que, contrariamente a esa premisa, el efecto suspensivo rige por la sola interposición del recurso y no se pierde retroactivamente por el hecho de que se deniegue su admisibilidad.
Afirma que una interpretación que deniegue el efecto, además de carecer de un fundamento jurídico válido, genera un estado de incertidumbre e indefensión para la parte recurrente hasta el dictado de la decisión final, al extremo que debería contestar la demanda sin hallarse resuelto en forma definitiva el rechazo de la excepción previa.
Por lo demás agrega que, si ante el rechazo formal del recurso extraordinario el recurrente puede interponer la queja, cuya presentación hace cesar el efecto suspensivo (conf. art. 292, CPCC), esto quiere decir que hasta ese momento lógicamente se mantiene la suspensión; en tanto el único recurso que carece de efectos suspensivos es el de queja (art. 292, CPCC).
II.2. A mayor abundamiento, agrega que el reconocimiento de los efectos suspensivos del recurso extraordinario desde la mera interposición, ha sido el criterio inalterable de la jurisprudencia e incluso del propio Tribunal a quo , por lo que modificar la postura de manera sorpresiva y sin brindar ningún tipo de fundamento, genera un grave estado de indefensión para el recurrente.
A efectos de acreditar el criterio que hasta la presente causa sostuvo la Cámara, indica que en autos CCALP 15.816, "Megaflex", ante idénticas circunstancias a las de marras, el Tribunal consideró la reanudación del plazo para contestar la demanda desde la referida resolución que rechazó la concesión del recurso extraordinario, teniendo por cumplido el pertinente acto procesal en tiempo y forma.
Seguidamente cita otros supuestos donde se le dio el efecto suspensivo, por lo que considera que ha fallado en contra del criterio que siempre ha sostenido, sin brindar fundamento alguno, y sin precedentes en sentido concordante.
Añade que esta situación se agrava aún más en la consideración de que lo resuelto conlleva la pérdida absoluta de la posibilidad de contestar demanda, privando a esa parte de la oportunidad de ser oída y de hacer valer sus medios de defensa, vulnerando derechos que cuentan con amparo constitucional, particularmente los de defensa en juicio y debido proceso (art. 18, Const. nac.).
II.3. Por último, aduce que en caso de duda debe estarse por la interpretación que admita la temporaneidad de la presentación, máxime cuando la contestación de la demanda resulta un acto procesal esencial para la defensa de los derechos de la parte accionada.
Al respecto, recordó que esta Suprema Corte, en innumerables oportunidades, estableció que "De acuerdo con la cláusula de la Constitución de la Provincia que garantiza el acceso a la jurisdicción (art. 15 de la Constitución provincial) , en caso de duda debe definirse la cuestión a favor de la admisibilidad de la acción, siendo que la regla in dubio pro actione comporta un principio rector en materia contencioso administrativa. Y, en tal sentido, ha de rechazarse toda hermenéutica que limite el acceso y cierre el camino a la jurisdicción, por tratarse de una garantía que se erige en uno de los pilares básicos del estado de derecho" (cita causas B. 62.139, "Mac Namara", sent. de 15-VVI-15; B. 55.300, "Concivi S.A.", sent. de 27-IV-16; B. 64.113, "Do Campo", sent. de 23-XI-16 y B. 60.927, "Bernardi", sent. de 18-X-17).
Aduce que esos principios y garantías constitucionales se aplican por igual a ambas partes litigantes en el proceso; por lo que solicita se revoque la resolución atacada, y se considere contestada la demanda en tiempo y forma.
III. El recurso prospera.
III.1. Resulta útil para la solución del presente caso, el repaso de las normas y de los actos procesales cumplidos en autos.
III.1.i. En primer lugar, debe señalarse que el Código de rito (ley 12.008) establece en su art. 34 que las excepciones de previo y especial pronunciamiento deben oponerse dentro de los quince días del plazo para contestar la demanda, el que -en dicho caso- queda suspendido.
Seguidamente el art. 36 establece que la decisión que desestimare las excepciones planteadas, ordenará la reanudación del plazo para contestar la demanda, lo que deberá hacerse dentro de los treinta días de notificada.
III.1.ii. En autos, a fs. 466/469, por resolución de fecha 13 de noviembre de 2018 que fuera notificada a la Fiscalía de estado el día 20 del mismo mes y año, se rechazó la excepción de previo y especial pronunciamiento y se ordenó reanudar el plazo para contestar demanda.
Con fecha 5 de diciembre de 2018 la nombrada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley contra ese rechazo de la excepción de inadmisibilidad de demanda.
Mediante resolución de fecha 14 de febrero de 2019, no obstante ser considerado formalmente admisible el remedio intentado (v. fs. 473, considerando 2), el Tribunal de Alzada denegó su concesión, atento que el pronunciamiento atacado no revestía carácter definitivo ni resultaba equiparable a tal (v. fs. 473 vta.).
Consultado el sistema Augusta de gestión de expedientes, surge que con fecha 19 de febrero de 2019 se notificó a la Fiscalía de Estado esa resolución denegatoria.
En este contexto, no obstante haberse interpuesto un recurso de queja directo ante esta Suprema Corte -por no habérsele concedido el recurso extraordinario-, la demandada contestó demanda con fecha 8 de abril de 2019 (conf. surge de fs. 477).
Ahora bien, a fs. 478, el Tribunal a quo tuvo por no efectuado ese acto procesal en la consideración de que el plazo para hacerlo se reanudó mediante resolución interlocutoria de fs. 466/469, notificada a la demandada el 20 de noviembre de 2018, estando -por tanto- a esa fecha de presentación excedido el plazo establecido en el art. 36 del Código Contencioso Administrativo.
Contra esa providencia, el demandado interpuso recurso de reposición en los términos del art. 53 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo, donde específicamente indicó que: "...mediante resolución de fecha 13/11/18 - notificada por cédula electrónica el 20/11/18- esa CCALP decidió rechazar la excepción interpuesta, ordenando la reanudación del plazo para contestar la demanda. Contra dicho pronunciamiento, el 5/12/18 esta parte interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, provocando con ello, que se mantuviera la suspensión del plazo reanudado. d) Con fecha 14/2/19, la Cámara denegó la concesión del recurso, por considerar que la resolución atacada no revestía la condición de sentencia definitiva ni equiparable a tal. Este último decisorio fue notificado a esta parte con fecha 19/2/19, reanudándose a partir de allí el plazo para contestar la demanda que -como ya dijéramos- continuaba suspendido por la presentación del recurso extraordinario".
Asimismo, en esa misma oportunidad se agravio de: "la falta total de fundamentación del decisorio atacado, no permite conocer el razonamiento que llevó al tribunal a resolver como lo hizo, una cuestión tan esencial como es la extemporaneidad de la contestación de la demanda" (v. presentación electrónica de fecha 6-VI-2019).
Con fecha 12 de junio de 2019, interpuso asimismo el recurso extraordinario en tratamiento.
A fs. 481 el Tribunal a quo , en referencia al recurso de reposición, indicó en el segundo párrafo del considerando II que: "...el resolutorio de fs. 478 se ha ceñido a las condiciones fácticas y jurídicas imperantes en la materia, circunstanciándose motivadamente en las particularidades de la causa, y que el precedente invocado por la recurrente resulta inaplicable al caso por constituir un supuesto de hecho diferente (causa CCALP N° 15.816 'Megaflex', res. del 08-09-16 y lo obrado con fecha 27-04-17).
En consecuencia, hallándose ajustado a derecho el resolutorio en crisis, corresponde rechazar por improcedente el recurso de reposición intentado (arts. 53, 54, 77 inc. 1 y ccs., CCA; 238, 239 y concs., CPCC).".
Seguidamente concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que causara la apertura de esta instancia.
III.2. Como surge de lo expuesto, asiste razón al recurrente en cuando denuncia errónea aplicación de lo normado por los arts. 56, 60, 77, del Código Contencioso Administrativo; 279, 292 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial y 18 de la Constitución nacional.
Resulta suficiente para evidenciar el error in iudicando en el que incurre el Tribunal a quo cuando computa el plazo de treinta días hábiles para contestar demanda (conf. art. 36, CCA) desde la notificación de la resolución que ordenó reanudar su computo, desconociendo el efecto de la interposición de un recurso extraordinario contra ese pronunciamiento.
Término que -advierto- debió computarse desde que adquirió firmeza el auto que ordenó su reanudación, esto es, desde que notificó al recurrente la denegación del recurso extraordinario interpuesto contra aquella, atento que es a partir de ese momento en el que pierde el efecto suspensivo.
III.3. Por último, atento que la forma en que propongo sea resuelta la cuestión, deviene inoficioso tratar los restantes agravios del Fisco.
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y, en consecuencia, revocar la resolución interlocutoria obrante a fs. 478 y su confirmatoria de fs. 481/482; ordenando se tenga por presentada en tiempo y forma la contestación de demanda (arts. 279 y 289, CPCC).
Las costas se imponen a la actora en su calidad de vencida (arts. 60 inc.1, CCA, ley 12.008 texto según ley 13.201-; 68 y 298, in fine, CPCC).
Voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Soria, Kogan y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada, se revoca la resolución interlocutoria obrante a fs. 478 y su confirmatoria de fs. 481/482, ordenado se tenga por presentada en legal tiempo y forma la contestación de demanda (art. 279 y 289, CPCC).
Las costas se imponen a la actora en su calidad de vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 segunda parte y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/06/2020 12:34:49 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 02/06/2020 13:20:26 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 02/06/2020 14:58:57 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 02/06/2020 19:46:07 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 05/06/2020 12:54:26 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia