Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75108
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario interpuesto (art. 279, CPCC y su doctr.).
Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101 y 68 primer párr. y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.108, "Zarate, Cristian Ezequiel c/ Municipalidad de Olavarría s/ pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Kogan, Torres, Soria .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, había admitido la demanda promovida por el señor Cristian Ezequiel Zárate contra la Municipalidad de Olavarría (v. fs. 112/121).
Se interpuso, por la Municipalidad demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 128/133).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 138) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I.1. El señor Cristian Ezequiel Zárate dedujo acción contencioso administrativa contra la Municipalidad de Olavarría pretendiendo la anulación de los decretos 832/16 y 1.926/16, mediante los cuales el Intendente municipal le denegó la ampliación de su licencia de conducir a la categoría profesional clase D.1, con fundamento en los arts. 19 y 20 inc. 3 del Anexo II del decreto 532/09, reglamentario de la Ley de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires.
I.2. El juez de primera instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Azul hizo lugar a la pretensión deducida y declaró la nulidad de los actos impugnados (v. fs. 89/96).
Para ello consideró que los decretos cuestionados carecían de motivación suficiente por cuanto la Administración municipal omitió brindar las razones que justificaran la limitación del derecho a trabajar del actor (art. 14, Const. nac.), especialmente teniendo en cuenta que la sentencia penal condenatoria que se menciona como antecedente no se encontraba vinculada a accidentes de tránsito ni a delitos que pudieran afectar la integridad física y/o sexual de las personas (v. cons. primero, dec. 832/16 agregado a fs. 8/9).
Agregó que, tratándose del ejercicio de una potestad discrecional de la comuna, la autoridad administrativa concedente de la licencia tenía mayor deber de explicitar los motivos de la decisión adoptada, máxime ante un concepto tan amplio e indeterminado como el de peligrosidad (art. 19 in fine , Anexo II, dec. 532/09).
I.3. Contra esa decisión, la Municipalidad demandada interpuso recurso de apelación (v. fs. 99/102), el que fue rechazado por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata (v. fs. 112/121).
Para así decidir el Tribunal de Alzada, con cita de precedentes de esta Suprema Corte, señaló que la motivación de los actos de la Administración -en especial en materia de potestades discrecionales- es un recaudo que tiende a consolidar la vigencia del principio republicano de gobierno, imponiendo a los órganos administrativos dar cuenta de ellos, al tiempo que evita que se afecten los derechos de impugnación de los particulares alcanzados por la resolución y se impida la revisión judicial de la legitimidad y razonabilidad de los mismos (causas B. 54.506, "Romero", sent. de 13-V-1997; B. 51.646, "Viera", sent. de 2-XII-1997; B. 56.727, "Blasetti", sent. de 3-XI-1998 y B. 63.473, "V., H.", sent. de 19-VIII-2009). Asimismo, señaló que la consecuencia jurídica de la referida infracción es su nulidad (arts. 103, 108 y concs., dec. ley 7.647/70 y sus similares de la ordenanza general 267/80).
En esa línea, afirmó que la obligación de motivar el acto administrativo, como modo de reconstrucción del iter lógico seguido por la autoridad para justificar una decisión de alcance particular que afecta situaciones subjetivas, a más de comportar una exigencia inherente a la racionalidad de la decisión, así como a la legalidad de su actuar (art. 108, dec. ley 7.647/70), es postulada prácticamente con alcance universal por el moderno derecho público (arg. doctr. voto del doctor Soria en las causas B. 62.241, "Zarlenga", sent. de 27-XII-2002; B. 59.122, "Huertas Díaz", sent. de 22-X-2003 y sus citas; B. 57.667, "Roqueiro", sent. de 9-IX-2009; B. 64.158, "Móbili de Zuccarini", sent. de 13-XI-2012; B. 63.382, "Depaoli", sent. de 16-VIII-2017; e.o.).
Con relación al marco legal aplicable destacó la competencia del entonces Ministerio de Jefatura de Gabinete y Gobierno para emitir las licencias de conducir, resguardando las características técnicas y de seguridad previstas por la ley nacional 24.449.
Mencionó también la delegación efectuada a las municipalidades para el otorgamiento del carnet habilitante, previo informe de antecedentes emanados del Registro Único de Infractores de Tránsito (RUIT) y del Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito (RENAT) ambos dependientes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, mediante los cuales se certifica que el solicitante no tenga impedimento para conducir en el territorio provincial y en cualquier otra jurisdicción del país (art. 8, ley 13.927).
Resaltó que la norma con base en la cual la Municipalidad demandada fundó su decisión (art. 20 inc. 3, Anexo II, dec. 532/09, reglamentario de la ley 13.927), prevé que debe denegarse la habilitación para el servicio de transporte de personas cuando el solicitante "...tenga antecedentes penales relacionados con delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad o integridad de las personas...", o bien cuando "...a criterio de la autoridad concedente pudiera resultar peligroso para la integridad física o moral de las personas transportadas...", supuesto este último en el cual se fundó la negativa municipal.
Afirmó que el art. 8 de la ley 13.927 impone al municipio otorgante de toda licencia de conducir recabar los antecedentes emanados del Registro Único de Infractores de Tránsito (RUIT) y del Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito (RENAT).
Concluyó, desde esa perspectiva, que legalmente las comunas se encuentran condicionadas para otorgar las licencias de conducir a los informes de antecedentes que consten en los registros antes mencionados.
Sostuvo, asimismo, que la autoridad municipal debe denegar la licencia en los casos en los cuales de los antecedentes surja un impedimento para conducir, circunstancias que, en una interpretación armónica con la ley nacional 24.449, podrían darse ante la sanción firme de inhabilitación con retención de licencia (art. 83 inc. 3); la sanción firme de arresto y mientras dure su cumplimiento (arts. 86 y 87 inc. "a"); la sanción de retención preventiva de licencia en los casos contemplados en los arts. 72 inc. "b" y 72 bis de la ley citada y, por último, en los supuestos de suspensión o caducidad de licencia para conducir.
Advirtió que lo expuesto en el párrafo anterior no resulta prima facie comprensivo de las causas previstas en los arts. 19 y 20 inc. 3 del Anexo II del decreto 532/09 en las cuales el municipio basó su decisión.
Recordó que la reglamentación dispone que no podrán acceder a una licencia con categoría profesional aquellos conductores que hayan sido inhabilitados o que tengan o hayan sido condenados por causas referidas a accidentes de tránsito, como así tampoco los que a criterio de la autoridad de aplicación pudieran resultar peligrosos en cuanto a la integridad física y/o sexual de las personas u otra debidamente fundada (art. 19, Anexo II, dec. 532/09). Seguidamente, prosiguió, el texto reglamentario dispone que debe denegarse la habilitación de clase D para servicio de transporte cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de las personas transportadas (art. 20 inc. 3, Anexo II, dec. cit.).
Al respecto, expresó que si bien la reglamentación de la Ley Provincial de Tránsito resulta razonable a los fines de fomentar medidas relacionadas con la prevención de accidentes en las carreteras y vías públicas, en cuanto evalúa la peligrosidad de un sujeto que requiere una licencia de conducir profesional y siempre que ello se efectúe velando por la integridad de las personas (art. 11 inc. 3, ley 13.927), consideró que la aplicación que, en el caso, hizo el municipio accionado, no resulta ajustada a la finalidad perseguida.
Advirtió que, ab initio , la imposibilidad de acceder a una licencia profesional por parte de quienes a criterio de la autoridad de aplicación puedan resultar peligrosos para la integridad física y/o moral de las personas transportadas, no importa un condicionamiento extralegal reprochable, siempre que exista una fundada ponderación de los antecedentes de cada requirente tendiente a preservar la seguridad vial y/o a mitigar los riesgos sobre la integridad de las personas.
Sin perjuicio de ello, destacó que otros condicionantes que se vinculan de una manera más indirecta o hasta remota con el bien jurídico protegido, lucirán opinables y con mayor riesgo de ser invalidados por apartarse del espíritu y alcance de la norma legal reglamentada.
Desde esa perspectiva, teniendo en cuenta el grado de discrecionalidad con el que contaba la autoridad municipal, consideró que ésta debió haber enfatizado las razones que justificaran la razonabilidad de la decisión adoptada.
Señaló que entre los argumentos esgrimidos por el municipio para sostener la denegatoria, se mencionan cuestiones vinculadas a la seguridad de la población, por cuanto el hecho de haber sido condenado evidenciaría per se , y sin ninguna otra consideración concreta referida al solicitante, la presencia de la peligrosidad.
Sostuvo en este sentido que ello no solo se contrapone con la finalidad de la resocialización de la pena que el actor debió cumplir, sino que carece de anclaje fáctico en el supuesto aquí analizado.
Por su parte descalificó el argumento de que el impedimento contemplado en los arts. 19 y 20 inc. 3 del Anexo II del decreto reglamentario 532/09 se encontraría limitado en el tiempo por el art. 51 del Código Penal -norma que prevé que el registro de sentencias condenatorias a penas de inhabilitación caducará a todos sus efectos una vez trascurridos cinco años desde que éstas hayan fenecido-, toda vez que dicho precepto se limita a fijar el límite temporal máximo dentro del cual puede ser considerado un fallo condenatorio como antecedente criminal a fin de juzgar si se configura -o no- un supuesto de reincidencia penal, y no a los fines invocados por la demandada (arg. doctr. causas P. 72.714, "O., C. G.", sent. de 6-XII-2006 y P. 103.538, "O., J. M.", sent. de 15-VII-2009).
Concluyó, coincidiendo con la decisión adoptada por el juez que previno, que en el presente caso se evidencia un obrar ilegítimo de la Administración al no haber cumplido debidamente con el requisito de motivación adecuada en el acto objeto de impugnación.
II. Contra dicho pronunciamiento la Municipalidad demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 128/134) en el que denuncia la errónea aplicación de las leyes 24.449, 13.927 y decreto reglamentario 532/09 de esta última.
II.1. Sostiene que los antecedentes penales del accionante revelan la peligrosidad suficiente que obsta al otorgamiento de la ampliación de la licencia de conducir (arts. 19 y 20, Anexo II, dec. 532/09).
Aduce que la Administración municipal se encuentra legalmente habilitada para evaluar la peligrosidad de los particulares que pretenden acceder a una licencia de conducir profesional, en el marco de un criterio selectivo que pondere no solo la seguridad vial sino también otros valores jurídicos. En este sentido afirma que se trata del ejercicio de potestades discrecionales de la Administración.
Manifiesta que el Tribunal de Alzada yerra al considerar que el fundamento de la negativa a otorgar la licencia profesional ha sido erigido con basamento en el segundo segmento del art. 20 inc. 3 del Anexo II del decreto 532/19, que prescribe que debe denegarse cuando el solicitante "...a criterio de la autoridad concedente pudiera resultar peligroso para la integridad física o moral de las personas transportadas...".
Indica la recurrente que, además de basarse en el art. 20 inc. 3, la negativa se fundamenta en lo dispuesto en el art. 19, primer párrafo del decreto 532/09, según el cual no podrán acceder a una licencia con categoría profesional aquellos conductores que hayan sido inhabilitados o que tengan o hayan sido condenados por causas referidas a accidentes de tránsito, como así tampoco los que a criterio de la autoridad de aplicación pudieran resultar peligrosos en cuanto a la integridad física y/o sexual de las personas u otra debidamente fundada.
II.2. Se agravia del análisis -a su entender parcializado- efectuado por la Cámara con relación a la exigencia del art. 8 de la ley 13.927 que impone al municipio otorgante de toda licencia de conducir, recabar los informes de antecedentes emanados del Registro Único de Infractores de Tránsito (RUIT) y del Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito (RENAT), que certifiquen la inexistencia de algún impedimento para conducir en el territorio provincial y en cualquier otra jurisdicción del país.
Mas señala que, en el caso, por tratarse de una licencia profesional, debe adicionársele para su otorgamiento los requisitos reglamentarios que el organismo competente establezca inherentes al servicio específico de que se trate (art. 26, ley 13.927).
Concluye, en consecuencia, que el otorgamiento de la licencia profesional para el transporte de cargas y pasajeros se encuentra supeditado a los recaudos que se establezcan, los que en el caso se encuentran establecidos en el decreto 532/09.
Expresa que respalda dicha interpretación lo dispuesto por el art. 20, cuarto párrafo de la ley nacional 24.449, que dispone que para el otorgamiento de la licencia clase D se requerirá al Registro Nacional de Reincidencia y Estadísticas Criminal y Carcelaria los antecedentes del solicitante, denegándose la habilitación en los casos que la reglamentación determine.
Señala que el art. 10 del Anexo II del decreto reglamentario de la ley de tránsito provincial establece -entre otros requisitos- que para todas las clases de licencias la autoridad concedente requerirá el Certificado de Antecedentes Penales.
Afirma que el recaudo señalado es requerido a fin de que la autoridad de aplicación evalúe la solicitud del particular con arreglo a lo dispuesto por los arts. 19 y 20 de la reglamentación aludida.
De lo expuesto concluye que, no sólo del Registro Único de Infractores de Tránsito (RUIT) y del Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito (RENAT) surgen impedimentos para otorgar la licencia de conducir.
Reitera que, para denegarle la licencia profesional al accionante, la autoridad municipal se basó tanto en el art. 20 inc. 3 del Anexo II del decreto 532/09, como también en el art. 19 de la mencionada norma, que le posibilita a la autoridad concedente un amplio espectro de posibilidades para proteger otros bienes jurídicos además de la seguridad vial.
En este sentido considera que los antecedentes penales involucrados en el caso revelan per se la peligrosidad suficiente que prevé la normativa aplicable para denegar una licencia de conducir profesional.
III. El recurso no prospera (art. 279, CPCC).
III.1. Corresponde señalar que los fundamentos brindados por el Tribunal de Alzada no han sido eficazmente controvertidos por el recurrente por cuanto, si bien en el recurso en tratamiento denuncia genéricamente la errónea aplicación de la normativa de tránsito, omite indicar con la precisión que exige esta instancia extraordinaria qué preceptos fueron infringidos y en qué consiste el error que le atribuye al fallo cuestionado.
Sabido es que el cumplimiento de los requisitos que fija el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial supone que el impugnante indique con claridad la ley o la doctrina legal que se repute violada o aplicada erróneamente, indicando igualmente en qué consiste la violación o el error (doctr. causas A. 68.138, "Domínguez", sent. de 23-XI-2005; L. 83.599, "Abbatí", sent. de 8-XI-2006; L. 89.656, "Stiep", sent. de 31-X-2007; A. 68.934, "Llanos Choque", sent. de 3-XI-2008 y A. 73.163, "Negrelli", sent. de 30-III-2016), recaudos que no fueron cumplidos en el sub lite .
En el caso, el recurrente afirma que la actuación de la autoridad municipal se enmarcó en el ejercicio de facultades discrecionales consagradas por el decreto 532/09, que le permiten ponderar en el otorgamiento de licencias profesionales otros valores jurídicos, más allá de la seguridad vial.
Sostuvo asimismo que, a los fines del ejercicio de sus potestades como autoridad concedente de las licencias de conducir, no pueden soslayarse -además de la información proporcionada por el Registro Único de Infractores de Tránsito (RUIT) y del Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito (RENAT)- los recaudos por la reglamentación para el otorgamiento de licencias profesionales para el trasporte de pasajeros.
Dichas manifestaciones no alcanzan para tener por cumplido el requisito de suficiente fundamentación antes aludido, a la vez que se desentienden del razonamiento efectuado por el Tribunal de Alzada en relación con la falta de motivación de los actos recurridos y la ausencia de razonabilidad en la aplicación de la reglamentación en el caso de autos respecto de la evaluación de la peligrosidad del actor.
De allí que los agravios en tratamiento aparezcan como meras afirmaciones dogmáticas, sin constituir una crítica concreta de los fundamentos dados en el pronunciamiento impugnado.
Al respecto, esta Suprema Corte tiene dicho que deviene ineficaz el recurso que no se hace cargo de la línea argumental del fallo y se dedica a impugnar el mismo con su propia interpretación del tema, dejando incólumes afirmaciones que le dan sustento bastante (doctr. causas Ac. 85.405, "Colombo", sent. de 31-III-2004; Ac. 94.798, "de Cárdenas", sent. de 13-XII-2006; Ac. 87.123, "Aldecoa", sent. de 3-VIII-2005 y Ac. 88.175, "Frenkel", sent. de 24-V-2006).
III.2. Por último, en cuanto a las facultades discrecionales de la autoridad municipal, cabe señalar que su ejercicio no implica la inobservancia del deber de la Administración de motivar adecuada y suficientemente sus decisiones, máxime cuando el acto denegatorio afecta el derecho a trabajar consagrado en el art. 14 de la Constitución nacional.
De allí que no advierta en la sentencia impugnada un error de juzgamiento que merezca reproche por parte de este Tribunal.
IV. Por los fundamentos dados, corresponde rechazar el recurso interpuesto (art. 279, CPCC y su doctr.). Con costas al recurrente vencido (arts. 68 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto (art. 279, CPCC y su doctr.).
Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101 y 68 primer párr. y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N°
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